martes, 11 de diciembre de 2012

No ha lugar. Jueza Mariana Mota


SAMUEL BLIXEN


Mota rechazó recurso de Silveira
El coronel Jorge Silveira, alias “Pajarito” o “Siete Sierras”, responsable de asesinatos, desapariciones, violaciones a hombres y mujeres y robo de niños, prefirió admitir implícitamente su responsabilidad en prácticas de torturas a prisioneros, al solicitar el archivo, por prescripción del delito, de un expediente judicial. Silveira quizás razonó que la prescripción por el paso del tiempo podía prosperar en un caso “menor” del menú de aberraciones del terrorismo de Estado, en la presunción de que la tortura, aunque masiva y permanente, podía considerarse irrelevante frente a los otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y por los cuales él está procesado.
Pero no: la jueza del Juzgado Penal de 7º Turno, Mariana Mota, decretó que no ha lugar a la solicitud de clausura de la causa promovida por el periodista Rodolfo Porley, detenido (y torturado) en diversas unidades militares entre 1973 y 1976, antes de ser recluido en la cárcel de Libertad. La investigación judicial de esta denuncia tuvo recientemente un capítulo significativo cuando el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, convalidó la decisión de un oficial que impidió que la magistrada registrara, en fotos y videos, las instalaciones del Batallón 13 de Infantería donde funcionó el centro de torturas conocido como “Infierno Grande”.
El fallo de Mota tiene una significación especial porque ratifica la tortura como delito imprescriptible (de hecho la imprescriptibilidad fue fundamentada hasta ahora en casos de desapariciones, asesinatos y secuestros de niños); y porque la fundamentación ratifica conceptos y criterios que van más allá del caso concreto y sienta precedentes para la labor de búsqueda de la verdad y castigo a los culpables.