viernes, 29 de abril de 2011

ANTE EL OPERATIVO DEL INJUSTO DESALOJO EN BELLA UNION



ANTE EL OPERATIVO DEL INJUSTO DESALOJO EN BELLA UNIÓN



COMUNICADO DE PRENSA

Curiosamente, hoy 28 de abril a 22 años del fallecimiento de Raúl
“Bebe” Sendic está siendo desalojado Don Ney Thedy , el unico peludo
de las marchas de UTAA de los años 60, que recibio tierra en los años
'90 del antiguo latifundio de Silva y Rosas que reclamara su
expropiación junto a Sendic.

Ante una denuncia de corrupción de Gonzalo Gaggero (estanciero, deudor
contumaz condonado y ex dirigente gremial de los empresarios) que
hiciera la familia Thedy, el Directorio de Colonizacion expulsa del
campo a este trabajador rural , que produce y vive en la Fracción Nº
52 de la Colonia Eduardo Acevedo a 30 km de Bella Unión.

De un endeudamiento por arrendamiento de 27 mil dolares, Thedy logró
pagar casi toda su deuda (23 mil U$S). En ese momento, al presentarse
bruselosis en su ganado, no pudo reunir los 4 mil dolares restantes.
Cuando Thedy fue a saldar este resto el Directorio de Colonización no
le aceptó el pago, rescindiendole el contrato de arrendamiento.

El Directorio del INC no reconoce su voluntad de pago por estar
vinculado familiarmente a la ocupación de los lecheros de Mandiyú
donde se denunció el amiguismo en la entrega de un campo de Colonia
Artigas a Cesar Melo, un estanciero amigo de Gaggero en el año 2007.

150 Trabajadores rurales y colonos del litoral norte se concentraron
en el predio de Thedy en solidaridad el 26 de abril a ejercer la
resistencia pacífica en el predio para evitar el desalojo. Pero este
jueves 28 unos 80 efectivos policiales cercaron la zona y expulsaron a
los trabajadores rurales del sindicato de UTAA y gremiales de
pequeños productores.
Don Ney Thedy, trabajador rural de 70 años, fue internado hoy en un
sanatorio de Bella Unión durante el operativo policial llevado
adelante para expulsarlo del campo.

Colonización y la justicia actúan muy rápido para desalojar a los
pobres y el estanciero César Melo sigue con los campos del pueblo
otorgados por Gonzalo Gaggero sin que haya concretado la promesa de
sacarlo.


Ney Thedy Pintos:
Don Ney Thedy Pintos de 70 años de edad, nació en la zona de cómo el
dice “la Calpica”, y comenzó a trabajar en las azucareras a los 7
años, donde según cuenta les daban a los gurises “los gringos” unos
escardillos para limpiar los yuyos de las cañas. Plata no conocían,
les pagaban con vales que tenían que gastarlos en la cantina del
patrón. Nunca aprendió a leer o a escribir.
En los años 60 acompaña a Sendic en las marchas a Montevideo,
denunciando las explotaciones antes mencionadas, y es detenido por la
policía por varios días. Sus hijos los cría en una pequeña chacra
fiscal sobre el Rió Cuareim, donde complementaba su trabajo de
cortador de caña con la cría de animales; vacas, chanchos, etc.
Ya en el año 1984, trabajó en una estancia entre Bella Unión y Tomás
Gomensoro, donde cría animales a cambio de su trabajo, sin salario;
situación que cambia en el año 90, donde debe retirarse ya que es
despedido.
Sin querer desprenderse de sus bichos vive en los callejones de la
zona pastoreando los animales; comenzando así gestiones ante el
Instituto Nacional de Colonización, esperanzado de contar con algún
pedazo de tierra con el miedo según cuenta: “vaya a ser que éstos
viejos no se enteren que yo era de UTAA y no me den nada”; dando sus
frutos en el año 1991 cuando es contemplado con una pequeña fracción
de 218 hectáreas.
Se traslada con su familia a la Colonia y allí hay que hacer todo:
corrales alambrados, pozo semisurgente, casa, etc; y vaya ironía del
destino es el único peludo que le toca un pedazo de tierra del
latifundio Silva y Rosas que fueron reclamados en su juventud. En ésta
zona de la Colonia Eduardo Acevedo, tendría que terminar de criar sus
hijos que formarían familia.
Actualmente después de mantener algunas rentas impagas el Instituto
Nacional de Colonización, le quiere retirar el campo, donde ha mal
vendido animales con tal de no perder el predio, haciendo entrega de
una abultada suma que no es reconocida por la la insensibilidad de
quienes están frente al Instituto Nacional de Colonización, que lo
consideran “colono incumplidor”.
No ha cumplido ¿con quien?, ¿con el país?;a pesar de que nunca fue a
una escuela, sus hijos son gente de bien, inclusive su hija es
maestra, sus nietos estudian, algunos en escuela agraria, y otros
prontos para ingresar a la universidad.
Esa persona analfabeta ha tenido la sabiduría de conservar en su
predio los últimos ejemplares añejos de algarrobos e Ñandubay que hay
en la zona (técnicos de INIA, han recogido semillas de éstos
ejemplares para reproducirlos).
Habrá que preguntarle a los señores directores si todo tiene para
ellos valor monetario qué valor tiene todo esto, el que sus hijos y
nietos no sean una carga para la sociedad, o nunca haya estado en el
INAU, ni sean delincuentes, ni drogados.

Quizás su equivocación fue enseñarles a trabajar y a agachar la cabeza.


“Tierra pa’l que la trabaja”, ¡¡no a este injusto desalojo en Colonia
Eduardo Acevedo ¡¡


Grupo de Lecheros Mandiyú.

Colectivo de organizaciones sociales de lucha por la tierra.

El dirigente de la entidad, Oscar Urtazum admitió que esperan que "este movimiento no se partidice, no se politice


Familiares. La organización no quiere que la concentración sec"politie"

El PIT-CNT convocó a un paro general parcial para el 20 de mayo

Los sindicatos de funcionarios públicos y privados detendrán sus actividades para acompañar la votación en Diputados del proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad, y participar de la Marcha del Silencio.

Marcha. Sindicatos prevén asistir al Parlamento.
Marcha. Sindicatos prevén asistir al Parlamento.

La Mesa Representativa ampliada del PIT-CNT aprobó por consenso realizar una paralización al mediodía, para que los distintos gremios confluyan hacia el Palacio Legislativo, donde dirigentes de la central sindical participarán de un acto en el que se leerá una proclama, además de asistir a las barras de la cámara de Representantes.

El coordinador de la central obrera, Edgardo Oyenard dijo a LA REPÚBLICA que aun resta definir la hora en que se iniciará la paralización de actividades, pero que el objetivo será "apoyar a los legisladores que van a interpretar la obligación histórica de anular la ley de impunidad".

Oyenard consideró que el próximo 20 de mayo será "un día histórico". "Es un día de dolor y de duelo, pero también de alegría", opinó en referencia, a la eliminación de la ley de Caducidad. El dirigente sindical destacó que si la votación en el Parlamento se prorrogara más allá de la realización de la marcha, se procurará que quienes acompañen la movilización se trasladen hasta el Palacio Legislativo.

Las actividades que se desarrollarán durante toda esa jornada, serán acompañadas además por la movilización de militantes de comités de base, coordinaras y departamentales que realizará el Frente Amplio y otras organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos.

La coalición de izquierda mantuvo el primer contacto con integrantes de la central sindical para coordinar acciones respecto a la organización de la marcha. Fuentes del FA indicaron que se espera que los simpatizantes concurran a las barras durante el debate legislativo, para respaldar a los 50 diputados de la coalición que votarán afirmativamente.

La sesión extraordinaria se iniciará a la hora 10 y se prevé que sobre las 19:00 horas, el proyecto interpretativo quede sancionado, momento en que partirá la Marcha del Silencio.

Por su parte, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comenzó a organizar la movilización y a evaluar la posible consigna que signará la concentración.

El dirigente de la entidad, Oscar Urtazum admitió que esperan que "este movimiento no se partidice, no se politice. Que la Justicia le llegue a los responsables (de las desapariciones) no solo a los militares".

Añadió que Familiares tiene como consigna: "no hay Justicia sin verdad, ni verdad sin investigación" y señaló que espera que la concentración no se "desdibuje mucho", porque se desplegarán pancartas alusivas al frustrado plebiscito por el SI rosado en 2009.

Urtazum sostuvo que el plenario de Familiares definirá el lunes las características de la marcha, así como la consigna que la identificará este año.

El referente de la organización se manifestó conforme con los aportes que se realicen desde la central sindical u otros partidos. No obstante, señaló que Familiares insistirá en su reclamo respecto al destino de los desaparecidos. Queremos saber dónde están, qué les pasó y dónde están los restos".

Pactos, mentiras y videos

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 29 DE ABRIL DE 2011

LOS INDAGABLES CONTINUAN SU OPERACIÓN PSICOPOLITICA PARA APUNTALAR LA IMPUNIDAD

Pactos, mentiras y videos

Documentos sobre pactos entre guerrilleros y militares, videos que anuncian acciones armadas, declaraciones disonantes de militares retirados y en actividad, operaciones de propaganda y contrainteligencia, debates sobre la constitucionalidad de una ley que declara inconstitucional otra ley, campañas de doctrina jurídica y la velada amenaza de una supuesta resistencia de ex militares a un citación judicial, constituyen el escenario para un inminente replanteo de la pregunta “¿y después qué?” si se anula la ley de caducidad, mientras la marcha del silencio del 20 de mayo promete ser multitudinaria.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

La “operación psicopolítica”, que un grupo de militares “indagables” por crímenes de lesa humanidad lanzó a principios de año, continúa en “ejecución” con acciones “políticas”, de “propaganda”, “jurídicas” y de “inteligencia”, mientras se prepara el ambiente para una eventual acción “militar” en el marco de su definida “misión” de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los presos políticos, militares, policías y civiles”.

La aparición publica del autodenominado “Foro de Libertad y Concordia”, del que un pequeño grupo de militares retirados se constituyeron en voceros públicos, podría ser sólo el inicio de una ofensiva mayor, auspiciada por organizaciones internacionales de ultraderecha que en los últimos años jugaron entre bambalinas durante frustradas intentonas golpistas en Venezuela, Bolivia, y Ecuador, pero consiguieron su propósito con el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras.

En el artículo “La ofensiva de los indagables”, publicado en Caras&Caretas el 4 de febrero, se revelaba un documento interno de los creadores del “Foro” en el que se establecía como “maniobra general y propósito” de la organización, lograr “formar opinión pública, psicosocial y política”, para alcanzar el objetivo de su “misión” que se haría “en principio por medios legales”. Una frase amenazante que ya habían lanzado en su primera carta pública a los mandos militares a quienes advirtieron sobre “extremos a los que no desearíamos llegar jamás”.

En la nota, también se explicaba que el grupo de indagables se había dado una organización encabezada por un “Grupo Coordinador” (integrado por representantes de “tandas” o “generaciones” según el año de promoción de los oficiales retirados) que se distribuiría en diez “secciones” o “grupos de tareas” (“no direcciones ni frentes de trabajo por ser terminología enemiga y no militar”, decían). Las “secciones” se dividían en: “política y psicosocial”, “propaganda”, “jurídica”, “prisioneros”, “familia”, “internacional”, “organización”, “inteligencia”, “militar” y “finanzas y logística”

El grupo de ex militares intentó primero conquistar a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas (que en su gran mayoría se formó después del régimen dictatorial), a través de un “grupo de apoyo” formado en “Facebook” al que rápidamente integraron más de dos mil “amigos” locales y, especialmente, internacionales. Pero la evidente ideología nazi y fascista de un importante grupo de adherentes, sumada a las amenazas a periodistas que desde la web se realizaron, llevaron a disolver la página de Internet.

LOS TIGRES DE PAPEL

Si las tareas de la “sección política y psicosocial” (“ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales”) habían tenido éxito con la aparición pública del grupo, la carta a los comandantes, las reuniones con altas autoridades y la adhesión de dirigentes políticos a su Facebook, sería con las actividades de su “sección propaganda” (“ejecutar acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza”) que los “objetivos” de los “indagables” lograrían su mejor posicionamiento en el ámbito local.

No parece una casualidad que en los primeros días de marzo el semanario “Búsqueda” “filtrara” la existencia de un video de un presunto “Ejército Nacional de Liberación” que anunciaba el inicio de “acciones militares”, sólo días después que se comenzaba a generar un consenso dentro del Frente Amplio para mandatar a sus senadores a aprobar el proyecto de ley interpretativa que busca anular la ley de caducidad. El video, audio o el simple texto difundido generó un escenario político de idas y venidas, declaraciones y contraaclaraciones, que terminó esta semana en una interpelación a los ministros de Defensa y de Interior.

Y cuando todavía no se había apagado el incendio mediático sobre si el presidente José Mujica había visto o no la filmación, si los servicios de inteligencia eran o no capaces de encontrar su origen y la propia justicia intervenía de oficio ante la amenaza del ENL de rescatar por la fuerza a los criminales de lesa humanidad presos en la cárcel de Domingo Arena, un nuevo “documento” terminó apareciendo, esta vez en El Observador”, para plantear que en 1987 dirigentes del MLN – Tupamaros habían hecho un “pacto” con la militar “Logia Tenientes de Artigas” para cerrar el tema derechos humanos.

El nuevo documento, golpeó la interna del Frente Amplio que en esos días había votado en el Senado la ley interpretativa de la ley de caducidad, y particularmente la interna de los propios tupamaros, cuando uno de sus principales referentes, el senador Eleuterio Fernández Huidobro había acatado el mandato de su partido al votar una norma con la que no estaba de acuerdo, para de inmediato presentar renuncia a su banca. A las críticas y contracríticas por la renuncia, se sumó la exhumación de los pactos o charlas que con los militares existieron desde la tregua armada del Batallón Florida en 1972.

El presunto documento de acuerdo, catalogados por unos como una “traición”, por otros como un insulto al líder Raúl Sendic (que aparecía mencionado) y por otros referentes históricos tupamaros como una clásica maniobra de contrainteligencia, todavía no ha terminado de generar sus repercusiones, en un escenario político tenso en el que el partido de gobierno muestra contradicciones ante las cuales algunos dirigentes de la oposición buscan sacar provecho, reclamando la dimisión de ministros, cuya permanencia en el cargo terminó siendo expresamente confirmada por el gobierno.

JUSTICIA PARA TODOS

Mientras los medios de comunicación asocian y disocian el video, el pacto, la ley interpretativa, los plebiscitos, el tribunal de conducta para el senador Jorge Saravia, los futuros planteos de inconstitucionalidad sobre la ley que todavía no se aprobó, los festejos de los Tenientes de Artigas cuando el general Lino Oviedo dio un golpe en Paraguay, la reestructura de la institución militar o la sugerencia del ministro de Defensa de debatir la existencia misma de las Fuerzas Armadas, otro de los escenarios previstos por los “indagables” sigue su curso: el del debate jurídico.

La “sección jurídica” se programó con el cometido de “ejecutar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el “derecho penal del enemigo”, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)” decía el documento germinal del grupo de ex militares que procura no ser convocado por sus violaciones a los derechos humanos. Y así lo vine haciendo desde tiempo atrás, a través de largas cartas publicadas por algunos presos en Domingo Arena, que hicieron un curso acelerado de derecho o sólo firman los escritos de algunos juristas contratados.

En el mismo escenario, se realizaba ayer un primer seminario sobre el tema con conferencias del ex fiscal Miguel Langón y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez, quien pocas semanas atrás ya había salido a la opinión pública, junto al ex presidente Jorge Batlle, para criticar una sentencia de la jueza penal Mariana Mota en la causa por la que fue procesado el torturador Carlos Calcagno (detenido por la desaparición forzada de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Izaurralde en 1977), quien próximamente también sería encausado por el asesinato de Humberto Pascaretta.

Aunque el caso fue laudado por un Tribunal de Apelaciones que dio razón a la jueza Mota, el tema volvió a ser tocado esta semana en El País por el “duende” Daniel Herrera Lussich quien salió a alertar sobre un “tsunami” de impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad sobre la ley interpretativa cuya votación, finalmente, el Frente Amplio aceptó posponer para el próximo 20 de mayo. La fecha en que se procura organizar la mayor marcha del silencio en los 16 años que se vienen reclamando contra la impunidad el día que en 1976 fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires.

El tema de fondo, sin embargo, sigue siendo el pronunciamiento que la Suprema Corte de Justicia pueda dar a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze en la causa del “Segundo vuelo de Orletti” donde el Ministerio Público pide que los crímenes de los militares procesados se tipifiquen delitos de lesa humanidad. Si así fuera, el debate jurídico dejaría de existir porque las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura serían delitos inamnistiables, imprescriptibles y perseguibles sea cuando fuera la fecha de su realización, como establece el derecho internacional.

EL JUEGO DEL MIEDO

En su ofensiva, los indagables continúan sus acciones a favor de los presos en Domingo Arena y sus familias, procuran fortalecer su organización buscando las simpatías de la interna militar, realizan finanzas para su logística, y reafirman sus conexiones internacionales con el grupo UnoAmérica (que coordina las sectores conservadores en el continente y ha auspiciado intentos de golpe de Estado en varios países), y con grupos de ultraderecha europeos y norteamericanos, que ven con buenos ojos que cesen los gobiernos progresistas latinoamericanos.

Sin embargo, dos de las “secciones” de la organización de ex militares, son las que más preocupan a los servicios de seguridad del Estado: el grupo de tareas de Inteligencia (que se propuso “ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación”) y el grupo de tareas “militar” (que se plantea “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”). En particular porque en torno a los centros, clubes y cooperativas militares se han enquistado algunos de los más comprometidos violadores de los derechos humanos y por la ambigua definición de “otras fuerzas amigas” que daba el documento original.

En su claro propósito de mantener el “pacto de silencio” que les permite su impunidad, los indagables todavía no parecen haber jugado todas sus cartas para generar temor en la sociedad civil, pero ya comenzaron a practicar el “juego del miedo” que se utilizó en otros períodos. El propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general (av) José Bonilla (el mismo ex comandante que le devolvió una bandera de los tupamaros al presidente Mujica), salió esta semana a afirmar que si se aprueba la ley interpretativa para anular la caducidad, “el que sabe algo no lo va a decir porque iría a prisión”. Y concluyó que “no puede haber verdad si hay Justicia”.

El objetivo de volver a plantear el “¿y después qué?”, que había acuñado Wilson Ferreira Aldunate para justificar la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986, promete ser una de las próximas operaciones que se plantearan en el escenario político uruguayo, sin tomar en cuenta que desde aquel año hasta la fecha son precisamente las verdades encontradas lo que más impulsa al reclamo de justicia. Cuando se aprobó la Ley 15.848 no se había confirmado que había niños desaparecidos, ni que existían cuerpos enterrados en unidades militares, ni que medio centenar de desaparecidos en Argentina en realidad fueron trasladados a Uruguay para su ejecución sumaria, como ocurrió con los “fusilados de Soca” en 1974, aunque los “repatriados” del 76 y el 78 luego fueron enterrados, probablemente en fosas comunes, y eso es lo que no se quiere admitir.

Mientras el juego del miedo crece (el ex general Ricardo Galarza definió a su “enemigo” al decir que “las organizaciones de derechos humanos reemplazaron a los terroristas”) y algunos funcionarios alertan sobre algún “alzamiento” al estilo de los “carapintadas”, el gobierno también comenzó a recibir críticas de los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes señalaron públicamente su preocupación por el retroceso que se ha tenido desde la asunción del presidente Mujica. “Estamos bastante mal en Familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", dijo Luisa Cuesta, madre de un desaparecido.

La denuncia judicial continúa siendo el escenario que mayores expectativas genera entre las víctimas, que a las indagaciones en curso sobre el la muerte de Norma Cedrés, las 19 muertes por tortura durante el mandato de Juan María Bordaberry, los casos Gelman, Fusilados de Soca, el secuestro de los niños Julién, y las desapariciones de Gelós Bonilla y Julio Castro, ya han agregado denuncias en las que, por primera vez, se plantea la tortura como un crimen de lesa humanidad. A la que ya presentaron quienes sufrieron apremios en Boisso Lanza, se agregarían en breve otra sobre lo ocurrido en el Regimiento de Caballería Nº 9, a la que seguirían similares causas por otros centros de detención. Decenas de ex militares podrían estar implicados en esos delitos.


jueves, 28 de abril de 2011

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

A 34 años de la primera ronda, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora invitaron a compartir la habitual ronda de los jueves y luego al Acto de conmemoración en la Pirámide, hoy a las 15.30 horas. El Archivo Nacional de la Memoria adhirió e invitó a participar del acto.

En el encuentro se realizará un homenaje a las madres que ya no están, a través del rescate de textos, poemas y cartas a sus hijos/as detenidos desaparecidos/as, escritos a lo largo de tantos años de búsqueda de memoria, verdad y justicia.

Alrededor de la Pirámide de Mayo se colocarán las fotografías de las madres ausentes, a las que sus compañeras de lucha les contarán los logros obtenidos hasta la fecha. Asimismo las madres que estuvieron presentes aquel primer 30 de abril traerán el recuerdo de esa jornada.

Luego de la participación de Ignacio Copani con canciones dedicadas a la historia de estos 34 años, las Madres dejarán azucenas en el pie de la pirámide, donde se encuentra la placa que señala el lugar donde descansa Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

Desde 1996, el 30 de abril es recordado como el “Día del Coraje Civil”, luego de la aprobación de la Ordenanza N° 50.372, del entonces denominado Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires.

miércoles, 27 de abril de 2011

declaraciones de madres y familiares

CONSULTA. CATEDRÁTICOS ASISTEN A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

Madres y Familiares: proyecto del FA "no anula la impunidad"

La decisión del Frente Amplio (FA) de aplazar hasta el 20 de mayo la sanción del proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad, para que coincida con la tradicional Marcha del Silencio, fue relativizada por integrantes de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos.

Loreley Nicrosi |

Marcha del silencio. El FA aplazó votación para el 20 de mayo.
Marcha del silencio. El FA aplazó votación para el 20 de mayo.

"No entramos en esta vorágine de la ley. No anula la impunidad. Siempre dijimos que la Ley de Caducidad era nula, pero nadie dio pelota. Quien quiera ver la ley, la seguirá viendo en la Constitución, porque este proyecto solo anula tres artículos", dijo a LA REPUBLICA el dirigente de la organización Oscar Urtazum. "Fue bastante bastardeada la ley; mal trabajada. Muchos quieren ser diputados por la ley de impunidad y no se acuerdan de otros temas como los muchachos de la pasta base", agregó Urtazum.

La bancada de diputados del Frente Amplio acordó ayer por unanimidad sancionar el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad del próximo 20 de Mayo, para que la decisión de la mayoría del Parlamento tenga una mayor "significación histórica". La intención del oficialismo es movilizar a la estructura de la coalición y coordinar acciones con el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, para que la votación sea acompañada de una concentración que confluya hacia la marcha. La sesión extraordinaria se iniciará sobre la hora 10.00 para finalizar cuando comience la marcha.

Por su parte, la referente de Madres y Familiares Luisa Cuesta opinó que irá a la "marcha" independientemente de la actividad que se lleve adelante en el Parlamento.

"Estamos bastante mal en familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", precisó Cuesta.

"Nosotros esperábamos otra cosa del gobierno. Es un error grande", añadió Cuesta en referencia a la falta de avances en las investigaciones sobre los desaparecidos. Cuesta no oculta su desacuerdo con el papel que actualmente tienen los militares.

La organización se reunirá en los próximos días para definir las características que tendrá la Marcha del Silencio y la consigna que signará la concentración. "Vamos a trabajar para que sea la marcha más grande de todas", dijo Urtazum. "El Frente hará el balance de los pro y los contra. Nosotros lo hacemos sobre quien se comporta con entereza moral", aseveró el dirigente de la organización.

martes, 26 de abril de 2011

prensa Se aplaza el proyecto de la ley de caducidad

Último Momento

FA aplaza votación para anular Ley de Caducidad


La bancada de Frente Amplio decidió hoy postergar por 16 días la votación para aprobar la anulación a la Ley de Caducidad.

El proyecto interpretativo ya cuenta con la media sanción del Senado, que le remitió las modificaciones a la Cámara baja.

La media sanción a esos cambios se esperaba para el miércoles 4 de mayo, pero hoy se decidió aplazar la votación para una sesión extraordinaria de Diputados, el 20 del mismo mes.

El diputado Víctor Semproni (Espacio 609) dijo a El País que en la bancada del sector se acordó "darle todas las garantías a la oposición para que pasen por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados todas aquellas organizaciones o personalidades políticas que se quieran consultar sobre el tema".



Bella Unión cañeros



NO AL DESALOJO DEL TRABAJADOR NEY THEDY EN BELLA UNION

El próximo 26 de abril a las 14:00 Hs el Instituto Nacional de Colonización desalojará con la justicia de Bella Unión al “único peludo” de las luchas cañeras de los ’60 que recibió “un pedazo de tierra del latifundio Silva y Rosas”.

Se trata de Don Ney Thedy productor ganadero, que trabaja y vive en la Fracción Nº 52 de la Colonia Eduardo Acevedo a 30 km de Bella Unión.

Actualmente después de mantener algunas rentas impagas el Instituto Nacional de Colonización, le quiere retirar el campo, para lo cual ha mal vendido animales con tal de no perder el predio, haciendo entrega de una abultada suma que el Directorio del INC no reconoce por estar vinculado familiarmente a la ocupación de los lecheros de Mandiyú.

Trabajadores rurales y colonos del litoral norte se concentrarán en solidaridad ese día a ejercer la resistencia pacífica en el predio para evitar el desalojo.

Colonización y la justicia actúan muy rápido para desalojar a los pobres y el estanciero César Melo sigue con los campos del pueblo otorgados por Gonzalo Gaggero sin que haya concretado la promesa de sacarlo.

En Montevideo nos concentramos a las 13:00 frente a las oficinas de colonización

(Cerrito esquina Treinta y Tres) para solidarizarnos con este compañero.

¡Carajo, no hay más ley que la de abajo! Sólo la ley del pobre al pobre abriga
Aquél que anda en malas con los retobados, Es que anda en buenas con la policía...

lunes, 25 de abril de 2011

colombia



dhColombia, advierte sobre las "nuevas modalidades" de agresión contra defensores de derechos humanos en Colombia. Una de las más usadas son las operaciones encubiertas que dan la apariencia de tratarse de actos de la "delincuencia común", tales como: atracos, hurtos, accidentes de tránsito. Este parece ser el caso del nuevo acto de agresión o incidente de seguridad de que fue víctima la representante legal de la Corporación Sembrar, (www.corporacionsembrar.org) Zoraida Hernández. A continuación, transcribimos la Acción Urgente dada a conocer en el día de hoy.


ACCION URGENTE
GRAVE INCIDENTE DE SEGURIDAD PARA LA VIDA
DE LA PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN SEMBRAR

ZORAIDA HERNANDEZ


Las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos de manera apremiante a los organismos intergubernamentales de derechos humanos, organizaciones internacionales y la opinión pública en general, a efectos de informar sobre la situación de seguridad de la Presidenta de la Corporación Sembrar y abogada defensora de derechos humanos
ZORAIDA HERNANDEZ PEDRAZA, quien durante los últimos días ha visto incrementada la persecución en su contra, así como, acciones de hostigamiento.

HECHOS

1. El día jueves 14 de abril de 2011, aproximadamente a las 7:30 p.m., dos hombres irrumpieron por la fuerza en la vivienda de la presidenta de la Corporación Sembrar Zoraida Hernández, en momentos en
que ella se encontraba presente en compañía de su familia.

Los hombres alcanzaron a ingresar hasta el balcón de la vivienda y destruir la chapa de la puerta, sin embargo no pudieron acceder debido a otro seguro que lleva la misma puerta y la rápida reacción y gritos de auxilio, situación que obligó a los hombres a huir.

2. Es particularmente inquietante que en el momento en que ello ocurría, fueron suspendidos inexplicablemente el citófono y el teléfono de la portería, lo que impidió la comunicación inmediata con el personal de vigilancia del conjunto residencial, restableciéndose las mismas minutos después de presentado este incidente de seguridad y
que los hombres lograran huir.

3. Desde el día 3 de marzo de 2011, la Corporación Sembrar se vio obligada a devolver al Gobierno de Colombia la totalidad de los esquemas de seguridad (carro blindado y escoltas), ante la ausencia de medidas políticas y materiales reales de protección, así como la pretensión de obligar a Sembrar y al abogado Jorge Molano para aceptar empresas privadas armadas para su protección.

4. El Gobierno de Colombia se había comprometido con Sembrar a realizar una reunión de alto nivel, para la discusión y adopción de medidas políticas, antes del 15 de marzo de 2011. Han transcurrido más de 40 días de total desprotección, sin que por parte del gobierno sea adoptada ninguna medida, manteniendo total silencio sobre las razones para la dilación.

5. Es claro que lo que ocurra en relación con los derechos a la vida, integridad y libertad de Zoraida Hernández, su familia, así como de los demás integrantes y asesores de Sembrar, es total y exclusiva responsabilidad del Gobierno de Colombia, que ha demostrado especial desidia y negligencia para brindar garantías para el ejercicio de la
defensa de derechos humanos.

Estos actos de intimidación, se presentan en un contexto en el cual líderes, lideresas y organizaciones acompañantes de procesos de exigibilidad del derecho a la tierra y al territorio (retorno, restitución, reclamación y permanencia) vienen siendo objeto de distintas modalidades de agresión contra sus vidas.

La Corporación Sembrar, acompaña líderes, comunidades y organizaciones que adelantan procesos de defensa de su territorio y de restitución de tierras. Actualmente Sembrar acompaña el proceso de retorno voluntario y autónomo de la comunidad de las Pavas iniciado desde el 04 de abril de 2011, en la cual Zoraida Hernández, ha jugado un
papel importante en la asesoría a los integrantes de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires ASOCAB, comunidad desplazada por estructuras paramilitares, el cual ha beneficiado a empresas palmeras
en el Sur de Bolívar, reclamando para ello las garantías necesarias para el retorno a la Hacienda las Pavas.

Zoraida Hernández, es a su vez, vocera del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado desde donde ha dado diversas entrevistas a medios de comunicación respecto a la ley de víctimas y restitución de tierras y recientemente sobre los privilegios a miembros de la Fuerza Pública “detenidos” en guarniciones militares.

El día 4 de abril de 2011, Zoraida Hernández fue una de las voceras de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, en el desarrollo de la Mesa Nacional de Garantías, sobre situación de defensores, defensoras, victimas y organizaciones que reclaman sus derechos a la tierra, los territorios y la restitución, presidida por el Ministro
del Interior y de Justicia y con presencia de diversas autoridades y comunidad internacional.


SOLICITUDES

Dado el inminente riesgo para la vida e integridad personal de la abogada defensora de derechos humanos Zoraida Hernández, solicitamos dirigirse a las autoridades de Colombia a fin de que se les exija:

a) Se adopten especiales medidas de protección (políticas y materiales), de común acuerdo con los beneficiarios, para garantizar los derechos a la vida, integridad y a la libertad de ZORIDA HERNANDEZ PEDRAZA, su núcleo familiar y los demás integrantes de la Corporación Sembrar.

b) Se informe por qué razón el Gobierno de Colombia ha omitido durante más de treinta (30) días, cumplir con los acuerdos de celebrar reuniones de alto nivel, para la adopción de medidas políticas.

c) A los organismos de control y judiciales, que realicen las investigaciones necesarias con el fin de determinar los responsables de los actos de persecución y hostigamiento relatados en esta acción urgente y sean sancionados ejemplarmente.

Bogotá, 18 de abril de 2011


Suscriben,


Corporación Sembrar
Asociación Nomadesc
Fedeagromisbol
Red de Hermandad y Solidaridad- Colombia
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

jueves, 21 de abril de 2011

Argentina apareció el testigo clave!!!!

Sociedad
Abogada del testigo: “Fue llevado por extraños”
Gabriela Scopel, la defensora de Víctor Martínez, quien se encontraba desaparecido desde el lunes, precisó los detalles del cautiverio al que estuvo sometido su cliente. “Parece que lo liberaron por la gran difusión que se ha hecho por parte de Alak y Garré”, consideró. Mirá la entrevista que dio a CN23.
21.04.2011 | 10.12 Comentar | cn23 21-04 1ra Gabriela Scopel, abogada de Víctor Martínez, declaró esta mañana que su defendido "fue llevado" por desconocidos, quienes lo secuestraron, mantuvieron cautivo y luego liberaron.
"Fue llevado por gente que desconocemos. Por lo que él pudo decirle a la esposa, fue mantenido en una habitación. No ejercieron la fuerza con él, le decían qué decir, le daban pastillas, ansiolíticos, para mantenerlo semi-inconsciente", dijo en una entrevista con CN23.
La letrada agregó: "Parece que lo liberaron" por "la gran difusión que se ha hecho por parte del ministro (de Justicia Julio) Alak y la gente que secunda a (la ministra de Seguridad, Nilda) Garré".
Sobre el estado de salud de Martínez, Scopel señaló: “Los médicos le recomendaron reposo, le hicieron los análisis y lo tuvieron en observación. Cuando pueda estar un poco más lúcido, sabremos algo más”.
Martínez fue encontrado esta madrugada mientras caminaba sin rumbo y presuntamente confundido en la avenida Rivadavia, en el cruce con la General Paz, donde pidió asistencia a una persona que consiguió el auxilio policial y fue trasladado a la comisaría 11 de Caballito. El hombre recibió asistencia de un médico policial que corroboró que se encontraba estresado y confundido.
Según fuentes vinculadas a la investigación, el testigo fue interceptado el lunes último en Pringles y Estado de Israel, Villa Crespo, donde desconocidos lo subieron a un auto y luego de una hora de viaje lo introdujeron en una casa, aparentemente en el conurbano.
"Confirmo, apareció Víctor Oscar Martínez", anunció pasada la 1 de hoy la ministra Nilda Garré en su cuenta de Twitter y en su página de Facebook. "Médico legista evaluará su estado. Más info, por la madrugada", añadió la funcionaria.
Martínez, de 52 años, había sido visto por última vez el lunes pasado a las 14, cuando salió de su casa del barrio porteño de Palermo hacia una escribanía a la que nunca llegó, según denunció la familia.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había ordenado que todas las fuerzas de seguridad trabajaran para localizarlo, según informó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, en una conferencia de prensa en la que distribuyó una fotografía del testigo y pidió colaboración de la población.
Garré, por su parte, había ordenado la creación de una división especial integrada por la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos para investigar la desaparición y habilitó una línea telefónica especial para recibir información: 0800 555 5065.
Ponce de León murió en circunstancias sospechosas en un supuesto accidente automovilístico el 11 de julio de 1977, en plena dictadura militar, cerca de la ciudad bonaerense de Ramallo.
En la investigación por la muerte, en la cual Martínez declaró como testigo, el principal imputado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, procesado en varias causas de desaparición forzada de personas.

miércoles, 20 de abril de 2011

Argentina sigue desaparecido un testigo clave

Sigue desaparecido un testigo del juicio que investiga la muerte de un obispo durante la dictadura

20/04/11 - 11:47

Es Víctor Martínez, quien acompañaba al obispo Carlos Ponce de León el 11 de julio de 1977 cuando murió en un accidente automovilístico presuntamente fraguado. Su familia no sabe nada de él desde el lunes.

Víctor Martínez, un testigo clave en el juicio que investiga el presunto asesinato del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León durante la última dictadura militar, permanece desaparecido desde el lunes.


Martínez, de 52 años, fue testigo en la causa que investiga la muerte del obispo Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977, en un accidente automovilístico presuntamente fraguado en proximidades de la ciudad de Ramallo. Martínez, entonces de 19 años, acompañaba al obispo en el viaje que hacía a la Capital para presentar pedidos por ciudadanos desaparecidos en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. El hombre tiene una causa judicial por falso testimonio que le inició el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que investiga la muerte de Ponce de León.


La desaparición de Martínez fue denunciada ayer con un hábeas corpus presentado por la abogada Gabriela Scopel en el Juzgado de Instrucción 28 de los tribunales porteños.


Según relató la letrada a la agencia oficial Télam, Martínez salió de su casa del barrio porteño de Palermo el lunes a las 14 para concurrir a una escribanía a la que no llegó y desde entonces sus familiares desconocen su paradero.


Scopel aseguró que Martínez había sido amenazado de muerte en 2009 y que entonces fue golpeado mientras caminaba con un amigo bajo la advertencia: "No molestes más con San Nicolás porque vos y tu familia van a morir".


La abogada contó que tras el testimonio que brindó cuando se reabrió la causa por la muerte de Ponce de León tras la anulación de las leyes de impunidad, Martínez "recordó cosas que tenía sepultadas por más de 30 años" y se encuentra bajo tratamiento psicológico desde 2007 aunque -aclaró- "no sufre problemas psíquicos".


En la investigación por la muerte de Ponce de León, el principal imputado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, que permanece libre pero procesado en varias causas de desaparición forzada de personas.


(Fuente: Télam)

Prensa

Una realidad con dos
caras, un mismo día
Por Raul Legnani

Si la izquierda pierde la capacidad de identificarse con la gente, si cree que solo hablando por televisión se emiten mensajes y se acumulan fuerzas, si no escucha a la población, si no participa de la lucha política junto
a la ciudadanía, un día pondrá una película sobre la soledad y
se descubrirá a ella misma en la pantalla.

En los días previos al debate en el Senado de la ley interpretativa, promovida por el Frente Amplio, que anula los efectos de la Ley de Caducidad, el Frente Amplio emitió un comunicado llamando a “rodear el parlamento”. En el mismo sentido se “pronunciaron el PIT-CNT, la FEUU, Fucvam, Onajpu, Hijos, Crysol, Familiares de Desaparecidos y otras organizaciones sociales y de defensa de DDHH que conforman la Mesa Permanente contra la Impunidad.

Los porfiados hechos dijeron otra cosa: no se pudo rodear el parlamento, por el escaso público que se hizo presente y que incluso no pudo mantener las barras repletas de ciudadanos.

Sobre las 18 horas por la calle Garibaldi una multitud caminaba hacia el Estadio Centenario, plena de muchachas y muchachos vistiendo camisetas negras y amarillas. Las de Peñarol, claro. En sus manos no iba un solo cartel, ya fuera con la cara de algún jugador de fútbol o de algún niño desaparecido durante la dictadura. En las retinas estaba la bandera.

En ese momento el impacto visual fue grande y sentí, sin ningún dato objetivo, que esos jóvenes no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en el Palacio Legislativo, mucho menos del significado de lo que estaban discutiendo los senadores.

Tuve la más firme sensación de que dos sociedades en un mismo territorio, estaban conviviendo paralelamente, sin encuentros, sin diálogo. Casi como si fuera una sociedad con dos hinchadas que no saben escuchar a la otra. Incluso en el momento de llegar al Parque Batlle me pareció sentir el silencio, la presencia de la nada, pesar de los gritos de la hinchada. El mismo silencio y la misma nada que había en las afueras del Palacio, aunque no había gritos.

Seguramente la mayoría de los integrantes de esa multitud eran firmes defensores de la democracia, de la libertad y del respeto a la vida. Pero en ese día, a esa hora, para muchos compatriotas importaba más una bandera de un club deportivo con historia, que el debate aburrido en la Cámara de Senadores, donde los legisladores volvieron a decir lo mismo que hace 22 años y con mucho menos énfasis sobre las aristas filosas de la verdad y la justicia.

Ya otra bandera, la del Frente Amplio, fue la que casi religiosamente logró congregar a otras caras de jóvenes, lo que permitió cambiarle el ánimo al electorado y darle el triunfo a José Mujica en 2009.

Confieso que esa breve experiencia en la calle me dejó unas horas pensando y fui oscilando de un extremo a otro en mi razonamiento. ¿Quiénes eran lo raros? ¿Los que iban al estadio o los que discutían en el Palacio? O el raro era yo que me estaba cuestionando lo que no valía la pena, lo que es normal en muchas sociedades democráticas.

De esta caminata entre La Republica y mi casa me quedaron más dudas que certezas, aunque hay una que habrá que tener en cuenta: hoy la gente no rodea el Palacio Legislativo por un comunicado de prensa, por más que las razones de la convocatoria tengan toda la justificación. Y mañana tampoco lo hará si alguien cree que solo alcanza con hacer desfilar una bandera gigante.

Si la izquierda pierde la capacidad de identificarse con la gente, si cree que solo hablando por televisión se emiten mensajes y se acumulan fuerzas, si no escucha a la población, si no participa de la lucha política junto a la ciudadanía, un día pondrá una película sobre la soledad y se descubrirá a ella misma en la pantalla.

Quizás en mayo, cuando se vote en Diputados, la izquierda y el movimiento social hayan aprendido que en política no se improvisa y que la participación del pueblo se construye. Parece que el PIT-CNT está en eso. Del Frente Amplio ni noticias.

*Periodista uruguayo, nota publicada este 17 de abril en La República

Prensa Brecha


URUGUAY: MEDIA SANCIÓN CASI PÍRRICA CONTRA LA LEY DE CADUCIDAD


Víctor Hugo Abelando (Brecha)


La forma de plantarse del oficialismo en la discusión y posterior aprobación parlamentaria demostró que el proyecto votado, a pesar de sus fortalezas éticas, tiene sus debilidades políticas. También probó que en el Frente Amplio (fa), más allá de los discursos, coexisten dos lecturas sobre el pasado reciente. Incluso emerge una tercera cuestión: ¿cuál es la forma de incorporar las fuerzas armadas al proceso iniciado en 2005?


Días y horas antes de que el Senado, con los votos del oficialismo, diera media sanción al proyecto interpretativo de la ley de caducidad, el fa parecía haber resuelto su crisis interna sobre el tema, al primar el criterio de la unidad de acción. Fuera de esta última quedaba el senador Jorge Saravia (rebelde impenitente a la decisión de la fuerza política), pero su anunciado voto negativo no era suficiente para impedir la sanción de la norma.


Empero, la renuncia a su banca del senador de la cap-l Eleuterio Fernández Huidobro, ocurrida después de votar positivamente el proyecto, ensombreció el paso dado por los frenteamplistas para terminar con la ley de caducidad. Renuncia que sus pares no salían que habría de producirse y que tampoco fue anunciada cuando los máximos dirigentes del fa se reunieron días atrás para que la unidad de acción primara por sobre las diferencias existentes. Allí Fernández Huidobro anunció que acataría la postura de la mayoría, a pesar de exponer nuevamente la argumentación contraria al proyecto.


En los números ocurrió lo esperado por el Frente, estuvieron los 16 votos previstos (Rodolfo Nin Novoa, también opuesto, fue sustituido por su suplente a la hora de votar), pero en lo político la cosa es diferente. El fa pierde uno de sus principales senadores y deja otra vez en evidencia las diferentes concepciones sobre el tema.


Mal parida


Una comisión frenteamplista trabajó cuatro meses antes de votar en Diputados un proyecto interpretativo de la ley de caducidad que se trancó en Senadores. Los esfuerzos continuaron y el texto fue modificado para asegurar el voto de dos de los tres senadores disidentes. Se tejió y tejió para llegar al proyecto que el martes aprobó el Senado y que ahora deberá volver a Diputados para que allí se aprueben las modificaciones. Es decir, se cumplieron aspectos formales para poder anular la ley de caducidad.


Sin embargo es evidente la existencia de contradicciones y de puntos débiles en la táctica desarrollada para su anulación.

Hoy en el fa hay dos maneras de concebir los derechos humanos. Una que sostiene que los mismos son valores universales, que no pueden ser sometidos a las contingencias nacionales. La contradicción aquí es: si eso es así, por qué los parlamentarios frenteamplistas no resolvieron en el Parlamento con su mayoría y por el contrario se embarcaron en un nuevo plebiscito. La argumentación de que no había sido parte del programa aprobado en 2003 y por tanto no cabía someterla al Legislativo, no fue utilizada para otras leyes que sí se votaron, por ejemplo, el tratado de inversiones con Estados Unidos, o la autorización de enviar tropas a Haití, o la discusión sobre un tlc con Estados Unidos, esto último impulsado desde el gobierno y finalmente desechado antes de llegar a las cámaras.


Lo cierto es que el proyecto con media sanción desconoce dos pronunciamientos populares, aunque resulta evidente que el último tuvo sus trampas por parte de la Corte Electoral (por ejemplo, la imposibilidad de votar negativamente) y que también existió una gran desidia en el fa para trabajar en la búsqueda de voluntades para anular la caducidad. No parece tampoco de recibo suficiente otro de los argumentos esgrimidos para justificar la inconveniencia de la consulta de octubre de 2009: que la razón del fracaso fuera instrumental, por mezclar un plebiscito con una elección nacional. El del agua fue exitoso en los comicios de 2004, en los que ganara por primera vez el Frente.


En contra de las posturas que sostienen que la votación del martes desestimó al “soberano”, uno de los principios republicanos, el senador Enrique Rubio (va) señaló a Brecha que “en la base de la República está el voto ciudadano, pero el otro principio es la separación de poderes. Lo más importante que hizo el Parlamento es devolverle al Poder Judicial todas sus potestades. Ese es el dato más importante, pues en último término lo que puede suceder es que si el juez se rige por la vieja ley, la víctima interpone recurso de inconstitucionalidad como se ha hecho y la corte resuelve. Si el juez se rige por la ley aprobada, el victimario va a interponer recurso de inconstitucionalidad. Y siempre define la Suprema Corte de Justicia”.


Afinando


Tras la discusión de hasta dónde ir en el tema de los derechos humanos existe un trasfondo de diferencias ideológicas y de distintas lecturas del pasado reciente. La forma como el gobierno corteja a los militares, la defensa que Fernández Huidobro hace de algunos militares encarcelados (recuérdese cómo exculpó a Miguel Dalmao del asesinato de la estudiante comunista Nibia Sabalsagaray) o el señalamiento de que por el asesinato de Eugenio Berríos fueron procesados unos “perejiles” (véase entrevista en páginas 2 y 3), más parece formar parte de una lógica de combatientes, que se reconocen iguales en los “errores cometidos”. Para varios dirigentes de la izquierda uruguaya existe ese peligro de unir la “lógica de los combatientes con ese otro ingrediente del nacionalismo. El pensamiento de la izquierda ha ido por otro lado en el tema de los derechos humanos y de los derechos en general. Hubo algunos que estuvieron en la lucha y consideran que ella se terminó cuando fueron derrotados. Y no reconocen que después, cuando ya no estaban hubo terrorismo de Estado contra el pueblo para aplicar un modelo socioeconómico”.


En el fondo, la discusión de cómo resolver el tema de la violación de los derechos humanos opaca otro debate: cómo pararse frente a las Fuerzas Armadas cuando se quiere ir hacia un proceso de transformaciones profundas. El presidente José Mujica, sostienen referentes frenteamplistas, ha dicho con acierto que los militares deben participar de ese proceso. La interrogante es si eso se logra, como aparenta ser el camino iniciado, por una sucesión de concesiones y dándoles el espacio para que se transformen en interlocutores del gobierno cuando se pretende terminar con la impunidad, o por el contrario se trabaja en la concepción gramsciana de convencerlos de la necesidad de los cambios, comprendiendo que no son una corporación cerrada.


LUNES 18 DE ABRIL DE 2011 - COMCOSUR / MONTEVIDEO