La Bonaerense de Camps va a juicio
El hombre de la nariz aguileña hoy no luce uniforme, apenas mangas de camisa. Fija la vista a través de sus anteojos bifocales, acomoda la montura de metal y suelta la frase, casi con desdén:
–Mientras yo fui jefe de la policía de la provincia desaparecieron unas 5.000 personas.
Hace una pausa en la que se condensa un silencio frágil. Pero no se amilana. Finalmente completa:
–A algunas de ellas yo les di sepultura en tumbas N.N.
Quien oía aquella confesión desaforada era Santiago Aroca, un corresponsal español de la revista Tiempo. Su interlocutor, nada menos que el ex jefe de la policía de Buenos Aires: el general Ramón Camps. Corría 1983, en Argentina aún reinaba el terror de Estado, pero las elecciones de octubre estaban cerca. Un 19 de enero de 1984, abierto el proceso de juzgamiento a las cúpulas militares y policiales, aquella célebre entrevista llevó a Camps a la cárcel. En 1986, fue condenado a 25 años de reclusión con degradación por 73 casos de tormentos seguidos de asesinatos, junto a su par Ovidio Riccheri y sus subordinados, el director de Investigaciones Miguel Etchecolatz, el médico policial Jorge Bergés y el ex cabo Norberto Cozzani.
El “carnicero de Buenos Aires” –como lo apodó Aroca en ese reportaje– fue indultado el 30 de diciembre de 1990. Murió en 1994. Una década después el Congreso anuló las leyes de impunidad, y pronto aquellos condenados vivos debieron volver a la cárcel. Hubo nuevas detenciones en cinco expedientes fragmentados que –tras la insistencia de las querellas– confluyeron en la causa “Camps 2”. Luego de siete años de larga instrucción en el juzgado federal 3, una porción significativa de sus matones uniformados finalmente serán juzgados a partir de mañana.
“El juicio es un avance en la política de juzgamiento, que aborda los crímenes ocurridos en seis centros clandestinos y el accionar de tres tipos de represores: los jerarcas policiales, sus superiores e ideólogos del exterminio, como el gobernador de facto Saint Jean y el civil Smart, y parte de las patotas de una policía funesta cuya herencia padecimos hasta entrada la democracia”, expresó a Miradas al SurInti Pérez Aznar, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La querella de Abuelas de Plaza de Mayo destacó en un comunicado que “algunos imputados responderán por los delitos de sustracción, retención y el ocultamiento de niños y niñas”. Entre las 280 víctimas se cuentan “once mujeres embarazadas, tres niños nacidos en cautiverio y otros cuatro secuestrados junto a sus padres”. El colectivo Justicia Ya!, por su parte, volvió a denunciar la indolencia en la que naufraga hace más de tres años la investigación judicial sobre la desaparición de Julio López: “Seis días después del inicio de este juicio, se cumplirán cinco años de la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López”. Otros querellantes históricos son la Asociación Anahí y la Apdh de La Plata.
Los 26 imputados provienen de casi todos los estamentos del escalafón, pero sólo seis enfrentarán el juicio en una cárcel común: nueve de ellos tiene prisión domiciliaria y once han sido excarcelados. Habrá un puñado de secuaces de la plana mayor: el propio Etchecolatz, el ex subjefe de policía Rodolfo Aníbal Campos –cuyo abogado defensor pidió su desafectación por insanía, aún no resuelta– y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101, Alejandro Arias Duval. Nueve comisarios –tres generales, tres mayores y tres inspectores– conforman buena parte de los segundos mandos de la fuerza, entre ellos Miguel Kearney, Sergio Verduri y Antonio Ferriole, jefes de los centros clandestinos que funcionaron en el Pozo de Arana, Puesto Vasco y la Brigada de Investigaciones de La Plata.
El resto se reparte entre dos sargentos, cuatro oficiales, dos suboficiales, dos cabos, un agente y el médico Bergés. Muchos de ellos, sin embargo, cumplieron en la calle tareas calificadas: El NegroHugo Guallama fue durante mucho tiempo chofer de Etchecolatz, Carlos El Oso García era un oficial que lideraba la patota de comisaría 5ta. y descolló en el secuestro de la pequeña Clara Anahí Mariani, y el cabo Cozzani interrogó y torturó a los miembros del Grupo Graiver en el centro clandestino Puesto Vasco.
La nómina, para nada despreciable, dista sideralmente de la proyección de 9.000 hombres enrolados durante la dictadura y aún activos que, hace algún tiempo, hizo la querella de Justicia Ya!. Una novedad saludable es la inclusión de los jefes civiles: el coronel retirado y gobernador de facto de la provincia, Ibérico Saint Jean, y su ministro de Gobierno, el abogado Jaime Lamont Smart. “Dos que actuaron en Coti Martínez quedaron en el camino: Oscar El CocodriloRossi, que llegó a ser comisario, y Juan Carlos Rebollo”, desliza una fuente que conoce muy bien las causas.
Las audiencias se llevarán adelante los lunes y martes de cada semana en la sede de la ex Amia, a lo largo de por lo menos un año. Aunque algunos estiman uno y medio: la simple lectura de los requerimientos fiscales y la elevación a juicio podría demorar más de un mes. Sólo entonces, ante los jueces del Tribunal Oral Nº 1 –compuesto por Carlos Rozanski y los subrogantes marplatenses Mario Portela y Roberto Falcone–, comenzarán a transitar los 478 testigos que rearmarán con sus relatos un mapeo bastante certero de la suerte corrida por 281 víctimas en seis centros clandestinos de detención: la Comisaría 5ta. y la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, el Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez, el Puesto Vasco y la Brigada de San Justo. Casi podría decirse que son cinco, atendiendo la particularidad de este último: sólo se elevaron dos casos imputados a Bergés, mientras que la causa residual que ahora se está instruyendo en el juzgado federal Nº 3 de Arnaldo Corazza tiene más de diez cuerpos y otro médico detenido.
El juicio a la patota de Camps es muy esperado. Siete años después de la reapertura de las causas, la justicia federal platense sólo había podido llevar al banquillo a tres policías de una fuerza de unos 25.000: Etchecolatz –tan sólo por ocho víctimas–; Bergés, por su rol en la apropiación de una nena, y el capellán policial Christian Von Wernich. La considerable dilación no sólo posibilitó que muchas víctimas, como la doctora en Física y pertinaz denunciante de los crímenes del circuito, Adriana Leila Calvo, murieran antes de ver la justicia. También permitió que doce procesados marcharan sin condena a un sueño plácido y eterno, entre ellos, algunos “próceres” del terror provincial como los comisarios Osvaldo Sertorio, Rodolfo González Conti, Reynaldo Tabernero o el último raptor de Clara Anahí Mariani, Juan Fiorillo.
En el juicio se revivirán casos paradigmáticos de la represión ilegal: además del bestial ataque a la casa de la calle 30, el secuestro y cautiverio de muchos de los jóvenes de la “Noche de los Lápices”, la operación de Papel Prensa y los secuestros económicos de la familia Graiver en Puesto Vasco, y el primer secuestro de Jorge Julio López, del que dará cuenta él mismo a través de su testimonio filmado.
El juicio comenzará con un ambiente enrarecido: el presidente del tribunal, Rozanski, afronta una denuncia en el Consejo de la Magistratura por maltrato laboral. La imputación es impulsada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que lidera Julio Piumato, y complementada con acciones en los pasillos de Tribunales. La semana pasada, se repartieron volantes, en rojo y blanco, con la leyenda “Basta de impunidad”, en los que se iguala a Rozanski con el juez mendocino prófugo por presenciar sesiones de tortura, Otilio Romano. Una analogía que parece descabellada, contra un juez precursor en el castigo a los responsables con sus famosas condenas “en el marco de un genocidio.
•ARANA. Pruebas en el patio de la comisaría
Los sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en el Destacamento de Arana recuerdan particularmente una noche, pudo ser una graduación o una arenga, en la que sus verdugos se despacharon con un asado pantagruélico. Comieron y tomaron como cosacos, y coronaron la velada con unos tiros al aire. Pero el olor de la carne asada les revolvió el estómago: lo asimilaban al de carne quemada y combustión de neumáticos que sentían en la seccional. Muchos dijeron que se trataba de quema de cadáveres, pero sólo fueron relatos, hasta que en 2008 el Equipo Argentino de Antropología Forense los corroboró científicamente: hallaron cientos de fragmentos de esqueletos humanos carbonizados, objetos personales y restos metálicos de una cama. Los antropólogos suponen que allí apilaban los cuerpos para que la circulación de oxígeno entre los cadáveres y la tierra permitiera que el fuego los desintegrara. Ciertos códigos se reproducen. Hace unas semanas, un efectivo del Destacamento, hijo de un policía y con tres rayas en su charretera, tuvo un exabrupto ante una persona que lo relató a Miradas al Sur: “Tendrían que haber sido 300.000 desaparecidos”, dijo. Y remató: “Usted, por su edad, también tendría que estar desaparecido”. Las excavaciones, clave para acusar a los represores por homicidio, están al resguardo de policías como ése. El juez Arnaldo Corazza y organismos le pidieron reiteradamente al gobernador que desalojara la seccional. Aún no tuvieron respuesta.
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