lunes, 30 de mayo de 2011

Prensa: Caso jueza Motta. Marcha en Perú


"POR GARANTIAS"

Recusarán a la jueza penal Mota

Suprema Corte de Justicia.
Suprema Corte de Justicia.

Abogados de militares indagados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura interpondrán varios recursos de recusación contra la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, por su presunta participación el pasado viernes 20, en la "16ª Marcha del Silencio".

El abogado Edgardo Mikolic, miembro de la Asesoría Jurídica del Centro Militar, aseguró que la recusación de la jueza Mota "es un hecho", en virtud de la "incompatibilidad" de su presencia en la "Marcha del Silencio", con su función como magistrada en dichas causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. "Por una cuestión de garantías, vamos a recusar", dijo Mikolic a LA REPÚBLICA.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) libró un pedido de informes a la magistrada para que, en un plazo de 48 horas, aporte su versión sobre la polémica desatada por su presunta participación en la marcha convocada por "Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos".

Los ministros de la Corte pretenden escuchar la posición de la jueza, para determinar los pasos a seguir tras la divulgación pública, por intermedio del semanario "Búsqueda", de su presunta presencia en la marcha. Fuentes de la Corte no descartaron el inicio de una "investigación administrativa", aunque minimizaron la posibilidad de una sanción, en virtud de no tratarse de una actividad "político partidaria". La magistrada ya contestó el pedido de informe. La jueza, quien tiene bajo su órbita la investigación de una veintena de crímenes perpetrados durante la dictadura, dispuso además la condena de Juan María Bordaberry y el procesamiento de tres militares. Personas vinculadas con organizaciones defensoras de DDHH sospechan que dichas acciones mediáticas contra la jueza forman parte de una "persecución".


Fuente: La Republica, domingo

@@@


Campaña contra la jueza Mota

La consigna

Escrito por: Walter Pernas


Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado” o “Mentira e injusticia. Nadie tiene derecho a la verdad ni a la justicia. El Estado no es responsable de garantizar esos derechos.”

¿A cuál consigna debería adherir un juez? ¿Un legislador? ¿Un presidente? ¿Un periodista?

Tomar partido por el respeto a los derechos humanos y aceptar que el Estado es responsable de ofrecer las garantías para su cumplimiento es un acto que se debería saludar, sobre todo cuando la postura la asume alguien que representa al propio Estado.

Eso fue lo que hizo la jueza Mariana Mota si concurrió a la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo. Ya otros integrantes del sistema judicial –jueces, fiscales, además de abogados– han concurrido. ¿Por qué se da a entender de soslayo que en esta actitud humana, responsable, transparente, hay un acto de pérdida de la imparcialidad? El hecho de concurrir a la marcha convocada por los familiares de detenidos desaparecidos, que aún buscan explicaciones, restos de sus hijos, padres, nietos, abuelos, y que se juzgue a los responsables, no implica que los jueces corran luego a su despacho, saquen del cajón de su escritorio una venda, se la pongan sobre los ojos y alcen una espada filosa contra el primer denunciado por violaciones a los derechos humanos que aparezca.

Implica, en todo caso, una muestra de responsabilidad, una señal de probidad: como representante del Poder Judicial hará todo lo que esté a su alcance para reunir indicios que le acerquen a la verdad, pruebas que le permitan juzgar y eventualmente condenar a quienes hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad, como deberían ser considerados los asesinatos políticos, la desaparición forzada, la tortura, cometidos en cualquier tiempo.

El semanario Búsqueda no se sorprende si un juez y el abogado de un narcotraficante conversan o intercambian ideas caminando por la calle Misiones o incluso en el bar de la esquina. ¿O es que nunca se ha visto una escena de ese tipo? ¿Nadie vio jamás a través de los ventanales del bar Misiones a abogados y jueces compartiendo un café, debatiendo, sonriendo ante alguna ocurrencia de uno u otro?

Pues, esas charlas se dan –porque “el Uruguay es muy chico y nos conocemos todos”– y Búsqueda no se inmuta por eso. Los hechos ocurren a la luz pública, sin ánimos de ocultamiento. No hay por qué perturbarse. Salvo que se tengan sospechas…

Uno de los que siendo fiscal del Estado en lo Contencioso Administrativo compartió más de una vez una mesa de bar, una charla en medio de la calle, con abogados que demandaban al Estado por diferentes razones, a la vista de quién quisiera verlo, fue el jurista y ahora defensor de represores Miguel Langón. Ya lo hacía cuando era fiscal penal y se mostraba –¿por qué no?– charlando en lugares públicos con abogados que defendían a indagados en casos en que Langón actuaba como acusador.

¿Alguien hizo una noticia de esos encuentros públicos? No recuerdo haberlo leído en Búsqueda.

¿Entonces, por qué es motivo de alerta que la jueza Mota haya conversado en la marcha del 20 de mayo, ante la mirada de decenas de miles de personas, con el abogado patrocinante de casos de derechos humanos y legislador frenteamplista, Óscar López Goldaracena?

Si un periodista tuviera sospechas, indicios, datos, de que en las charlas de bar o de calle entre jueces y abogados se estuviera “arreglando” algún caso, debería investigar y publicar, si confirma los hechos.

Dejar caer una sospecha, una más, contra la jueza sobre cuya cabeza Búsqueda sí ha puesto una espada y pedido a gritos que alguien, quien sea, baje el filo hasta decapitarla, parece confirmar la existencia de una campaña contra la magistrada.

Casualmente es una jueza que tiene a cargo varios expedientes de derechos humanos –en los que actúan Langón y otros abogados defensores– y la única que ha aplicado la ley de crímenes de lesa humanidad, en consonancia con la opinión del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

¿Quién se beneficiaría si a Mota la removieran del juzgado penal? Si pasara, seguramente llegarían decenas de cartas de felicitaciones para ser publicadas en las páginas finales del semanario de los jueves, entre ellas las que suelen enviar los hospedados en la cárcel de Domingo Arena y sus allegados –algunos que quizá teman ser procesados–, quienes se han vuelto grandes colaboradores de tan reconocida sección.

Fuente: Brecha



@@@


EL MUNDO › QUINCE MIL PERSONAS MARCHARON EN PERU CON LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Nunca Más para los crímenes de Fujimori

La multitudinaria manifestación en contra del fujimorismo y su práctica de violaciones a los derechos humanos y corrupción, organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, calentó la campaña presidencial.

Un manifestante porta carteles en contra del fujimorismo en la marcha.

Por Carlos Noriega

Desde Lima

“Fujimori nunca más” fue la consigna que movilizó a decenas de miles en diez ciudades del país. En Lima, más de 15 mil personas marcharon por el centro de la ciudad en rechazo al posible retorno al poder del fujimorismo, encarnado esta vez en Keiko Fujimori, la hija del encarcelado ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. La multitudinaria manifestación en contra del fujimorismo y su práctica de violaciones a los derechos humanos y corrupción, organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se dio a pocos días de la elección presidencial del 5 de junio entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, que van igualados en las encuestas.

Los cánticos contra Fujimori, los lemas en defensa de la democracia, el recuerdo de los desaparecidos y los muertos, los gritos exigiendo justicia, las consignas contra la corrupción, la presencia de la juventud y la indignación ciudadana hicieron recordar las movilizaciones de fines de los años ’90, cuando la población salió a las calles para protestar contra la dictadura fujimorista, que finalmente cayó en noviembre del año 2000. Una gran banderola con el lema “Con esperanza y dignidad, Fujimori nunca más” abría la marcha. Detrás, los familiares de los desaparecidos, de los asesinados, mujeres pobres esterilizadas contra su voluntad en el régimen fujimorista, activistas de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes universitarios, artistas e intelectuales coreaban “chino, chino, chino, ladrón y asesino” y cantaban “no a Keiko, carajo, el pueblo no olvida, carajo”. Ataúdes negros con las fotos de las víctimas del régimen fujimorista avanzaban entre carteles en los que se leía “No a Keiko, sí a la vida” o “No a la impunidad”, mientras la multitud coreaba “Keiko escucha, Cantuta no se olvida”, recordando a los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta secuestrados y asesinados por el gobierno de Alberto Fujimori.

En primera fila marchaba Raída Cóndor, madre de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados. “Si Keiko llega a ser presidenta, los asesinos que mataron a mi hijo y a tantos otros saldrían libres. Si eso pasa, nosotros, que los hemos seguido hasta meterlos presos, estaríamos amenazados de muerte. Pero no les tengo miedo”, nos dice Raída Cóndor. La marcha terminó con la lectura de un comunicado, en el que se califica al régimen fujimorista como “una dictadura nefasta” y se señala que la candidatura de Keiko Fujimori representa una amenaza a la democracia.

En diálogo con Página/12, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cndd.hh.), señaló que el triunfo electoral de Keiko Fujimori significaría “un suicidio moral para el Perú”. “Sería la confirmación de que no importan los derechos humanos, los muertos, la corrupción, la memoria histórica, sino que lo único que importa es la estabilidad del modelo económico. Eso es gravísimo”.

El ex dictador Alberto Fujimori espera el triunfo electoral de su hija para salir en libertad. “La liberación de Fujimori implicaría un retroceso para la Justicia transicional en toda América latina”, advierte la secretaria ejecutiva de la Cndd.hh. Pero no sólo Fujimori espera la victoria electoral de Keiko para dejar la prisión. Hay 58 sentenciados como responsables de desapariciones y asesinatos, y 400 militares y policías tienen procesos abiertos por violaciones a los derechos humanos. Rafael Rey, candidato a vicepresidente con Keiko Fujimori y miembro del Opus Dei, impulsa una ley de amnistía para ellos. Como ministro de Defensa de Alan García ya intentó hacer aprobar una ley de amnistía encubierta, pero el escándalo hizo retroceder al gobierno y Rey debió renunciar. Ha dicho que como vicepresidente insistirá con su propuesta de amnistía. Rey está vinculado con la ultraderechista UnoAmérica, que defiende la dictadura militar argentina y promueve la liberación de los sentenciados por violaciones a los derechos humanos.

–¿Un gobierno de Keiko Fujimori tendría la misma práctica de violaciones a los derechos humanos que caracterizó a su padre? –se le pregunta a Rocío Silva Santisteban.

–La maquinaria autoritaria y represiva que funcionó con Alberto Fujimori se reactivaría si Keiko llega a la presidencia. Tienen el soporte legal para ser sumamente autoritarios, porque el gobierno de Alan García ha dado normas legales para permitir que las fuerzas armadas repriman las protestas sociales. Quizá al principio se conservarían las formas, pero un gobierno de Keiko Fujimori sería una repetición de lo que fue el gobierno de su padre en materia de derechos humanos. Los represores del fujimorismo, que están presos y no tienen escrúpulos, regresarían a la calle. Y no creo que se pongan a hacer taxi. Santisteban lanza una advertencia: “Los fujimoristas van a regresar a vengarse”.

Fuente: Pagina 12, domingo