Juicios contra los delitos de Lesa Humanidad cometidos por militares, policías y civiles, en el Cono Sur.

Juicios contra los delitos de Lesa Humanidad cometidos por militares, policías y civiles, en el Cono Sur.

En Argentina comenzaron con el gobierno de Raúl Alfonsín año 1983.
En Chile como también en Paraguay comenzaron en los años 1990 y 1995.
En Uruguay los diferentes gobiernos que asumieron su mandato luego de terminada la dictadura, impidieron de alguna forma dar paso a los juicios penales, contra los delitos cometidos por el Estado a través de sus agentes: militares, policías y personal civil.
La llamada ley de Caducidad, votada en el año 1996, reforzó la no intención de cumplir ni siquiera con los Tratados Internacionales. Incluso impidiendo iniciar juicios en el exterior. Fueron sobreseídos todos los casos presentados en los tribunales.
Sumándole a todo esto la divulgación de la teoría de los dos demonios, así catalogado el enfrentamiento surgido en los años 72 entre la guerrilla y las FFAA.
Reduciendo las consecuencias reales de que fue, el Estado el que se convirtió en terrorista.
Esta formula, hasta el día de hoy se sigue insistiendo, incluso desde los mismos actores de esa época, que recibieron el castigo por enfrentarse al régimen imperante o restaurador.
Recién el año 2006 fue clave para abrir y dar curso a los juicios penales suspendidos o archivados algunos de ellos, contra los responsables de violaciones de Derechos Humanos.
Desde todos los ámbitos de la sociedad civil, convocadas por las Organizaciones de DDHH, siempre hicieron enormes esfuerzos para mantener en la agenda de los gobiernos de turno este tema crucial.
Este esfuerzo se vio coronado a través de la justicia civil que abrió paso a reactivar las denuncias iniciadas en el año 1990.
Esas primeras demandas o acciones civiles, fueron para resarcir los daños y perjuicios ocasionados en el transcurso del período cívico-militar.
Es decir, eran los jueces civiles los que tomaban cartas en el asunto. Todos estos juicios van contra el Estado en juzgados civiles.
Esta vía exigía tener las pruebas contundentes de los hechos denunciados. Probarlos con testimonios precisos, testigos y nombres que se pudiesen comprobar.
Reunir las pruebas.
Una vez que se colectaron los testimonios, fue posible que El Estado reconociera que los hechos habían sucedido y que por lo tanto debía reparar a las victimas.
Impactos de esta vía:
Este camino posibilitó que una parte de la prensa diera mayor difusión a la sociedad contrarrestando lo que, en forma permanente recibía; la teoría ya mencionada.
De esta forma se amplificaba la voz de los Familiares de Desaparecidos, de la Organización de Hijos, de los expresos y secuestrados en los países limítrofes; para que predominara la verdad de los hechos sucedidos.
Esto no fue un camino sencillo, ya que los involucrados por los delitos de lesa humanidad, a través de sus abogados, pusieran trabas en forma continua.
Y por otro lado, dentro de los sectores militantes de izquierda, que habían padecido los tormentos, se abriera la discusión si eran válidos estos caminos.

Resultados:
El Estado tuvo que en forma indirecta aceptar que los hechos habían sucedido.
La desaparición de jóvenes y niños, secuestros extorsivos, traslados de personas de un país a otro, apropiación de niños por los mismos verdugos de sus padres, robos de objetos y bienes, etc.
Barajar y dar de nuevo:
Subrayamos como fecha clave el año 2006. Los hechos sucedidos en la vecina orilla repercuten por estos lados, dando nuevos bríos a las demandas por Verdad y Justicia.
Los juicios emprendidos en Argentina por las familias uruguayas que tenían a sus familiares desaparecidos tomaron un nuevo empuje.
Juicios emprendidos en Argentina, Chile, Italia y España lograrían cerrar el circuito a los responsables de los delitos de Lesa Humanidad.
Fue en el año 1990 que comenzaron los juicios en Europa, hacia los militares del Cono Sur. El primer arresto fue en el año1998, al dictador de Chile el general Pinochet en Londres. Esto posibilitó que se reanudaran los juicios en Chile, trepando a 300 procesos contra militares.
 265 Españoles habían sido desaparecidos en Argentina por el Plan Cóndor. Por esa razón se inicia una cadena de órdenes de arresto contra los responsables, siendo Pinochet su cabeza principal.
 Alfredo Astiz (represor argentino), fue juzgado en ausencia por la justicia francesa en el año 1990. En Argentina se lo condenó a cadena perpetua por la desaparición de dos monjas francesas.
 También la justicia sueca, italiana y española lo juzgan por asesinato y desaparición de sus compatriotas.
 Desde México año 2003 fue extraditado hacia España el militar argentino; Miguel Cavallo.
 Y también desde México fue extraditado hacia Italia el militar argentino Jorge Olivera. Ambos juzgados por genocidio y terrorismo cometidos en la dictadura.
 Año 2003 la justicia Argentina solicita a Uruguay, la prisión preventiva para algunos militares y policías uruguayos que cometieron torturas, asesinatos y secuestros con desaparición forzada en su territorio por el Plan Cóndor El gobierno de Jorge Batlle impide este requerimiento amparándose en la ley de Caducidad. Los militares eran Manuel Cordero, José Gavazzo, Campos Hermida.


En Argentina, los juicios a la Junta Militar, fue un punto de partida.
Y por estas tierras una nueva campaña para
Anular la ley de Caducidad conformándose la Coordinadora Nacional, siguió abriendo camino en el difícil entramado de la impunidad. .
Esta ley en su artículo 4ª no impide el juzgamiento a los civiles. Fue en ese punto que las organizaciones de DDHH, partidos políticos y sindicatos comenzaron a crear acciones para lograr los juicios.
El largo camino de los juicios.
Primer civil procesado.
 El comienzo fue año 1999 a través, de la denuncia de María Almeida de Quinteros.
(Madre de la maestra; Elena Quinteros secuestrada en la embajada de Venezuela).
 En el año 2002 se retoma la causa en el juzgado penal de 1º turno. La fiscal Mirta Guianze pide el procesamiento del excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.
 Este, es procesado el 18 de octubre del año 2002 como coautor del delito de privación de libertad. Se decreta la prisión preventiva.
 En mayo el juez Cavalli decretó la libertad de Juan Carlos Blanco quien salió en libertad. 193 días preso en Cárcel Central.
 En agosto del año 2003, nuevamente la fiscal Guianze pide que regrese a prisión nuevamente por delitos de homicidio muy especialmente agravado.

Año 1997, Rafael Michelini presenta denuncia para exigir una investigación en los batallones de infantería Nº 13 y de Paracaidistas Nº14 donde se presume que se hayan cuerpos enterrados de personas desaparecidas en el proceso militar.
El 13 de junio de ese año se dio por cerrado el caso, por decirse que esto estaba comprendido por la ley de caducidad, así lo decidió el juez Reyes.
Año 2001. Caso Manuel Cordero.
Diversas organizaciones de DDHH demandan a Manuel Cordero por sus declaraciones a la prensa, haciendo apología del delito.
Año 2003 la fiscal penal Doménech considera que no hubo apología, en el caso del represor Manuel Cordero. Por lo tanto pide al juez Sergio Torres el archivo de la denuncia. Se clausura la causa.

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Año 2001 -6 de junio, se inician 4 juicios al dictador Juan María Bordaberry.
• Sindicado por haber dado el golpe de Estado en el año 1973.
• por los asesinatos en la seccional 20, del Partido Comunista y
• por el caso Michelini- Gutiérrez Ruiz.
• También en ese año se presentan las causas de tres militantes asesinados en la toma de Pando.
Nuevamente el juez Torres lo da por caso prescripto a los delitos de (Pando).
La causa de los comunistas asesinados siguió en proceso, hasta mayo del año 2007.

Año 2002; también entra el juicio a Bordaberry por atentado a la Constitución.
Este fue instrumentado a través de una campaña de recolección de firmas presentadas por Familiares de asesinados. Se logra recolectar 2000 firmas presentadas a la Suprema Corte de Justicia.
La Suprema Corte se declara incompetente. Esto siguió su curso en otras instancias.
Año 2006, mes de diciembre la jueza Gatti dispone el procesamiento a Bordaberry, por coautor de 10 delitos de homicidios muy especialmente agravados y no por atentado a la Constitución.
4ª juicio a Bordaberry por la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
Este juicio se abrió a la salida de la apertura democrática.
Año 2002 en noviembre, se reabre la causa a solicitud de sus hijos Rafael y Felipe.
Varios factores contribuyeron: desde Argentina a su vez el gobierno de Kirchner decide esclarecer las muertes de los legisladores y otros cuatros militantes asesinados en esas circunstancias.
Año 2004, abril se presentaron en Argentina las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz a presentar denuncia. Los abogados Walter de León y Martínez Burlé fueron sus patrocinantes.
A su vez en Uruguay se reabre la causa ante el juez Timbal, y la fiscal Guianze.
La vinculación entre Bordaberry y Juan Carlos Blanco (ex canciller de la dictadura), se le agregaba a la desaparición de Elena Quinteros las muertes de los legisladores y los 4 militantes en esas circunstancias.
Año 2005 son citados a la justicia; Bordaberry y Juan Carlos Blanco
Año 2006 finalmente son condenados, por los asesinatos de:
Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw
Sentencia final para Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco: 20 años de prisión como coautores de 4 delitos de homicidio especialmente agravados.
Los desentierros.
Año 2005. 22 de julio.
Gobierno de Tabaré Vázquez
Se inician por primera vez en el país las excavaciones en búsqueda de los desaparecidos.
Lugares: Batallón de Infantería Blindado Nº 13
Batallón Nº 14
Y una chacra en la ciudad de Pando.
Juez de la causa penal: Gustavo Mirabal.
Año 2005, 29 de noviembre se encuentran los restos de un desaparecido:
En la chacra de Pando: Ubagesner Cháves Sonsa. Integrante del Partido Comunista.
Año 2005, junio se deja fuera de la ley de caducidad el caso de la militante; Nibia Sabalzagary, y habilita a la justicia investigar la muerte del militante Roberto Luzardo. Otro caso que habilitó fue el caso del militante desaparecido Adalberto Soba.
Año 2005, 2 de diciembre se encuentra una osamenta, en el Batallón Nº 13.
Año 2006, 1 de marzo, se confirma que el resto pertenece al escribano Fernando Miranda.
Más adelante, se asigna al hijo del escribano encontrado; Javier Miranda como
Responsable de dar continuidad a las investigaciones en la Argentina.
Nuevos Procesamientos:
Mayo 2006:
Teniente Coronel ®: José Gavazzo.
Coronel ®: Jorge Silveira.
Coronel ® Gilberto Vázquez.
Coronel® Ernesto Ramas
Coronel ® Luís Maurente
Militar ® Ricardo Arab
Policías: Ricardo Medina y José Sande Lima.
Coronel ® Antonio Buratti (se suicida antes)
Año 2006, septiembre, el juez Luís Charles resolvía el procesamiento con prisión a seis militares y dos policías, indagados por la desaparición de Adalberto Soba, ocurrida en Argentina en el año 1976.
Año 2006, también se agrega la causa de Washington Barrios (llamada segundo vuelo)
Año 2007, diciembre es condenado el dictador Gregorio Álvarez y el capitán de navío; Juan Carlos Larcebeau.

Seguirá en otra publicación, este informe de las causas....