jueves, 31 de marzo de 2011

Prensa Ley Interpretativa

Ley Interpretativa

Los diputados del Frente Amplio resolvieron ayer aprobar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad en la sesión del 3 de mayo. De acuerdo al cronograma acordado por los legisladores oficialistas, el proyecto será aprobado en el Senado el 12 de abril y en la primera semana de mayo en Diputados, dijo a LA REPUBLICA el diputado Oscar Groba. Si la izquierda logra cumplir con la agenda de trabajo prevista, la Ley de Caducidad dejará de integrar el Derecho Positivo los primeros días de mayo. Según la resolución del Plenario Nacional del FA, del 19 de marzo pasado, los legisladores llevarán adelante el debate en sala ante los numerosos militantes de la coalición, integrantes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos y sindicatos que asistirán a las barras.

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Debate. Pasquet dijo que el Estado no puede "violar la Constitución" para cumplir con fallo de CIDH

Para Almagro, ley interpretativa cumple convenciones internacionales en DDHH

El canciller, Luis Almagro, remarcó ante el Parlamento que con la inminente aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad se cumple con la "plena vigencia del estado de derecho, el ordenamiento jurídico interno y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos".

Comisión. El canciller concurrió a la Comisión de Constitución del Senado.
Comisión. El canciller concurrió a la Comisión de Constitución del Senado.

Almagro compareció ayer ante la Comisión de Constitución del Senado donde se refirió a las consideraciones y fundamentos de carácter doctrinario y de jurisprudencia que existen, a juicio del gobierno, para "avalar" el proyecto interpretativo de la Caducidad, pero la oposición no lo respalda.

Desde el Partido Nacional se propuso poner el proyecto a votación en Comisión el próximo 12 de abril y en el Plenario el 26, pero la intención del oficialismo es votarlo el 5 de abril en Comisión y el 12 en Cámara, para que Diputados lo sancione antes del 20 de mayo, cuando se realizará la Marcha del Silencio en memoria de los desaparecidos (ver recuadro).

El canciller explicó ayer que al acompañar el proyecto interpretativo se estará cumpliendo con la "plena vigencia del estado de derecho, del ordenamiento jurídico interno en consonancia con las convenciones en materia de derechos humanos que Uruguay ha incorporado, y en eso no existe un agravio a las mayorías".

Resaltó que en el fundamento del proyecto se avala el "pleno funcionamiento del estado de derecho, la vigencia de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno y eso es un imperativo moral del Uruguay".

Sobre las recomendaciones que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, porque significa un obstáculo en la búsqueda de verdad por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, el jerarca señaló que la ley interpretativa tiene una referencia, "derecho reconocido", hacia las convenciones de las que Uruguay forma parte y una referencia más directa a normas constitucionales.

Durante la reunión de la comisión parlamentaria los legisladores opositores centraron sus críticas en que la Ley de Caducidad ya fue motivo, en dos oportunidades, de recursos de impugnación (en 1989 a través de un plebiscito, y en 2009 por medio de una ley constitucional) y que en ambos casos no prosperaron.

"No parece de recibo la tesis de que en materia de derechos humanos pueda aceptarse que las mayorías no tengan la razón, porque eso va en contra de las disposiciones de la Constitución que consagran el mecanismo de democracia directa del referéndum, y además cuando se invitó a la ciudadanía a adherir al mismo era para que el pueblo decidiera, ahora a través de un mecanismo de democracia indirecta se tuercen los dos pronunciamientos populares", cuestionó el senador nacionalista, Eber da Rosa.

Por otro lado, el legislador indicó, durante la reunión, que si bien pueden ser "compartibles" los argumentos del gobierno en cuanto a que los avances del derecho internacional sobre derechos humanos deben ser incorporados por los Estados, "también es claro que el artículo 4 del proyecto, en cuanto apunta a la anulación de la Ley, viola el principio de la irretroactividad de la Ley penal, y afecta elementales principios de seguridad jurídica".

El legislador dijo que "se pretende avanzar en cuanto al respeto del país por el derecho internacional, pero por el otro lado resulta afectada la imagen de Uruguay al intentarse anular una ley que fue aprobada en 1986".

Desde el gobierno se respondió que en la doctrina se admite que en materia de derechos humanos no necesariamente un pronunciamiento popular o una mayoría circunstancial en un plebiscito puede "dejar inmóvil la situación" y que deba ser un criterio inmodificable.

Además se consideró que tratándose de derechos humanos "no resulta afectado el principio de la seguridad jurídica, y la irretroactividad de la Ley penal porque todo en materia de derechos humanos es verificable".

Por su lado el senador colorado, Ope Pasquet, dijo que desde el punto de vista político, el canciller Almagro reiteró que "las mayorías no pueden decidir en materia de derechos humanos", mientras que desde el Partido Colorado se entiende que "si pensaban eso no hubieran convocado a la gente a votar, y hubieran aclarado que si el pronunciamiento popular era en contra de lo que quería la izquierda, entonces no se iba a respetar esa voluntad del pueblo".

Desde el punto de vista técnico, Pasquet remarcó que "no hay duda de que Uruguay está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" y que debe "cumplir con el fallo". Pero aclaró que "no está obligado a violar la Constitución para cumplir con ese pronunciamiento".

Asimismo, el senador nacionalista Francisco Gallinal cuestionó que la izquierda "está dispuesta a respetar las mayorías democráticas cuando se pronuncian a su favor, pero cuando se pronuncian en contra, hay que defender a los individuos de esas mayorías alocadas que caen en pronunciamientos que no merecen el más mínimo respeto".

Fuente; la Republica, miercoles