sábado, 16 de abril de 2011

Serpaj


Montevideo, 15 de abril de 2011

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Uruguay) ante comentarios realizados por integrantes de las asociaciones de retirados militares en medios de prensa y en el marco de sus conmemoraciones del día 14 de abril, al referirse a las organizaciones de derechos humanos como ?grupos terroristas? expresa:

  • SERPAJ es una organización de promoción, educación y defensa de los derechos humanos que durante 30 años ha trabajado por la estabilidad, la profundización del Estado de Derecho y la institucionalidad del país, entendiendo que los avances en la materialización de los derechos humanos son indicadores claves del grado democrático del mismo.
  • Los derechos humanos son un todo integral, indivisible e interdependiente por cuanto la conculcación de alguno de ellos vulnera el sistema en su totalidad. La verdad y la justicia son derechos humanos. Un país que no los garantiza no puede desarrollar un tejido social sano para la convivencia plural y pacífica.
  • La persistencia de representaciones sociales que conceptualizan a quienes disienten como enemigos, hoy encarnados en la figura de terroristas, da cuenta de un estancamiento en los procesos de autocrítica y diálogo democrático. A esta señal ya grave se suman las reiteradas prácticas de amedrentamiento y amenazas de ?quiebre institucional?, cada vez que la sociedad uruguaya ha dado algún gesto de avance frente a la consecución de los derechos a la verdad y la justicia.

La historia señala por cierto, que el terrorismo en nuestro país ha sido una práctica del Estado (mediante la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de niños a cientos de miles de uruguayas y uruguayos dentro y fuera del territorio nacional), desarrollada -entre otros- por aquellos sectores que hoy denostan a las organizaciones de derechos humanos.

  • Por último, esta organización de derechos humanos quiere recordar que siempre sostuvo que a las personas juzgadas -o pasibles de serlo- por las violaciones a los DDHH cometidas en nuestro pasado reciente, debe garantizárseles el debido proceso y todas las garantías jurídicas que dicta la normativa vigente, las que le negaron a sus víctimas.