comunicado de la Mesa Permanente contra la Impunidad

LA MESA PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD ante el acto a celebrarse mañana por el caso Gelman, declara públicamente:

1, Las organizaciones que integran la Mesa Permanente Contra la Impunidad expresan que respaldan a Macarena Gelman en el acto a celebrarse mañana 21 de marzo, en el entendido que constituye un importante eslabón en la lucha del pueblo uruguayo por derrotar la Impunidad y en la búsqueda de Verdad y Justicia.

2, El reconocimiento de la responsabilidad que le cupo al Estado en el secuestro y posterior desaparición de María Claudia García de Gelman y en la apropiación y supresión de identidad de su hija Macarena durante 23 años, no es otra cosa que la aceptación lisa y llana de que lo practicado en nuestro país fue Terrorismo de Estado. Ya que utilizando a su favor el aparato estatal las Fuerzas Armadas y colaboradores civiles avasallaron instituciones democráticas; suprimieron las libertades del pueblo, en nombre de sus propios intereses e ideología, secuestraron, torturaron, violaron, robaron, apropiándose de niños y haciendo desaparecer personas sobre las que todavía niegan confesar su paradero.

Este reconocimiento de responsabilidad del Estado debe ser más que un acto, dejando definitivamente atrás la teoría de los “dos demonios”; argumento que además de notoriamente falaz, es inmoral, cargado de la temeridad sostenida por voceros de las Fuerzas Armadas y algunos actores del sistema político. Dolorosa e increíblemente, algunos de esos actores son integrantes del gobierno, que contribuyen con su silencio cómplice.

3, La Mesa Permanente hace suyo el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su punto 10mo, expresando que el “Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales”.

Sostenemos que la lucha por VERDAD Y JUSTICIA no se satisface con un acto; debe continuar por el tiempo necesario para conocer el paradero de todos los desaparecidos, de forma que ellos y sus familiares encuentren la paz alcanzando con ello la concordia. Reclamamos que militares retirados y en actividad, asuman la responsabilidad que les cupo y les seguirá pesando mientras dure su silencio para ante la ciudadanía. Aquellos ciudadanos militares o no que conozcan algo de la verdad, tienen el deber moral de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Decimos con claridad, las Fuerzas Armadas que mienten y apañan con su silencio, a quienes avasallaron, robando, violando, y asesinando cobardemente a sus conciudadanos no pueden reclamar para si, la herencia de don José Artigas.

4, Hacemos nuestra asimismo, la Disposición de la Sentencia de la Corte que señala que debe instrumentarse “un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial del Uruguay”, aspecto que no se ha cumplido.
El programa de derechos humanos es de la A a la Z, debe necesariamente incluir las instituciones de enseñanza, en particular los Institutos de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

5, Resaltamos la invalorable tarea del Equipo de Antropólogos encabezado por el Dr. José López Mazz, quienes con su labor profesional, nuevamente, sacudieron al país, ante el hallazgo de restos óseos en el Batallón de Infantería Nº 14. Reiteramos que el Estado tiene el deber moral de contribuir, apoyando económicamente su permanencia. El apoyo a esa tarea debe estar específicamente y legalmente establecido, alejando de ese modo al desaliento