sábado, 5 de mayo de 2012

Persecución en España a un uruguayo


Comienzan las expulsiones de inmigrantes por participar en protestas

3 mayo, 2012 | Filed underPortada | Posted by larepublica.es
Las expulsiones de inmigrantes ya hace tiempo que están en marcha con especial crudeza, pero ahora el gobierno ha dado un paso más y empiezan las expulsiones de aquellos que hayan participado en protestas. Echan a Jose. Desde que llegó a España, José no ha parado de colaborar en organizaciones en defensa de los derechos civiles y las minorías en Canarias.
José es uruguayo de nacimiento, pero sus últimos diez años en España y su hija canaria le hacen sentirse canario como el que más.
El pasado 10 de febrero, en torno a 150 personas se concentraron frente a la sede del Partido Popular de Lanzarote. Protestaban en contra de los planes de extracción de petróleo en las costas de Lanzarote y Fuerteventura durante la visita del del Ministro Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria. Fue una más de las muchas concentraciones a las que José asistió.
La concentración fue pacífica, como merece cualquier ejercicio de ciudadanía responsable. Pese a ello, escasos días después, José recibió una sanción administrativa de 400 euros. Y ahora le quieren expulsar.
José no se explica cómo pueden acordar una orden de expulsión por una simple concentración de protesta. No hubo constancia durante la concentración de ninguna detención o denuncia, ni siquiera de ninguna identificación por parte de la Policía. José cree que detrás de esta sanción hay un trasfondo político, una persecución hacia una persona con posición administrativa frágil por su condición de extranjero.
José simplemente cree que “quieren quitarle de en medio”.
Carmen estaba aquella tarde en la sede del PP. Es una “vieja amiga” de José, y no se explica cómo una persona que ha hecho tanto por los canarios puede ser expulsado como si nada. Por eso Carmen ha creado una petición en Actuable, para dar a conocer el caso de José y anular su expulsión.
Como Carmen, diversas organizaciones civiles, fundaciones y representantes políticos de Canarias han criticado la orden de expulsión por considerarla “desproporcionada” y “arbitraria”