viernes, 31 de mayo de 2013

coloquio en Francia Org.Dondestan. intervencion de la jueza Mariana Mota


INTERVENCION DE
MARIANA MOTA
Agradezco a la Asociación “Dónde están?” haberme invitado a tan importante evento.

El título de este coloquio, el derecho a saber, convoca a analizar el derecho a saber la verdad, ese derecho inalienable que tienen las víctimas independientemente de la circunstancia que les haya convertido en la calidad de víctimas. Quiero precisar que cuando hablo de víctimas no refiero exclusivamente a los directamente lesionados sino también a las victimas indirectas, a los familiares y a los testigos, muchas veces también victimas de otros hechos violatorios de los derechos humanos. Ese derecho a saber, y especialmente en estos delitos de lesa humanidad, dada la naturaleza del delito que se investiga, es un derecho de carácter colectivo, derecho de toda la sociedad a saber lo acontecido respecto a los integrantes del grupo social.  

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la causa Gelman vs Uruguay, se considera como un derecho inalienable y parte de un derecho más amplio que cada pueblo tiene de saber los acontecimientos pasados, así como sobre las circunstancias y razones que llevaron, por violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetuación  de crímenes aberrantes afirmando que el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar en el futuro que tales actos no se reproduzcan.   
Junto a este derecho a la verdad ha de considerarse el derecho a la justicia y  el derecho a la reparación.
2) El derecho en general, como conjunto de normas que se da una sociedad para regular sus relaciones, debe estar enfocado a que, efectivamente, sirva para la finalidad creada, resolver los conflictos interpersonales, grupales y de los individuos con el Estado de manera que las mínimas limitaciones que deban imponerse en el goce y ejercicio de los derechos individuales solo tengan como objetivo el desarrollo pleno de los derechos de todos los individuos que conforman la sociedad. Es el Estado el primero  y principal responsable en la garantía del ejercicio de esos derechos y su obligación no se resume en un dejar actuar sino que tiene que tener un papel necesariamente activo para promover, proteger, desplegar los derechos esenciales de las personas.

Todas las instituciones del Estado, por lo tanto, deben su existencia a la finalidad de desarrollar y garantizar el ejercicio de los derechos y sus actuaciones serán válidas y legitimas si propenden a ese objetivo. Si bien las instituciones tienen un carácter de mayor permanencia que las personas que ocupan sus cargos, estas instituciones deben adaptarse, adecuarse, reformularse a medida que las necesidades de la sociedad lo van requiriendo y ello en función a esa razón de ser fundante, la de ser organismos creados para servir a los individuos como tales y como integrantes del grupo social.

3) Y el Poder Judicial es una parte de esa estructura estatal y claro está que no escapa a esta finalidad esencial como organismo del Estado. Es, o debe ser, el lugar desde el cual la protección de los derechos esenciales de las personas encuentre siempre su amparo, su defensa, ante la vulneración o peligro de avasallamiento de otros individuos y del Estado mismo, a través de algunos de sus órganos cuando estos actúan con abuso de sus funciones. Debe tenerse presente que el sistema de administración de justicia constituye la última frontera donde los ciudadanos perciben si sus derechos son efectivamente respetados y garantizados. El Estado,  debe brindar un servicio de justicia que debe facilitar y favorecer el acceso a la justicia, un acceso efectivo, que no puede suspenderse por ningún motivo, que se adapte a los cambios, de acceso igualitario para todas las personas y, esencialmente, un proceso que se desarrolle en tiempos acordes, evitando demoras y tardanzas injustificadas dado que la justicia retrasada no es justicia.

Sentadas estas premisas generales toca analizar qué ha ocurrido en Uruguay en estos últimos tiempos.
4) Las graves violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura, hechos calificados como terrorismo de Estado en tanto este se volvió contra los individuos desnaturalizando absolutamente su función garantista para transformarse en limitador, agresor, negador de los derechos que por esencia debía proteger, planteó, a la salida de la dictadura, la enorme tarea de abordar el conocimiento de estas violaciones y su reparación integral.
El Poder Judicial que debió afrontar estos juicios de denuncias penales por torturas, desapariciones, muertes, también de reclamaciones patrimoniales, era un poder judicial que ya evidenciaba algunas carencias, deficiencias, que luego se fueron haciendo cada vez más visibles, ahora son evidentes y en parte explican el estado actual de situación.
5) Se trata de un Poder Judicial con un órgano jerárquico máximo con múltiples facultades además de la estrictamente jurisdiccional y desde donde se dictan las políticas de administración de justicia, incluidos los recursos humanos que van a llevar adelante el servicio de administración de justicia.

Si bien atender los recursos humanos en su formación, especialización, remuneración, destinos, no era, hasta hace algunos años, política prioritaria de las administraciones,  ello se volvió esencial en una concepción de brindar un mejor servicio siendo que son los funcionarios los que representan a esa administración.

En el caso del Poder Judicial, además, la específica función de garantizar el acceso a la justicia –en el concepto que se señalara anteriormente-  va íntimamente ligada a los recursos humanos que ejercen la función (sean jueces, funcionarios, técnicos, defensores de oficio). Pero el Poder Judicial no ha desarrollado políticas que prioricen, precisamente, sus recursos humanos, que atiendan su formación, su capacitación, etc. Ese Poder Judicial, que no puede afrontar de manera eficiente los delitos comunes, en parte por las razones apuntadas y en parte porque aun aplica arcaicas normas procesales todavía vigentes (un sistema procesal penal inquisitivo, nula participación de la víctima, juez único en todo el proceso), es el mismo que debe afrontar, con esas limitantes, la investigación de delitos referidos a graves violaciones a los derechos humanos.

6) Pero agregado a ello, no se considera que estos delitos deban tener un tratamiento diverso, ni sedes especializadas, ni abordajes específicos, ni apoyos técnicos. El estudio e investigación de causas de derechos humanos, especialmente de los delitos cometidos durante la dictadura implican una dedicación de tiempo y un nutrirse de conocimientos e información muy importante. El juez que tiene a su cargo tal investigación y cuando éstas son muchas con mayor razón, debe compartir ese tiempo con los demás asuntos de su competencia, los procesos penales donde tramitan delitos comunes, que de por sí constituyen toda la competencia de cada juez penal.

De manera entonces, que abordar causas de derechos humanos, si se pretende una labor judicial seria, requerirá que el juez y la oficina incorporen mas horas laborales para cumplirla.
7) El Poder Judicial que debe hacer frente a estas investigaciones  no cuenta con funcionarios que conozcan el entorno histórico en que ocurrieron los hechos, ni la forma de actuación de los organismos abocados a la represión, ni las alteradas maneras de funcionar del Estado de la época (recuérdese la vigencia de la ley de seguridad del estado, 14.068, donde los juzgado militares asumían competencia en delitos que antes eran de órbita de los juzgados ordinarios al pasar delitos del código penal al código militar).
8) Este Poder Judicial no cuenta a la fecha con organismos propios -o ajenos a éste- en calidad de auxiliares para la investigación. Se precisa equipos integrados por diferentes profesiones (médicos legistas, archivólogos, antropólogos) a fin de abordar la diversa documentación, interpretarla, analizar la documentación profesional- saber leer los documentos militares, las autopsias en función a las demás pruebas que se incorporen para desentrañar las causas reales de la muerte, acceder y seleccionar la información relevante de los archivos, realizar la búsqueda de los detenidos desaparecidos teniendo en cuenta los datos aportados, analizar los restos humanos encontrados para establecer las causas de muerte. Se requiere también de asistencia legal oficial, o estatal, dado que no puede ponerse de cargo de las victimas el pago de profesionales abogados para llevar adelante juicios donde es el propio Estado el responsable de los hechos vulneratorios.



9) Asimismo, la localización de los eventuales testigos depende de los datos que puedan aportar la víctima o el denunciante con suerte variada en el resultado de esta gestión. De igual manera, la actuación de profesionales idóneos – médicos legistas, psicólogos con experiencia y conocimiento en el abordaje de traumas derivados de este tipo de graves vulneraciones- hoy depende también de la posibilidad de que el denunciante o abogado conozca tales profesionales o que la propia sede lo sepa, estando supeditado, nuevamente, a la suerte de estas gestiones.

10) Este Poder Judicial no cuenta tampoco con asistencia a las víctimas en el momento de que van a declarar, ni antes, ni durante, ni después, como tampoco de lugares de espera separados de otro público que acude a las sedes judiciales por temas por demás diversos. Las víctimas y los testigos víctimas se apoyan entre sí, se acompañan en la concurrencia a las audiencias conformando así un apoyo entre victimas porque desde el Poder Judicial esto no está previsto. Se requiere asimismo de abordajes de profesionales que conozcan las situaciones por las que han atravesado las víctimas para poder interpretar las secuelas en función a estas experiencias (utilizar protocolos de actuación para estudiar casos de víctimas de torturas tanto en lo que tiene que ver con lo psicológico como desde el punto de vista médico)

11) Este Poder Judicial debe modificar, en atención a la especial calidad de las víctimas, la forma de abordaje de la investigación: desde la forma de citación de las mismas a la manera de desarrollar las preguntas. No se puede dejar de tener presente que muchas víctimas, la vez que estuvieron ante un juez era un juez militar, la justicia que recuerdan fue profundamente arbitraria y vulneró todos sus derechos. Las citaciones no pueden ser llevadas a cabo por la policía, organismo que muchas veces estuvo vinculado a las detenciones arbitrarias, debe preferirse la citación telefónica o por medio del profesional que desarrolle la asistencia legal a fin de poder explicitar a la persona citada los motivos de la necesidad de su comparecencia.
12) La audiencia se debe desarrollar atendiendo la necesidad de cada víctima, informándole previamente cómo se desarrollará la misma y que función cumplen las demás personas presentes en la audiencia.
No puede perderse de vista que esta nueva oportunidad de estar frente a un juez penal representa la necesaria instancia para comenzar a conocer la verdad. El juez debe tener conciencia de la expectativa que esto representa,  y en consecuencia ser absolutamente claro en cuanto a informar cómo se desarrollará el proceso, a sus tiempos, a las diferentes instancias, a que deberá transitarse por un proceso que requerirá de las victimas recordar experiencias profundamente traumáticas, que también habrá instancias en que los abogados de los indagados le formulen preguntas explicando la finalidad y el posible contenido de esas preguntas.
13) No puede obviarse además en este análisis que el actual proceso penal uruguayo no considera a la víctima como parte del proceso. La aplicación del art. 13 de la ley 18.026, que es una norma procesal, permite que el denunciante proponga pruebas y que participe en su recepción pero no tiene un papel activo en cuanto a la actuación procesal, es decir, no puede recurrir las resoluciones que se dictan lo que cobra importancia cuando pueden darse resoluciones judiciales que enlentecen el proceso o incluso lo archivan o desestiman medios de pruebas propuestas por el o los denunciantes.  
La inmediatez en estos casos es esencial. Por la misma razón de lo que representa para la víctima afrontar una instancia judicial penal, es necesario que sea el mismo juez quien dirija cada una de las actuaciones.

14) Asimismo, es necesaria una formación especial para abordar estas causas que hoy día solo se afronta con mayor o menor suerte según la sensibilidad o la dedicación que ofrezcan quienes tienen a cargo las investigaciones, esto es los jueces, la oficina, la fiscalía.
15) En ese proceso de abordaje de estas investigaciones de grandes violaciones a los derechos humanos ha de tenerse presente que se persigue mucho más que un resultado de condena penal, se pretende la reparación integral.
El derecho a la reparación integral abarca el de la restitución plena, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición y, en general, también aquellas medidas que tiendan al pleno reconocimiento del status de víctima en el grado que sea posible respetando sus derechos como tal. No resulta posible por razones de tiempo desarrollar cada uno de estos conceptos, pero esta reparación integral ha sido en Uruguay parcialmente abordada en relación a las víctimas de las grandes violaciones a  los derechos humanos.

Para verificar este incompleto abordaje del concepto de reparación integral, basta señalar que, en las llamadas garantías de no repetición, concepto de reparación integral que fuera referido en la sentencia de condena dictada por la CIDH, se reclama la verificación de los hechos violatorios, la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos, las sanciones judiciales y/o administrativas contra los responsables, las conmemoraciones a las víctimas, el reconocimiento de su estatus, la prevención de repetición de otras violaciones de todo lo cual todavía en Uruguay falta recorrer largo camino.

16) Se verifica el cumplimiento de estas obligaciones en el trabajo que desarrolla el poder judicial? Además de ser integrante de un Estado y como tal estar igualmente obligado como los demás poderes  y organismos del Estado, las deficiencias apuntadas demuestran que  no se aborda y, peor aún, no se pretende reconocer la especial situación de estas víctimas ni de las características particulares de estos delitos y de su necesario encare específico. La sentencia de la CIDH señaló expresamente determinadas obligaciones.

En el curso del proceso internacional Uruguay afirmó que varias de ellas estaban en camino de ser adoptadas y de otras se comprometió a cumplir. Mas allá del cumplimiento especifico y parcial de la sentencia en el caso concreto, las obligaciones mas generales siguen sin recibir solución (no se ha modificado el proceso penal, el proyecto de reforma que se encuentra a estudio no soluciona puntos específicos que se reclaman), no se han conformado las unidades especializadas en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público más allá de proyectos y manifestaciones expresas de conformidad con su puesta en marcha desde las autoridades, no se ha implementado la capacitación a funcionarios .

No se ha abocado el Estado como tal en adoptar una política de favorecimiento a la investigación por ejemplo, realizando sus propias actuaciones a fin de reunir la documentación relacionada, o facilitando la búsqueda de datos requeridos por el poder judicial o informando al poder judicial de lo que ha logrado reunir y sistematizar o estableciendo decididamente canales de un más rápido diligenciamiento de los exhortos que se dirigen a otros países en procura de información necesaria para las investigaciones. Ejemplos de cada una de estas situaciones abundan y sería largo exponerlos aquí pero debe señalarse que la actuación de la Secretaria de Seguimiento de la Comisión Para la Paz, si bien es necesaria, es claramente insuficiente aun teniendo presente y valorando especialmente el encomiable esfuerzo de muchos de sus integrantes.
17) Lo expuesto presenta el panorama actual de cómo se trabaja en las investigaciones de graves vulneraciones a los derechos humanos. Las carencias señaladas explican las dificultades existentes para alcanzar no solo resultados concretos en el área de lo jurisdiccional sino también en el conocimiento de la verdad y en la reparación integral de las víctimas. Hoy es el poder judicial quien debe desarrollar adecuadamente su función dado que, como se ha señalado, si los operadores del sistema no están preparados, las instituciones jurisdiccionales no responderán a su razón de ser. Sucederá entonces que toda la doctrina de derechos humanos, la legislación que los implementa y los esfuerzos desplegados desde la sociedad civil para su efectiva vigencia, se condenan al fracaso.  



sábado, 25 de mayo de 2013

Coloquio "El derecho de saber" en París fue un éxito


Coloquio "El derecho de saber" en París fue un éxito


Mirtha Guianze - Olivier De Frounville - Louis Joinet - Constanza Moreira -Oscar Lopez Goldaracena - Edmundo Gomez Mango - Macarena Gelman- Mariana Mota y Philippe Texier los panelistas del coloquio por "El Derecho a Saber - Uruguay los desaparecidos durante la dictadura 1973 - 1985"

"El desafío de la justicia que está en juego en Montevideo va más allá de las fronteras del Uruguay" , dijo el jurista francés Louis Joinet en la apertura del encuentro. 

La Suprema Corte de Uruguay perdió toda credibilidad al desconocer con argumentos falaces el derecho internacional en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura (1973-1985), dijo este martes en París el jurista francés Louis Joinet en un coloquio sobre los desaparecidos celebrado en el Senado francés.


Louis Joinet: Madame, chère collègue, vous avez sauvé l'honneur de la Magistrature" 

En cambio, "la jueza Mariana Mota -apartada por la Suprema Corte de las causas que instruía sobre crímenes de la dictadura- salvó el honor de la justicia uruguaya", señaló Joinet, que agregó que "estaba reflexionando sobre un movimiento de solidaridad con su colega". 

En el coloquio "El Derecho de Saber. Uruguay los desaparecidos durante la dictadura (1973-1985)", realizado por la organización franco-uruguaya “¿Dónde están?”, participaron parlamentarios, magistrados, juristas, organizaciones humanitarias y víctimas."El desafío de la justicia que está en juego en Montevideo va más allá de las fronteras del Uruguay y concierne a toda la comunidad internacional", afirmó al abrir el coloquio Joinet, artífice de la Convención Internacional sobre las desapariciones forzosas y exconsejero del presidente francés François Mitterrand. 

"Negar la imprescritibilidad de esos crímenes de lesa humanidad" es "un grave precedente del cual pueden inspirarse los Estados depredadores que esperan dar vuelta a la página para que ésta no pueda ser leída", dijo.Joinet recordó que el Senado francés organizó hace más de 30 años (en 1981) el primer coloquio sobre la desaparición forzosa, la de los desaparecidos en Argentina. 

Tras él participaron en el debate, entre otros, la senadora uruguaya Constanza Moreira, la fiscal Mirtha Guianze, el jurista Óscar López Goldaracena, la jueza Mariana Mota, que fue apartada recientemente de varias causas que instruía sobre crímenes de la dictadura, y Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, que fue niña robada, recuperó su identidad hace unos diez años y demandó al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Este coloquio permite una reflexión para ver qué caminos se pueden tomar" en la lucha contra la impunidad, declaró a la AFP Macarena Gelman, señalando que "Uruguay aprobó una ley, pero la Corte Suprema la declaró inconstitucional, y su presidente dijo incluso que cuando estos procesos judiciales lleguen a ella se van a encontrar con una muralla, con lo cual anticipa ya qué opinión va a tener la Corte".


Macarena Gelman


Es necesario que "el Estado uruguayo permita que los procesos se lleven a cabo", que se "reconozca quiénes son los culpables de esos hechos y que haya condenas, teniendo en cuenta que son crímenes de lesa humanidad y que no conciernen sólo a las personas individuales sino a toda la sociedad", agregó.Los sucesivos oradores en el coloquio recalcaron la necesidad de que la Corte Suprema reconozca los crímenes de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, no prescriptibles. 

Afirmaron además que en materia de desaparición se puede invocar el delito permanente que se sigue cometiendo hoy, lo que invalida la prescripción. 

Señalaron asimismo la necesidad de una "política de Estado" en materia de derechos humanos, algunos de ellos, como López Goldaracena, consideraron necesaria para ello una modificación de la Constitución."Si se compara lo que hace el Estado uruguayo con lo que pasa en Argentina, estamos muy lejos de lo que se necesita: no hay búsqueda sistemática de desaparecidos, no se estimula el enjuiciamiento de los criminales, no hay política de búsqueda en los archivos del Estado, el poder político no ha ejercido su autoridad para obligar a las fuerzas armadas a entregar la información", señaló uno de los organizadores del coloquio."Increíblemente la Suprema Corte de Justicia uruguaya pretende que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay en el caso Gelman no se le imponen. 


Philippe Texier
Al exponer las conclusiones del coloquio, el francés Philippe Texier, jurista experto en derechos humanos de larga trayectoria en la ONU, dijo que la decisión de la Suprema Corte "no tuvo en cuenta todos los tratados sobre derechos humanos internacionales y regionales firmados por Uruguay". 

Es necesario que "el Estado uruguayo desarrolle una política global de derechos humanos, que incluya una profunda reforma de la justicia", concluyó Texier. E incluso pretende que los tratados y convenciones internacionales que Uruguay ha firmado no pueden ser adaptados al derecho nacional, lo que es una aberración jurídica", agregó.

martes, 21 de mayo de 2013

informes de prensa de la Marcha del silencio año 2013. imágenes de Martha Passeggi fotógrafa.


Prensa La República.
Unas 30 mil personas reclamaron ayer, en silencio, el fin de la impunidad en Uruguay.
La Marcha del Silencio ayer continuó siendo del silencio. Solo con un prolongado y profundo aplauso, que se dio al finalizar la extensa caminata, miles de uruguayos reclamaron el fin de la impunidad en nuestro país. Una columna humana se extendió por casi cuatro cuadras de la Avenida 18 de Julio, ocupando la totalidad de la calle.
El final de la movilización fue previsible. Algunos centenares de activistas se fueron contra las vallas que protegían la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para organizar un cacerolazo y protestar y gritar que esta integración de la SCJ era de la impunidad.
Pero como hace 18 años, el arranque de la marcha fue extremadamente puntual. Pasadas las 18 horas fueron llegando los primeros manifestantes, integrantes de las organizaciones de derechos humanos, representantes de sindicatos y muchos, pero muchos jóvenes estudiantes, liceales y universitarios. Ayer, en varias facultades se suspendieron las clases precisamente para que alumnos y funcionarios pudieran concurrir a la marcha. Se concentraron en la Plaza de los desaparecidos de América, de Rivera y Jackson. Los carteles con las imágenes de las víctimas de la dictadura estaban presentes como siempre, marcando el camino en la cabeza de la procesión. Detrás, las grandes pancartas con alusión al fin de la impunidad, al reclamo de justicia y los cuestionamientos a la Suprema Corte de Justicia, que fueron una constante.
Un gigantesco cartel era visible desde todas partes. El mismo decía: “Sres del gobierno y Corte de Justicia, con su sangre hagan los pactos que deseen pero no les permitimos pactar con la sangre inocente de nuestros secuestrados”.
Frente a la sede del INJU, un grupo de jóvenes judíos progresistas aguardaban la columna para sumarse con sus distintivos.
Algunos de los activistas se preguntaron cuándo será el día en que no haya necesidad de organizar estas marchas, que ahora también se hacen en Maldonado, Carmelo, Paysandú, Florida, Mercedes, San José y Durazno.
Las alusiones a los dichos del presidente de la SCJ, Ruibal Pino, se repitieron en los distintos mensajes. “La muralla de la impunidad caerá”, “No son delitos comunes, sino crímenes de lesa humanidad”, entre otros. Una señora le dijo a su compañera que el texto del cartel “hace referencia a un juez que dijo que se chocarían contra una muralla”.
Un grupo de coches con taxímetros cooperativistas abría la marcha, llevando la bandera uruguaya. Al pasar frente a la Universidad, algunos centenares de personas observaban con expectación la lenta y sentida caminata. El propio rector Rodrigo Arocena esperó el pasaje de la columna humana y posteriormente se sumó a la misma. Lo mismo hicieron el ex legislador Víctor Vaillant y el ex sindicalista y director de AFE Juan Silveira.
Reconocidos activistas jubilados aguardaban el paso con carteles en sus manos, y acompañaban la caminata con un paso cansino.
En la popular “plaza de los bomberos”, el ex embajador argentino Hernán Patiño Mayer rápidamente llegó hasta la cabeza de la procesión y continuó su trajín hasta la Plaza Cagancha.
El titular del Banco Central (BCU), Mario Bergara, de ropa informal, se confundió entre la multitud. Lo mismo hizo el senador socialista Roberto Conde, hasta hace unos días vicecanciller de la República. En el emblemático Teatro El Galpón se colocó una extensa bandera con la inscripción “En mi patria no hay Justicia”, la consigna de la 18ª Marcha del Silencio.
La intendenta Ana Olivera y varios directores departamentales alcanzaron la masiva caminata en 18 de Julio y Carlos Roxlo. Un vendedor de rosas rojas procuraba colocar sus flores.
El diputado Roque Arregui y la ministra de Turismo, Liliam Kechichian se sumaron a la marcha poco antes de llegar a la Intendencia. Cabe decir que el senador Ernesto Agazzi hizo toda la recorrida y manifestó su preocupación por la reacción que tuviera en la gente la decisión de la SCJ. “No puede calentarse ni dejar de comprometerse para vivir en una sociedad mejor”, dijo.
La histórica defensora de los derechos humanos Luisa Cuesta, de 94 años, no falló y en un esfuerzo admirable acompañó la caminata durante cuatro cuadras, portando un cartel. Después, lo de todos los años, en cada nombre de los desaparecidos, los miles de uruguayos respondieron con un “¡Presente!”
Al llegar a Plaza Cagancha, la respuesta a la impunidad fueron los aplausos, los que comenzaban en la cabeza de la marcha y culminaban poco después al término de la misma. Más de 20 mil personas entonaron son sentimiento el “tiranos temblad” del Himno, y volvieron a aplaudir. Lo que vino después, el cacerolazo a la SCJ, ya no era la Marcha del Silencio.
Muchos medios de prensa internacionales
Con cada Marcha del Silencio, aumenta su cobertura periodística. Ayer, las cámaras fotográficas y de televisión abundaban. A quienes pretendían ver su paso se les dificultaba la visual por las decenas de camarógrafos presentes en la cabeza de la marcha. A los medios locales se sumaron varios medios de comunicación del exterior, como ser de la televisión española, argentina, venezolana y brasileña.
Fue dificultoso el arranque de la caminata. La ausencia de inspectores municipales complicó la organización del tránsito, donde los vehículos no se detenían y los manifestantes no podían ingresar a la Avenida 18 de Julio. Pero esto fue solo un aspecto menor.
Una camioneta blanca, conducida por mujeres policías, cruzó la avenida entre medio de la gente, lo que provocó la reacción y la indignación de un grupo, pero finalmente todo quedó en nada.
La Corte de la impunidad”
“Hay que saltar, hay que saltar, esta es la Corte de la impunidad”, fue cantado ayer por algunos centenares de manifestantes frente a la sede de la SCJ, que fue vallada por la Policía. La organización Plenaria, Memoria y Justicia organizó un cacerolazo al finalizar la Marcha del Silencio y su difusión se hizo a través de las redes sociales.
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La diaria.

Aún

Ayer se realizó la 18ª Marcha del Silencio, en un clima de malestar por percepción de retrocesos en la búsqueda de verdad y justicia.
La sensación entre los miles de manifestantes era la de que hubo un retroceso. Desde la Marcha del Silencio del 20 de mayo del año pasado hasta la de ayer todo lo relacionado a la búsqueda de verdad y con los procesos judiciales a los responsables de crímenes en la última dictadura no ha sido alentador para los militantes por la defensa de los derechos humanos.
El traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil y la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de caducidad golpeó duramente a quienes luchan desde hace años por verdad y justicia. Ese estado se podía percibir entre los presentes en la previa al inicio de una nueva Marcha del Silencio, desde Rivera y Jackson. Se notaba en las charlas y en las pancartas y carteles. “Basta de palabras. Juicio y castigo”, rezaba uno firmado por la Corriente de Estudiantes del Pueblo. “No son delitos comunes, son crímenes de lesa humanidad”, afirmaba otro, en referencia al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró prescriptibles los crímenes denunciados por las organizaciones de derechos humanos. “
Ninguna confianza en esta Justicia”, “apertura de los archivos de la dictadura”, “la muralla de la impunidad caerá”, decía el cartel de Plenaria Memoria y Justicia, mientras que el pasacalle principal expresaba el lema de la convocatoria de ayer: “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?”. Se trataba, en esos casos, de mensajes que era posible encontrar en otras ediciones de la marcha, pero hubo dos que, de algún modo, marcaron la tónica de la de ayer.
Al final, un enorme pasacalle decía: “Señores del gobierno y la Corte, con su sangre hagan los pactos que deseen, pero no le permitimos pactar con la sangre inocente de nuestros seres queridos”, firmado por “Hijos, familiares y amigos de Aldo Chiquito Perrini”, uno de los casos que el fallo de la SCJ dejó sin sentencia (verhttp://ladiaria.com.uy/ACKr). Unas cuadras más adelante, a la altura de la Plaza de los Treinta y Tres, otro enorme cartel daba cuenta del cambio de ánimo que provocaron los fallos de la SCJ: “¿Hasta cuándo marcharemos en silencio?”, era la pregunta. A la hora de arrancar se podía apreciar una concurrencia importante, que desafiaba al frío y a un cielo nublado y amenazante. Había dirigentes del Frente Amplio (FA) como el diputado Felipe Michelini, Daniel Martínez, el embajador itinerante Julio Baráibar, el ex ministro de Salud Pública Jorge Venegas, la ex ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, el ex vicecanciller socialista Roberto Conde, el ex director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Víctor Giorgi, el integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos Juan Faroppa. También, el ex embajador argentino en Uruguay Hernán Patiño Mayer y los militantes Jorge Marenales y Jorge Zabalza, entre otros.
Cuando comenzó la marcha, alguien gritó que el responsable de que no hubiera justicia era el FA, lo que motivó que un integrante de la organización le pidiera que se retirara. El hombre retrucó diciendo: “No me metas nada que la calle es libre”. Un par de cuadras después, a la altura de la Facultad de Derecho, se escucharon gritos contra Tabaré Vázquez, José Mujica y otros dirigentes del FA. El que los profería era un hombre que simulaba hablar desde un público, y que molestó a los manifestantes porque estaba rompiendo la consigna de marcha en silencio. Entonces, el hombre dijo su última frase: “Hola, ¿Jefatura? Acá hay un grave caso de droga y tortas fritas”. Luego, colgó el tubo y se retiró.
Al llegar a la altura de la explanada municipal, en la pantalla de la fachada del edificio de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales se emitía un spot alusivo a la marcha, que decía “Escuchalos”, mostraba algo escrito en lenguaje de señas y remataba con un gran “Están”, en letras blancas sobre fondo negro.
Como todos los años, al llegar la cabecera de la marcha a las inmediaciones de la Plaza Libertad, se enunciaron los nombres de los detenidos desaparecidos, y ante cada uno de ellos, los concurrentes gritaron “presente”. Al llegar a la plaza, se entonó el Himno Nacional, y a la altura de las últimas estrofas comenzó a caer una suave e imperceptible llovizna. Parecía que todo terminaba ahí, pero no fue así. Integrantes de algunas organizaciones, entre ellas Plenaria Memoria y Justicia, hicieron un caceroleo en la sede de la SCJ. Los manifestantes sólo llegaron hasta una valla que no permitía acceder a la puerta del edificio.
Dos manifestantes se paseaban por la plaza: una mujer disfrazada de Justicia, con los ojos tapados con un trapo que decía “Frente Amplio”y la boca con un bozal que decía PITCNT; otro, disfrazado de coracero y portando un escudo que decía “SCJ”, llevaba atada a la primera. Otros se quejaban, indignados, porque un policía que estaba del otro lado de la valla se reía. Los demás golpeaban cacerolas, cucharones, latas de conserva vacías, canillas, al tiempo que entonaban consignas como “no hubo errores, no hubo excesos; son todos asesinos los milicos del proceso” y “se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”.
Con el correr de los minutos, la protesta en las inmediaciones de la sede de la SCJ se fue disipando. En la plaza quedaba mucha gente que no se había sumado al caceroleo. El senador Rafael Michelini declaraba a la prensa que confía en que la Justicia determine “quiénes son los responsables y actúe con las garantías del caso”, y que mientras haya un caso impune “el Estado estará en deuda, por eso hay que seguir”. Óscar Urtazún, integrante de Familiares, declaraba que el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro “lo único que ha hecho es entorpecer las investigaciones y jugarse siempre por la inocencia de los asesinos”. Valentín Enseñat, de Hijos, afirmaba: “Algo que nos anima y nos alienta es ver cuáles han sido las consecuencias de eso, y ver que los fiscales y los jueces, a pesar de estas resoluciones, han tomado decisiones de acuerdo a lo planteado por el derecho internacional”. La llovizna seguía cayendo, no se notaba pero seguía, y de puro perseverante, mojaba.
Diego Recoba










viernes, 17 de mayo de 2013

Murió Jorge Rafael Videla


Murió Jorge Rafael Videla

Viernes 17 de mayo de 2013 | 11:13

Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura militar

El ex dictador falleció esta madrugada, a los 87 años; se había descompensado y estaba internado; permanecía detenido en el penal de Marcos Paz por graves violaciones a los derechos humanos
El ex jefe de la última dictadura militar Jorge Rafael Videla, de 87 años, que estaba detenido por graves violaciones a los derechos humanos, falleció esta madrugada cerca de las 6.30, tras una descompensación de salud, según confirmó la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Videla permanecía en el pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad en el Penal de Marcos Paz, tras la sentencia que recibió el 5 de julio de 2012, cuando se lo sentenció a 50 años de prisión luego de que el tribunal que lo juzgó lo encontrara culpable por el delito de secuestro y sustracción de identidad a menores de edad.
El martes último, Videla se había negado a declarar ante el Tribunal Oral Federal 1 en el marco del juicio por el Plan Cóndor.
La unidad sanitaria del pabellón donde se encontraba alojado determinó que estaba en condiciones de declarar ante el tribunal. Ante las preguntas de la fiscalía, Videla se negó a declarar. Se autodeclaró como un "preso político" y aseguró haber sufrido una "crisis de memoria".
Ante el deceso de Videla, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, apuntó en radio Nacional: "Es un orgullo haber logrado una Argentina con Justicia antes de que se fuera Videla a otro lugar. Desde el Estado argentino no celebramos la muerte de nadie, pero si consagramos haber conseguido Justicia".

jueves, 16 de mayo de 2013

El coronel ( r) Carlos Calcagno, falleció, está muerto y remuerto.

Falleció Calcagno

El coronel ( r) Carlos Calcagno, falleció en las últimas horas en su domicilio de la localidad de Tala, departamento de Canelones.
Sus restos serán velados en esta jornada en Forestier Pose, entre las 8 y las 16 horas y luego serán trasladados al Cementerio del Norte donde serán inhumados en el Panteón del Ejército. Calcagno había sido procesado con prisión en 2010 por su presunta responsabilidad en la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, ambos militantes del PVP. Estuvo recluido en la Unidad Penitenciaria número 8 de Domingo Arena, pero ante el agravamiento de su salud, la jueza Mariana Mota dispuso la prisión domiciliaria.
La Justicia paraguaya había solicitado su extradición. Calcagno es el primero de los militares presos por violaciones a los derechos humanos que fallece en prisión. Nació el 2 de mayo de 1941 e ingresó al Ejército el 20 de enero de 1955, en el arma de Infantería. En 1969 tenía el grado de capitán en el Batallón de Infantería N” 1, donde, a partir de 1972, pasó a integrar el servicio de Inteligencia del “S 2″. El 20 de marzo de 1980, asume como segundo jefe del Batallón de Infantería Nº 1, donde permanece hasta el 5 de febrero de 1982. Asciende al grado de teniente coronel y pasa a cumplir funciones en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Llegó a coronel en 1990 y pasó a retiro el 2 de mayo de 1996.
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 editorial Martha Passegi 

La prensa del día de hoy (jueves 16 de mayo del año 2013), nos anuncia que murió el coronel Carlos Calcagno.
y que además murió en su casa en la localidad de Tala, departamento de Canelones.
Martha Passeggi editorial.

Esta noticia me levó a recordar a mis compañeras muertas en prisión Sin ninguna asistencia médica y  alejadas de sus seres queridos.
también me recordó  mis 19 ños,  cuando fui detenida por esta bestia que comandaba junto a otros militares del proceso,  ese 
 batallón de infantería siendo  capitán del s2 (Servicio de inteligencia) en ese entonces.

El batallón florida fue quien lideró la lucha antisubversiva en sus comienzos.
 a ese cuartel nos llevaban,  los que veníamos luchando contra ese golpe de estado,
  Secuestrados, encapuchados y golpeados por toda la  tropa liderada  por él y sus secuaces era parte del “recibimiento” en los primeros minutos.
Luego sobrevendría la tortura brutal,  en que el capitán Calcagno participaba junto a otros oficiales y tropa.
ALLÍ, en la sala de martirio se regodeaba de los gritos de dolor por la picana y submarino aplicada todas/os nosotros,  jóvenes a los cuales llamaba:   enemigos de la patria.
En esa misma sala asesinó a Walter Arteche y al argentino Gustavo Alter.
el lugar de los calabozos estaba repleto de jóvenes, hombres y mujeres de entre 18 y 25 años en su mayoría.
Cuerpos sangrantes, amoratados por los golpes de karate,  pìcana, patadas, y submarino.
estando en el calabozo. Me recuerdo cuando pedí ir al baño,
 allí había colgado de un alambre  un pedazo de espejo chico.
La imagen que se representaba en él me sorprendió pero era yo, sin duda.
Tenía en aquel entonces 19 añ0s y una cabellera muy larga. La imagen me devolvía un aspecto deplorable, pelos revueltos y sucios por las torturas.
Tomé entre mis manos el pequeño espejo y fui recorriendo mi cuerpo,  un mapa de colores morados y amarillentos por los derrames de los golpes, que con saña intentaron sacarme información.
en ese lugar Carlos Calcagno hoy muerto y remuerto, fue un criminal.  los años que le siguieron al proceso viajó al país vecino a secuestrar y desaparecer a otros luchadores mis compañeros/as que aún seguimos buscando.
hoy muere según la información,  en su casa con los suyos.

sin embargo mis  compañeras que murieron en prisión sin sus familias a su lado y sin piedad fueron: Raquel Culnev, ana María gonzález Pierri, Norma Cedrés, Hila Delacroix, Clarisa Bonilla, y Gladys Yánez.
Los años de PRISIÓN de Carlos Calcagno en Domingo Arena, solo fue el comienzo de un largo camino que recorreremos hasta que queden sepultados en la historia de este país;  como los criminales más cobardes que nacieron en suelo uruguayo.
Por Verdad y justicia! 


   






  

sábado, 11 de mayo de 2013

Más de 40 organizaciones sociales adhirieron a la marcha


Caos en el tránsito

Miles de ambientalistas marchan en Montevideo en defensa de “la tierra, el agua y los bienes naturales”

Decenas de banderas uruguayas y cientos de carteles que decían "no" a la forestación, minería de gran porte, entre otras causas, se entremezclaron con caballos y algunos vehículos que se interponían en el recorrido.

Viernes 10 de mayo de 2013 | 21:57 La República uy
Más de 40 organizaciones sociales adhirieron a la marcha
Fue así que en algunos tramos se generaron disputas y riñas entre los activistas y peatones o automovilistas que se increparon mutuamente, en medio del caos de vehículos producido por la ausencia de la mayoría de inspectores de tránsito que realizaban una huelga.
“Vemos con preocupación y con indignación que las empresas multinacionales de la forestación y la fabricación de pastas de celulosa, los que promueven los cultivos transgénicos y los que negocian los agrotóxicos” entre otros agentes “nos están dejando la tierra devastada, envenenada y extranjerizada”, rezó parte de la proclama leída por el ambientalista Sebastián Rios, en un estrado colocado frente a la sede del gobierno.
Detrás de la marcha hay más de 40 organizaciones sociales y de vecinos que formaron una asamblea permanente que aboga por el cuidado de los recursos naturales en un país agroexportador, que en la última década vio transformado su campo por la explosión de las plantaciones de soja.

La soja transgénica en el banquillo

Uno de los reclamos de los ambientalistas es la utilización de soja transgénica, que se transformó junto a la carne vacuna -histórico motor de la economía uruguaya- en los productos que lideran las exportaciones.
Otro de los reclamos se centra en la inminente instalación en el país de “mega proyectos devastadores como la mega minería a cielo abierto, que amenaza a todos los departamentos”, agregó Ríos.
En abril, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que regula la minería de gran porte en el país, es decir en proyectos que exploten minerales metálicos y que ocupen una superficie superior a las 400 hectáreas o que despeguen una inversión superior a los 113 millones de dólares.
Ahora resta que el Senado vote el proyecto para completar su aprobación. La formulación de la misma surgió ante la llegada de la minera Aratirí -filial local del grupo indio Zamin Ferrous- que pretende la extracción de hierro.
De concretarse, la explotación de hierro a cielo abierto abarcaría cinco departamentos del centro-oeste del país, sobre una zona de 14.000 hectáreas y sería la inversión extranjera más grande en la historia del Uruguay.

viernes, 10 de mayo de 2013

4ªMARCHA POR LA TIERRA Y LOS RECURSOS NATURALES.

MAS DE 40 ORGANIZACIONES DE TODO EL PAÍS PARTICIPAN DE ESTA MARCHA.










20 de Mayo MARCHA DEL SILENCIO


Sentencian a general uruguayo a 28 años de cárcel


ElNuevoHerald.com

América Latina

Viernes, 05.10.13

Sentencian a general uruguayo a 28 años de cárcel
El general Miguel Dalmao ingresa a un juzgado de Montevideo, Uruguay, en una foto del 4 de noviembre del año 2010. 
MArTHA HELENA PASSEGGI / EFE

JORGE FIGUEROA

EFE

 La condena en Uruguay al primer militar en activo por crímenes de la dictadura (1973-1985) fue considerada hoy una “victoria” por parte de los defensores de los derechos humanos y ex presos políticos del país, mientras las autoridades guardaron silencio sobre el inédito caso.
“Me parece muy bien que la Justicia actúe y que se juzguen las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, porque son delitos de lesa humanidad”, afirmó a Efe, Baldemar Taroco, vicepresidente de la Asociación de Ex presos Políticos de Uruguay Crysol.
El general Miguel Dalmao, de 61 años y encarcelado desde 2010 para ser procesado, fue encontrado responsable del homicidio de una militante comunista, Nibia Sabalsagaray, en una unidad militar en 1974, y condenado a 28 años de prisión, informó el miércoles la Suprema Corte de Justicia.
La sentencia “es una victoria” contra “el terrorismo de Estado”, agregó Taroco, para el que si ese tipo de delitos no se juzgan “se corre el riego de que se repitan”.
Es un “paso corto” pero “al frente” en la “lucha contra la impunidad”, agregó el militante, aunque señaló que la Ley de Caducidad, que impedía juzgar los crímenes cometidos por militares durante la dictadura, “sigue siendo una muralla” contra más de un centenar de denuncias de “asesinatos, desapariciones y violaciones”.
Por su parte, las autoridades del Círculo Militar, que agrupa a militares retirados y en actividad, prefirieron mantener silencio sobre el caso, al igual que el Ministerio de Defensa, que desde que se conoció el fallo no se ha pronunciado sobre el asunto.
En 2012 el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, puso en duda la participación del general en la muerte Sabalsagaray al afirmar que el militar “se comió un garrón (fue inculpado sin razón)” en este caso.
Además, poco después de que fuera arrestado, el presidente José Mujica fue a visitar al general, que está internado desde tiempo atrás en el Hospital Militar aquejado de una grave afección cardiaca.
Mujica, de 77 años, fue a ver a Dalmao después de que este sufriera un ataque al corazón, lo que despertó la molestia de los defensores de derechos humanos.
El mandatario y Fernández Huidobro son dos ex guerrilleros tupamaros que pasaron varios años detenidos en cuarteles y en duras condiciones, sobre todo durante la dictadura, y sometidos a tortura.
Cuando asumió el poder en 2010, Mujica anunció su deseo de dar vuelta a la página de lo sucedido en aquella época para pensar en las nuevas generaciones uruguayas.
La investigación de la muerte de Sabalsagaray fue posible después de que la Suprema Corte de Justicia declarara en octubre de 2009 inconstitucional la Ley de Caducidad, que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura, para este caso concreto, una decisión que fue impugnada sin éxito por la defensa del acusado.
Miguel Langón, abogado del general, afirmó hoy a Efe que esperaba la “absolución” de Dalmao e informó que ya presentó la apelación al fallo.

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