sábado, 24 de marzo de 2012

EL ACTO OFICIAL POR EL CASO GELMAN- BRECHA

EL ACTO OFICIAL POR EL CASO GELMAN
Elogio de la razón sensible
Ricardo Scagliola (Brecha)

Con un discurso sobrio, en el que el Estado reconoció las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, el presidente José Mujica encabezó el acto oficial que dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Hace poco más de un año, el Estado uruguayo había sido condenado por la desaparición forzada de María Claudia García tras una demanda presentada por Macarena Gelman.

Por primera vez desde la recuperación de la democracia, en 1985, los tres poderes del Estado reconocieron su responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García, la supresión y sustitución de la identidad de Macarena Gelman y la violación a los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio de Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman y abuelo de Macarena. Fue un discurso medido, que en la voz del presidente José Mujica tomó pasajes literales de la sentencia emitida por la propia cidh. "No fue fácil", confiesan en su entorno, pero el presidente leyó. Por segunda vez desde que asumió el cargo, Mujica se atuvo al escrito. Ni una coma, ni una palabra más. Le llevó, en total, 15 minutos, bastante menos de lo que le llevó a Macarena Gelman obtener el reconocimiento del Estado de los horrores cometidos contra su familia, contra ella misma.

Lo dijo con todas las letras: "terrorismo de Estado". Esas mismas tres palabras, cuya omisión le costaron al entonces presidente Tabaré Vázquez la ausencia de buena parte de su propia fuerza política en el acto del Día del Nunca Más, estuvieron acompañadas por otras. "Desaparición forzada", "detención ilegal", "Plan Cóndor", "hechos", "responsabilidad" y "derechos", la palabra más repetida en su discurso pronunciado ante la familia Gelman, la totalidad de las instituciones del Estado uruguayo y el cuerpo diplomático acreditado en el país. Fue la contracara de su discurso de asunción, donde omitió referencias a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Y es que los hechos se empecinaron y sobrepasaron los límites del libreto. La aparición de nuevas pruebas de la existencia de enterramientos clandestinos –en particular los restos del maestro Julio Castro, asesinado de un balazo en la cabeza, y el más reciente hallazgo, también en el Batallón 14 de Toledo–, así como la sentencia de un tribunal supranacional como la cidh terminaron poniendo en cuestión el perfil que el propio presidente había dado a la política de derechos humanos, con reminiscencias de la teoría de los dos demonios.

Pero los hechos no sólo cambiaron la impronta del presidente. El acto del miércoles mostró un nuevo consenso en torno al pasado, que va más allá de Mujica. La presencia en el recinto de la Asamblea General de buena parte de la oposición, con actores antes ausentes en ocasiones de este tipo, permiten hablar de un punto de inflexión frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Fue el caso del Partido Nacional (PN) –empezando por la presencia del propio presidente del Directorio blanco, Luis Alberto Heber, y la totalidad de los legisladores de Alianza Nacional, encabezados por su líder, Jorge Larrañaga–, cuatro legisladores colorados –los dos senadores de Propuesta Batllista y dos diputados de Vamos Uruguay (vu), entre quienes se contaban Fernando Amado y el suplente de Juan Garino, Álvaro Fernández, díscolos con la opinión mayoritaria de los liderados por Pedro Bordaberry– y los dos representantes del Partido Independiente. Si en los años siguientes a la reapertura democrática el centro de la escena lo ocupaban los militares, esta vez el guión se centró en las víctimas. El relato oficial cambió de protagonistas.

El camino fue escabroso. Desde la desaparición de aquella muchacha argentina de 19 años, que en condiciones infrahumanas dio a luz a una bebé que ahora tiene 35, el Estado pecó muchas veces de olvido y subestimación. Emplazado por una Corte supranacional a la que Macarena recurrió una vez agotadas las instancias judiciales en Uruguay, y en tanto "entidad colectiva, y en el marco de los principios de continuidad y sucesión del Estado", el presidente aseguró el miércoles "su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetirse". Esa garantía, resultado directo de la comparecencia de Macarena a la Corte, valió para todos. Entonces sí, las cámaras oficiales enfocaron, como nunca, a la familia Gelman, ubicada en uno de los palcos de honor. Y, como nunca antes, quitaron de los primeros planos a los mandos militares, ubicados a la derecha del presidente. De hecho, durante la emisión de la cadena nacional de radio y televisión, la única toma de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas los mostró de espaldas, aunque no evitó otros retratos, igualmente significativos. Como el del tardío ingreso a sala del diputado Víctor Semproni, el mismo cuyo voto evitó, meses atrás, la anulación de la ley de caducidad. O varios primeros planos del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, una de las voces cantantes a la hora de definir la presencia militar en el acto.

Negociado a la interna del gobierno, conversado con todos los partidos políticos y aprobado por la propia Macarena Gelman, el discurso presidencial se limitó a hacer referencias específicas a la sentencia de la Corte. Mencionó solamente una vez, casi al pasar, la "aplicación" e "interpretación" de la ley de caducidad, uno de los señalamientos más enfáticos de la sentencia de la Corte en su condena al Estado uruguayo. En ese sentido, el discurso presidencial intentó mostrarse magnánimo, evadiendo viejas y nuevas polémicas entre gobierno y oposición, aunque sin sacrificar el sentido reparatorio del acto, inevitablemente ligado a la peor historia de la impunidad. En contraposición a eso, Mujica eligió un tono medido; buscó conformar a todos. Lo dijo pocas horas después, en el programa Sonia Entrevista de tnu: "No quería ir un milímetro más allá de lo que fuera soportable para gente que piensa distinto". Más directa pareció la referencia al Plan Cóndor, una "coordinación internacional con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay para desplegar la persecución por razones ideológicas a los habitantes de los países referidos". Tras ese reconocimiento vino otro, tanto o más importante: "De muchas de estas personas aún no se sabe su paradero, ni su suerte, todavía no se conoce su destino ni se han hallado sus restos". Poco antes, Mujica destacó que la investigación de los hechos "no cesará hasta la ubicación definitiva de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman e individualización de los responsables de los hechos".

GESTOS Y AUSENCIAS.

Profesionales en el arte de la inexpresividad, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Daniel Castellá, y el comandante de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, fueron los únicos representantes militares que no dirigieron la mirada al presidente. Imperturbables, prefirieron enfocar la vista en los legisladores y ministros presentes en la sala. Su contracara fue la del comandante del Ejército, Pedro Aguerre, que no quitó ni un minuto los ojos del presidente. El titular de la Armada, Alberto Caramés, fue y vino con la mirada. Cuando, sobre el final, un prolongado aplauso de la concurrencia puesta de pie resonó en el recinto, Caramés prefirió devolver el convite con un tímido, escondido aplauso bajo la madera de nogal de la barra de invitados especiales. Inconmovibles, Castellá y Martínez permanecieron sentados sin mover sus manos. Aguerre aplaudió ostensiblemente y se retiró del Palacio acompañado por Óscar Lebel. "Una vez que habla el jefe no hablamos nosotros. Artículo 168 de la Constitución", dijo, abordado por la prensa. Minutos antes de iniciado el acto, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Carlos Loitey, había reunido en el Comando del Ejército a todos los oficiales para presenciar el discurso. Al terminar el discurso del presidente, Loitey leyó pasajes del reglamento general del Ejército sobre disciplina militar, defendió el apego a la Constitución y reiteró las palabras de Aguerre cuando fueron identificados los restos de Julio Castro: "No somos ni una banda de criminales ni una horda de delincuentes".

Ubicado en el otro extremo, junto al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, Tabaré Vázquez –que entró y salió del Palacio Legislativo sin hacer declaraciones– también miró fijamente al presidente durante el acto. Ni Julio María Sanguinetti ni Luis Alberto Lacalle ni Jorge Batlle hicieron acto de presencia, este último, protagonista de aquel proceso para "alcanzar el estado del alma" que llevó a la recuperación de la identidad de Macarena, pocos días después de asumir la presidencia en el año 2000. Sí estuvo el entonces asesor de la Presidencia Carlos Ramela. "Sentí que tenía que estar", dijo. Lo acompañó otro de los integrantes de aquella Comisión para la Paz, el arzobispo de Montevideo Nicolás Cotugno, que insistió con el "perdón", un concepto que en un primer momento había ganado terreno en la modelización del acto, pero que contaba con el expreso rechazo de Macarena Gelman y el director de Derechos Humanos del mec, Javier Miranda, que participaron en la redacción del mensaje presidencial.

Algunas ausencias se hicieron notar. Sobre todo en el caso del pc, con sólo cuatro legisladores presentes en sala durante el acto. Entre ellos, el diputado de vu, Fernando Amado, quien tras una reunión de bancada celebrada al mediodía decidió concurrir, aun a contrapelo de la decisión mayoritaria. Lo acompañó el suplente de Juan Garino –en el exterior–, Álvaro Fernández. En la reunión, varios legisladores plantearon no asistir al acto, pero finalmente se dio libertad de acción a los legisladores, aunque la opinión de su líder, Pedro Bordaberry, era claramente contraria. Participantes de la reunión dijeron a Brecha que se buscó no repetir la escena durante la discusión sobre la despenalización del aborto, cuando Bordaberry impuso a los suyos la disciplina partidaria y terminó "haciéndose un papelón" ante la opinión pública. En la bancada, el senador Alfredo Solari propuso concurrir con tapabocas con la inscripción "No a la mordaza", y hasta aseguró tener pronto el suyo.

El propio Bordaberry salió a frenar esa iniciativa. Pocos días antes, varios dirigentes colorados habían criticado al gobierno por no permitirle a su líder hacer uso de la palabra en el acto. Ninguno de los legisladores colorados presentes en la sala, rodeados por un mar de sillas vacías, aplaudió el discurso. Amorín Batlle miró hacia arriba en varias ocasiones. Con gesto pensativo, Amado apoyó las manos, una encima de la otra, sobre su banca. Pero la excepción la marcó el diputado nacionalista Pablo Iturralde, quien en un asalto a la solemnidad de la ceremonia, puso las manos en alto. El gesto le valió algún que otro reproche. "¿Sabés dónde está el Cuqui? ¿Tenía dentista hoy?", le espetó una integrante de la agrupación Hijos a la salida del Parlamento.

Adentro, el aplauso; generalizado, atronador, prolongado, se extendió por varios minutos. Era el reconocimiento tan esperado a la persistencia, a la lucha, a la responsabilidad. Emocionados, Juan y Macarena Gelman devolvieron el aplauso y se abrazaron. El presidente, que durante el discurso no despegó los ojos del papel, evitó un contacto visual con los Gelman. Ubicados a uno y otro lado del presidente, Danilo Astori (en su carácter de conductor de la Asamblea General) y Daniel Gutiérrez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, también aplaudían. Si el discurso ya estaba escrito, si todo estaba pensado y calculado, esta vez todas las miradas estaban concentradas en el lenguaje de lo gestual. Pero no. El presidente se atuvo al protocolo que en otras ocasiones le fuera tan esquivo. La diferencia volvió emotivo lo que en otra situación no lo hubiera sido: algo importante estaba pasando para que Mujica –a quien Juan Gelman definió como una "víctima" de la dictadura con el "coraje moral" de un estadista– cambiara la tradicional espontaneidad de la expresión presidencial por la lectura de un discurso templado, sobrio, acotado. De Estado.