jueves, 31 de marzo de 2011
Desde Uruguay presenciamos la sentencia a los represores de Orletti
Ineludible cita con
en Argentina se llevó a cabo
Orletti fue una base del plan cóndor, para
en ese lugar siniestro fueron torturados y asesinados
más de 300 personas.
entre los secuestrados estaban los compañeros uruguayos.
Algunos lograron sobrevivir y pudieron declarar en el juicio que duró 9 meses de audiencias.
Otros compañeros permanecen desaparecidos.
los padres de Macarena gelman, pasaron por ese centro.
su padre fue asesinado y su madre fue trasladada a uruguay para dar a luz a
Una buena señal:
Hoy el embajador argentino en Uruguay Dante Dovena y el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde nos invitaron a presenciar en su residencia, por pantalla gigante el juicio de sentencia a los represores argentinos.
La cita estaba programada para las 18 horas, en los jardines de la residencia en la zona de Carrasco. La intención fue hacer visible la política de Estado con respecto al tema. Con un cálido recibimiento tanto para la prensa como para los asistentes; Organismos de Derechos Humanos y personalidades del gobierno relacionadas al tema.
La sentencia.
Al aire libre esta tarde, en un primer plano los rostros de los represores ocuparon la gran pantalla.
Gulielminetti fue condenado a 20 años de prisión, Rufo y Martínez Ruiz a 25 y Cabanillas a perpetua.
El Tribunal Oral Federal 1 resolvió condenar a prisión perpetua al ex general Eduardo Rodolfo Cabanillas por hallarlo culpable de cinco homicidios calificados y de la privación ilegítima de la libertad de 29 personas.
Los jueces impusieron penas de 25 años de cárcel para los ex agentes de inteligencia Horacio Martínez Ruiz y Eduardo Rufo y de 20 años para Raúl Gulielminetti, ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.
Principio de un camino largo y doloroso y de otros que seguirán sumándose como ejemplo de Verdad y Justicia contra los crímenes de Lesa Humanidad.
Hoy sentencia por crímenes cometidos en Orletti
Orletti: Justicia argentina dicta sentencia hoy.
TNU, transmite en vivo desde las 18 hs.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Buenos Aires dispuso que mañana 31 de marzo se lea la sentencia en el juicio oral por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti, durante el último gobierno militar argentino.
En la misma jornada, y antes de la lectura del veredicto, se prevé que los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas den la posiblidad a imputados de pronunciar las últimas palabras.
El debate tiene como imputados a Eduardo Cabanillas (ex coronel), Honorio Martínez Ruiz (ex agente de
Las penas solicitadas
Durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo.
Por otro lado, las querellas solicitaron las siguientes penas:
- Secretaría de Derechos Humanos de
- Gonzalo Romero (que representa a un grupo de ciudadanos uruguayos): 25 años de prisión para los cuatro acusados.
- Rodolfo Yanzón (abogado representante de un grupo de familiares de víctimas): reclusión perpetua para Cabanillas y 25 años de prisión para el resto de los imputados.
- Centro de Estudios Legales y Sociales: prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo.
En el proceso se investiga a los cuatro acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.
Prensa Ley Interpretativa
Ley Interpretativa
Los diputados del Frente Amplio resolvieron ayer aprobar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad en la sesión del 3 de mayo. De acuerdo al cronograma acordado por los legisladores oficialistas, el proyecto será aprobado en el Senado el 12 de abril y en la primera semana de mayo en Diputados, dijo a LA REPUBLICA el diputado Oscar Groba. Si la izquierda logra cumplir con la agenda de trabajo prevista, la Ley de Caducidad dejará de integrar el Derecho Positivo los primeros días de mayo. Según la resolución del Plenario Nacional del FA, del 19 de marzo pasado, los legisladores llevarán adelante el debate en sala ante los numerosos militantes de la coalición, integrantes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos y sindicatos que asistirán a las barras.
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Debate. Pasquet dijo que el Estado no puede "violar la Constitución" para cumplir con fallo de CIDH
Para Almagro, ley interpretativa cumple convenciones internacionales en DDHH
El canciller, Luis Almagro, remarcó ante el Parlamento que con la inminente aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad se cumple con la "plena vigencia del estado de derecho, el ordenamiento jurídico interno y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos".
Comisión. El canciller concurrió a la Comisión de Constitución del Senado.
Almagro compareció ayer ante la Comisión de Constitución del Senado donde se refirió a las consideraciones y fundamentos de carácter doctrinario y de jurisprudencia que existen, a juicio del gobierno, para "avalar" el proyecto interpretativo de la Caducidad, pero la oposición no lo respalda.
Desde el Partido Nacional se propuso poner el proyecto a votación en Comisión el próximo 12 de abril y en el Plenario el 26, pero la intención del oficialismo es votarlo el 5 de abril en Comisión y el 12 en Cámara, para que Diputados lo sancione antes del 20 de mayo, cuando se realizará la Marcha del Silencio en memoria de los desaparecidos (ver recuadro).
El canciller explicó ayer que al acompañar el proyecto interpretativo se estará cumpliendo con la "plena vigencia del estado de derecho, del ordenamiento jurídico interno en consonancia con las convenciones en materia de derechos humanos que Uruguay ha incorporado, y en eso no existe un agravio a las mayorías".
Resaltó que en el fundamento del proyecto se avala el "pleno funcionamiento del estado de derecho, la vigencia de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno y eso es un imperativo moral del Uruguay".
Sobre las recomendaciones que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, porque significa un obstáculo en la búsqueda de verdad por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, el jerarca señaló que la ley interpretativa tiene una referencia, "derecho reconocido", hacia las convenciones de las que Uruguay forma parte y una referencia más directa a normas constitucionales.
Durante la reunión de la comisión parlamentaria los legisladores opositores centraron sus críticas en que la Ley de Caducidad ya fue motivo, en dos oportunidades, de recursos de impugnación (en 1989 a través de un plebiscito, y en 2009 por medio de una ley constitucional) y que en ambos casos no prosperaron.
"No parece de recibo la tesis de que en materia de derechos humanos pueda aceptarse que las mayorías no tengan la razón, porque eso va en contra de las disposiciones de la Constitución que consagran el mecanismo de democracia directa del referéndum, y además cuando se invitó a la ciudadanía a adherir al mismo era para que el pueblo decidiera, ahora a través de un mecanismo de democracia indirecta se tuercen los dos pronunciamientos populares", cuestionó el senador nacionalista, Eber da Rosa.
Por otro lado, el legislador indicó, durante la reunión, que si bien pueden ser "compartibles" los argumentos del gobierno en cuanto a que los avances del derecho internacional sobre derechos humanos deben ser incorporados por los Estados, "también es claro que el artículo 4 del proyecto, en cuanto apunta a la anulación de la Ley, viola el principio de la irretroactividad de la Ley penal, y afecta elementales principios de seguridad jurídica".
El legislador dijo que "se pretende avanzar en cuanto al respeto del país por el derecho internacional, pero por el otro lado resulta afectada la imagen de Uruguay al intentarse anular una ley que fue aprobada en 1986".
Desde el gobierno se respondió que en la doctrina se admite que en materia de derechos humanos no necesariamente un pronunciamiento popular o una mayoría circunstancial en un plebiscito puede "dejar inmóvil la situación" y que deba ser un criterio inmodificable.
Además se consideró que tratándose de derechos humanos "no resulta afectado el principio de la seguridad jurídica, y la irretroactividad de la Ley penal porque todo en materia de derechos humanos es verificable".
Por su lado el senador colorado, Ope Pasquet, dijo que desde el punto de vista político, el canciller Almagro reiteró que "las mayorías no pueden decidir en materia de derechos humanos", mientras que desde el Partido Colorado se entiende que "si pensaban eso no hubieran convocado a la gente a votar, y hubieran aclarado que si el pronunciamiento popular era en contra de lo que quería la izquierda, entonces no se iba a respetar esa voluntad del pueblo".
Desde el punto de vista técnico, Pasquet remarcó que "no hay duda de que Uruguay está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" y que debe "cumplir con el fallo". Pero aclaró que "no está obligado a violar la Constitución para cumplir con ese pronunciamiento".
Asimismo, el senador nacionalista Francisco Gallinal cuestionó que la izquierda "está dispuesta a respetar las mayorías democráticas cuando se pronuncian a su favor, pero cuando se pronuncian en contra, hay que defender a los individuos de esas mayorías alocadas que caen en pronunciamientos que no merecen el más mínimo respeto".
Fuente; la Republica, miercoles
martes, 29 de marzo de 2011
HONDURAS
Montevideo, 29 de marzo de 2011
Parecía que los tiempos de los crímenes de Estado en América Latina eran un
aleccionador pero triste recuerdo del pasado reciente; que los procesos de
democratización, con diversas modalidades según el país, y la consiguiente promoción
de los derechos humanos estaban cursando por caminos sin retorno. El golpe de
Estado de junio de 2009 en Honduras fue una poderosa advertencia en contrario. Las
respuestas de
expresaron el rechazo continental a la interrupción de la democracia. Pero, pasó el
tiempo y Honduras –tal vez por ser un país pequeño y empobrecido- se fue olvidando.
Empezaron a centrarse las críticas más en los defectos del presidente
depuesto (Manuel Zelaya) que en los golpistas. Vinieron elecciones amañadas y
comenzó la tolerancia hacia los golpistas y el régimen instalado. Pero nada se había
solucionado en el hermano país olvidado. Al contrario, se instaló un régimen
privatizador, corrupto, en el que reaparecieron los grupos ligados a la antigua
represión que cuestiona la apariencia democrática que el gobierno pretende dar.
Los hechos: los maestros llevan adelante, al igual que los docentes de
enseñanza secundaria, una lucha gremial por sus derechos. El gobierno de Lobo
reprime a sus docentes hostigando sus locales gremiales como sus manifestaciones y
la de los que se solidarizan. En una de esas manifestaciones, el 18 de marzo, la
maestra Ilsy Velásquez Rodríguez, vice-directora de la escuela República Argentina,
acude a una manifestación contra la cual la policía arremete ferozmente. Una bomba
lacrimógena, lanzada contra los manifestantes, impacta en su cabeza y posteriormente
es arrollada por un auto, perdiendo la vida.
Ilsy pertenecía al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de
Honduras (COFADEH). Ella y sus familiares fueron incansables en la denuncia de la
desaparición de su hermano Manfredo, en la lucha por su rescate. Llevaron el caso
ante
sobre la desaparición forzada de personas. El caso de Manfredo Velásquez Rodríguez
es, desde entonces, paradigmático en el Continente y el mundo.
Solicitamos a todos los que lean este comunicado, que le den la más amplia
difusión, a seguir las informaciones sobre Honduras, a sentar su protesta ante:
Nicaragua 1332 Apto. 205- 11800 Montevideo – Uruguay.
Tel. (598 ) 2929-1625
E-mail: famidesa@adinet.com.uy –
Jorge Alberto Rivera Avilés
Presidente de
Tel (504) 269-3000 269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn
Luis Alberto Rubí
Fiscal General de
Fax (504) 221-5667
Tel (504) 221-5670 221-3099
Mail: lrubi@mp.hn
y enviar su solidaridad a
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:+504 220 5280 (solicite: "tono de fax")
Mail: berthacofadeh@yahoo.com
Todos podemos y debemos unirnos en el esfuerzo de frenar la represión en Honduras
tratando de evitar que una vez más se hunda la democracia y que se instale el horror.
Gracias por su esfuerzo y su solidaridad.
Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos- Desaparecidos
viernes, 25 de marzo de 2011
Argentina
El golpe militar de 1976: 35 años después
Por Atilio A. Boron
Es importante, al cumplirse 35 años del golpe, continuar ejercitando la memoria. El olvido o la negación sólo servirían para facilitar la repetición de tan atroz experiencia. Recordar y actuar, pero sin limitarnos a las manifestaciones políticas del terrorismo de Estado y sus políticas de exterminio. Hay que llegar al cimiento sobre el cual éstas se construyeron: el proyecto neoliberal, que para prevalecer requiere de una dosis inaudita de violencia y de muerte. Gracias a la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida algunos de los tenebrosos ejecutores del plan genocida están entre rejas, pero hasta ahora sus instigadores han logrado evadir la acción de la Justicia.
Hoy, veintiocho años después de recuperada la democracia, ya no es mucho lo que se puede hacer teniendo en cuenta la edad de los principales responsables. Esta es una de las lecciones para recordar: se juzgó a los responsables del terrorismo de Estado, y en ese sentido es importante destacar que en esta materia la Argentina se ubica indiscutiblemente a la vanguardia en el plano internacional. Pero los instigadores y beneficiarios del terrorismo económico y sus cómplices, en los medios, en los partidos, los sindicatos, la Iglesia, la cultura y las universidades, han disfrutado, hasta ahora, de total impunidad. Se ha juzgado y condenado a quienes fueron su instrumento, pero dejando de lado el enjuiciamiento a quienes pusieron en marcha un plan que sabían muy bien sólo lograría imponerse mediante la más brutal violación de los derechos humanos. El proceso llevado a cabo en el caso de Papel Prensa es un avance, así como algunas causas en las cuales se ha involucrado a Martínez de Hoz; pero siendo importantes son insuficientes. Esta es una de las asignaturas pendientes que debe ser aprobada cuanto antes. Ojalá que la discusión suscitada por este luctuoso aniversario pueda servir para profundizar la investigación sobre los instigadores y cómplices antes de que sea demasiado tarde.
La experiencia internacional de países como Alemania, Italia, España y Portugal demuestra que los legados autoritarios no son de fácil o inmediata asimilación. Son procesos de largo plazo y, en nuestro caso, se impone averiguar cuáles son las herencias que ha dejado una experiencia tan traumática como la de la última dictadura militar. Es razonable suponer, por ejemplo, que algunos de los crímenes más estremecedores de los últimos tiempos como los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, del maestro Carlos Fuentealba, del joven Mariano Ferreyra, de los aborígenes qom en Formosa, o el de los ocupantes del Parque Indoamericano, amén de las desapariciones de Julio Jorge López y Luciano Arruga, son ecos luctuosos de aquel desgraciado período de nuestra historia.
Otros legados, como la impunidad castrense, fueron metabolizados y superados, pero los absurdos privilegios de que goza la renta financiera, anclados en la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, insólitamente vigente luego de tantos años, continúan ejerciendo su perniciosa influencia, al igual que la extranjerización de los principales sectores de la vida económica, la inequidad del régimen tributario y el despojo de las riquezas nacionales. Una herencia particularmente gravosa de aquel aciago período es la destrucción del Estado nacional, obra en la cual lo iniciado por la dictadura –recordar su consigna: “achicar el Estado es agrandar la nación”– adquirió inédita profundidad y ribetes escandalosos durante el decenio menemista. Los gobiernos sucesores sólo tímidamente emprendieron la urgente y necesaria tarea de reconstruir al Estado, misión imposible sin una reforma impositiva que asegure el adecuado financiamiento del aparato estatal.
De ahí la paradoja, que no pasa inadvertida para nadie, de una economía que crece aceleradamente en convivencia con un Estado muy pobre que, por ejemplo, debe confiar en las declaraciones de los oligopolios petroleros o mineros para saber cuál es el monto o la cuantía de sus exportaciones, porque ni el Estado nacional ni los estados provinciales disponen de los recursos humanos y técnicos para dicha tarea; o que depende de otro país para imprimir el papel moneda que necesita su población. Acabar con este deplorable legado es una de las tareas más urgentes: sin un Estado reconstruido y dotado de los recursos que exigen sus múltiples y esenciales funciones, difícilmente la bonanza económica podrá traducirse en progreso social.
jueves, 24 de marzo de 2011
Procesado el dictador Gregorio Álvarez
Difundirlo es sembrar Memoria.
Fue procesado el dictador Gregorio Álvarez por
el asesinato del militante del MLN: Roberto Luzardo en 1973.
El juez Fernández Lecchini fue quien dictó la sentencia, luego de largas horas de espera en el juzgado de
la calle Misiones.
Asesinato muy especialmente agravado como coautor y omisión de asistencia.
Recordemos:Homicidio político de Luis Roberto Luzardo
Luis Roberto Luzardo nació en Durazno en enero de 1943. Integraba el MLN
(Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros). Es detenido el 17 de agosto de
1972 por las Fuerzas Conjuntas, de Inteligencia y Enlace en el “Bar Asturias” (ubicado
en la calle 8 de octubre) junto a Henry Engler y José Serrano (alias Piedecasas).
Las declaraciones que surgen de autos evidencian que los tres se encontraban sentados
en el bar aguardando la llegada de otros dos compañeros, cuando inesperadamente
ingresan varios policías de civil. Uno de ellos dispara a menos de medio metro de
distancia a Roberto, quien estando desarmado, se levanta de la silla.
Es trasladado al Batallón Nº 9 donde permanece durante la noche herido de gravedad
hasta el día siguiente en que lo internan en la sala 8 del Hospital Militar. La herida
provocada por el disparo dañó la médula cervical, lo que provocó una parálisis casi
total. Hasta fines de enero de 1973 recibió una atención más que deficitaria, negándosele
posteriormente todo tipo de asistencia. Fallece el 12 de junio de 1973, luego de varios
meses de agonía, a consecuencia de una infección generalizada.
La denuncia original fue presentada en 2002, ante el Juzgado Letrado en lo Penal
de 1º Turno (Ficha 87-10103/2002) por su madre,
Luzardo y por su viuda,
Giácomo.
En 2006 la familia Luzardo realiza una nueva denuncia penal (Ficha 2-42-386/
2006) contra mandos civiles, militares y policiales del gobierno cívico militar comprendido
entre el 16 de agosto de 1972 al 12 de setiembre de 1973 y demás responsables,
por la comisión de los delitos: detención ilegal, reclusión ilegal, lesiones graves,
torturas, omisión de asistencia y muerte. Esta nueva denuncia se incorpora a la anterior,
esta vez enmarcada como homicidio político y como parte del plan de exterminio
de opositores, acusando a represores civiles y militares en carácter de autores de crímenes
de lesa humanidad.
EL juez en lo Penal de 1º Turno, Dr. Fernández Lecchini y la fiscal de 13º Turno,
Dra. Adriana Acosta, tomaron declaraciones a testigos, médicos y militares, entre otros
integrantes de
Se realizó una inspección ocular en el Hospital Militar en salas similares a la que
falleció Luis Roberto (las originales ya no existen). El 26 de Febrero de 2009 se llevó a
cabo la audiencia en que fuera interrogado el ex dictador Gral. Gregorio Álvarez, quien
negó tener conocimiento de los hechos.
Previo a dicha audiencia se agregó información contenida en otro expediente relativa
a las causas del deceso de Roberto Luzardo. Esto originó una consulta al Instituto Técnico
Forense, el cual, en marzo de 2009, designara una Junta Médica. Su cometido era
analizar la información a los efectos de saber, si con los nuevos datos aportados (condiciones
en que se encontraba la víctima, tamaño de las heridas, condiciones de higiene,
inexistencia de atención médica, etc.) era o no posible que aconteciera el hecho muerte.
En diciembre de 2009, luego de tres meses de estudio del expediente, sobre la base
de las declaraciones de detenidos en la sala 8, la reconstrucción de la historia clínica
presentada por el neurocirujano Ricardo Alberti, el reconocimiento forense efectuado
por el médico militar Mautone y múltiples factores más, se da a conocer el pronunciamiento
del ITF. El dictamen afirma que Luis Roberto Luzardo fue sometido a un
abandono premeditado en cuanto a la asistencia médica, constituyendo esto la causa
de su muerte.
En audiencia realizada en abril 2010, los indagados (el entonces Director del Hospital
Militar Arregui, el neurocirujano Rodríguez Juanotena y la médica Braseiro, firmante
del certificado falso de defunción), vuelven a caer en graves contradicciones y
olvidos. En la misma audiencia, el ex dictador Gregorio Álvarez reconoce haber estado
en la sala 8 poco antes del fallecimiento, hecho que había negado en el careo realizado
con Zulma Beatriz Luzardo.
En agosto de 2010, el juez Fernández Lecchini dio por finalizadas las actuaciones
enviando el expediente a la fiscal Adriana Costa para que se expida, quien declaró a
familiares de Luis Roberto Luzardo que necesitaría de mucho tiempo para el examen
del mismo.
La causa cuenta con el apoyo de SERPAJ.
Carta del abogado de Nibia Sabalsagaray
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Mujica y Dalmao, hay que tragarse este sapo.
La indignación que sentí al enterarme ayer, por una llamada de un
periodista de Canal 10, de la visita de Mujica a Dalmao fue gigantesca,
pero por suerte tuve un mínimo de autocontrol y le dije al periodista
que no iba a hacer declaraciones sobre el punto. Pero hoy quiero
escribir no desde la bronca, sino desde un plano más "racional" y
"político".
Cualquiera medianamente informado se puede dar cuenta de que la presión
que se está ejerciendo desde el poder político sobre los tribunales en
el caso Dalmao es muy grande. Repaso rápidamente:
- Una vez procesado, Dalmao no es recluído en la cárcel de Domingo Arena
(donde están los demás presos por violaciones a los DD. HH. durante la
dictadura), sino que es enviado al cuartel de Coraceros (una unidad
policial); esta fue una decisión gubernamental, no judicial (al juez se
le informa el lugar de reclusión).
- Inmediatamente sale el Senador Penadés cuestionando los fundamentos
del procesamiento (lo que nunca antes había sucedido con los presos de
D. Arena).
- Luego sale el Senador Eleuterio F. Huidobro en el mismo sentido y con
su estilo (que Dalmao se comía los mocos en esa época y que no podía por
lo tanto ser el responsable).
- Y la frutillita el día de ayer, la visita del Presidente a Dalmao en
el H. Militar para interiorizarse de su estado de salud (así lo dice
claramente la página de presidencia). Lamentable. Y si fue por otra
razón, por una "razón de Estado", ¿era imprescindible que fuera
personalmente, no podía mandar el mensaje por otro medio?
Mientras sucede todo esto, el expediente penal del caso de Nibia está en
el Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno, para resolver el recurso de
apelación que interpuso la defensa de Dalmao y Chialanza.
¿En que anda nuestro Presidente? ¿En que anda nuestro gobierno en este tema?
Al sainete del video o no video, donde uno tiene la sensación de que
vemos la punta del iceberg, pero que hay por debajo de la mesa mucha
cosa de ida y vuelta en el que la ciudadanía (y gran parte del gobierno
y de la fuerza política) no tiene ni idea, se le agrega esta visita
insólita, por decir lo menos. Y justo en el momento en que el Plenario
Nacional del FA por unanimidad resuelve respaldar el texto modificativo
de la ley que llevaría a dejar sin efecto la ley de caducidad.
Me sumo a lo de Mercedes Napol y Rafa Sanseviero en cuanto al artículo
de Marcelo Pereira en
Es muy dificil avanzar coherentemente en esta área con un presidente que
está convencido de que en nuestro país hubo una guerra entre dos bandos,
y que nunca ha entendido ni compartido el concepto de terrorismo de
estado. Pero hay que reconocerle la coherencia y honestidad, todos
sabíamos que pensaba eso antes de las elecciones. Tendremos que seguir
tragando sapos....
Juan Errandonea
(abogado de Nyria Zabalzagaray)
Parte resolutiva de Sentencia Corte Interamericana caso Gelman
Y DISPONE
por unanimidad, que:
- Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
- En un plazo razonable, el Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea, de conformidad con los párrafos 252 a 256, 274 y 275 de la Sentencia.
- El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, de conformidad con los párrafos 259 y 260 de la Sentencia.
- El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 de la Sentencia.
- El Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con el párrafo 266 de la Sentencia.
- El Estado debe colocar en un espacio del edificio del Sistema de Información de Defensa (SID) con acceso al público, en el plazo de un año, una placa con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas que estuvieron detenidas ilegalmente en dicho lugar, de conformidad con el párrafo 267 de la Sentencia.
- El Estado debe realizar, en el plazo de seis meses, las publicaciones dispuestas en el párrafo 271 de la Sentencia.
- El Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Uruguay, de conformidad con el párrafo 278 de la Sentencia.
- El Estado debe adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales, de conformidad con los párrafos 274, 275 y 282 de la Sentencia.
- El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año, las cantidades fijadas en los párrafos 291, 293, 296 y 304 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda, de conformidad con los párrafos 305 a 311 de la misma.
- Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.
El Juez Vio Grossi hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente, el cual acompaña la presente Sentencia.
Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 24 de febrero de 2010.
condena al Estado uruguayo
Primera condena que recibe el Estado del organismo internacional.
miércoles, 23 de marzo de 2011
Polémico video que jaquea al “rey”
Así está planteado el panorama político en relación con el estamento militar.
Mujica visita al preso general Dalmao para “aliviar tensiones”.
El tema Derechos Humanos, sería un punto ineludible para el gobierno, ahora se le sumó el polémico video que jaquea al “rey” en esta partida de ajedrez.
Una partida de ajedrez, con dos jugadores que a su vez niegan estar realizando este juego. Gobierno versus militares.
Repacemos:
Una información publicada en el semanario Búsqueda daba cuenta de un presunto video; con tres personajes uniformados con pasamontañas y vestimenta de combate y que además apoyado sobre un atril había: un sable, la bandera de Artigas y otra de los 33 orientales.
Estos enmascarados aparecieron (casi al final del término del carnaval más largo del mundo), haciendo amenazas a jueces y fiscales por los procesamientos a militares involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos en 1973-1985. Y anuncian; dice la publicación que iniciarán acciones para liberarlos.
Veamos como son las “comunicaciones que nos dan”:
Desde la prensa:
El semanario "Búsqueda" confirmó que "nunca contó con el supuesto video y que publicaron la trascripción de un audio donde surgían las amenazas, de un eventual grupo, a jueces y fiscales, y acciones para liberar a militares recluidos en Domingo Arena.
El 10 de marzo se publicó en "Búsqueda" la trascripción de un "audio" que tiene "Vistos, Considerándoos y una parte resolutiva" (donde las tres personas se refieren a las acciones a tomar para liberar a los militares), esto último era lo único que conocía el Ministerio del Interior.
Desde filas del gobierno fueron diciendo esto:
ü Bonomi relató ante
Ø “El ministro de Defensa Nacional, Luís Rosadilla, dijo que no vio la filmación, y aseguró que en Uruguay "no hay un solo militar en actividad que pueda llevar eso adelante".
Ø Ya el lunes pasado el ministro de Defensa Luís Rosadilla había expresado ante el Senado que el presidente, José Mujica, vio las "imágenes", pero que no las tiene, y que él tampoco las vio, aunque sí existe un material escrito con el contenido del mensaje.
ü "Si supiera que hay militares en actividad (involucrados), no hago investigación administrativa, los paso a
Señaló que no sabe quién entregó el material audiovisual ni a través de qué medio lo hizo llegar al Poder Ejecutivo. "No puedo asegurar que exista ni que el presidente (José Mujica) lo haya visto", agregó.”
Ø El Ministro del Interior Eduardo Bonomi aseguró que no vio el video donde presuntos militares amenazan a jueces y fiscales
El secretario de Estado puso énfasis en lo que ha su juicio es más importante, que es el “contenido” y no la filmación. Para Bonomi lo que importa es “la sustancia” y no el “video”
Agregó que el presidente José Mujica no vio el video, sino que solo observó “imágenes”
Ø Tras conocerse la existencia de la cinta el presidente José Mujica puso en conocimiento a los ex presidentes Julio Sanguinetti y Luís Lacalle, a los jefes de las fuerzas armadas y a los miembros de
Desde filas castrenses:
ü En tanto el coronel Mario Stevenazzi, director de informaciones institucionales del ejército, confirmó la existencia del vídeo pero señaló que "el comandante en jefe no formulará comentarios. Todo está en manos del mando superior, el Ministerio de Defensa".
Ø El foro Libertad y Concordia se desmarcó del vídeo que contiene amenazas.
El coronel retirado José Carlos Araújo dijo que su organización no tiene “absolutamente nada que ver” con las amenazas de presuntos militares que se autodenominaron Ejército Nacional Libertador (ENL).
Desde la Justicia :
Analiza video con amenazas de presuntos militares
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, aseguró que se analiza el contenido del comunicado. Chediak manifestó a radio Sarandí 690 que no ha visto el video, pero que conocía su contenido, por lo que “se ha analizado y seguramente se tomarán diversas medidas de contención en base a ello”. Sin embargo, sostuvo que no se le dará “más trascendencia de la que tiene”.
Agregó que el gobierno tuvo conocimiento de la existencia de este video y rápidamente puso al tanto a
El comunicado lo lee el que está en el medio de los otros dos y, pese a que se trata de un video casero, Búsqueda asegura que “no es improvisado”. “Muestra de ello es que el supuesto soldado que habla parece estar leyendo un telepromter (aparato electrónico que refleja un texto previamente cargado en una computadora, en un cristal transparente que se sitúa en la parte frontal de una cámara)”, señala la publicación.
Y desde la tribuna o sea el pueblo:
Hemos visto a lo largo de este tema un desprecio hacia la inteligencia del
pueblo, que miramos este partido sin saber a ciencia cierta si estamos ante un peligro inminente. Todos los actores involucrados tanto sea desde las filas castrenses, o del propio gobierno; vemos un pim pom de contradicciones y mentiras que crispa la confianza de sabernos en manos de incapaces servicios de inteligencia.
Sin embargo bien sabemos todos, que estos actúan muy eficazmente en otras circunstancias, poco agraciables para los ciudadanos de bien.
Sin duda que el tema relacionado con el pasado reciente y el presente era y es el tema a definir o por lo menos a intentar reparar, ya sea allanando las posibles investigaciones y así poder enviar a la cárcel a los delincuentes de tales aberraciones cometidas desde el estado a través de sus agentes llámese militares, policías y civiles involucrados.
Es notorio el entramado de posibles alianzas que fueron entretejidas tiempo atrás, no se precisa ser muy perspicaces para darnos cuenta.
¿Ahora bien, qué pasa entonces con esta nueva realidad planteada?
¿Existe un comando de nostálgicos que intentarán tomar acciones terroristas contra jueces y fiscales?
¿Por qué el presidente decidió ir a visitar a un genocida enjuiciado por las pruebas que
la justicia dictaminó, en lugar de ir a visitar a los jueces y fiscales para ver como se sentían de estar amenazados de muerte?
¿Cuáles serían las tensiones que con la visita del presidente se calmarían?
¿Tensiones en filas de los jubilados militares o tensiones en filas de los militares activos? ¿Activos de acá o de la región? Según nos dicen el Cóndor sigue volando aún.
Para finalizar: estamos amenazados todos pero nadie se preocupa del pueblo, y de cómo nos van a proteger. La impunidad sigue su paso eso es lo más certero que tenemos.
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