martes, 31 de mayo de 2011

La Corte de Uruguay estableció que los crímenes de la dictadura fueron "delitos comunes

La Corte de Uruguay estableció que los crímenes de la dictadura fueron "delitos comunes"

La Suprema Corte de Justicia ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar no son crímenes de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo. El fallo considera que en 1976, fecha del delito juzgado, no existía la figura de la desaparición forzada, creada por ley en octubre de 2006, por lo cual no se puede imputar ese ilícito a hechos ocurridos en aquel entonces.

El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es respuesta a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por la SCJ, que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 "homicidios muy especialmente agravados". Esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, quien había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de "desaparición forzada", considerados de lesa humanidad.

El fallo explica que al momento de los hechos, 1976, no existía el delito de desaparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, por lo cual no puede imputarse ese ilícito. De acuerdo con este dictamen, los crímenes de la dictadura (1973-85) son ilícitos comunes, por lo que prescriben el 1 de noviembre próximo, considerando todas las extensiones posibles, entre ellas que no se compute el período de la dictadura.

El Frente Amplio fracasó el 19 de mayo en la Cámara de Diputados en la aprobación de un proyecto que anulaba la Ley de Caducidad, que dio impunidad a policías y militares que violaron los derechos humanos. Ese texto incorporaba la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y no computaba el período 1986-2011, en vigencia de la Caducidad, a efectos de postergar la prescripción de la mayoría de los casos.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (por la que se desiste de juzgar a asesinos y torturadores) fue aprobada en 1986 durante el primer gobierno tras la restauración democrática, y ratificada en 1989 y 2009 en sendos plebiscitos. La administración de Tabaré Vázquez (2005-2010) dio una nueva interpretación a la Caducidad, lo que permitió encarcelar al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985) y a otros 16 ex militares y policías por crímenes cometidos durante el régimen.

lunes, 30 de mayo de 2011

[Colectivo Opaíí ! - Rádio FilispiM, 93.9 FM] Sin Fronteras especial-Indignac...

[Colectivo Opaíí ! - Rádio FilispiM, 93.9 FM] Sin Fronteras especial-Indignac...


Desalojo Acampada de Plaça Catalunya-BCN.

Acampada del Sol

Programa especial de Sin Fronteras con la participación especial de Miguel Castro, André Pastor, Florencia Rondán, Alejandro Santomé y Pablo Melaski.
Duración: 180 mins.
-Cronología de "Democracia real Ya!".
-Movimiento 15M.
-Acampada del Sol.
-Conexiones en directo con las acampadas de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Zaragoza y Barcelona.
-Como funcionan, hacia donde van, la colaboración ciudadana, etc...
-El Desalojo de Plaça Catalunya.
-Extracto del concierto que dió el grupo folk de As Pontes "MUXAREGA" en apoyo a la ACAMPADA FERROL el pasado sábado 28/05/2011 en la Plaza 15 de Mayo [antes "Plaza de Armas"].

Cerramos el Programa con la caceroleada en la Acampada de Ferrol.

Música:

Ismael Serrano-"Papá,cuentame otra vez".
León Gieco y Bersuit Vergarabat-"La marcha de la bronca".

Agradecemos a todas las personas en las acampadas por la excelente atención.


Descargar o audio

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Postado por Rádio FilispiM no Colectivo Opaíí ! - Rádio FilispiM, 93.9 FM em 5/29/2011 11:32:00 PM

Prensa: Caso jueza Motta. Marcha en Perú


"POR GARANTIAS"

Recusarán a la jueza penal Mota

Suprema Corte de Justicia.
Suprema Corte de Justicia.

Abogados de militares indagados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura interpondrán varios recursos de recusación contra la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, por su presunta participación el pasado viernes 20, en la "16ª Marcha del Silencio".

El abogado Edgardo Mikolic, miembro de la Asesoría Jurídica del Centro Militar, aseguró que la recusación de la jueza Mota "es un hecho", en virtud de la "incompatibilidad" de su presencia en la "Marcha del Silencio", con su función como magistrada en dichas causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. "Por una cuestión de garantías, vamos a recusar", dijo Mikolic a LA REPÚBLICA.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) libró un pedido de informes a la magistrada para que, en un plazo de 48 horas, aporte su versión sobre la polémica desatada por su presunta participación en la marcha convocada por "Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos".

Los ministros de la Corte pretenden escuchar la posición de la jueza, para determinar los pasos a seguir tras la divulgación pública, por intermedio del semanario "Búsqueda", de su presunta presencia en la marcha. Fuentes de la Corte no descartaron el inicio de una "investigación administrativa", aunque minimizaron la posibilidad de una sanción, en virtud de no tratarse de una actividad "político partidaria". La magistrada ya contestó el pedido de informe. La jueza, quien tiene bajo su órbita la investigación de una veintena de crímenes perpetrados durante la dictadura, dispuso además la condena de Juan María Bordaberry y el procesamiento de tres militares. Personas vinculadas con organizaciones defensoras de DDHH sospechan que dichas acciones mediáticas contra la jueza forman parte de una "persecución".


Fuente: La Republica, domingo

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Campaña contra la jueza Mota

La consigna

Escrito por: Walter Pernas


Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado” o “Mentira e injusticia. Nadie tiene derecho a la verdad ni a la justicia. El Estado no es responsable de garantizar esos derechos.”

¿A cuál consigna debería adherir un juez? ¿Un legislador? ¿Un presidente? ¿Un periodista?

Tomar partido por el respeto a los derechos humanos y aceptar que el Estado es responsable de ofrecer las garantías para su cumplimiento es un acto que se debería saludar, sobre todo cuando la postura la asume alguien que representa al propio Estado.

Eso fue lo que hizo la jueza Mariana Mota si concurrió a la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo. Ya otros integrantes del sistema judicial –jueces, fiscales, además de abogados– han concurrido. ¿Por qué se da a entender de soslayo que en esta actitud humana, responsable, transparente, hay un acto de pérdida de la imparcialidad? El hecho de concurrir a la marcha convocada por los familiares de detenidos desaparecidos, que aún buscan explicaciones, restos de sus hijos, padres, nietos, abuelos, y que se juzgue a los responsables, no implica que los jueces corran luego a su despacho, saquen del cajón de su escritorio una venda, se la pongan sobre los ojos y alcen una espada filosa contra el primer denunciado por violaciones a los derechos humanos que aparezca.

Implica, en todo caso, una muestra de responsabilidad, una señal de probidad: como representante del Poder Judicial hará todo lo que esté a su alcance para reunir indicios que le acerquen a la verdad, pruebas que le permitan juzgar y eventualmente condenar a quienes hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad, como deberían ser considerados los asesinatos políticos, la desaparición forzada, la tortura, cometidos en cualquier tiempo.

El semanario Búsqueda no se sorprende si un juez y el abogado de un narcotraficante conversan o intercambian ideas caminando por la calle Misiones o incluso en el bar de la esquina. ¿O es que nunca se ha visto una escena de ese tipo? ¿Nadie vio jamás a través de los ventanales del bar Misiones a abogados y jueces compartiendo un café, debatiendo, sonriendo ante alguna ocurrencia de uno u otro?

Pues, esas charlas se dan –porque “el Uruguay es muy chico y nos conocemos todos”– y Búsqueda no se inmuta por eso. Los hechos ocurren a la luz pública, sin ánimos de ocultamiento. No hay por qué perturbarse. Salvo que se tengan sospechas…

Uno de los que siendo fiscal del Estado en lo Contencioso Administrativo compartió más de una vez una mesa de bar, una charla en medio de la calle, con abogados que demandaban al Estado por diferentes razones, a la vista de quién quisiera verlo, fue el jurista y ahora defensor de represores Miguel Langón. Ya lo hacía cuando era fiscal penal y se mostraba –¿por qué no?– charlando en lugares públicos con abogados que defendían a indagados en casos en que Langón actuaba como acusador.

¿Alguien hizo una noticia de esos encuentros públicos? No recuerdo haberlo leído en Búsqueda.

¿Entonces, por qué es motivo de alerta que la jueza Mota haya conversado en la marcha del 20 de mayo, ante la mirada de decenas de miles de personas, con el abogado patrocinante de casos de derechos humanos y legislador frenteamplista, Óscar López Goldaracena?

Si un periodista tuviera sospechas, indicios, datos, de que en las charlas de bar o de calle entre jueces y abogados se estuviera “arreglando” algún caso, debería investigar y publicar, si confirma los hechos.

Dejar caer una sospecha, una más, contra la jueza sobre cuya cabeza Búsqueda sí ha puesto una espada y pedido a gritos que alguien, quien sea, baje el filo hasta decapitarla, parece confirmar la existencia de una campaña contra la magistrada.

Casualmente es una jueza que tiene a cargo varios expedientes de derechos humanos –en los que actúan Langón y otros abogados defensores– y la única que ha aplicado la ley de crímenes de lesa humanidad, en consonancia con la opinión del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

¿Quién se beneficiaría si a Mota la removieran del juzgado penal? Si pasara, seguramente llegarían decenas de cartas de felicitaciones para ser publicadas en las páginas finales del semanario de los jueves, entre ellas las que suelen enviar los hospedados en la cárcel de Domingo Arena y sus allegados –algunos que quizá teman ser procesados–, quienes se han vuelto grandes colaboradores de tan reconocida sección.

Fuente: Brecha



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EL MUNDO › QUINCE MIL PERSONAS MARCHARON EN PERU CON LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Nunca Más para los crímenes de Fujimori

La multitudinaria manifestación en contra del fujimorismo y su práctica de violaciones a los derechos humanos y corrupción, organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, calentó la campaña presidencial.

Un manifestante porta carteles en contra del fujimorismo en la marcha.

Por Carlos Noriega

Desde Lima

“Fujimori nunca más” fue la consigna que movilizó a decenas de miles en diez ciudades del país. En Lima, más de 15 mil personas marcharon por el centro de la ciudad en rechazo al posible retorno al poder del fujimorismo, encarnado esta vez en Keiko Fujimori, la hija del encarcelado ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. La multitudinaria manifestación en contra del fujimorismo y su práctica de violaciones a los derechos humanos y corrupción, organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se dio a pocos días de la elección presidencial del 5 de junio entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, que van igualados en las encuestas.

Los cánticos contra Fujimori, los lemas en defensa de la democracia, el recuerdo de los desaparecidos y los muertos, los gritos exigiendo justicia, las consignas contra la corrupción, la presencia de la juventud y la indignación ciudadana hicieron recordar las movilizaciones de fines de los años ’90, cuando la población salió a las calles para protestar contra la dictadura fujimorista, que finalmente cayó en noviembre del año 2000. Una gran banderola con el lema “Con esperanza y dignidad, Fujimori nunca más” abría la marcha. Detrás, los familiares de los desaparecidos, de los asesinados, mujeres pobres esterilizadas contra su voluntad en el régimen fujimorista, activistas de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes universitarios, artistas e intelectuales coreaban “chino, chino, chino, ladrón y asesino” y cantaban “no a Keiko, carajo, el pueblo no olvida, carajo”. Ataúdes negros con las fotos de las víctimas del régimen fujimorista avanzaban entre carteles en los que se leía “No a Keiko, sí a la vida” o “No a la impunidad”, mientras la multitud coreaba “Keiko escucha, Cantuta no se olvida”, recordando a los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta secuestrados y asesinados por el gobierno de Alberto Fujimori.

En primera fila marchaba Raída Cóndor, madre de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados. “Si Keiko llega a ser presidenta, los asesinos que mataron a mi hijo y a tantos otros saldrían libres. Si eso pasa, nosotros, que los hemos seguido hasta meterlos presos, estaríamos amenazados de muerte. Pero no les tengo miedo”, nos dice Raída Cóndor. La marcha terminó con la lectura de un comunicado, en el que se califica al régimen fujimorista como “una dictadura nefasta” y se señala que la candidatura de Keiko Fujimori representa una amenaza a la democracia.

En diálogo con Página/12, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cndd.hh.), señaló que el triunfo electoral de Keiko Fujimori significaría “un suicidio moral para el Perú”. “Sería la confirmación de que no importan los derechos humanos, los muertos, la corrupción, la memoria histórica, sino que lo único que importa es la estabilidad del modelo económico. Eso es gravísimo”.

El ex dictador Alberto Fujimori espera el triunfo electoral de su hija para salir en libertad. “La liberación de Fujimori implicaría un retroceso para la Justicia transicional en toda América latina”, advierte la secretaria ejecutiva de la Cndd.hh. Pero no sólo Fujimori espera la victoria electoral de Keiko para dejar la prisión. Hay 58 sentenciados como responsables de desapariciones y asesinatos, y 400 militares y policías tienen procesos abiertos por violaciones a los derechos humanos. Rafael Rey, candidato a vicepresidente con Keiko Fujimori y miembro del Opus Dei, impulsa una ley de amnistía para ellos. Como ministro de Defensa de Alan García ya intentó hacer aprobar una ley de amnistía encubierta, pero el escándalo hizo retroceder al gobierno y Rey debió renunciar. Ha dicho que como vicepresidente insistirá con su propuesta de amnistía. Rey está vinculado con la ultraderechista UnoAmérica, que defiende la dictadura militar argentina y promueve la liberación de los sentenciados por violaciones a los derechos humanos.

–¿Un gobierno de Keiko Fujimori tendría la misma práctica de violaciones a los derechos humanos que caracterizó a su padre? –se le pregunta a Rocío Silva Santisteban.

–La maquinaria autoritaria y represiva que funcionó con Alberto Fujimori se reactivaría si Keiko llega a la presidencia. Tienen el soporte legal para ser sumamente autoritarios, porque el gobierno de Alan García ha dado normas legales para permitir que las fuerzas armadas repriman las protestas sociales. Quizá al principio se conservarían las formas, pero un gobierno de Keiko Fujimori sería una repetición de lo que fue el gobierno de su padre en materia de derechos humanos. Los represores del fujimorismo, que están presos y no tienen escrúpulos, regresarían a la calle. Y no creo que se pongan a hacer taxi. Santisteban lanza una advertencia: “Los fujimoristas van a regresar a vengarse”.

Fuente: Pagina 12, domingo

domingo, 29 de mayo de 2011

YO, TAMPOCO FIRMO. BAJAR LA EDAD PARA ENCARCELAR NO SOLUCIONA NINGUNO DE ESOS PROBLEMAS.....


Quiénes son los responsables?

¿Fueron hijos deseados?
¿Fueron hijos esperados?
¿Fueron hijos concebidos, gestados y recibidos con amor?
¿Fueron alimentados balanceadamente?
¿Fueron amados o fueron violentados, maltratados y denostados?
¿Cursaron educación inicial?
¿Fueron todos los días a la escuela?
¿Pudieron aprender a leer y a escribir, a calcular y redactar en los mismos tiempos que tú lo hiciste?
¿Fueron incluidos por la escuela o excluidos y expulsados?
¿Quién los mandó a la calle a pedir?
¿Quién les dio monedas?
¿Quién les suministró las drogas?
¿Quién las traficó?
¿Quién se enriqueció con el dinero que produjo ese tráfico?
¿Quién lavó ese dinero?
¿Quién compró, vendió o usó artículos que eran fruto de ese lavado?
¿Quién les puso un arma en la mano?
¿Quién compró o vendió esas armas?
¿Quién las fabricó?
¿Quién se enriquece cada día con las armas que matan cada minuto?
¿Quién les enseñó a robar?
¿Quién se los permitió y no les puso límites?
¿Quién se queda con el producido de sus robos?
¿Quién compra lo que ellos roban?´
¿Quién abusó de ellas y de ellos?
¿Quién los prostituye?
¿Quién paga por los servicios que ofrecen en sus cuerpos?
¿Y sus hijos qué modelo de madre y de padre recibieron?
¿Y los hijos de sus hijos?

¿Quién puede tirar la primera piedra?

Ellos son el fruto de la irresponsabilidad social, del enriquecimiento de unos pocos, del empobrecimiento de otros muchos, de la explotación, de la falta de solidaridad, del "hacé la tuya", del "no te metás", de la incapacidad del Estado y de sus servicios de prevención y profilaxis, de la falta de compromiso de los profesionales de la salud, de la educación y de la cultura, de los que confunden, a veces a sabiendas, entre promoción social y beneficencia.

YO, TAMPOCO FIRMO. BAJAR LA EDAD PARA ENCARCELAR NO SOLUCIONA NINGUNO DE ESOS PROBLEMAS.....

viernes, 27 de mayo de 2011

Solidaridad con la jueza Mariana Motta!

Difundirlo es sembrar Memoria.

SIGUE LA CAMPAÑA DE PERSECUSIÓN A LA JUEZA MARIANA MOTTA.

Ya lo habíamos anunciado en notas anteriores (18 de marzo del 2011), del hostigamiento desplegado hacia la jueza.

Decía así:

-Durante las últimas semanas, las arremetidas desesperadas hacia la jueza penal de 7º turno Mariana Motta, con el objetivo de desprestigiar su función; no dan fin.

Esta jueza como otros funcionarios del poder judicial, han sido el blanco elegido, por los defensores de los involucrados

en delitos de Lesa humanidad. Como por ejemplo el Dr. Langón, quien incluso ha hecho manifestaciones,

de que el Escuadrón de la Muerte no existió.

Ayer el ex-presidente Batlle y el ex-vicepresidente Gonzalo Aguirre la calificaron de que "aplica recursos hitlerianos"

El derecho a replica es un instrumento que se ejerce en democracia, a diferencia de la oscura y larga noche del Terrorismo de Estado, que vivimos.

------------ o --------------- Blog capturavidas.

La marcha del silencio realizada el día 20 del mes corriente,

Fue una de las más grandes en años. Congregó a 100.000 almas que marcharon en total silencio, luego de la nueva derrota infligida desde el parlamento, sobre la votación para la anulación de la maldita ley de impunidad que aún persiste en nuestra constitución.

La prensa grande, y otros actores, nuevamente traen al tapete una nueva arremetida por la supuesta presencia de la jueza Mariana Motta en la marcha del silencio. Esa noticia solo alimenta el objetivo diseñado tiempo atrás:

quitarla del medio.

Lo que hay que hacer es frenar toda la enorme declaración que vienen haciendo los militares desde hace un buen tiempo. Y hasta ahora no se los ve molestados desde el gobierno o de los responsables de tales mandos. Andan desbocados.

Este plan comenzó en febrero, cuando empezaron a ser citados en el juzgado de la calle Misiones; los militares responsables de delitos cometidos en dictadura.

La jueza Mariana Motta, tiene derecho en su vida privada de tener sus propias actividades, eso no inflinge ninguna falta con respecto al derecho que ejerce.

En tanto su vida personal no colide con el deber y el ejercicio del derecho en los estrados judiciales, no debe ser motivo de sanción.

Desde todas las organizaciones de Derechos Humanos, y aquellas otras comprometidas con la Verdad y la Justicia deberían pronunciarse en forma pública.

Solidaridad con la jueza Mariana Motta!


MARTHA PASSEGGI.
reportera-gráfica.

LA POLICIA ESPAÑOLA REPRIMIÓ LA ACAMPADA

URGENTE

LA POLICIA ESPAÑOLA FASCISTA ACTUA COMO SÓLO ELLOS SABEN HACER:
GOLPES, PALOS, PREPOTENCIA
Al menos 43 heridos al cargar la Policía contra los acampados en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han cargado contra los
acampados en la plaza Catalunya de Barcelona, tras instarles a que
abandonaran el lugar temporalmente para que las brigadas limpien la
zona ante la celebración de la final de la Liga de Campeones. 43
personas han resultado heridas.


Un momento de la carga policial. (Josep LAGO/AFP)
BARCELONA-. El desalojo y la carga policial se han producido después
de que los Mossos d'Esquadra instaran a los cerca de 400 acampados en
la plaza Catalunya a que abandonaran el lugar temporalmente para
facilitar las tareas de limpieza y la retirada de objetos susceptibles
de ser utilizados en caso de que se produzcan mañana disturbios tras
la final de la Liga de Campeones, entre el Barça y el Manchester.
Los "indignados" se han sentado en medio de la plaza y se han negado a
abandonar el lugar. Algunos han intentado impedir que los camiones de
limpieza cargados con sus pertenencias salieran de la zona, por lo que
los Mossos y la Guardia Urbana han cargado a porrazos contra un grupo.
Posteriormente, los Mossos han cargado también contra un grupo de
apoyo a los acampados que se ha sentado en la confluencia de Paseo de
Gracia con la plaza Catalunya, a los que han dispersado disparando
salvas y a porrazos.
Al menos una persona ha resultado detenida en este nuevo
enfrentamiento, según la agencia Efe.
43 heridos
Al menos 43 personas han resultado heridas de carácter leve, según
fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Los atendidos presentan en su mayoría contusiones aunque también
algunas heridas abiertas y entre ellos figura un mosso d'esquadra.
De los 43 heridos, cinco de ellos han sido trasladados al Hospital
Clínico de Barcelona y al centro de atención primaria de la calle
Manso para recibir las curas necesarias.
Más de medio centenar de furgonetas y decenas de agentes de los Mossos
y de la Guardia Urbana se han apostado desde primera hora de la mañana
en la plaza y sus inmediaciones, y han formado un cordón que ha
aislado a los acampados en el centro de la plaza y que impedía entrar
en el área, según explica Efe.
Las brigadas de limpieza han desmontado las carpas, toldos, carteles y
pancartas instaladas en el lugar, además de llevarse algunos objetos
personales, como colchones, ordenadores, mesas, hornillos, sillas y
hasta los altavoces de los concentrados.
Una vez que han desmontado el campamento y han retirado el material
que consideraban potencialmente "peligroso", el cordón policial que
rodeaba la plaza se ha retirado y ha permitido acceder al millar de
personas que se habían concentrado para apoyar a los "indignados".
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha asegurado que los
acampados podrán quedarse y continuar con su acto de protesta pero ha
justificado la actuación de los Mossos para permitir que las brigadas
limpiaran la zona por "seguridad y orden público".
En Lleida también se han producido momentos de tensión tras resistirse
los acampados en la plaza Ricard Viñes a ser desalojados por el mismo
motivo. Al menos dos personas han sido detenidas.
Los "indignados" de Barcelona llaman a manifestarse a las 19.00 contra
la "violencia" policial
El movimiento del 15M concentrado en la plaza Catalunya de Barcelona
ha acusado en un comunicado a los Mossos d'Esquadra de "arrasar" el
campamento, tras un aviso previo de sólo un cuarto de hora, por lo que
han llamado a una nueva concentración pacífica contra la violencia
policial a partir de las 19.00 de esta tarde en el mismo lugar.
27/05/2011 13:12:00
BARCELONA-. Asimismo, han acusado a la Policía autonómica de actuar
con la excusa de hacer trabajos de limpieza, y que han derivado en la
destrucción de las pertenencias de la gente que se encontraba
concentrada, mientras que los abogados adscritos al movimiento no han
podido mediar ni han recibido respuesta a sus requerimientos.

La acción policial contra la concentración pacífica, a juicio de los
"indignados", es la prueba de que la democracia, la libertad de
movimientos y de reunión están en unos "mínimos alarmantes", por lo
que, además de la concentración en plaza Catalunya a las 19.00, han
animado a participar en otra protesta convocada desde hace días a las
17.00 en la plaza Colón.

Los 'indignados' recuperan la plaza de Catalunya tras la retirada de la policía
REBECA CARRANCO Barcelona 27 MAY 2011 - 14:31 CET
67

Los Mossos cargan contra los grupos que bloquean a los efectivos de la
limpieza. / TEJEDERAS


Dos detenidos y 87 heridos leves es el resultado de los
enfrentamientos entre policía y acampados del 15-M que se han
producido esta mañana en Barcelona. Tras una tensa mañana, los
acampados han recuperado la plaza de Catalunya sobre las 13.00 horas y
los antidisturbios han abandonado el lugar al considerar que ya habían
acabado su cometido principal de limpiarla. La operación conjunta
entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana ha empezado a 7.00 de
la mañana en la plaza de Catalunya para que los acampados del
movimiento 15-Mabandonaran el lugar temporalmente y así asear la zona
por "motivos de salubridad". Sin embargo, los indignados han
rechazado en asamblea retirarse para permitir el trabajo de las
brigadas de limpieza. "Esto no es limpieza, es un desalojo",
gritaban algunos de los acampados.

Los mossos han rodeado a un grupo de unos 200 acampados en el centro
de la plaza, donde han permanecido tranquilos aunque gritando contra
la intervención policial. A su alrededor, los operarios de limpieza
han retirado el campamento instalado por los indignados en los últimos
días, desde tiendas de campaña, carpas o cacerolas hasta balas de
paja.

Los incidentes se han localizado en el perímetro de la plaza. Decenas
de jóvenes se han sentado en el suelo, tratando de bloquear el paso de
los vehículos policiales y de los servicios de limpieza. En el lado
que da a la Rambla de Catalunya, los mossos han abierto a la fuerza
una vía para permitir el paso de los coches. En total, 87 heridos
leves, dos de ellos policía. Sólo diez han tenido que se trasladados a
centros sanitarios. La mayoría de los heridos sufren contusiones y
heridas por los golpes de porra de los agentes.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha defendido desde
primera hora la actuación policial al asegurar que estaba destinada a
que las brigadas de limpieza asearan la zona por "seguridad y orden
público". El Partit dels Socialistes (PSC) ha considerado que el
consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, "se ha
extralimitado" con la acción policial ante su "incapacidad de
negociación y de diálogo" con los acampados. 
La actuación policial ha sido duramente condenada por ICV-EUiA.
“¿Realmente hacía falta hacer esto? ¿Qué peligrosidad tiene un
ordenador, unas firmas y la comida?” se ha preguntado el secretario
general de ICV, Joan Herrera, que ha asegurado que con la intervención
policial se ha vulnerado el derecho de reunión y la libertad de
expresión. El líder ecosocialista ha defendido que la acampada estaba
siendo “ejemplar” y el comportamiento de los indignados era “cívico,
democrático y participativo”, informa Ivanna Vallespín. Según Herrera,
el gobierno de la Generalitat “se moría de ganas” de desalojar la
plaza y los ha acusado de “generar un problema donde no lo había”.



La protesta se extiende por toda Cataluña
EL PAÍS - Barcelona - 21/05/2011

La mecha de la indignación tardó en prender en Girona, donde hasta el
jueves no hubo concentraciones. Unas 600 personas se reunieron esa
tarde en la céntrica plaza del Vi. Entre gritos de "No pagaremos
vuestra corrupción" y "Ya basta" los congregados decidieron continuar
con la protesta. Ayer el movimiento 15-M volvió a reunir a varios
cientos de personas en la plaza de Catalunya, entre ellas muchas
familias con sus hijos. Por la noche, tocaba seguir acampando. Una
decena de tiendas interrumpían el paso del gentío congregado en la
plaza, informa Antía Castedo. El movimiento se ha extendido a
poblaciones como Olot, Lloret de Mar, Figueres, Ripoll y Palafrugell.

La protesta también ha llegado a Tarragona, informa Mercè Pérez. En la
plaza de la Font, frente al ayuntamiento, ayer una asamblea reunió a
200 personas y finalizó con una cacerolada. Desde el miércoles una
decena de personas duermen en la plaza del Ayuntamiento. Albert de la
Fuente, de 29 años, fue el primero en llegar y no piensa irse. Era
jefe de departamento en una empresa hotelera, y se quedó hace un año
en paro tras un accidente laboral. "A la empresa ya no le servía",
dice. En su casa, viven siete personas con un solo sueldo. No sabe si
votará. Cree que el sistema político no le representa. En Reus, el
jueves 70 personas se reunieron en una asamblea en la plaza de
Mercadal y ayer se repitió la escena.

En Lleida, la concentración de protesta reunió a medio millar de
personas en la plaza de Ricard Viñes, informa Lluís Visa. Los
concentrados, igual que en otras ciudades, estallaron en una sonora
cacerolada a las nueve de la noche, que de forma intermitente se
prolongó hasta las diez. A esa hora empezó la asamblea, en la que los
congregados decidieron a mano alzada quedarse en la plaza durante toda
la noche.



DESALOJA LA POLICÍA CON MUCHA VIOLENCIA LA ACAMPADA DE LOS
"INDIGNADOS" EN BARCELONA

A toletazo limpio y con brutales cargas policiales han desalojado Pza.
Catalunya, a traición con las primeras luces del amanecer...Ahora la
policia rodea la plaza y impide a la gente, que se agolpa en las
calles adyacentes, retornar...Los perros policías han destrozado todo
lo que han podido, instalaciones, ordenadores por los suelos, etc...en
fin, eso es todo lo que saben hacer, ese es su trabajo, para eso les
pagan (con nuestro dinero). Se habla de más de 50 herid@s, to@s ell@s
manifestantes. Se desconoce la cifra de detenid@s, si l@s hay, y el
trato que estarán recibiendo por parte de esos energúmenos
cobardes...Parece ser (sin confirmar) que también están desalojando en
Lleida y otras plazas catalanas
TOD@S A DEFENDER LAS PLAZAS...SOLIDARIDAD CON ACAMPADA BCN
A PESAR DE LA POLICÍA AMANECE CADA DÍA
NO PODRÁN CON NOSOTR@S

miércoles, 25 de mayo de 2011

imágenes de la marcha del silencio realizada en Paysandú


para terminar con ley de Caducidad

PORTADA - CADUCIDAD

Nueva opción para terminar con ley de Caducidad

La Suprema Corte podría unificar en una sentencia el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el de la de inconstitucionalidad del caso Sabalsagaray y aplicarla a todos los casos. Pero la petición solo puede hacerla el Estado o la familia Ge

A pesar de que no prosperó en Diputados la aprobación del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, el tema está lejos de concluir. Al nuevo planteo de dirigentes del Frente Amplio de derogar la ley y anular los actos administrativos de gobiernos anteriores, se suma una nueva posibilidad.

El catedrático en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, Alberto Pérez Pérez, dijo a El Observador que es posible que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emita una sentencia que unifique la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la de inconstitucionalidad de la ley de Caducidad para el caso Sabalsagaray, y se aplique a todos los casos, sin necesidad de estudiar cada uno por separado.

Pérez Pérez recordó que el artículo 239 ordinal 1º de la Constitución señala que a la SCJ le compete juzgar en cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados. “Eso significa que no hay ninguna limitación que diga que la sentencia de la Corte Interamericana es para el caso concreto (de Gelman) y entonces podría haber una sentencia generalizada de la Corte”, opinó el catedrático.

Consultado al respecto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Larrieux, dijo a El Observador que “no se ha planteado nada” en este sentido, pero aclaró que “de oficio la Corte no podría ingresar en esa cuestión, sino que tendría que ser solicitada por alguna de las partes del juicio del caso Gelman: por el Estado o por los denunciantes”.

Sin embargo, Larrieux remarcó que “en principio esto no cambiaría que la prescripción de los delitos (de lesa humanidad) es en noviembre. Habría que estudiarlo, pero no tendría efecto”. Esto significa que la solicitud para esa sentencia general debería tramitarse y tener fallo antes de noviembre de este año.

Derogación posible, pero solo a futuro

Pérez Pérez dijo que es posible la derogación de la ley de Caducidad, pero “lo que se entiende en general es que no opera para el futuro”.

José Korzeniak, ex legislador y también especialista en Derecho Constitucional, explicó que en Uruguay existen dos teorías a lo largo de la historia. “Están los que dicen que las leyes que fueron sometidas a plebiscito y las ratificó no se pueden derogar, y la de (Horacio) Cassinelli que dice que en Uruguay todas las leyes tienen el mismo rango y si una se puede derogar, se pueden derogar todas”.

Korzeniak remarcó que “la Suprema Corte de Justicia después de los plebiscitos dejó de aplicar los artículos aprobados (1º, 3º y 4º), por lo tanto de hecho la Corte se ha adherido a la tesis de que sí se puede derogar”.

“Por lo tanto, el Parlamento puede plantearse ¿por qué nosotros no podemos hacerlo (derogar) con carácter general?”, reflexionó el ex legislador frenteamplista. Precisó que él “estaba afiliado a la primera tesis, que los plebiscitos mal que nos pese no permitirían que el Parlamento derogue”, pero entiende que “hay hechos posteriores muy poderosos. El Parlamento no puede mirar para el costado, hasta por razones de economía procesal, para no ir al planteo caso a caso”.

“A esta altura por razones prácticas es el colmo que el Parlamento permanezca ajeno a lo que la Corte dice sobre la ley”, enfatizó el experto.

Pero Korzeniak también advirtió que la derogación “sólo tiene efectos hacia el futuro”. “El tema es que el Frente Amplio también va a derogar los actos administrativos”.

Anulación de actos administrativos va hacia atrás

Para Pérez Pérez “tiene que haber una base para anular los actos administrativos” de los gobiernos anteriores, como propuso el catedrático en Derecho Constitucional Martín Risso, y a la que adhirió el vicepresidente Danilo Astori.

Los actos administrativos a los que refiere el Frente Amplio son todos aquellos que durante los gobiernos que sobrevinieron con el retorno de la democracia el Poder Ejecutivo dictó estableciendo que determinados casos estaban amparados en la ley de Caducidad y, por tanto, no podían ser investigados.

“Esa base está en el fallo de la Corte Interamericana, que dice que la ley de Caducidad es incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El fallo dice que la ley carece de efectos, pero no manda a eliminarla sino a eliminar los obstáculos que impiden investigar”, afirmó el catedrático, para quien debe darse una combinación de ambas cosas (derogación de la ley y anulación de los actos administrativos), pero no un acto legislativo de derogar”.

Segúh Korzeniak, “cuando los actos administrativos se revocan por razón de legalidad, no de conveniencia, van hacia atrás sin ninguna duda”.

Una cuarta solución

El ex juez penal Federico Álvarez Petraglia entiende que para solucionar el dilema en torno a la ley de Caducidad “no es necesario derogar o anular la ley, sino que es preciso abordar el tema del paso del tiempo y los efectos que éste apareja para la acción penal”.

En este sentido, propuso la incorporación de una norma que, o bien amplíe el plazo de prescripción, o bien cree una nueva causa de interrupción de la misma, “haciéndola depender, por ejemplo, de la denuncia de la parte interesada (familiar, organismo de derechos humanos, secretaría de derechos humanos del Ministerio de Cultura o de cualquier Intendencia Municipal, etc.), o del Ministerio Público, o los declare imprescriptibles en forma directa”.

Álvarez Petraglia remarcó que este camino “ya fue recorrido por un país del avance jurídico y del porte intelectual de Alemania, décadas atrás, en momentos en que se vio ante la encrucijada de la prescripción de los crímenes cometidos por un régimen dictatorial como fue el nazi, optando en el caso en primer lugar por la suspensión, luego por la ampliación de los plazos, hasta llegar a la imprescriptibilidad de dichos delitos”.

El pasado 12 de mayo la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia, en referencia a la causa que indaga a los ex militares Ricardo Arab y José Gavazzo, donde establece que los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pasan a ser considerados homicidios, y no delitos de desaparición forzada, y por lo tanto prescriben en noviembre de este año.

La aplicación de las leyes penales está regida por determinados principios. Uno de ellos refiere a la “benignidad”: si no existía una ley que tipificara un delito al momento de cometerlo, y se crea con posterioridad, no puede ser aplicada a menos que sea más benigna. Otro es el principio de “culpabilidad o legalidad” implica que no existe delito si no hay ley que lo establezca. Además, el ordenamiento jurídico uruguayo establece que una persona no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.