viernes, 29 de abril de 2011

Pactos, mentiras y videos

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 29 DE ABRIL DE 2011

LOS INDAGABLES CONTINUAN SU OPERACIÓN PSICOPOLITICA PARA APUNTALAR LA IMPUNIDAD

Pactos, mentiras y videos

Documentos sobre pactos entre guerrilleros y militares, videos que anuncian acciones armadas, declaraciones disonantes de militares retirados y en actividad, operaciones de propaganda y contrainteligencia, debates sobre la constitucionalidad de una ley que declara inconstitucional otra ley, campañas de doctrina jurídica y la velada amenaza de una supuesta resistencia de ex militares a un citación judicial, constituyen el escenario para un inminente replanteo de la pregunta “¿y después qué?” si se anula la ley de caducidad, mientras la marcha del silencio del 20 de mayo promete ser multitudinaria.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

La “operación psicopolítica”, que un grupo de militares “indagables” por crímenes de lesa humanidad lanzó a principios de año, continúa en “ejecución” con acciones “políticas”, de “propaganda”, “jurídicas” y de “inteligencia”, mientras se prepara el ambiente para una eventual acción “militar” en el marco de su definida “misión” de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los presos políticos, militares, policías y civiles”.

La aparición publica del autodenominado “Foro de Libertad y Concordia”, del que un pequeño grupo de militares retirados se constituyeron en voceros públicos, podría ser sólo el inicio de una ofensiva mayor, auspiciada por organizaciones internacionales de ultraderecha que en los últimos años jugaron entre bambalinas durante frustradas intentonas golpistas en Venezuela, Bolivia, y Ecuador, pero consiguieron su propósito con el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras.

En el artículo “La ofensiva de los indagables”, publicado en Caras&Caretas el 4 de febrero, se revelaba un documento interno de los creadores del “Foro” en el que se establecía como “maniobra general y propósito” de la organización, lograr “formar opinión pública, psicosocial y política”, para alcanzar el objetivo de su “misión” que se haría “en principio por medios legales”. Una frase amenazante que ya habían lanzado en su primera carta pública a los mandos militares a quienes advirtieron sobre “extremos a los que no desearíamos llegar jamás”.

En la nota, también se explicaba que el grupo de indagables se había dado una organización encabezada por un “Grupo Coordinador” (integrado por representantes de “tandas” o “generaciones” según el año de promoción de los oficiales retirados) que se distribuiría en diez “secciones” o “grupos de tareas” (“no direcciones ni frentes de trabajo por ser terminología enemiga y no militar”, decían). Las “secciones” se dividían en: “política y psicosocial”, “propaganda”, “jurídica”, “prisioneros”, “familia”, “internacional”, “organización”, “inteligencia”, “militar” y “finanzas y logística”

El grupo de ex militares intentó primero conquistar a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas (que en su gran mayoría se formó después del régimen dictatorial), a través de un “grupo de apoyo” formado en “Facebook” al que rápidamente integraron más de dos mil “amigos” locales y, especialmente, internacionales. Pero la evidente ideología nazi y fascista de un importante grupo de adherentes, sumada a las amenazas a periodistas que desde la web se realizaron, llevaron a disolver la página de Internet.

LOS TIGRES DE PAPEL

Si las tareas de la “sección política y psicosocial” (“ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales”) habían tenido éxito con la aparición pública del grupo, la carta a los comandantes, las reuniones con altas autoridades y la adhesión de dirigentes políticos a su Facebook, sería con las actividades de su “sección propaganda” (“ejecutar acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza”) que los “objetivos” de los “indagables” lograrían su mejor posicionamiento en el ámbito local.

No parece una casualidad que en los primeros días de marzo el semanario “Búsqueda” “filtrara” la existencia de un video de un presunto “Ejército Nacional de Liberación” que anunciaba el inicio de “acciones militares”, sólo días después que se comenzaba a generar un consenso dentro del Frente Amplio para mandatar a sus senadores a aprobar el proyecto de ley interpretativa que busca anular la ley de caducidad. El video, audio o el simple texto difundido generó un escenario político de idas y venidas, declaraciones y contraaclaraciones, que terminó esta semana en una interpelación a los ministros de Defensa y de Interior.

Y cuando todavía no se había apagado el incendio mediático sobre si el presidente José Mujica había visto o no la filmación, si los servicios de inteligencia eran o no capaces de encontrar su origen y la propia justicia intervenía de oficio ante la amenaza del ENL de rescatar por la fuerza a los criminales de lesa humanidad presos en la cárcel de Domingo Arena, un nuevo “documento” terminó apareciendo, esta vez en El Observador”, para plantear que en 1987 dirigentes del MLN – Tupamaros habían hecho un “pacto” con la militar “Logia Tenientes de Artigas” para cerrar el tema derechos humanos.

El nuevo documento, golpeó la interna del Frente Amplio que en esos días había votado en el Senado la ley interpretativa de la ley de caducidad, y particularmente la interna de los propios tupamaros, cuando uno de sus principales referentes, el senador Eleuterio Fernández Huidobro había acatado el mandato de su partido al votar una norma con la que no estaba de acuerdo, para de inmediato presentar renuncia a su banca. A las críticas y contracríticas por la renuncia, se sumó la exhumación de los pactos o charlas que con los militares existieron desde la tregua armada del Batallón Florida en 1972.

El presunto documento de acuerdo, catalogados por unos como una “traición”, por otros como un insulto al líder Raúl Sendic (que aparecía mencionado) y por otros referentes históricos tupamaros como una clásica maniobra de contrainteligencia, todavía no ha terminado de generar sus repercusiones, en un escenario político tenso en el que el partido de gobierno muestra contradicciones ante las cuales algunos dirigentes de la oposición buscan sacar provecho, reclamando la dimisión de ministros, cuya permanencia en el cargo terminó siendo expresamente confirmada por el gobierno.

JUSTICIA PARA TODOS

Mientras los medios de comunicación asocian y disocian el video, el pacto, la ley interpretativa, los plebiscitos, el tribunal de conducta para el senador Jorge Saravia, los futuros planteos de inconstitucionalidad sobre la ley que todavía no se aprobó, los festejos de los Tenientes de Artigas cuando el general Lino Oviedo dio un golpe en Paraguay, la reestructura de la institución militar o la sugerencia del ministro de Defensa de debatir la existencia misma de las Fuerzas Armadas, otro de los escenarios previstos por los “indagables” sigue su curso: el del debate jurídico.

La “sección jurídica” se programó con el cometido de “ejecutar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el “derecho penal del enemigo”, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)” decía el documento germinal del grupo de ex militares que procura no ser convocado por sus violaciones a los derechos humanos. Y así lo vine haciendo desde tiempo atrás, a través de largas cartas publicadas por algunos presos en Domingo Arena, que hicieron un curso acelerado de derecho o sólo firman los escritos de algunos juristas contratados.

En el mismo escenario, se realizaba ayer un primer seminario sobre el tema con conferencias del ex fiscal Miguel Langón y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez, quien pocas semanas atrás ya había salido a la opinión pública, junto al ex presidente Jorge Batlle, para criticar una sentencia de la jueza penal Mariana Mota en la causa por la que fue procesado el torturador Carlos Calcagno (detenido por la desaparición forzada de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Izaurralde en 1977), quien próximamente también sería encausado por el asesinato de Humberto Pascaretta.

Aunque el caso fue laudado por un Tribunal de Apelaciones que dio razón a la jueza Mota, el tema volvió a ser tocado esta semana en El País por el “duende” Daniel Herrera Lussich quien salió a alertar sobre un “tsunami” de impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad sobre la ley interpretativa cuya votación, finalmente, el Frente Amplio aceptó posponer para el próximo 20 de mayo. La fecha en que se procura organizar la mayor marcha del silencio en los 16 años que se vienen reclamando contra la impunidad el día que en 1976 fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires.

El tema de fondo, sin embargo, sigue siendo el pronunciamiento que la Suprema Corte de Justicia pueda dar a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze en la causa del “Segundo vuelo de Orletti” donde el Ministerio Público pide que los crímenes de los militares procesados se tipifiquen delitos de lesa humanidad. Si así fuera, el debate jurídico dejaría de existir porque las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura serían delitos inamnistiables, imprescriptibles y perseguibles sea cuando fuera la fecha de su realización, como establece el derecho internacional.

EL JUEGO DEL MIEDO

En su ofensiva, los indagables continúan sus acciones a favor de los presos en Domingo Arena y sus familias, procuran fortalecer su organización buscando las simpatías de la interna militar, realizan finanzas para su logística, y reafirman sus conexiones internacionales con el grupo UnoAmérica (que coordina las sectores conservadores en el continente y ha auspiciado intentos de golpe de Estado en varios países), y con grupos de ultraderecha europeos y norteamericanos, que ven con buenos ojos que cesen los gobiernos progresistas latinoamericanos.

Sin embargo, dos de las “secciones” de la organización de ex militares, son las que más preocupan a los servicios de seguridad del Estado: el grupo de tareas de Inteligencia (que se propuso “ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación”) y el grupo de tareas “militar” (que se plantea “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”). En particular porque en torno a los centros, clubes y cooperativas militares se han enquistado algunos de los más comprometidos violadores de los derechos humanos y por la ambigua definición de “otras fuerzas amigas” que daba el documento original.

En su claro propósito de mantener el “pacto de silencio” que les permite su impunidad, los indagables todavía no parecen haber jugado todas sus cartas para generar temor en la sociedad civil, pero ya comenzaron a practicar el “juego del miedo” que se utilizó en otros períodos. El propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general (av) José Bonilla (el mismo ex comandante que le devolvió una bandera de los tupamaros al presidente Mujica), salió esta semana a afirmar que si se aprueba la ley interpretativa para anular la caducidad, “el que sabe algo no lo va a decir porque iría a prisión”. Y concluyó que “no puede haber verdad si hay Justicia”.

El objetivo de volver a plantear el “¿y después qué?”, que había acuñado Wilson Ferreira Aldunate para justificar la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986, promete ser una de las próximas operaciones que se plantearan en el escenario político uruguayo, sin tomar en cuenta que desde aquel año hasta la fecha son precisamente las verdades encontradas lo que más impulsa al reclamo de justicia. Cuando se aprobó la Ley 15.848 no se había confirmado que había niños desaparecidos, ni que existían cuerpos enterrados en unidades militares, ni que medio centenar de desaparecidos en Argentina en realidad fueron trasladados a Uruguay para su ejecución sumaria, como ocurrió con los “fusilados de Soca” en 1974, aunque los “repatriados” del 76 y el 78 luego fueron enterrados, probablemente en fosas comunes, y eso es lo que no se quiere admitir.

Mientras el juego del miedo crece (el ex general Ricardo Galarza definió a su “enemigo” al decir que “las organizaciones de derechos humanos reemplazaron a los terroristas”) y algunos funcionarios alertan sobre algún “alzamiento” al estilo de los “carapintadas”, el gobierno también comenzó a recibir críticas de los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes señalaron públicamente su preocupación por el retroceso que se ha tenido desde la asunción del presidente Mujica. “Estamos bastante mal en Familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", dijo Luisa Cuesta, madre de un desaparecido.

La denuncia judicial continúa siendo el escenario que mayores expectativas genera entre las víctimas, que a las indagaciones en curso sobre el la muerte de Norma Cedrés, las 19 muertes por tortura durante el mandato de Juan María Bordaberry, los casos Gelman, Fusilados de Soca, el secuestro de los niños Julién, y las desapariciones de Gelós Bonilla y Julio Castro, ya han agregado denuncias en las que, por primera vez, se plantea la tortura como un crimen de lesa humanidad. A la que ya presentaron quienes sufrieron apremios en Boisso Lanza, se agregarían en breve otra sobre lo ocurrido en el Regimiento de Caballería Nº 9, a la que seguirían similares causas por otros centros de detención. Decenas de ex militares podrían estar implicados en esos delitos.