domingo, 24 de julio de 2011

“El desaparecido molesta en Uruguay”

EL MUNDO › GABRIEL GATTI, SOCIOLOGO URUGUAYO, HIJO Y HERMANO DE VICTIMAS DEL PLAN CONDOR

“El desaparecido molesta en Uruguay”

Gatti sostiene que mientras en la Argentina la figura de los familiares de desaparecidos forma parte de la escena pública, en Uruguay sigue siendo una figura molesta para gran parte de la sociedad. Mujica y la Ley de Caducidad.

“En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos.”
Por Luciana Bertoia

Gabriel Gatti es uruguayo. En 1975, tenía ocho años cuando escapando de la dictadura oriental vino a vivir con su familia a Buenos Aires. En junio del año siguiente, los militares secuestraron y desaparecieron a su padre, Gerardo Gatti, un importante dirigente obrero uruguayo que fue visto en Automotores Orletti, un centro clandestino que funcionaba como sede del Plan Cóndor. Su hermana Adriana fue secuestrada embarazada meses después. Los restos de la chica aparecieron recién en 1983. Gabriel, su madre y su hermano se exiliaron en Francia. Después, viajaron a España. En Madrid, estudió Sociología. En 1993 se fue al País Vasco, donde todavía vive y trabaja como investigador universitario. “Euskadi era un lugar con un nivel de agitación política muy excitante en ese momento, no sólo por ETA sino por lo que estaba alrededor. Era muy atractivo para cualquier joven de izquierda, recién salido de una carrera de Sociales y en particular con una historia detrás de padres estupendos vinculados a un proyecto revolucionario”, contó a Página/12.

Como otras veces, volvió a Buenos Aires. En esta oportunidad, lo hizo para participar del Tercer Congreso Internacional de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas organizado por la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y dialogó con este diario sobre las diferentes formas de asimilar la figura del detenido-desaparecido a cada orilla del Río de la Plata.

–¿Qué diferencias hay entre Argentina y Uruguay en lo que respecta a la elaboración del pasado?

–En la Argentina, la figura del desaparecido está totalmente institucionalizada como parte de la escena pública. Los familiares de desaparecidos existen no sólo como un personaje doliente sino como un personaje político de primer orden. A diferencia, la figura del desaparecido es sumamente molesta para el imaginario colectivo del Uruguay, que tiende a valorar las cosas tranquilas. En parte, se explica por una cuestión de números, allí hay muy pocos. En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos. Te hablaban de otra cosa, de presos.

–¿A qué se debe de que hoy esté más presente en Uruguay la figura del desaparecido?

–Desde ese año hasta hoy, han pasado muchísimas cosas, no sólo la constatación del Segundo Vuelo (N. de R: que trasladó en 1976 detenidos desde Argentina a Uruguay). Hubo un importantísimo intento de anular la Ley de Caducidad. No se puede decir que fue negativo el resultado: el 48 por ciento de la gente votó a favor de anularla, el resto de la gente no votó. Y hubo una movilización colectiva que indica que está aflorando, en cierto grado, una figura que era invisible y muy vinculada al mundo muy chiquito de los familiares. Pero la sensibilidad de los líderes políticos más renombrados, incluido el propio presidente, no es la misma que la que tienen los argentinos en esta materia.

–¿Cómo tomó la actuación del presidente José Mujica frente al proyecto interpretativo que pretendía dejar sin efecto la Ley de Caducidad?

–Me generó profundo desagrado. Entre otras cosas, porque el presidente y su actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, son parte de la misma generación de mi padre. Eran colegas de sensibilidad, aunque no eran de la misma línea política y, sin embargo, tienen una lectura tan militarista que es insensible con lo que ocurrió a una buena parte de su propia generación. Es desagradable por una cosa muy uruguaya (como científico social no lo debería decir porque es una generalización barata) que es la sobrevaloración de la institucionalidad, de los acuerdos, de lo que votó el pueblo. Eso los torna insensibles ante las cosas excepcionales, como es la figura del desaparecido.

–¿Esa “insensibilidad” podría explicarse por una cuestión de números, porque allí hubo menos desaparecidos que en la Argentina?

–Sí, en parte. La dictadura uruguaya fue diferente de la argentina. Tuvo un “plan institucional” de exterminio. O sea, se pasaba por las cárceles y por el exilio, hasta eso era legal. La desaparición no entró en el registro de prácticas represivas de modo tan extensivo como ocurrió aquí. La sensibilidad uruguaya tan extrema por lo que es compartido y tan nula por lo que se sale de la norma hace que sea difícil pensar la figura.

–¿Y qué diferencias ve entre el movimiento de derechos humanos argentino y el uruguayo?

–Las sensibilidades históricas son tan distintas que no sé si es justo hacer una comparación, porque entre otras cosas lleva a considerar lo evidente: Argentina está muy por delante en esa materia con respecto a Uruguay. Si hago la comparación, tendría que plantear una evolución en esta línea que no se va a dar.

–¿Por qué dice que las políticas de la memoria son tramposas?

–Construyen unanimidades y construyen la convicción de que la verdad es cierta. Eso es tramposo, si lo miro desde el ojo clínico del sociólogo. Y no lo digo por aquello de que las memorias son múltiples sino porque éste es un campo precario, móvil, difuso. Si lo valoro como ciudadano implicado, no puede estar más que contento en el caso argentino, de una construcción de una narrativa oficial en el tema de los derechos humanos que ha permitido elaborar a medio plazo una figura internacionalmente consensuada de lo que es un desaparecido y que se está aplicando por doquier y con dosis crecientes de eficacia.

–¿Por qué afirma que no es correcto hablar de “desaparecidos” en el caso de la represión franquista?

–Estamos hablando de un fenómeno que empezó a finales de los años ‘30 y hasta ahora no se nombraba. Se los denominaba “fantasmas”, los “paseados”. Sólo hace cinco años, y ahora está especialmente el asunto hirviendo, empieza a usarse el término desaparecido.

Fuente: Pagina 12



ÁLVAREZ. NEGÓ QUE CASTRO HAYA SIDO SU MAESTRO

Ex SID reconoce lugar de reclusión

En "La Casona" estuvo recluido el maestro Julio Castro

"Goyo". Declaró ayer como testigo.
"Goyo". Declaró ayer como testigo.

Un ex integrante del Servicio de Información y Defensa (SID) reconoció ayer ante la Justicia, que el maestro Julio Castro fue detenido por efectivos de dicha repartición, y derivado al centro clandestino de detención conocido como "La Casona" de Avenida Millán y Loreto Gomensoro.

El ex oficial principal de la Policía, Ricardo Zabala, compareció ayer ante el juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Mirtha Guianze, en el marco de la indagatoria penal por el secuestro y desaparición de Castro, en agosto de 1977.

En este sentido, Zabala reconoció que el 1º de agosto de 1977 participó, por orden del Comando General del Ejército, en el operativo de detención de Castro. El ex oficial admitió, además, que el maestro fue derivado a "La Casona" de Avenida Millán, indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA. "El testimonio fue importante porque por primera vez 'blanqueó' la existencia de 'La Casona'", señalaron las fuentes.

El testimonio de Zabala avala, además, la versión aportada por el ex agente del SID, Julio César Barboza. Barboza, testigo en varias causas por violaciones a los derechos humanos, declaró que participó en el operativo de detención de Julio Castro, por orden de Zabala.

Asimismo, el juez Fernández Lecchini interrogó ayer al ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez. El dictador fue citado como "testigo", para confirmar la versión sobre la existencia de una carta de la esposa de Julio Castro, en la cual se reclama por la situación del maestro.

Castro, según su esposa, fue maestro del ex dictador, por lo cual apelaba a ese nexo para conocer su paradero; Álvarez dijo que Castro no fue su maestro y que la carta fue entregada al jefe de Policía de Montevideo, Julio Bonelli, porque no pertenecía a su competencia, explicaron las fuentes.

En tanto, el pasado martes el magistrado interrogó al coronel (r) José Nino Gavazzo. El oficial no aportó mucha información sobre el caso, pero reconoció su participación en la detención del periodista brasileño Flavio Taváres, también detenido en "La Casona", según informó ayer "Ultimas Noticias".

En tanto, el abogado Pedro Montano, representante de Álvarez, en el litigio anunció que recusará al juez Fernández Lecchini, porque no brinda garantías de imparcialidad en el proceso. Montano ya recusó al magistrado en la causa por la muerte de Roberto Luzardo, por la cual Álvarez fue procesado.

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MILITARES. OPINAN QUE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL "VIOLA" LOS DDHH

Retirados presentan recurso contra el decreto de Mujica

El presidente del Centro de Oficiales Retirados de las FFAA coronel Puente, presentó el escrito de revocación contra la decisión de anular los actos de archivo de gobiernos anteriores.

LORELEY NICROSI

Torre Ejecutiva. El recurso fue presentado el pasado 12 de julio.
Torre Ejecutiva. El recurso fue presentado el pasado 12 de julio.

Junto al también coronel retirado Walter Forischi, Puente presentó el recurso de revocación en Presidencia de la República el pasado 12 de julio. En el extenso texto al que tuvo acceso LA REPÚBLICA, se señala que la resolución "que se recurre, atenta contra los derechos humanos consagrados constitucional y legalmente, de un importante sector de nuestra ciudadanía, dentro de los cuales, podrían encontrarse asociados de mi representada", expresa en alusión al centro social. Añade que "debería recordarse que en las dos convocatorias que se efectuaron al pueblo oriental respecto a la continuidad de la aplicabilidad de la ley (de Caducidad), en ambas ocasiones el cuerpo electoral dispuso el mantenimiento íntegro de la normativa que el gobierno pretendía anular".

Puente subrayó que el recurso apunta a amparar a los socios que puedan estar eventualmente incluidos en los 88 actos administrativos dictados por las administraciones blancas y coloradas, que fueron anulados por Mujica.

En el recurso presentado a título personal, se afirma que "no puede el Poder Ejecutivo desconocer dichos pronunciamientos definitorios e irrevocables del máximo órgano soberano, que tienen fuerza constitucional, y mucho menos tratar de hacerlo violando la Constitución y las leyes utilizando una simple resolución administrativa".

Luego de explicitar los contenidos de la Ley de Caducidad y su alcance, el texto añade que "todo lo que está pretendiendo hacer el Poder Ejecutivo con la resolución que se recurre atenta contra la separación de poderes, es violatorio de la Constitución y de nuestro régimen legal y por supuesto involucra en las responsabilidades que correspondan: a) a quienes hayan dispuesto la resolución que se recurre, y a todos aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que tengan intervención en el intento de eludir lo que dispone la norma legal, hecho que, guste o no guste, deberá ser calificado como un fraude. b) A el, o los funcionarios del Poder Judicial que intervengan en el fraude, ya que la obligación que la ley impone a los magistrados es la de clausurar el caso y archivar los antecedentes".

Por otra parte, cuestiona que a través de un sólo decreto se hayan anulado los 88 casos.

"(...) el Poder Ejecutivo debe tener presente que en su oportunidad se requiere el estudio de cada caso en forma individual, lo que no se ha hecho en el acto administrativo que se recurre", indica.

EL DECRETO

* El 30 de junio, el presidente José Mujica firmó el decreto que anula los 88 actos administrativos aprobados por los gobiernos de los lemas tradiciones, por entender que estaban comprendidos en la Ley de Caducidad.

La resolución presidencial permitirá la reapertura de casos de denuncias de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. En el texto, el mandatario planteó que anula las anteriores resoluciones por "razones de legitimidad".

La mayoría de los casos fueron desestimados por el ex presidente Julio María Sanguinetti. El decreto firmado por Mujica hace hincapié en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay por el caso Gelman.

Fuente: La Republica