Jueza cita a 20 retirados por desaparición en Maldonado
Gobierno. Rechazó que FF.AA. defiendan a ex represores
Desde la semana que viene, unos 20 militares retirados deberán declarar ante la Justicia. El gobierno advirtió ayer que "no es admisible" que las Fuerzas Armadas asuman como institución "la defensa de personas indagadas por varios delitos".
A partir del próximo lunes 7, una veintena de militares comparecerán ante la jueza penal Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea, quienes indagan la muerte de Horacio Gelós Bonilla, desaparecido a principios de 1976 estando detenido en el batallón de ingenieros de combate N°4 con asiento en Laguna del Sauce, Maldonado.
Gelós Bonilla integraba el Partido Comunista y se estima que sus restos habrían sido sepultados en un predio próximo al aeropuerto de la Laguna.
La jueza Mota y la fiscal Tellechea tienen previsto interrogar a militares retirados los próximos días 7, 8, 10 y 14 de febrero, a razón de cinco militares por día, dijeron fuentes del caso consultadas por El País.
Las mismas magistradas tienen a su cargo otros 19 casos de homicidio y desaparición que se indagan en forma conexa al juicio que se sigue contra el ex dictador Juan María Bordaberry, aunque por esos hechos todavía no se fijaron audiencias.
Por otro lado, la defensa del coronel (r) Tranquilino Machado -a cargo de los abogados Miguel Langón y Graciela Figueredo- presentó ayer un escrito solicitando el diligenciamiento de nuevas pruebas antes de que el juez Sergio Torres decida si procesa al militar por el asesinato de Ramón Peré en julio de 1973.
Langón dijo a El País que entre otras cosas se pidió al magistrado la posibilidad de analizar las piezas anatómicas de los restos de Peré como forma de probar que Machado no fue quien disparó el arma que terminó con la vida del joven. Las pericias ofrecidas serán realizadas por el forense Guido Berro.
"NO ES ADMISIBLE". En tanto, el gobierno señaló ayer que "no es admisible" que "se intente que las Fuerzas Armadas asuman como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos".
En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, leyó un comunicado de dos carillas que marca la posición formal del gobierno ante el Foro Concordia y Libertad, integrado por militares retirados y en actividad que reclaman acciones para que no haya más procesamientos por delitos ocurridos en la dictadura.
El comunicado señala que para "la convivencia armónica" es necesario "el respeto integral de las normas constitucionales y legales que la sociedad uruguaya ha construido a lo largo de su historia".
A su vez, la nota resalta que "el Poder Ejecutivo respaldará con sus instituciones en forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial".
Rosadilla indicó ayer que el Foro Concordia y Libertad entregó una carta con sus pedidos a los comandantes de las tres fuerzas ya que él autorizó esas reuniones.
"Por tanto -dijo el ministro- no se trata de una actividad política sino de una actividad reservada en la que una organización como muchas otras solicita ser recibida para entregar una nota".
Breccia, por su parte, señaló que "de ninguna forma" los dichos formulados en la carta del grupo implican "una amenaza". Sin embargo, el funcionario advirtió que "contiene descalificaciones hacia algunos de los poderes legítimamente constituidos del Estado. Instamos a cesar con esa actitud".
PIT. En tanto, el Secretariado del Pit-Cnt calificó ayer como "tibia y tímida" la respuesta del gobierno al planteo de los militares aglutinados en el Foro Libertad y Concordia.
"Preocupa que se produzca un llamado a desconocer las citaciones de la Justicia y que no haya una contundente declaración del poder político", según dijo el dirigente sindical Washington Beltrán.
El Secretariado resolvió reunir el jueves a la comisión de Derechos Humanos de la central para organizar una movilización junto con otros grupos que venían apoyando la anulación de la ley de caducidad.
Van Rompaey: los jueces "no van a ceder ante amenazas"
"¿Y qué le parece?" Esa fue la escueta respuesta del presidente José Mujica ante la consulta de un periodista sobre si su presencia en la asunción de Leslie Van Rompaey como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) era una señal de apoyo al Poder Judicial tras los cuestionamientos de militares retirados que reclaman que no haya más procesamientos por hechos de la dictadura.
En forma casi inesperada, Mujica junto el secretario y prosecretario de la Presidencia, Alberto Breccia y Diego Cánepa, asistieron a la ceremonia protocolar realizada en la mañana de ayer en el Palacio Piria, sede de la SCJ.
Hasta el lunes, la Corporación no tenía confirmación respecto a la asistencia de ningún jerarca del Poder Ejecutivo, pero al final de la tarde de ese día, la Presidencia anunció que Mujica asistiría al evento que marcó el inicio de la actividad judicial de 2011.
En su discurso, Van Rompaey agradeció la presencia de Mujica porque "honra al Poder Judicial". No es habitual que los presidentes asistan al acto de apertura de los tribunales. Así procedió durante su gobierno Tabaré Vázquez, ya que a esos eventos concurría el entonces vicepresidente Rodolfo Nin Novoa.
"Yo lo entiendo como un apoyo institucional al principio constitucional de la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial", dijo Van Rompaey sobre la presencia de Mujica.
Luego, en rueda de prensa, Van Rompaey resaltó que los jueces "no van a ceder ante amenazas o presiones provengan de quien provengan". Agregó que "todos los ciudadanos" van a ser juzgados según lo que dispone la ley.
Poder Judicial. Concentrará esfuerzos en "acelerar" los procesos de 1ª instancia
Van Rompaey: "La justicia tardía es, en los hechos, una denegación de justicia"
El Poder Judicial centrará sus mayores esfuerzos en "acelerar" los procesos de primera instancia, según afirmó el novel presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey. "La justicia tardía es, en los hechos, una denegación de justicia", expresó el ministro.
Asunción. Van Rompaey asume la presidencia de la SCJ en sustitución de Chediak.
El doctor Leslie Van Rompaey asumió ayer como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por segunda vez desde su designación como ministro del máximo órgano del Poder Judicial en febrero de 2002, con la "firme" intención de acelerar los tiempos de emisión de sentencia en los procesos de primera instancia.
Las estadísticas elaboradas por la Corte han detectado "un paulatino, pero incesante incremento" en la duración de los procesos de primera instancia, lo cual no fue causado "por la acumulación de asuntos", habiéndose detectado algunos "problemas de gestión", expresó Van Rompaey durante el acto de reapertura de los Tribunales.
Por este motivo, la Corte estima necesario entablar un diálogo con operadores judiciales (jueces y actuarios) como forma de mejorar "sensiblemente" los tiempos de gestión, por cuanto la demora en la dilucidación de los procesos, principalmente en conflictos de raigambre social, puede generar "frustración" en los justiciables. "En el proceso, el tiempo no es oro, es Justicia, y la Justicia tardía es, en los hechos, una denegación de Justicia", dijo Van Rompaey, parafraseando al maestro Eduardo Couture.
"Los vacíos y tiempos muertos pueden ser superados aplicando una diligencia y un compromiso mayor con la brevedad de duración de los procesos", para lo cual vienen desarrollándose seminarios y talleres en procura de detectar las falencias y puntos muertos de los procesos. "Tenemos seguridad que en 2011 vamos a lograr avances significativos", vaticinó Van Rompaey.
En este sentido, Van Rompaey contrastó lo acaecido en los Juzgados de Primera Instancia, con la actual realidad de los Tribunales de Apelaciones (cinco meses promedio para el dictado de sentencia) y la propia Corte, cuyos plazos de emisión de sentencia son "históricamente" bajos. "Una de las metas (cuando asumimos) era la aceleración de los tiempos de los procesos en la Corte, y hemos logrado con creces ese objetivo", señaló Van Rompaey.
Asimismo, Van Rompaey dijo aguardar una rápida sanción parlamentaria del proyecto de reforma del Código General del Proceso (CGP), elaborado por la Corporación, como forma de acompañar los impulsos por mejorar los tiempos de duración de los procesos.
"Esa magnifica obra, que cumplió más de 20 años, hoy necesita algunos retoques que no afecten sus estructuras fundamentales, pero que nos permitan contar con instrumentos que unifiquen los criterios jurisprudenciales y avanzar en este propósito fundamental de superar el problema de la demora judicial".
Los principales cambios propuestos por la Corte radican en la disminución de los plazos de prórrogas entre audiencias, como forma de evitar su utilización como chicanas jurídicas por parte de los abogados o demoras indebidas por parte de los jueces, y el perfeccionamiento de la etapa de ejecución de sentencia, según explicó Van Rompaey a LA REPUBLICA. "Esperemos que el Parlamento nos acompañe en esta iniciativa".
El acto de apertura de los Tribunales contó con la presencia del presidente de la República, José Mujica, el secretario de la Presidencia Alberto Breccia, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, y diversas figuras del ámbito judicial.
El novel presidente de la Corte destacó, especialmente, durante su alocución la presencia del Presidente de la República. "Su presencia en este acto honra al Poder Judicial uruguayo (siendo) algo más que un acto más de cortesía o deferencia institucional: lo entiendo como un apoyo institucional al principio constitucional de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial", dijo Van Rompaey.
Pit-Cnt anuncia "amplia movilización" contra dichos de Gilberto Vázquez
El Pit-Cnt emitió un comunicado en respuesta a los dichos del coronel retirado Gilberto Vázquez.
El militar, que actualmente se encuentra preso en la cárcel de Domingo Arena, justificó la tortura y las desapariciones en una entrevista concedida al matutino Últimas Noticias.
Ante esta situación, la central obrera expresa en la misiva su "repudio al contenido de las declaraciones de Gilberto Vázquez quien admite e intenta justificar la utilización de métodos inadmisibles y execrables como la tortura".
Además, se anuncia que se convocará en los próximos días a las organizaciones sociales para "reunirse y analizar el tema, sus implicancias y repercusiones". También se dice que se buscará coordinar "una respuesta organizada de rechazo a todas las expresiones que no contribuyan a la construcción de una sociedad democrática".
En tal sentido, el movimiento sindical propondrá como elemento central la realización de una "amplia movilización" en la que "se dé lectura a una proclama reafirmando el compromiso de los trabajadores y el pueblo uruguayo en defensa de la democracia, la verdad y la justicia".
Frente y Pit-Cnt buscan respaldo contra declaración de foro militar
Militares. Procesados salieron a desmentir su participación en torturas
El Pit-Cnt y el Frente Amplio buscan que el sistema político y los sectores sociales rechacen las declaraciones de militares en defensa de sus camaradas procesados. Ayer hubo caceroleos en distintos barrios y frente a la cárcel de Domingo Arena.
El coordinador del Pit-Cnt Juan Castillo reclamó una respuesta "más contundente" del gobierno a la declaración del Foro Libertad y Concordia que reclama a los comandantes de las tres armas apoyo para los militares procesados y los que serán llamados a declarar por torturas durante la dictadura.
"Escuchamos respuestas de blancos y colorados que admitían que hay un tono desafiante en los dichos de los militares, otros dijeron que no se puede permitir amenazas a la democracia. Ese tendría que ser el tono de la respuesta del gobierno", afirmó Castillo a El País tras participar de una caceroleada en el Parque Líber Seregni.
Ayer hubo caceroleos en distintos barrios y frente a la cárcel de Domingo Arena contra el planteo de los militares. La iniciativa surgió en distintos grupos de internet y recibió el apoyo del Pit-Cnt.
Hoy el secretariado de la central resolverá promover una movilización masiva contra la iniciativa militar.
La Mesa Política del Frente Amplio emitió ayer su "absoluto rechazo" a la carta del Foro Concordia y Libertad y anunció que hará contactos con el resto de los partidos políticos en busca de lograr un cuestionamiento de todo el sistema político a las advertencias emitidas en la misiva, según dijeron a El País participantes del encuentro.
A su vez, decidieron convocar al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, para la reunión del próximo lunes para conocer el accionar de la cartera una vez difundida la carta.
"Queremos saber qué pasos se dieron", resumió un dirigente frenteamplista. Además de Rosadilla, un representante de las bases del interior propuso sumar a la convocatoria a las autoridades del Ministerio del Interior, aunque esa propuesta fue rechazada por el resto de la dirigencia.
A través de una declaración la Mesa Política expresó su "absoluto rechazo al contenido y los objetivos" expresados en la carta y destacó la "más firme defensa de la institucionalidad democrática, los Poderes del Estado, muy en particular denunciando la pretendida presión al Poder Judicial.
Divididos. "Vázquez está loco, no representa a nadie y está solo", aseveró a El País uno de los integrantes del Foro Concordia y Libertad en referencia a la justificación del uso de la tortura que hizo el coronel (r) Gilberto Vázquez en la edición de ayer a Últimas Noticias.
El episodio dejó en claro las diferencias entre los militares procesados que conviven en la cárcel de la calle Domingo Arena. En la tarde de ayer los coroneles (r) Carlos Calcagno y Jorge Silveira; el teniente (r), José Sande; y los capitanes (r) Ricardo Medina, José Arab y Juan Carlos Larcebau firmaron una declaración en la que niegan su participación en torturas.
"Ante las recientes declaraciones del coronel (r) Gilberto Vázquez (...) deslindamos responsabilidad por los hechos y circunstancias allí expuestas y no compartimos lo manifestado en las mismas", afirmaron.
Ayer la coordinadora del Foro Libertad y Concordia volvió a reunirse y resolvió que hoy emitirá un nuevo comunicado detallando su posición. Hasta ayer habían entregado a los comandantes del Ejército, Jorge Rosales, y de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, una carta en la que solicitan apoyo para los militares procesados y los que serán llamados a declarar próximamente.
El vocero del Foro, Juan Carlos Araújo, señaló que ambos comandantes dieron "su apoyo personal a la iniciativa" aunque remarcaron que mantienen su "responsabilidad institucional".
Gobierno no admitirá desacato ante la Justicia
El Poder Ejecutivo emitió un comunicado en el que se mostró en contra de los dichos emitidos por el grupo de militares retirados "Foro Libertad y Concordia" sobre la posibilidad de no respetar las determinaciones de la Justicia. "En el ejercicio de este derecho, todo ciudadano tiene la potestad de emitir opiniones discrepantes con lo actuado por la Justicia, pero a ningún ciudadano se le admitirá no acatar lo resuelto por ella."
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, se encargaron de la lectura del comunicado, que también destaca la exclusión de las Fuerzas Armadas de la política. "No es admisible que las FF.AA. asuman como institución la defensa de personas indagadas por distintos delitos."
La carta emitida por el gobierno destacó la salud de la democracia en el país y la vigencia de las instituciones.
Gilberto Vázquez justificó la tortura por móviles económicos
31.01.2011 | 7.32 El Espectador
Por una parte, 15 militares fueron citados por la jueza Mariana Mota por el crimen del edil frenteamplista Gelós Bonilla, asesinado en enero de 1976 en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce.
Además, ocho militares más serán citados por la ejecución del militante comunista Ubagesner Chávez Sosa, en la Base Aérea Boizo Lanza.
Según el matutino La República, otros militares serán citados por la muerte de Aldo Perrini Guala en el batallón de Infantería de Colonia.
En tanto, el coronel retirado Gilberto Vázquez dijo que la decisión de desaparecer gente durante la dictadura respondió a “razones económicas” y aseguró que la tortura “era útil y necesaria”.
En una entrevista desde la cárcel de Domingo Arena a Ultimas Noticias, Vázquez dijo que “no había más remedio” que recurrir a ese método de interrogación y admitió que “con algunos se nos fue la mano”.
“Se hacía lo que hiciera falta para tener información porque del otro lado estaba la vida de nuestros soldados y la Paz de la República” dijo el militar quien agregó que “era algo doloroso, triste y lamentable” pero “no había más remedio”.
Vázquez dijo que en Uruguay “fueron veinte” las personas que hicieron desaparecer y argumentó estas acciones por el “drama económico” que vivía el país.
“El país se salvaba por el turismo y se necesitaba dar una sensación de tranquilidad para favorecer la inversión”. “La orden fue que cuando muriera alguno, no apareciera. Esto vino de arriba. Fue por razones económicas y parecía razonable” dijo el militar.
Vázquez dijo también que los uruguayos que retornaron desde Argentina en el “primer vuelo” no fueron rescatados por “cuestiones humanitarias” sino porque “eran fuentes de información”.
El coronel retirado calificó la muerte de Maria Claudia García como un “daño colateral” y dijo estar orgulloso de haber participado en la dictadura.
Organizaciones sociales y particulares convocaron mediante Facebook a un caceroleo esta noche sobre las 21 horas para manifestarse contra los militares retirados que la semana pasada dieron a conocer una carta en la critican y rechazan las nuevas citaciones a la Justicia.
“¿Hasta cuándo vamos a permitir que los militares sigan amenazando al pueblo y a la Justicia? No basta con escribir en el Facebook y poner ‘me gusta’, ¡hay que salir a la calle y hacerse oír, demostrar que no nos dejamos intimidar por criminales y no pasarán! ¿qué vamos a esperar? ¡Unidos y adelante por memoria, verdad y justicia!”, dice el comunicado.
En el grupo de Facebook, creado especialmente para esta convocatoria, se indica que “los uruguayos que estén en el exterior podrán movilizarse frente a la embajada”.
"Mucha gente no nos quiere"
Jefe militar lamentó situación del general Dalmao
CERRO LARGO | NÉSTOR ARAUJO
El jefe de la División de Ejército IV, general Pedro Aguerre, quien sustituyó al general Miguel Dalmao -primer militar en actividad procesado con prisión- lamentó tener que ocupar su lugar en estas circunstancias, pero reconoció que "en un estado de derecho hay que respetar las normas".
Indicó que Dalmao está pasando por una situación muy difícil. "Hablo periódicamente con él, me hubiera gustado relevarlo en febrero, pero el Ejército es una institución que tiene 200 años y va a tener 200 más; la situación de Dalmao se va a aclarar y va a seguir todo como corresponde", sostuvo.
En relación a la carta de los retirados militares, Aguerre explicó: "los militares tenemos dos estados, el pasivo (los retirados) y el activo, que somos nosotros, que además de regirnos por las mismas normas que un ciudadano común, nos aplican los reglamentos del servicio: Código Penal Militar y Tribunales Honor, por lo que hay cosas que no deberíamos decir".
Explicó que cumplidos los cuatro años de retiro, los ex oficiales pierden la dependencia disciplinaria natural y dependen del Ministro de Defensa, "mientras los activos dependemos del Comandante en Jefe, por lo cual una vez que pasan a ser población civil tienen todo el derecho a dar su opinión. Militares somos desde que entramos a la escuela militar hasta que morimos, pero estando en actividad estamos sujetos a normas y no podemos decir ciertas cosas".
Y agregó: "Entiendan que el Ejército esta pasando por una situación difícil, hay mucha gente que no nos quiere, la circunstancia que nos toca vivir a los que estamos en actividad es difícil, pero con inteligencia lo vamos a superar; de las crisis salen las oportunidades".
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