Página 12.
Revelaciones de Videla sobre la complicidad de la Iglesia Católica
Buenos Oficios
Videla habló con una revista de Córdoba
sobre la complicidad de la
Iglesia Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y
Primatesta y el testimonio de un ex sacerdote. No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la
cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos
oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos
garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado
a Videla.
Por Horacio Verbitsky
El ex dictador Jorge Videla dijo que
el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica
de la Argentina Raúl
Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal
asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas
detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el
gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo
hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el
conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la
dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el
Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un
involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera
tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.
Diálogos
en la cárcel
El reportaje con la revista cordobesa El Sur,
que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos
al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo
se divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo
Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo
detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se
extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad
cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en
ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de
la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados.
Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el
locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de
pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de
los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición
que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta
en la carta manuscrita que se reproduce aquí.
Como en aquellas otras entrevistas y en sus
alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por
los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo
Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno
democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las
torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que
esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción
otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen
esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus
camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos
entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el
’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”.
Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la
contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista,
nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una
flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para
cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y
que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se
quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró
a la Comisión
Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron
que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos
efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy
anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril
de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva
del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también
integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal ,
Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.
Primatesta hizo referencia a las
desapariciones producidas durante la
Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado
cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que
“sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una
línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo
más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están
sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una
serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder
sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a
los secuestradores y asesinos. El detalle de este diálogo consta en una minuta
que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó
el almuerzo para enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue
reconocida por la
Conferencia Episcopal , que hoy preside el arzobispo de Santa
Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina
Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla
describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica
con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter
institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en
Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al
gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y
garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había
ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de
la entrevista sobre el tema:
–No deja de llamar la atención la forma en
que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted
es un tema pendiente.
–La desaparición de personas fue una cosa
lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi
vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal
Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas
charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación
muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos
oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso
político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque
estaba muerto.
–No parece suficiente.
–Es que la repregunta es un derecho que todas
las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió
los riesgos.
Hasta la expresión impersonal escogida por
Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y
Dictadura.
El
rol de Laghi
La minuta para el Vaticano también muestra el
conocimiento de la Iglesia
sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin
embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina , Evelyn
Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las
miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos
nada, por algo habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El
se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó:
‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María
Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por
Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para
interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar
que sólo venían a pasar Navidad. En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones
del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al
mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós,
contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi
acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA , que su antecesor,
Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería
matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA , tal como ocurrió, y le
preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que
sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los
prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi
consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir
que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio Massera
defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se preocupó en
forma permanente por la suerte de “los llamados desaparecidos”. El problema es
que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la
índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no
tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los
militares hacían”. Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año
estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en
su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León),
Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi
di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós
podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de
la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo
agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su
silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin
reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo
de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el
secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.
La
Eucaristía
Recuerdos coincidentes tienen muchos
sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo
Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó
esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca,
incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas
Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se
reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las
del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos
un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes
por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y
Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”, dice Collosa, quien ya no es
sacerdote. “No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo
ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un
comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los
vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es
decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde
mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las
tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso
que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron
a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien
cercana a los sectores dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de
Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al
Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de
la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en
mano, a darle la Eucaristía ”.
Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica
no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción
de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como
tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la
complicidad eclesiástica con ellos.
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