La Trampa

El vicepresidente Danilo Astori propuso zanjar la discusión por la ley de Caducidad derogándola en el Parlamento con el mayor respaldo político posible.
“El señor Danilo Astori quiere estar bien con Dios y con el diablo y no se puede estar bien con los dos. La Ley de Caducidad habría que haberla anulado en el período pasado."
Lille Caruso, integrante de la dirección de Derechos Humanos del Partido Comunista.

En tanto, el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) fue en la misma línea que Astori. "Si quieren derogar la ley, no hay problema", dijo a El País el miércoles, un día antes de conocerse la propuesta de Astori.

Edición 2011
Impulsores del interpretativo de la Caducidad instan a Astori a respetar la decisión del FA.

“El señor Danilo Astori quiere estar bien con Dios y con el diablo y no se puede estar bien con los dos. La Ley de Caducidad habría que haberla anulado en el período pasado. Teníamos mayoría, pero la historia era que no había una decisión del Congreso [del Frente Amplio]. Ahora está esa decisión, ¿cuál es el problema entonces?”, cuestionó en diálogo con la diaria Lille Caruso, integrante de la dirección de Derechos Humanos del Partido Comunista.

Las declaraciones fueron formuladas a raíz de las afirmaciones del vicepresidente publicadas ayer en Búsqueda acerca de que “el camino es derogar la ley en el Parlamento”. “No anularla, derogarla, y, en lo que refiere a la preservación de efectos hacia atrás, operar por la vía de la declaración de inconstitucionalidad”, dijo el líder de Asamblea Uruguay, y sugirió que “llegó el momento de procurar buscar una solución que permita cerrar la discusión y mirar hacia adelante”. “Podemos discutir la forma concreta. Pero el objetivo es erradicar sus efectos para que nadie pueda eximirse de la Justicia. Aspiramos que se dé el debate en los órganos del FA”, señaló el diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio).

El trámite parlamentario del proyecto que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad se postergó para este año luego de que, aprobado en Diputados, surgieran posturas contrarias entre los senadores del FA Jorge Saravia (Espacio 609), Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L). “Esperemos que con las modificaciones realizadas en Diputados se limen algunas de las asperezas que puedan violentar la disposición de algunos legisladores”, dijo Astori el 19 de octubre, luego de anunciar que votaría a favor de la iniciativa. Entonces alegó que la Caducidad “no debería estar en el ordenamiento jurídico ya que, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, es inconstitucional”.

“Esto [por las afirmaciones en Búsqueda] sería un cambio de posición”, hizo notar el diputado Carlos Coitiño (PVP). “La posición de la fuerza política sigue siendo la misma, cualquier fundamento de cambio debe ser explicitado, no es una cosa que se pueda imponer. Partimos de la base de que el presidente del FA [Jorge Brovetto] iniciaría una negociación con los disidentes, pero aún no tenemos un informe al respecto. Aspiramos que se cumpla con las decisiones pactadas, si cobramos al grito estamos fritos”, continuó. El tema será uno de los puntos de discusión en el plenario nacional del FA convocado para el 19 de marzo.

Hasta ahora, según informaron fuentes frentistas a la diaria, Brovetto mantuvo reuniones con Fernández Huidobro y con Nin Novoa, pero todavía no concretó un encuentro con Saravia. En este proceso también ha participado el abogado constitucionalista y ex senador socialista José Korzeniak, que conversó sobre el asunto con Nin. “Yo mantengo mi postura de siempre. Está complicado”, respondió ayer a la diaria el ex intendente de Cerro Largo.

La Diaria

Tibio apoyo a idea de Astori de derogar ley de caducidad
Parlamento. Blancos podrían apoyar; diferencias en el FA


DANIEL ISGLEAS

El vicepresidente Danilo Astori propuso zanjar la discusión por la ley de Caducidad derogándola en el Parlamento con el mayor respaldo político posible. Tanto en la oposición como en el oficialismo, su idea recogió un apoyo relativo.

"Llegó el momento" de buscar una solución que permita "cerrar la discusión y mirar hacia delante" del tema, dijo el vicepresidente Astori quien, a la vez, se mostró contrario a la idea de anular la ley de Caducidad como propone la mayoría del Frente Amplio.

"El camino es derogar la ley en el Parlamento. No anularla, derogarla y en lo que refiere a la preservación de efectos hacia atrás, operar por la vía de la declaración de inconstitucionalidad", planteó ayer en declaraciones a Búsqueda.

Astori precisó que espera que esta idea se discuta tanto dentro del Frente Amplio como con los partidos de la oposición.

El tema había cobrado estado parlamentario hace un tiempo, cuando el diputado de Unidad Nacional (UNA) José Carlos Cardoso presentara dos proyectos de ley separados para derogar la ley de Caducidad. El primero de ellos lo dio a conocer en el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez, inmediatamente después de conocerse el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia para el caso de la muerte de la militante comunista Nybia Sabalsagaray. Y presentó otra iniciativa similar en 2010.

"Sería positivo que el Frente Amplio acompañara este proyecto de ley de la oposición. Es el único camino" para superar este tema, dijo Cardoso a El País, coincidiendo con Astori.

Según el legislador, su proyecto de ley no inhibe que los distintos casos se reabran, eventualmente, gracias a la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte.

En el sector Alianza Nacional, del senador Jorge Larrañaga, la propuesta del vicepresidente Astori es vista con buenos ojos. El senador y secretario general de Alianza, Eber Da Rosa, adelantó que ese planteo "se puede estudiar".

"La derogación es diferente de la anulación. La derogación tendrá efecto para el futuro, pero no se podrían revisar las situaciones que fueron ya resueltas por el Poder Ejecutivo", sostuvo el senador a El País.

Da Rosa recordó que en 1989 hubo un pronunciamiento de la ciudadanía que fue contrario a la derogación de la ley.

En cambio, en el Partido Colorado la iniciativa no cayó bien. Propuesta Batllista (Proba) no acompaña la idea de Astori. "¿Derogar la ley de Caducidad? No. Votó la gente", respondió el senador José Amorín en diálogo con El País.

RETROACTIVIDAD. En el Frente Amplio hubo una serie dispar de opiniones en un sentido y en otro. Por ejemplo, el senador suplente y abogado defensor de organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, Óscar López Goldaracena, se mostró molesto con la propuesta de Astori.

"Se está olvidando de la sangre, los muertos, de las víctimas. Está defendiendo la impunidad", protestó.

"La razón por la que la ley de Caducidad es nula, y seguirá siendo nula, es que violenta el principio de acceso a la Justicia", agregó, aclarando que "la única forma es borrarla sin dejar rastro y declarando que los crímenes de lesa humanidad son condenables", sostuvo López Goldaracena, suplente del senador del Partido Comunista Eduardo Lorier.

En tanto, el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) fue en la misma línea que Astori. "Si quieren derogar la ley, no hay problema", dijo a El País el miércoles, un día antes de conocerse la propuesta de Astori.

"La ley de Caducidad ha quedado liquidada por la Suprema Corte de Justicia, por las decisiones que tomó. Ese camino está abierto y permite incursionar en cualquier tipo de investigación. Se puede hacer un texto que ratifique las decisiones de la Corte, que no debe ser inconstitucional y debe ser ratificado por un plebiscito", reflexionó.

"Puede ser perfectamente una derogación retroactiva", lanzó, por su parte, el diputado Felipe Michelini, del Nuevo Espacio, que se manifestó dispuesto a analizar la propuesta de Astori. "¿Cómo? Estableciendo en la ley que la Caducidad se deroga a partir de su vigencia, en el año 1986. En el Nuevo Espacio estamos dispuestos a discutir la propuesta del vicepresidente. Queremos que la norma se erradique de nuestro sistema jurídico", afirmó el dirigente oficialista.

En marzo de 2010, el sector que conduce su hermano, el senador Rafael Michelini, propuso que se declarara la inexistencia de la ley de Caducidad. Luego la bancada del Frente Amplio asumió la idea de anular la ley, proyecto que se llegó a votar en Diputados y que luego naufragó en el Senado.

Quien tiene una visión opuesta, dentro del oficialismo, es el diputado Aníbal Pereyra, del Movimiento de Participación Popular (MPP). Explicó a El País que en su momento el sector descartó la posibilidad de derogar la ley de Caducidad debido a que no se consideraba jurídicamente posible una retroactividad de esa norma.

"Si se aprobaba una ley retroactiva podría darse la situación de que los que están hoy procesados quedaran en libertad", recordó Pereyra. "La derogación tiene ese contratiempo", añadió.

Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, apoya la idea de Astori. "Anular las leyes no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que dice Astori es muy correcto, comparto su razonamiento. La ley se puede derogar y por supuesto no genera efectos hacia atrás. Pero a su vez las declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte han abierto puertas para indagar diferentes casos".

VISIONES opuestas
Felipe Michelini

DIPUTADO DEL NUEVO ESPACIO

"Puede haber una derogación retroactiva. ¿Cómo? Estableciendo en la ley que la Caducidad se deroga a partir de su vigencia, en el año 1986. En el Nuevo Espacio estamos dispuestos a discutir la propuesta del vicepresidente. Queremos que la norma se erradique del sistema jurídico", afirmó el diputado oficialista.

José Amorín

SENADOR DE Propuesta Batllista

"¿Derogar la ley de Caducidad? No. Ya votó la gente. El pueblo votó hace un año y no aceptó la derogación. No da para más. Para dejar el asunto atrás, como quiere Astori, hay que olvidarse del tema. La izquierda le pidió al pueblo que decidiera y por dos veces votó que no quería cambiar la ley", declaró el senador opositor.

El País Digital

Rechazos a planteos de Astori sobre derogar Caducidad
07.01.2011 | 9.18 - El Espectador
El planteo del vicepresidente Danilo Astori de derogar la ley de Caducidad generó rechazo desde su propia fuerza política.



Según declaró este miércoles Astori a Búsqueda “el camino es derogar la ley en el Parlamento. No anularla, derogarla y, en lo que refiere a la preservación de los efectos hacia atrás, operar por la vía de la declaración de la inconstitucionalidad”.

El vicepresidente negó que la propuesta sea contradictoria con las consultas populares de 1989 y 2009 asegurando que en el primer caso el soberano no se pronunció sobre la derogación sino por la entrada en vigencia y en el segundo sobre la anulación de la norma.

El senador frenteamplista Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), dijo a Ultimas Noticias que “la mejor manera de solucionar esta situación es dejar las cosas como están” .

Por su parte, el senador Oscar López Goldaracena (Democracia Avanzada) dijo a radio Carve que Astori “se esta olvidando de la sangre, los muertos , de las víctimas, y de la impunidad jurídica”.

Desde la oposición, el senador de Propuesta Batllista, José Amorín Batlle aseguró que el tema para su partido termino cuando la gente se pronunció en la última consulta popular.

En el Partido Nacional, el senador Eber Da Rosa de Alianza Nacional aseguró que la postura de Astori se acerca bastante a la de su partido ya que en la legislatura pasada el diputado José Carlos Cardoso presentó un proyecto para derogar la ley de caducidad.

Cardoso dijo ahora que “si la posición anunciada prospera, estamos muy cerca de la solución del tema”.

Con un testigo clave en el caso de la muerte del ex militar del Batallón 13
“Ramírez sabía quiénes enseñaban a torturar”
Escrito por: Walter Pernas
De: Brecha

Pérez Quiñones-Foto: A.Arigón
Juan Carlos Pérez Quiñones abordó una lancha y fue a la Isla del Sauce a ver al ex soldado Julio Ramírez, el mismo que el 21 de diciembre de 2010 aparecería muerto en las aguas del río Uruguay. En esa visita Ramírez le contó que había integrado un grupo antiterrorista desde el año 69 hasta el 70 y que se retiró porque, según le habría dicho un oficial: “Si usted no sirve para torturar, no sirve para nada”. Pérez Quiñones también fue militar, y en la entrevista con Brecha aporta datos sobre los tormentos en el cuartel de Mercedes durante la dictadura y sobre la sospechosa construcción a fines de los noventa –y bajo guardia militar– de la terminal de ómnibus de la ciudad en un predio que pertenecía a ese batallón.





—Usted fue militar. ¿Cuándo y dónde comenzó su carrera?

—En 1972 entré al Batallón 5º de Infantería, de Mercedes, tenía 26 años.

—¿Cuáles eran sus tareas respecto de los detenidos de la época?

—Les daba de comer, los llevaba al baño. Cuando pasaban a la carpa grande, pedía permiso al jefe de la guardia para asistirlos un poco…

—¿Eso sucedía después de la tortura? ¿Usted supo, estuvo de alguna manera a la hora de la tortura?

—Mire, yo vi que a los detenidos los tenían de plantón varios días, luego había golpes de todo tipo…, y sí, los torturaban… Primero a los tupamaros, luego empezaron a caer los del Partido Comunista Revolucionario de Mercedes, los llamados maoístas…

—¿Y lo dejaban asistir a los detenidos?

—Algunos jefes sí, no todos eran iguales. Los que estaban detenidos eran todos conocidos, muchos de ellos jugaban al fútbol conmigo, eran amigos…

—Todos se conocían, entonces…

—Todos nos conocemos en Mercedes: había revolucionarios, pero también muchos estudiantes, sindicalistas…

—Entonces usted sabe quiénes eran los torturadores…

—Todo el mundo sabe…

—¿Y quiénes eran? ¿Viven en Mercedes?

—Algunos aún viven acá, pero no voy a dar los nombres. La mayoría se fue a vivir a Buenos Aires apenas volvió la democracia.

—No va a decir ningún nombre…

—Mire, el que más torturaba era Sergio Magallanes, el “Pájaro”; era uno del S2. Acá todo el mundo lo sabe. Era un soldado, luego habrá ascendido a cabo…

—¿Y dónde está ese hombre? ¿Vive?

—Se fue a Buenos Aires, sé que es remisero, pero nada más…

—¿Cuántos integraban el S2 (Inteligencia) del Batallón 5º?

—Eran unos diez, y casi todos se jubilaron y cruzaron el río para vivir en Argentina.

—¿Hubo algún detenido muerto en el batallón?

—Que yo sepa no, pero yo estuve sólo 17 meses… Pero hay gente que dice que sí había restos cuando demolieron el batallón para construir la terminal…

—¿La terminal de Mercedes fue construida en el predio del batallón?

—Sí, y cuando estaban haciendo las excavaciones para los cimientos se hundió una máquina retroexcavadora y quedó la bóveda a la luz…

—¿Qué bóveda?

—Había un túnel por el que pasaban los detenidos para ser torturados. Empezaba justo en la esquina del cuartel que da a Colón y Don Bosco (hoy una esquina aún en construcción dentro de la terminal de ómnibus, a la que no se puede acceder). Los hacían bajar unos escalones y luego recorrían el túnel, que cruzaba la calle, y debajo de una de las casas antiguas que aún existen se encontraba el lugar de torturas. Ahí trabajaba el S2: ponían la radio alta arriba y bajo el piso torturaban.

—¿Y quiénes vieron esos restos?

—Lo sé por terceras personas, pero en las que confío. Uno de los que trabajaban allí del que no conozco el nombre –pero sí a un allegado que habló conmigo– vio restos humanos y avisó al capataz de la obra. Fue cuando la máquina se hundió. El capataz mandó parar la obra: “Paren, paren muchachos, que se nos acaba la changa”, dijo, según me contó esta persona. Inmediatamente llegó una guardia militar a vigilar que nadie se acercara. Y se tapó todo.

—¿Y cuándo ocurrió eso?

—A fines de los años noventa. En el 98 o 99…

—Fue en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. ¿Quién era el intendente de Soriano?

—Todavía estaba Gustavo La Paz.

—¿Y esas personas que fueron testigos o protagonistas, viven, pueden hablar?

—Mire, acá en Mercedes no hay voluntad de investigar nada. El capataz trabaja en Nueva Palmira y a los periodistas del Eco de Palmira que lo fueron a buscar los sacó prácticamente a patadas. Los demás tampoco quieren hablar…

—Pero debe haber detenidos políticos que aún viven y pueden dar su testimonio…

—Haber, hay, algunos tienen familiares desaparecidos, pero en general nadie quiere hablar...

—¿Al batallón de Mercedes llevaban detenidos de otras partes del país o de Argentina?

—Llegaban de otras partes. El doctor Martínez Platero fue detenido en Colonia y lo trajeron para acá, y como él otros…* Los que llegaban desde Argentina eran militares, y también venían de Perú, Bolivia, Chile y algunos con acento yanqui, todos los de la Escuela de las Américas de Panamá. Llegaban para ver cómo estaban los detenidos, cómo eran las torturas, y para aprender otras cosas: les construimos una tatucera en el cuartel para que supieran cómo era y para que la detectaran, pero no pudieron…

—¿Pero usted participaba de ese grupo?

—No, yo era albañil, y nunca salí a detener a nadie. Veía que torturaban, veía que entraban a los calabozos a violar a las muchachas detenidas, pero jamás participé de la tortura. Tanto, que pedí la baja y me la dieron, pero me dijeron que me fuera del país…

—¿Cuándo fue eso? ¿A dónde fue?

—A fines del 73 me fui a Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Me detuvieron en el 75 y me quebraron la mandíbula. Luego me fui a San Justo: caí en un lugar donde actuaba la brigada más asesina de la represión en Argentina. Allí fui detenido decenas de veces por no tener el certificado de buena conducta. Hice por lo menos siete veces la cola para que me lo dieran, pero al llegar al mostrador me sacaban la huellas dactilares y después se reían de mí: “Qué te vamos a dar si vos sos un tupamaro chorro”, me decían.

—En ese tiempo desapareció su hermano, Modesto Quiñones.

—El 24 de junio de 1977 desapareció mi hermano, que también era albañil y dirigente del sunca. Lo buscamos durante 30 años, hasta que sus restos fueron encontrados en 2008 por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el cementerio de Villegas, en San Justo.

EL CASO RAMÍREZ

—Su lucha por la búsqueda de desaparecidos continuó incluso después del hallazgo del cuerpo de su hermano.

—Claro, mi compromiso sigue y seguirá.

—Imagino que por eso hace unos meses fue a hablar con Julio Ramírez, el ex soldado del Batallón 13 que apareció muerto en diciembre.

—Sí, todo el mundo hablaba de ese testigo pero nadie lo iba a buscar. Así que conseguí que una lancha me llevara** y fui hasta la Isla del Sauce, que queda a diez minutos de Nueva Palmira.

—¿Y qué pasó?

—Entramos por el Arroyo del Sauce y llegamos a la isla. Amarramos contra la costa, porque no hay muelle, y caminamos unos cincuenta metros. El hombre estaba ahí, solo, en una casillita hecha sobre postes, con pedazos de tablas.

—¿Y qué información le dio?

—Él me dijo que toda la vida había trabajado en los montes de Nueva Palmira y en la pesca, y que al quedarse sin trabajo se fue a Montevideo y se metió de milico…

—¿En qué año?

—Ramírez me dijo que fue militar entre el 69 y el 70, y que había ingresado al Batallón 13.

—Otras informaciones señalan que fue militar durante toda la dictadura, por eso pudo colaborar con croquis de los batallones donde se buscan restos de desaparecidos.

—No, no es así. Él me contó que no estuvo más de dos años: en el Batallón 13 le ordenaron que pasara a la Escuela Naval del Cerro, donde se estaba formando un grupo de tareas antiterroristas.

—¿Qué hizo en ese lugar?

—Ramírez me contó que vio cómo torturaban a las personas, que allí se enseñaba a torturar. Y que cuando le tocó el turno, él no se animó.

—¿Qué pasó con él?

—Me dijo que estuvo un tiempo preparándose para todo tipo de tareas antiterroristas, pero que se negó a torturar. Me dijo que se apersonó a un capitán del Batallón 13 para decirle que él no servía para torturar, y que ese oficial le dijo que si no servía para torturar no servía para nada.

—¿Le dieron la baja?

—Sí, se fue.

—Pero entonces este hombre conocía a todos los que enseñaban a torturar y a los que torturaban en aquellos años…

—Claro que los conocía a todos.

—Le dio algunos nombres.

—No.

—Luis Ramírez ha dicho que su hermano Julio estaba dispuesto a declarar ante la justicia.

—Sí, pero Julio Ramírez apareció asesinado. Bah, algunos dicen que murió porque se cayó del bote, pero no sé cómo explican los tajos que tenía el cuerpo. Acá en el pueblo se sabe que cuando a alguien se le abre el pecho es para que el cuerpo se hunda, pero éste flotó y ahora debe investigarse el homicidio.

—Usted desconfiaba de que Ramírez fuera un testigo clave.

—Sí, porque no estuvo tanto tiempo en las Fuerzas Armadas como para saber sobre enterramientos de cuerpos. Él me hizo un croquis muy rudimentario del Batallón 13 (véase foto), porque mi interés era saber cómo estaba ubicado el frontón y la cancha antes de los cambios de ubicación.

—¿Pero sabía algo importante?

—Sí, ahora me doy cuenta de que lo importante que este hombre podía aportar eran los nombres de todos los torturadores que conoció entre el 69 y el 70. Pero ya es tarde.

* Respecto de otros detenidos y los modos de tortura, entre otros aspectos, véase La República, 8-I-08.

De La Republica 8 de enero 2008
Denuncia. Legisladores solicitarán se indaguen sus cuentas bancarias, sospechosas de haber recibido dinero fraudulento
Desde el FA pedirán investigar al Goyo por la "Operación Conserva"
Al ex dictador Gregorio Alvarez le están apuntando a la línea de flotación. Legisladores del Frente Amplio promoverán que la Justicia investigue sus cuentas bancarias, que se sospechan abultadas y con dinero fraudulento. El oscuro "Operativo Conserva" será uno de los capítulos a abrir.
Ricardo Portela Ostrawsky


Negocio ruinoso. La operación obligaba al Estado uruguayo a comprar el producido a un precio superior al internacional.

Contrariamente a lo aplicado a otros dictadores latinoamericanos como es el caso del fallecido Augusto Pinochet al que se le investigaron sus cuentas bancarias locales e internacionales, en nuestro país la Justicia no ha podido incursionar en esa materia y por lo visto ha sido así hasta estos días.

El senador Jorge Saravia (Espacio 609) dijo a este diario que "sería oportuno y razonable que la Justicia investigara las cuentas bancarias de Alvarez porque en ellas hay dinero obtenido de negocios turbios, como el caso conocido como Operativo Conserva, en el que el ex dictador participó junto a un terraniente de Cerro Largo y a un empresario frigorífico".

El llamado "Operativo Conserva" fue una maniobra comercial desarrollada entre los años 1981y 1982 en la que participaron los que luego fueron identificados como "la triple A uruguaya". Allí estaban el empresario cárnico José María Alori, titular del Grupo Alori, un terraniente y ganadero de apellido Arigón, allegado a Alvarez cuando éste estaba al frente del Regimiento de Caballería Nº 7 apostado en Santa Clara de Olimar, y la tercera "A" es la del hoy procesado.

En esa maniobra en la que el terceto se enfundó -por lo menos- unos 13 millones de dólares consistió en exportar ganado en pie a Argentina para ser procesado allá, luego transformado en corned beef para que volviera enlatado a Uruguay.

Posteriormente, el MGAP asumía la obligación de comprar el producto e intentar venderlo al exterior aunque el rédito oculto estaba en que la totalidad de las ganancias iba para los grupos económicos que intervenían en la maniobra.

Pero existe un detalle más terrible aún que a la postre le costó el cargo como titular del Instituto Nacional de Carnes (INAC) al Mayor de la Marina Armando Méndez cuando ocupaba ese lugar en 1982. En aquél año Méndez dijo que el operativo era "inconveniente" porque el precio final de adquisición del corned beef era superior al de su posible colocación internacional y que la conserva no procedía del ganado exportado. Tras esta afirmación, el INAC pasó a estar comandado por un Coronel del Ejército.

La partida de corned beef se hizo a un costo promedio de 22 dólares la caja, equivalente a un 25% por encima del precio internacional del producto, precio/valor de aquellos años. La conserva cárnica fue re-exportada por el Grupo Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta. Clink, caja.

Coincidentemente, la esposa de Alvarez trabajaba en uno de los frigoríficos que participó en la maniobra y el ex dictador era accionista de Central Frigorífica Uruguaya Sociedad Anónima (Cufsa), perteneciente al Grupo Alori. Cufsa era un establecimiento frigorífico erigido en un inmueble que pertenecía a Efcsa en el departamento de Durazno y que fuera expropiado por la dictadura.

Las acciones de Alvarez en Cufsa son datos que -según los legisladores- están fácilmente detectables en los archivos de la Dirección General Impositiva.

ZUMARAN NO PUDO
La investigación sobre el "Operativo Conserva" tiene únicamente un antecedente en los andariveles judiciales. El entonces senador Alberto Zumarán en la primera administración gubernamental del ex presidente Julio María Sanguinetti llevó adelante una investigación que finalmente no prosperó. Por otro lado, en el año 1986 el Ministerio de Ganadería realizó también una investigación administrativa como consecuencia de las denuncias de Zumarán en el Parlamento. Tras esa investigación oficial, se determinó que el Estado uruguayo había perdido más de 12 millones de dólares en el operativo comercial, que se violó la ley de contabilidad y de administración financiera. No obstante la contundencia del dictamen del MGAP, el entonces ministro Pedro Bonino determinó que el expediente se clausurara y se archivaran los documentos. El ex senador Alberto Zumarán contraatacó en 1987 y realizó la denuncia penal correspondiente. Tras esa gestión logró que el ex dictador respondiera ante la Justicia. Allí por segunda vez consecutiva, el caso fue archivado y no repercutió en ningún otro estado.

EL RESPALDO DE LA REVISTA "HOY" DE ALORI
Algunos medios periodísticos que circulaban en las postrimerías de la dictadura titulaban la noticia del "Operativo Conserva" como "Operativo Coraje". Como la revista "Hoy", un medio periodístico perteneciente también al Grupo Alori. En la revista "Hoy frigoríficos" (así se presentaba) funcionaba como editor Danilo Arbilla. En "Hoy" Alori tituló en su editorial de setiembre de 1982 como Operación Coraje, definiendo así al "Operativo Conserva".

Al final del editorial, se aseguraba "es mucho lo que está en juego. Para mantenerlo, en una operación de las características atípicas como las que hoy analizamos, sólo se puede salir adelante como lo ha hecho el Gobierno Nacional: pisando fuerte. Duela a quien le duela. Pese a quien pese (porque éste es) un acto de soberanía sin precedentes, desafiando al poder mundial que controla el mercado de conservas, con todos los beneficios y riesgos que ellos implica". Uno de los pocos trabajos periodísticos de investigación que se dieron a conocer estuvo a cargo del economista Miguel Carrió en su libro "País vaciado. Dictadura y negociados" publicado en 1987. El libro reseña el entramado comercial del "Operativo Conserva" y la participación de Alvarez en el mismo. Por otro lado, desde el exterior, el periodista uruguayo Javier Zevallos realizó un trabajo de investigación para el semanario Voces del Frente sobre el Operativo. En el mismo se informa de la aparición de un dato nuevo en el caso que compromete el accionar del dictador Gregorio Alvarez. Zevallos prometía en esa crónica que denunciaría el hecho ante la Justicia.

** Su acompañante fue Rubí Veliz, que en 2007 brindó testimonio ante la justicia sobre traslados clandestinos desde Argentina a las costas de Soriano (véase Brecha, 21-XII-07).

Publicado el Viernes 07 de Enero de 2011-Brecha