viernes, 4 de febrero de 2011

Compatriotas en México

URUGUAYOS RESIDENTES EN MÉXICO

CARTA ABIERTA

Los que abajo suscriben, uruguayos residentes en México, queremos expresar la indignación que nos producen los documentos y declaraciones de militares retirados realizadas en días recientes y coincidentes con la reapertura de la actividad del Poder Judicial. Las amenazas y las descalificaciones contra la justicia nacional, las presiones que pretenden ejercer sobre distintos órganos del Estado, incluido el presidente de la República, constituyen una confirmación de la carencia de espíritu democrático y un cuestionamiento al estado de derecho que espeja los criterios que llevaron a las Fuerzas Armadas, en alianza con grupos civiles, a violar el orden institucional en 1973 a implantar una cruenta dictadura.

El citatorio para que varios militares se presenten ante los tribunales civiles en los próximos días para rendir cuentas por su participación en diversos crímenes de lesa humanidad ha producido una cadena orquestada de pronunciamientos que no deben ser tolerados por un Estado democrático en tanto constituyen un acto preparatorio de futuras insubordinaciones. La exaltación del delito, la justificación de la tortura y la desaparición forzada, la exigencia para que el presidente de la República coarte el derecho de las víctimas a presentar acción judicial, constituyen una violación intrínseca de las normas constitucionales del país y de los convenios internacionales que el Estado uruguayo ha suscrito. Son además una ofensa a la sensibilidad contemporánea, no sólo de los uruguayos sino de la humanidad en su conjunto.

La obligación del gobierno es la enérgica reacción en defensa de la institucionalidad democrática. Estos ciudadanos deben presentarse ante los tribunales y estar a lo que ellos dispongan. El Estado uruguayo debe además ponerse como meta la adecuación de sus normativas a los convenios internacionales suscritos, condición imprescindible para su pertenencia a los organismos de ese rango.

Uruguay no reconoce la existencia de corporaciones, menos aún las armadas que demostraron ser capaces de desestabilizar por más de una década al país. En Uruguay, todos debemos ser iguales ante la ley, como indica la Constitución.

Carlos Onetto, Eduardo Sosa Díaz, Gerardo Mendive, Laura Riboni, Daniel Braidot, Ana Buriano, Rubén Montedónico, Ana Puchet, Ma. Verónica Gómez, Iván Altesor, Juan Roig, Néstor Daniel Soderguít, Silvia Dutrénit, Alfredo Rajo, Beatriz Cingerli, Sara Giambruno, Mónica Dutrénit, Miguel Echenique, Hugo Morel, Carlos Palleiro, Jorge Gebelin, Julio Diana da Silva, Diana Cardozo, Saúl Ibargoyen, Guillermo Esquivel, Héctor Barbone, Myriam Cardozo Brum, Mario L. Calcagno, Ricardo Aostalli, Paola Gericke, Anacelis Ojeda, Rodrigo Puchet, Clara Puchet, José Luis Detta, Carmen Silveira, Osvaldo San Giácomo, Mario García, Gabriela Fadol, Walter Martínez, Emiliano Martínez, Silvia Elís Martínez, Ricardo Mass, Ibraim Ford, Marta De León, Ruben De León, Leonardo Traversoni, Daniel Coitiño, Raquel Rodríguez, Enrique Guisande, Leticia Machado, Blanca Machado, Elena Gil, Oscar Lapuente, Vanessa Buzó, Mariela Andrade, Daniel Abascal, Federico Falkner, Ana Moraña, Marcela San Giácomo, Alejandra Elizalde, Washington Daniel Grosito, Margarita Forische, Leo Weinberger, Pablo Weinberger, Beatriz Cavallotti, Nely González, Aldo Scaroni, José Pablo Ferreira, Gerardo García Naumis, Susana Pilar Susana Burgueño, Lery Bentancurt, Mariela Fuentes, María del Rosario Pasek, Jorge Eduardo Brioso, Ana María Parnás, Silvia Font.

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