sábado, 23 de febrero de 2013

Plaza Libertad lunes próximo.


Los verdaderos responsables



                                Los verdaderos responsables

En el 2009 hubiera bastado conque los candidatos Mujica y Astori mostraran la papeleta y dijeran “yo voto rosado” para que se alcanzaran los votos necesarios para anular la ley de caducidad. Ese gesto los indisponía con los capitales extranjeros, las fuerzas armadas y los EEUU, por eso no lo hicieron y prefieron el discurso del Olvido y el Perdón.
Desde el 1 de marzo del 2005 hubo mayorías palramentarias para anular la ley de Caducidad pero la conducción del Frente amplio no quiso hacerlo. Después vino el episodio de Víctor Semproni que se prestó a incinerarse para salvar el caudal electoral de muchos “tapados” que hubieran querido hacer lo mismo. Finalmente se aprobó la tibia ley de imprescriptibilidad, tan tibia que la jueza Mariana mota consideró innecesario aplicarla. Los parlamentarios del Frente Amplio han dado más de mil vueltas para quedar bien con el poder y con sus votantes.
Sin embargo no se dieron cuenta que la atmósfera de olvido y perdón habilitaba para que los fascistas de la Suprema Corte iniciaran una escalada en defensa del terrorismo de Estado y removieran a la jueza Mariana Mota. Así como miles nos indignamos y muchos estuvimos en el pasaje de los Derecho Humanos, el gobierno de Mujica podía haber apoyado al canciller Luis Almagro en su crítica a los ministros de la corte. El propio Mujica podría haber dicho “qué feo lo que hizo la Corte”, pero nó, tanto él como Huidobro estaban contentos con la inmunda maniobra de los jueces y salió a atacar a los manifestantes. Sin ningún tipo de vergüenza la primera dama no quiso faltar a la cita de los que le pegaban a Mota e indirectamente a la lucha por Verdad y Justicia
Ahora, al declarar inconstitucional la tibieza de la ley de imprescriptibilidad, la Corte embreta al gobierno y a los parlamentarios desde la extrema derecha: ¿está o no dispuestos a perdonar y olvidar los crímenes de lesa humanidad?
Los del MPP se rasgan las vestiduras y quieren quedar bien con todos. Ya no pueden hacer mucho más equilibrio. Fracasó la estrategia del abrazo con las culebras... se fue Saravia y Semproni son muy venenosos. Hay otros peores que no han mostrado los colmillos todavía. Se dan cuenta de que pierden votos por todos lados y, como es habitual, Lucía Topolansky sale a hablar de juicio político y otras pavadas en todos los medios. Tiene un rostro de piedra. Si están tan decididos a tomar todos los caminos legales (¡no vayan a hacer nada ilegal, por favor!). PROPONGAN ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD  DE UNA VEZ POR TODAS. Así crean  un hecho político que obligue a definirse a favor y en contra de la impunidad. ¿Qué excusa les queda ahora o son unos charlabaratas de feria (sin alusión alguna)? ¡Vamos señores pongan un poco de coraje sobre la mesa! Es la única forma de recuperar unos gramos de la dignidad perdida.
Por supuesto siempre tiene un camino alternativo... Huidobro es la vanguardia y se los señala: agacharse bien hasta el piso para abrazarse con las culebras uniformadas de verde y azul.
Los votantes y la militancia emepepista decide: con la Verdad y Justicia o con la Impunidad del terrorismo de Estado, no caben medias tintas ni como te digo una cosa te digo la otra.
Creemos que hay que acompañar a Madres y Familiares pero sin callarse ni una sílaba y sin entregar a los verseros de siempre el campo de la consciencia popular. El lunes 25 iremos a la Plaza Libertad a decir nuestras verdades y a exigir a ese parlamento desprestigiado que anule la ley de caducidad.
¡Arriba los que luchan!
Jorge Zabalza   

viernes, 22 de febrero de 2013

La SCJ cierra definitivamente investigaciones por derechos humanos


La SCJ cierra definitivamente investigaciones por derechos humanos


NO HABRÁ JUSTICIA, SOLO QUEDAN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES



La Suprema Corte de Injusticia acaba de declarar inconstitucional la ley interpretativa de la ley de impunidad.
Al parecer, el argumento central sería la no retroactividad de la ley penal.
Sin embargo, no hay duda que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil (en especial contra militantes de izquierda y dirigentes sindicales). Quiere decir que, aún en el caso de que la Justicia tipificara el delito de homicidio, por las circunstancias en que fue cometido lo transforman en un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible.
Lo mismo para los casos de tortura o cualquier otra violación de los derechos humanos cometida durante el período dictatorial, que ya eran delito en la jurisprudencia internacional en Tratados que habían sido ratificados por nuestro país.
Seguramente la Corte se referirá en su resolución a lo consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica:“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”.
Lo que no tiene en cuenta la SCI (Suprema corte de Injusticia), es que el derecho aplicable en estos casos es el derecho internacional. El numeral 2 del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”. Esto es, puede que el delito no esté aún tipificado en el derecho nacional (interno), pero si está tipificado en el derecho internacional, entonces el que comete el delito puede y debe ser condenado.
En su resolución de 1969 sobre el castigo de quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (Resolución 2583 – XXIV), la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la "investigación rigurosa", así como la sanción de los responsables "son un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar la confianza (...) y contribuir a la paz y la seguridad internacionales”.
Y no hay ninguna duda que al integrar la ONU, los Estados están obligados a cumplir con sus disposiciones. La página de las Naciones Unidas, en la Dependencia de Información al Público dice lo siguiente: “Los Artículos de la Carta tienen el valor de legislación internacional positiva ya que la Carta es un tratado y por lo tanto un documento vinculante. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin”. Por cierto, el Pacto internacional sobre derechos humanos ya era ley en nuestro país desde 1969 (Ley Nº 13751) y había sido sucrito en 1967.
Paradojalmente, el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), no tiene en cuenta estas cuestiones dentro de su propio territorio.
Paradojalmente, en el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), los ciudadanos no podrán acceder a la justicia en esa materia en su propio país (que algunos vuelven a calificar como la Suiza de América), y no tendrán otro camino que recurrir a tribunales internacionales, porque en su patria la justicia les está vedada.

jueves, 21 de febrero de 2013

tienen un plazo de 45 días.


SCJ postergó para mañana decidir si concurre al Parlamento

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolverán mañana si aceptan la invitación a concurrir a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para explicar a los legisladores la decisión de trasladar de la Justicia Penal a la Civil a la jueza Mariana Mota, según informó a EL PAIS digital el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat.
"En este caso no hay ninguna limitante porque es una invitación; la decisión tiene que ver más que nada con la conveniencia y oportunidad de concurrir", explicó.
El vocero aclaró que cómo órgano la SCJ no tiene aún posición tomada, más allá de la opinión de cada uno de sus miembros. Si bien la convocatoria parlamentaria a la SCJ se confirmó recién ayer, como el tema había sido anunciado públicamente con anticipación, los ministros de la corporación lo han analizado de manera informal y, en principio, habría mayoría para rechazar la convocatoria por improcedente , dijeron a EL PAÍS fuentes judiciales.
Se estudiará en la SCJ, además, el pedido de informes enviado por el Parlamento a iniciativa del legislador Víctor Semproni. En este caso, según explicó Oxandabarat, tienen un plazo de 45 días. "Cuándo se va a resolver no lo sé, seguro que va a tardar, porque tienen que analizar si corresponde o no responder tomando en cuenta la separación de poderes, ver casos anteriores y estudiar cómo se aplica la legislación vigente", indicó.

invitación a la corte de justicia


El Parlamento aguarda una respuesta de la Corte

Por 5 votos contra 4, la invitación a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al Parlamento fue aprobada ayer en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. El presidente de la corporación, Jorge Ruibal Pino, estimó que hoy podrían definir si asisten o no a la Comisión, y responderían por escrito.

Fiscal que actuará en los hechos de la suprema corte de justicia.


Fiscal que actuará en los hechos de la suprema corte de justicia.
Informe de prensa. 

SEMANARIO VOCES. publicado a la‎(s)‎ 15/09/2012

Lo veníamos pastoreando desde hace tiempo pero como en lo últimos tiempos ha sido muy mediático íbamos postergando el encuentro. Pero no es fácil evitarlo. Este es un hombre de acción y no dudó en llamarnos para decir que no entendía, porque ningún medio de izquierda lo entrevistaba, como quien dice nos mojó la oreja. Hijo y sobrino de dos generales del proceso, es independiente políticamente hablando y no duda en decir lo que piensa. Charlatán, polémico, con gran sentido del humor, incisivo y con los pies en la tierra, esa es la impresión que nos dejo la charla con este fiscal de menores.  

Por Jorge Lauro, Hoenir Sarthou y Alfredo Garcia / Fotos Rodrigo López.
--------------------------------------O-----------------

Causa Abierta

PORTAL DE NOTICIAS.

 

Un “bozal” para Zubía

MAYO 17, 2012 

Escribe Carlos Lemos
“La culpa la tiene la prensa”, dicen los licenciados de distintas disciplinas cuando se crea alarma pública en torno a un caso que, lógicamente, conmueve a la sociedad.
A ninguno de ellos, que repiten el mismo discurso cada vez que truena la comunidad, se les ocurre apuntar en la dirección correcta. Por falta de masa crítica o por miedo.
Además de algunos actores sociales, que se regodean cuando ven correr sangre para llevar agua a sus molinos, hay un personaje nefasto y se llama Gustavo Zubía, nada menos que el fiscal.
Este administrador de justicia que pasa las tres cuartas partes de su tiempo parloteando y gritando cada vez que se le acerca un micrófono fue el responsable de una informacion errónea, entre varias.
En voz alta, y erizado, adjudicó al asesino de La Pasiva la frase: “primero se dispara para que te respeten”. Todos los medios de prensa lo tomaron como palabra santa, hasta que un juez sensato lo desmintió.
Pero Zubía, además de fomentar la alarma pública, tiene un criterio que muchas veces asombra a los propios jueces.
Este miércoles le pidió al juez que le quitara las prendas que vestía al adolescente de 17 años que asesinó al empleado de La Pasiva, Gastón Hernández.
Al momento de declarar el adolescente vestía unos championes Nike blancos con dorado y un equipo deportivo de la misma marca.
La incautación de estos bienes se trataba, según Zubía, de una medida inédita que buscaba quitar el “prestigio” que en el mundillo de los menores infractores suelen tener los homicidas.
Zubía pidió la confiscación de estos bienes como medida de escarmiento, bajo el entendido de que el joven los había comprado con el dinero robado del local de comidas.
El juez Hugo Morales escuchó el alegato del representante del Ministerio Publico y luego de un pronunciado silencio lo miró y le dijo “no”.
El no del juez fue gélido. No podía ser de otra manera, en virtud de que el fiscal no cumplió con su cometido a cabalidad.
En rigor, Zubía tenía que haber solicitado el cierre de todos los locales de los shoppings que venden las ropas de marca, además del procesamiento de sus dueños, de los importadores y de los creativos de las empresas publicitarias, entre otros.
Zubía es un ser extraño. A contrapelo de todos los fiscales, dio todo su apoyo al Fiscal de Corte Jorge Díaz por haber removido al fiscal Perciaballe sin razón alguna.
O quizá no sea tan extraño su comportamiento y tenga como Díaz una impresionante necesidad de poder, cosa peligrosa para una comunidad sacudida por la violencia.
La libertad es libre, “Causa Abierta” no pide un bozal para Zubía con el fin de que no hable más. Por el contrario, la idea es que siga gruñendo sin hacer tanto daño.
--------------------------------------------------------O-------------------------------------

Yo estuve en la suprema corte de justicia.


Yo estuve en la suprema corte de justicia ese día, como también estuve junto a miles de uruguayos enfrentando y resistiendo el golpe de estado  en nuestro país.
Yo como miles de uruguayos recibimos como castigo la tortura, la cárcel y otros el exilio.
Y lo más triste y deleznable fue el resultado de personas asesinadas y desaparecidas durante el régimen cívico-militar que ensombreció nuestra historia.
Un pueblo sojuzgado durante casi doce años;  a las botas militares y civiles cómplices,  que nos condenaron a la miseria y persecuciones constantes: Merece respeto
Muchas décadas llevamos buscando a nuestros desaparecidos, que fueron escondidos, enterrados en predios militares.
La constante memoria, y ejercicio de aunar voluntades por  verdad y justicia que una sociedad necesita, solo  se logra a través de la justicia.
Y la jueza Mariana Mota está siendo sometida a una persecución, incalificable   por la suprema corte de justicia por la razón de tener la mayoría de causas entradas a su juzgado relacionada con  delitos de lesa humanidad  cometidas por los agentes del estado uruguayo.
La verdad sigue siendo mutilada, obstaculizada y el deber ético y moral de todo aquel que se precie de ser un buen uruguayo,  debería reforzar las filas frente a  esta embestida  que solo busca la criminalización de la libertad de expresión.

Martha Passeggi.

ADHESIONES DEL EXTERIOR SOBRE TRASLADO DE LA JUEZA MARIANA MOTA


SCBC ( México 15-02-2013 Prensa Frente Amplio / Cdp) COMITÉ DE BASE DEL FRENTE AMPLIO EN MÉXICO "GRAL. VÍCTOR LICANDRO".

Presidenta del Frente Amplio de Uruguay

Compañera Mónica Xavier
También le comunicamos que nos solidarizamos con la Jueza Mota y apoyamos todas las manifestaciones de las organizaciones en defensa de los derechos humanos en Uruguay y del PIT-CNT, así como esperamos que el Frente Amplio emita una declaración en la que deje en claro su desacuerdo, más allá del derecho que le asiste a la SCJ (Art. 99 de la Ley 15.750) de tomar dicha decisión, sin ofrecer ningún tipo de explicación.

Además nos declaramos en estado de alerta respecto de la próxima decisión que respecto de la Ley 18.831, deberá expedirse la Suprema Corte; en el entendido de que no admitiremos ningún tipo de retroceso antidemocrático, que abra algún camino para la impunidad en beneficio de personeros de la dictadura.

Fraternalmente.

El Secretariado del Comité de Base del Frente Amplio de Uruguay en México,“General Víctor

Estimada compañera.

Hacemos de su conocimiento, la profunda indignación de nuestro Comité por la decisión de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, de trasladar -sin fundamento alguno- a la Jueza Mariana Mota del Juzgado Penal al Civil. El verdadero fundamento no explicitado, es el de impedir que continúe con las investigaciones complejas y transparentes a las que nos tiene acostumbrados dicha Jueza, respecto de los crímenes del período del terrorismo de Estado

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo


Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Sede Provisoria: Anexo Palacio Legislativo Sala 225.
Tel: 142 internos 3242 y 3243

Declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre administración de justicia y derechos humanos.
1. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) realiza esta declaración en cumplimiento de sus cometidos y facultades establecidos por la Ley No. 18.446, de 24/12/2008.
2. La mencionada norma fijó la competencia de la INDDHH, que se extiende a todos los Poderes y organismos públicos (Art. 5) y su cometido esencial es la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y el Derecho internacional (Art.1). Asimismo, la INDDHH es competente para “promover la adopción de las medidas que se consideren adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos en los que el Estado sea parte” (Art. 4).
3. La INDDHH comparte que el sistema judicial es esencial para la protección de los derechos y libertades fundamentales, así como para asegurar el derecho de toda persona de ser oída y juzgada por un tribunal imparcial e independiente, que pueda realizar los deberes de su cargo con las adecuadas garantías institucionales y funcionales. El sistema judicial es garantía fundamental del estado de derecho, un contrapeso clave en el sistema democrático y un contralor eficaz para que los actos de los demás poderes del Estado respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales1.
4. Para la INDDHH los esfuerzos realizados por la sociedad uruguaya para fortalecer el estado de derecho y consolidar la democracia han sido ingentes y constantes en estos últimos treinta años. Entre esos esfuerzos, es reconocida la larga lucha de víctimas, familiares y organizaciones sociales, sindicales y religiosas por la verdad y la justicia en relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el país durante el terrorismo de estado. En los últimos años hubo algunos avances innegables en la materia. Sin embargo, para la INDDHH, ese proceso da muestras de haber comenzado lenta, pero constantemente, a detenerse. En otras palabras, el freno le ha ganado al impulso.
5. Recientemente, víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos han propuesto la creación de unidades especiales para
1 Comisión Internacional de Juristas, Principios internacionales sobre Independencia y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales. Guía Profesionales N. 1, Ginebra 2007.

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Sede Provisoria: Anexo Palacio Legislativo Sala 225.
Tel: 142 internos 3242 y 3243

colaborar con la investigación de las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado, así como también la creación de juzgados y fiscalías especializadas en esa materia. Al respecto no ha habido avance alguno.
6. Nuestro país ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia del 24/02/2011, caso Gelman c/ Uruguay). Es la primera sentencia contra el Estado uruguayo desde que se instaló el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y le impone a nuestro país la obligación de investigar con celeridad las denuncias por violaciones a los derechos humanos; no obstaculizar dichas investigaciones y llevarlas adelante por profesionales debidamente especializados. La Corte Interamericana está implementando un seguimiento permanente a la forma en que Uruguay cumple o no los diferentes aspectos de esa sentencia.
7. En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia (en el marco de sus actuales facultades) dispuso el traslado a un Juzgado Civil de la Jueza Mariana Mota, una de las magistradas de la órbita penal que estaba a cargo de la mayor parte de las causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de estado. La información sobre las causas del traslado de la Dra. Mota nunca fueron comunicadas con claridad por parte de la Suprema Corte de Justicia, de forma tal que toda la ciudadanía tuviera pleno conocimiento de cuales fueron las motivaciones de la decisión sobre el traslado. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene como fin velar por la adecuada administración de la justicia y garantizar la independencia de jueces y magistrados. Y en tal sentido, el requisito de independencia comprende, “[…] el procedimiento y las calificaciones para el nombramiento de los jueces, y las garantías en relación con su seguridad en el cargo […] las condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones y la independencia efectiva del Poder Judicial respecto a la injerencia política por los Poderes Ejecutivo y Legislativo”2.
8. El traslado de la Dra. Mota genera el riesgo de que las causas a su cargo por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado pudieran no avanzar con la necesaria celeridad de una pronta y eficiente administración de justicia. Naciones Unidas recuerda que “Un importante componente de la imparcialidad es la garantía de un juicio en un tiempo razonable. Las demoras en los procesos penales no pueden justificarse por la complejidad del caso o con el comportamiento de las partes. Cuando las demoras son basadas en la falta de recursos o falta de
2 CCPR/C/GC/32, Comité de Derechos Humanos, Observación General N. 32. “Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia”, párrafo 26.

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Sede Provisoria: Anexo Palacio Legislativo Sala 225.
Tel: 142 internos 3242 y 3243

financiación, deben proveerse recursos complementarios para la administración de justicia”3.
9. La Dra. Mota es una Jueza que se ha especializado en la materia penal, y más concretamente en investigaciones por violaciones a los derechos humanos. No parece que se aprovechen bien los recursos técnico-profesionales del país si, luego de tantos años de especialización, se la destina a otro juzgado, de una materia absolutamente diferente. Lamentablemente algo similar sucedió hace poco tiempo, cuando el Fiscal Letrado del Crimen Organizado, Dr. Ricardo Perciballe, especializado en una materia tan delicada, fue trasladado a una Fiscalía Civil.
10. Más allá de las derivaciones que estos hechos han tenido nivel internacional, la INDDHH entiende que es necesario comenzar a construir en el país una agenda que logre los mayores acuerdos y consensos para seguir fortaleciendo nuestro estado de derecho y sus instituciones. Muchas medidas (que requerirán oportunamente su traducción a reformas de normas de diferente jerarquía), pueden ayudar a modernizar nuestro sistema institucional; a optimizarlo; a generar más compromiso, más ciudadanía y más confianza. Un poder judicial en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales, es esencial para la plena realización de los derechos humanos y resulta indispensable para el fortalecimiento democrático y el desarrollo sostenible.4
11. La INDDHH considera que es necesario que es necesario comenzar a trabajar a la mayor brevedad sobre una agenda que incluya, entre otras medidas, (a) la creación del Consejo Superior de la Magistratura5; (b) la creación del Tribunal Superior Constitucional6; (c) la reforma del
3 Naciones Unidas. Resoluciones 50/181 de 22 de diciembre de 1995, 48/137 de 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Los derechos humanos en la administración de justicia”.
4 Resoluciones 50/181 de 22 de diciembre de 1995, 48/137 de 20 de diciembre de 1993 “Los derechos humanos en la administración de justicia:
5 Que libere a la Suprema Corte de Justicia de sus complejas funciones administrativas para poder dedicarse exclusivamente al ejercicio de la función jurisdiccional. Muchos países (incluso de la región) han incorporado ese consejo (integrado por representantes de los jueces; los abogados; las Facultades de Derecho y los funcionarios judiciales, entre otros). El Consejo Superior de la Magistratura tendría la función de asegurar la carrera judicial (convocatoria, selección, capacitación, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario de los magistrados). También de su especialización, para que cada materia cuente con magistrados calificados para el mejor conocimiento de los asuntos sobre los que debe resolver.
6 Este Tribunal, al igual que en otros países, conocería en todos aquellos asuntos vinculados con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, liberando también a la Suprema Corte de Justicia de esta compleja tarea, teniendo en cuenta el sinnúmero de materias que debe atender.

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Sede Provisoria: Anexo Palacio Legislativo Sala 225.
Tel: 142 internos 3242 y 3243

Ministerio Público y Fiscal7; (d) la definitiva sanción del nuevo Código del Proceso Penal8.
12. Estas medidas propuestas van en la dirección señalada por los organismos internacionales especializados en materia de derechos humanos. Se reconoce por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que una de las maneras de garantizar la independencia del poder judicial es mediante el establecimiento de un sistema claro y transparente en relación a los nombramientos y ascensos de los magistrados. El Comité de Derechos Humanos enfatizó que la movilidad de los jueces no puede quedar librada a la discrecionalidad de las autoridades, pues podría exponer a los jueces y comprometer su independencia e imparcialidad. De igual manera la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, ha enfatizado que los ascensos y traslados deben ser adoptados por un órgano independiente; estar basados en disposiciones claras y transparentes; recabarse el consentimiento del juez; y debe ser siempre pasible de revisión. Asimismo ha recomendado el establecimiento de cuerpos independientes que, basados en criterios objetivos, decidan los ascensos establecidos en la carrera de la judicatura.
13. En concreto: las normas internacionales en materia de independencia del Poder Judicial establecen una serie de estándares para los nombramientos y la permanencia en el cargo, y las mismas enfatizan en que “una de las prácticas que afectan la independencia o imparcialidad del Poder Judicial es el sistema de ascensos o movilidad. Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura establecen que los criterios deben ser objetivos9. En la misma dirección se pronuncia el Estatuto del Juez Iberoamericano, cuando establece que la estabilidad en el cargo es una garantía esencial de la independencia judicial y las decisiones de ascenso deben estar basadas en los mismos criterios objetivos que para la designación, y deben ser el resultado de un procedimiento transparente y equitativo10. Esa es la orientación de los principios y guías sobre independencia de la administración de justicia,
7 Asegurando también, como mínimo, el correcto funcionamiento de la carrera profesional de los Magistrados Fiscales (convocatoria, selección, capacitación, especialización por materia, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario).
8 Esta medida viene dilatándose desde hace años sin motivos que lo justifiquen. Dentro de esta reforma, es esencial la participación de las víctimas de los delitos (de acuerdo a la fórmula que pueda determinarse atendiendo al derecho comparado) de forma tal de que reciban un tratamiento digno; información; y capacidad de participar en un proceso donde son sus intereses personales los que primeramente están en juego.
9 A/HRC/11/41. Informe del Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despoy. Ver similares informes temáticos de la Relatoría en: www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Issues.aspx.
10 Estatuto del Juez Iberoamericano, Articulo17.

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Sede Provisoria: Anexo Palacio Legislativo Sala 225.
Tel: 142 internos 3242 y 3243

Ciudadanos y ciudadanas en defensa de la justicia


Ciudadanos y ciudadanas en defensa de la justicia

Montevideo, 18 de febrero 2013

Sr. Presidente de la Asamblea General

Cdor. Danilo Astori

Los y las abajo firmantes somos ciudadanos y ciudadanas de la República Oriental del Uruguay que expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos de los últimos días. En especial por las versiones de prensa sobre un posible pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la ley 18.831. Esto sería una nueva y trágica burla a los acuerdos internacionales y a los justos reclamos que durante años hemos sostenido miles de compatriotas.

Dicha ley fue la que restituyó a nuestra sociedad el derecho al accionar de la justicia y la real independencia del Poder Judicial, luego de 25 años de sometimiento de su accionar en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado al Poder Ejecutivo de turno.

El intempestivo traslado de la Jueza Mariana Mota, reconocida profesional de larga trayectoria, que venía desarrollando la investigación judicial de unas 50 causas de delitos del terrorismo de Estado, ha provocado malestar y desconfianza en la ciudadanía. Ese traslado no fue solicitado por la magistrada y es público que no estaba de acuerdo con el mismo.
La decisión de la SCJ redunda en un nuevo e injustificable rezago de procesos judiciales que han sido paralizados por décadas.

El respeto y la garantía de no sanción, remoción injustificada o arbitraria de jueces es la garantía de una actuación independiente de la justicia. Es allí donde reside la real independencia del Poder Judicial y no en las eventuales cinco personas, que por acuerdos políticos, se constituyen en ministros de la SCJ.

Consideram
os que la sombra de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831, representa un episodio significativo y representativo de las tantas amenazas y trabas sostenidas desde la restauración democrática. Se siguen acumulando los obstáculos burocráticos, las carencias de procesos claros y de oficinas especializadas para el acompañamiento las víctimas denunciantes de crímenes terribles, se perpetúa la vulnerabilidad del Estado democrático en la escasa trasparencia de los procesos judiciales.
Nos preguntamos:

¿Podremos como sociedad romper el largo destino de impunidad, silencio y complicidad que nos legó la dictadura?

¿Seremos capaces de construir y fortalecer los mecanismos que desarrollen un Poder Judicial eficaz y transparente?

¿Será necesaria la remoción de los actuales ministros de la SCJ el único camino para que estos avances sean posibles?

Por una real independencia de jueces y fiscales. Por una democracia construida sobre la Verdad y la Justicia.

Colectivo de denunciantes octubre de 2011
http://www.peticiones24.com/ciudadanos_y_ciudadanas_en_defensa_de_la_justicia

martes, 19 de febrero de 2013

En una nota titulada “Febrero Amargo”,


Zabalza: “No los voto más”

“No contribuyo más a la demagogia con la que se junta votos a lo bobo”, dijo el ex tupamaro, quien criticó a Mujica, por su vínculo “con el imperio”, y a la Suprema Corte



Jorge Zabalza
El extupamaro Jorge Zabalza criticó al presidente José Mujica por el relacionamiento del gobierno con EEUU y también cuestionó el traslado de la jueza Mariana Mota por parte de la Suprema Corte de Justicia.
En una nota titulada “Febrero Amargo”, que circula por las redes sociales, Zabalza expresa: “No los voto más. No contribuyo más a la demagogia con la que se junta votos a lo bobo”.
El extupamaro repasa dos acontecimientos ocurridos en este mes. “Jueves 14 de febrero de 2013. Instituto Militar de Armas y Especialidades (Camino Maldonado, km. 14). Se estrenó el galpón donado por el Comando Sur al Ministerio de Defensa del Uruguay. Su elevado costo, 430.000 dólares, abre la sospecha que la construcción es multiuso, que hoy sirve para conservar colchones y frazadas y mañana podría albergar uniformados con boinas azules. De hecho la intencionalidad ulterior de la “acción cívica” de las fuerzas armadas de los EEUU ha sido harto denunciada por los compañeros don Víctor Licandro y don Pedro Aguerre (padre). La oyeron hasta los más sordos”, escribió en el incio de su texto.
Luego hizo referencia a Diego Cánepa, “el verborrágico prosecretario de presidencia”, según lo define, quien al ser entrevistado por La Diaria dijo: “Nuestra opinión de la historia de los Estados Unidos en América Latina es muy clara, no se modifica. Pero eso no tiene nada que ver con las responsabilidades institucionales del gobierno y la nueva etapa que se vive. Tenemos una relación adulta de mutua confianza. Y es importante tener un buen vínculo. Uno no puede tapar el sol con una mano y creer que Estados Unidos no cumple un rol relevante. Hoy sigue siendo el jugador más importante del planeta”.
“¿EEUU ya levantó el bloqueo contra el pueblo cubano?, ¿ya dejó de torturar inocentes en Guantánamo?, ¿de qué nueva etapa me habla?, ¿está loco o se hace? La relación de mutua confianza con el imperialismo es más bien adúltera que adulta señor Cánepa... al establecerla se está engañando el compromiso histórico con las luchas antiimperialistas que ha dado el pueblo frenteamplista”, expresó Zabalza.
Luego agrega: “En cambio, Julissa Reynoso, dominicana que mucho mérito debe haber hecho para llegar a embajadora de los EEUU, no oculta con palabrerío el contenido real de los hechos y se la oyó decir (según La Diaria) somos “socios y cómplices”. Entiéndase bien: EEUU y Uruguay socios y cómplices. ¿Socios en Haití y el Congo?, ¿socios en las camionetas que patrullan en Montevideo con uniformes estadounidenses?, ¿en la instrucción dada por los SEALS? ¿Y en qué somos cómplices, podría decirnos, por favor, señora embajadora?”.
“El gobierno de Mujica y Huidobro”
“Está claro que el gobierno de Mujica y Huidobro confía en la generosidad de quienes practican el asesinato con drones en todo el mundo y avanzan a paso redoblado hacia la concreción de los “acuerdos estratégicos” con el Pentágono. Está también claro que disfrazan su postura intentando desvirtuar resistencias en el movimiento social y el Frente Amplio”, señaló Zabalza.
“Cuando pasea sus reales por el mundo, en especial por Venezuela porque a Cuba no va, Mujica pretende conservar la imagen antimperialista sugerida por su pasado guerrillero y hace discursos que despiertan aplausos entre quienes no conocen el permanente antagonismo entre sus dichos y sus hechos”, agrega la columna del extupamaro.
“Esto compromete al Uruguay cada vez más estrechamente con la estrategia de los EEUU para América Latina y van dejando en evidencia la futilidad de los discursos de Mujica. Por supuesto que siempre habrá ingenuos en el mundo pero también existen quienes leen la realidad con ojos críticos y, poco a poco, van separando la paja del trigo”.
“Mini golpe a la justicia”
El otro hecho que repasa Zabalza en su columna trata sobre el cambio de la jueza Mariana Mota desde la justicia penal a la civil
“Viernes 15 de febrero del 2013. Edificio de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, ubicada en el llamado “Pasaje de los Derechos Humanos”, paradoja que despierta tanta indignación como sus decisiones. Rodeada por la protesta pacífica de poco más de mil personas y por el repudio del movimiento social, de la militancia frenteamplista y de conocidos intelectuales, los ministros de la Corte dieron un “mini golpe a la justicia” al decir de Daniel Viglietti”, escribió.
“La remoción de la jueza Mariana Mota coloca a la Corte en la trinchera del terrorismo de Estado y, por consiguiente, la asocia con los criminales que torturaron, violaron, secuestraron niños, asesinaron y desaparecieron a más de doscientas personas. Los encabezados por Ruibal Pino asumen la vanguardia intelectual de los futuros golpistas, tal cual hizo Hamlet Reyes, abogado, profesor, presidente de la Corte en los años ’70, quién no sólo apoyó a los que derrumbaron las instituciones democráticas sino que presidió su remedo de parlamento, el llamado Consejo de Estado”, agregó Zabalza.
Almagro, “honrosa excepción”
El extupamaro expresó que “hacer carrera como magistrado no es obstáculo para ser portador de ideas fascistas y manifestarlas en concreto en cada sentencia o intervención pública”. “En este caso, la “purga express” a la jueza Mota cuenta con el consentimiento del gobierno de Mujica, con la honrosa excepción del canciller Luis Almagro, quien luego deberá concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para rendir cuenta sobre el in-cumplimiento de la “sentencia Gelman””, escribió Zabalza.
En el final de la nota, señaló que “en dos días, dos hechos contundentes, que no admiten matices del tipo “como te digo una cosa te digo la otra””. “Exigen definiciones claras: se aceptan las relaciones espúreas con el imperialismo o se defiende la independencia del Uruguay; se acepta la arbitraria decisión de la Corte que favorece la impunidad de los criminales o se lucha de alguna manera por descubrir la Verdad y hacer la Justicia”, sostuvo.
Tabaré y EEUU
“Está claro que la candidatura de Tabaré Vázquez representa la profundización de la asociación con los EEUU y con los mandos de las impunes fuerzas armadas. Más de lo peor que se viene haciendo. Nadie podrá decir “yo no lo sabía”, “me defraudaron”... no, ahora está claro cuál es el proyecto político”, advirtió Zabalza.
“La contradicción entre ser o no ser un país bananero interroga todas y todos, a las organizaciones sociales, a los partidos con intenciones de ser la izquierda del Frente Amplio y a toda la militancia política en general. De ellos depende que seamos o no dignos herederos de quienes dieron la vida por la justicia social, por la liberación nacional y lucharon a muerte contra la criminal represión del pachecato y de la dictadura cívico-militar. En lo personal no los voto más, no contribuyo más a la demagogia con la que se junta votos a lo bobo”, concluyó.

la impunidad se afianza en el Uruguay

nos condenan a la impunidad estos señores.


Declararían inconstitucional ley interpretativa de caducidad


Declararían inconstitucional ley interpretativa de caducidad

Según informó hoy el diario El Observador, citando fuentes de la corporación, la mayoría de los ministros de la SCJ creen que los artículos 1 y 2 son inconstitucionales, porque la ley penal no puede aplicarse retroactivamante.
En 2011, la SCJ determinó que los crímenes cometidos contra detenidos durante dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad. Con este cambio en la jurisprudencia los delitos deberían haber prescripto en noviembre de ese año.
Sin embargo, desde el Parlamento se impulsó la ley interpretativa de la caducidad, por la cual las Justicia continúa investigando crímenes cometidos en la dictadura. Además, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto revocó los anteriores creados en otros gobiernos, que incluían decenas de casos dentro de la ley de caducidad y por lo tanto no se podía realizar una investigación judicial.
En medio de este debate jurídico, se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella se establece que se debe remover todo obstáculo que permita la impunidad y debe ser dejada sin efecto. En los hechos esto significa que se debe dejar sin efecto la ley de caducidad.
Uno de los ministros, señaló que más allá de la posición mayoritaria no se puede decir que sea un caso cerrado.
El País Digital

Festival de murgas en el Velódromo


lunes, 18 de febrero de 2013

La Suprema Corte de Justicia denunció penalmente la ocupación de su sede,

SCJ denunció penalmente la ocupación


Y te cobran penal

15.02.2013 18:03

La Suprema Corte de Justicia denunció penalmente la ocupación de su sede, por entender que con ella se intentó impedir un acto judicial. El caso está ahora en manos de la jueza Gabriela Merialdo.

La Suprema Corte de Justicia resolvió este jueves denunciar penalmente la ocupación de su sede, por entender que se trató, con ella, de impedir un acto judicial, explicó el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat a Subrayado.

"Fue la ocupación de un edificio público y por ello se solicitó a la policía el desalojo", dijo el funcionario. El caso recayó en jurisdicción de la magistrada Gabriela Merialdo, que recibirá imágenes y fotografías de los incidentes, con el fin de que tome las medidas correspondientes.

Montevideo Portal 

Pronunciamiento de CEJIL y WOLA sobre el traslado de Mariana Mota. Se ruega su mayor difusión.


Pronunciamiento de CEJIL y WOLA sobre el traslado de Mariana Mota. Se ruega su mayor difusión.

Difundirlo es sembrar Memoria.


Difundirlo es sembrar Memoria.

Así durante 5 años encabecé mis notas,  difundiendo todo lo relacionado a la








lucha popular sobre este tema.
El año pasado, en varias de ellas venía-veníamos en conjunto llamando la atención
sobre la culminación de una etapa.
Etapa llena de obstáculos y traiciones.
De logros y victorias también.
El álbum fotógrafico lo encabecé -Día histórico en la suprema corte de justicia-
Estar detrás de la cámara siendo fotógrafa y protagonista implica controlar, filtrar, mirar
arremeter, y mantener los sentimientos a flor de piel en forma permanente.
Parte del trabajo en algunos momentos lo pierdo, a es profeso- para poder desagotar la bronca, y por que no, la alegría de la lucha.

Hoy fue histórico!

Decenas de personas  concurrieron, permanecieron y gritaron con toda la fuerza;  su apoyo a la jueza Mariana Mota y su inquietante desenlace.
Porque… a no engañarse es el fin de una etapa.
Etapa larga, fatigosa, dolorosa y por momentos de pequeñas alegrías. Logros que solo lo obtienen, las fuerzas populares, organizadas, ante la injusticia, ante la represión, ante la falta de libertades.
Durante el proceso cívico-miliar, que duró casi doce años, hubo dignidad en la lucha, hubo entrega, hubo coraje.
Hubo resistencia constante y callada cuando fue necesario, y en otros momentos
 Rompió el   muro del miedo y  marchó por las calles.  
Esa resistencia sembró la memoria que hoy cultivamos, para que no se muera  para que genere nuevas rebeldías.
La Memoria guarda los nombres de los genocidas, uno a uno.
La Memoria guarda los nombres de civiles cómplices de ayer y de hoy.

La crónica de los hechos del día de hoy, lo verán en la  televisión, en los medios escritos.
Ahora en estas líneas solo leerán un punto de vista.
Templar los corazones, porque una nueva etapa se abrió, dónde nos exige estar,
alertas, unidos.

Por Verdad y Justicia!