Informe de prensa

Los seis pasos que forman un ser violento

El maltrato animal puede advertir sobre casos de violencia doméstica

En Bienestar Animal reciben 15 denuncias diarias

Un proyecto prevé abordar estas situaciones con organizaciones que trabajen en violencia doméstica y con la Policía Comunitaria. De forma preventiva también se busca identificar personalidades con violencia progresiva que pueda desembocar en ataques a personas.

Escrito por: GUSTAVO TRINIDAD

Martes 15 de noviembre de 2011 | 8:32

La Comisión de Bienestar Animal, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, tiene un proyecto para trabajar conjuntamente los casos de maltrato animal con las organizaciones que trabajan en violencia doméstica y también con la Policía Comunitaria, según indicó a LA REPÚBLICA Ricardo Púrpura, integrante de la comisión.

La violencia contra un animal puede estar dando el alerta de violencia contra personas en el hogar y también encender una luz roja sobre adicción progresiva a la violencia de parte del victimario del animal. De hecho, en varios países se está aplicando este sistema que utiliza al maltrato animal como indicador de posible violencia doméstica y como forma de reducir los índices de violencia ciudadana por medio de tratamientos. De la misma forma la Comisión de Bienestar Animal quiere incluir a la Policía Comunitaria en su trabajo ya que “el 90% de las denuncias que recibimos está vinculado también a problemas vecinales”, apuntó Púrpura.

El estudio efectuado en Uruguay por varios psicólogos tomó como base un informe presentado por el FBI sobre la formación de la personalidad de asesinos seriales.

En este sentido el estudio identifica la formación de un ser violento a través de varios pasos.

1) Observar. Uno de ellos es observar o ser víctima de actos violentos en el ámbito familiar.

2) Acostumbrarse. El paulatino acostumbramiento y la pérdida de sensibilidad ante el sufrimiento de las víctimas.

3) Copiar. Emular la conducta del miembro dominante, del victimario del grupo familiar. Esto ocurre ya que una vez perdida la lástima por la víctima, la natural tendencia es a imitar el comportamiento de sus mayores.

4) Satisfacción. Se siente una sensación de gratificación psicológica al tener poder y dominio sobre la víctima.

5) Adicción. La satisfacción lleva a la reiteración cada vez más frecuente de los actos de violencia, trasformándose en una adicción.

6) Aumento. Luego viene el aumento progresivo del nivel de violencia y del grado de indefensión de las víctimas, que lleva a desembocar en la agresión a seres humanos.

En esta escala elaborada por los psicólogos solo puede encontrarse un único freno, que es el temor a una posible represalia de parte de un tercero o de la sociedad, ya sea por el rechazo de las personas o por la actuación de la Justicia. Esto explica por qué la mayoría de los violentos limita sus ataques al ámbito de la familia.

Archivos

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

MILES DE DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS Y MILES POR DESCLASIFICAR

Los Archivos Rico

Los archivos están. No fueron destruidos. En ellos se registra una parte de la “historia oficial” que, contextualizada, permite aproximarse a la verdad de lo ocurrido en los años de la dictadura. Los mismos documentos que antes registraban celosamente la represión de la dictadura, ahora se pueden transformar en prueba de cargo contra los propios represores en las causas planteadas ante la justicia.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

El equipo de investigadores de la Universidad de la República que encabeza el rector Álvaro Rico, realizaba ayer -tras el cierre de esta edición- un informe sobre la nueva documentación hecha pública por el gobierno, en el marco de la indagación sobre los uruguayos desaparecidos durante la dictadura y la represión que se ejerció entonces desde el terrorismo de Estado.
La ampliación de trabajo se produce al acceder a nuevas fuentes documentales que incluyen un archivo (16 CD microfilmados) que había sido encontrado por la ministra de defensa Azucena Berrutti en 2005 tras las asunción del presidente Tabaré Vázquez, y que había permanecido lacrado y sin desclasificar durante más de cinco años.
El millar y medio de nuevos documentos permite ampliar información sobre los casos de desaparecidos (se incluye archivos argentinos sobre el operativo de detención de Roger Julien y Adalberto Soba en 1976) o de muertos en el exterior (hay amplia documentación sobre la uruguaya Mónica Benarroyo muerta en Chile).
La información se divulgó como ampliación de los dos trabajos anteriores (Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos e Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay), y se mantiene un ordenamiento de fichas individuales como de proceso represivos por organización política
El profesor Álvaro Rico ha señalado a la prensa que en su trabajo se confirma la existencia de una lógica represiva de la dictadura uruguaya que se apoyaba en el aspecto monetario. A diferencia de la represión argentina, con apropiación de niños y desaparición masiva de personas, los represores uruguayos buscaban dinero de las organizaciones antidictatoriales.
En la documentación, se incorpora una ampliación de trabajo que han realizado hasta la fecha los integrantes del equipo de antropología forense encabezado por el profesor José López Mazz. Su informe no incluye la reciente aparición de restos óseos en el Batallón 14 de Toledo, pero da una amplia explicación de las tareas previas al hallazgo.
Algunos de los documentos prueban la participación de determinados militares y policías en acciones represivas, permiten confirmar el traslado de uruguayos que habían sido secuestrado o presuntamente desaparecidos en el exterior, detalla operaciones contra militantes montoneros en Uruguay, y aporta elementos de prueba para los procesos judiciales en curso, que deberán ser reclamadas por fiscales y jueces de las respectivas causas.

TE FELICITO
Dos de los documentos desclasificados, se constituyen en prueba de cargo contra oficiales de la Policía y del Ejército, quienes a principios de 1976 son felicitados por su mandos debido a su participación en las operaciones antisubversivas contra el Partido Comunista del Uruguay (PCU) denominadas Operación Morgan que se iniciaron en 1975.
En el Boletín de Órdenes Diarios (BOD) Nº 24.907 de la Jefatura de Policía del 26 de enero de 1976 se felicita a los miembros del Departamento Nº 5 de la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia (DNII): SubCrio. Miguel Míguez, Of. Pcipal. Boris Torres, Agentes de 1ª Ángel Pantellis Biassotti, Vicente Zapata Rami, Roberto Alfonso Pérez, Mario Silvera Roldán y Agentes de 2da. Ernesto Cativa y Jorge Narancio.
Con fecha 12 de febrero de 1976, en la Orden Nº 130 el comandante de la División de Ejército I, general Esteban Cristi, también felicita por la Operación Morgan a sus subordinados Tte. Cnel. Manuel Calvo, Tte. Cnel. (PAM) Henry Saralegui, Mayores Ernesto Ramas, Victorino Vázquez, Juan Lezama; Capitanes Omar Lacasa, Rubely Pereyra, Rudyard Scioscia y Ttes. 1ros. Julio Tabárez y Jorge Silveira, Antranig Ohannessian, (y) José Paris.
En ese proceso represivo, que se extendió hasta 1984, se produjeron 23 desapariciones forzadas, 16 homicidios bajo torturas, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y la tortura de miles de personas en los centros clandestinos conocidos como “300 Carlos” y “La Tablada” con sus “chupaderos” llamados “300 Carlos R” y “La Casona” de Millán.

“ESE ES MÍO”
Algunos de los documentos dados a conocer revelan internas militares y policiales que, en ocasiones, llegan a resultar paradójicas, como una aclaración del teniente coronel José Gavazzo al Estado Mayor del Ejército (EME) en el que explica que un infiltrado en la red de enlace de la Policía, es un ex comunista que trabaja para las Fuerzas Armadas…
El documento, fechado en junio de 1976 y dirigido al jefe del Departamento II del EME, coronel Nelson B. Viar, aparece firmado por el mayor Herrero y dice: “El suscrito habló con el Tte. Cnel. Gavazzo quien aclaró que el infiltrado en la red de enlace (de la Policía) es un comunista que trabaja para las FF. AA., y los que figuran como colaboradores, son colaboradores de las FF. AA. Por lo tanto, esta información no debe ser pasada a fichas, utilizándose solamente en forma interna”.

TRÓCCOLI
Uno de los archivos que puede llegar a dar mayores resultados en las investigaciones sobre acciones represivas de la dictadura en el exterior, es el de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se mantendrían las constancias de quiénes salieron o entraron del país en algunas fechas claves.
Así ocurre con el registro del Libro Fluvial del Aeropuerto de Carrasco, donde consta la lista de pasajeros del “puente aéreo” entre Uruguay y Argentina, que en fecha 20 de diciembre de 1977 confirma que en el vuelo AR215 viajaron a Aeroparque los oficiales Ricardo Dupont, José Uriarte y Jorge Tróccoli, quienes prestaban servicios en el FUSNA.
A partir de aquel 21 de diciembre se desató en Buenos Aires una salvaje represión contra militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el MLN-Tupamaros (“Peludos”). 26 uruguayos fueron secuestrados en los pozos de Quilmes y Banfield. La mayoría habría sido traída a Uruguay, donde fueron desaparecidos.

“DEJÓ DE EXISTIR”
La Dirección Nacional de Información e Inteligencia en su parte Nº 211 del 31 de julio de 1975, da cuenta de una serie de detenciones sobre militantes del Partido Comunista capturados en un apartamento de la calle Canstatt. En el mismo documento se agrega: “Relacionadas con el procedimiento en cuestión se hace constar que anoche, uno de los detenidos ÁLVARO BALBIS (sic) SALAS, a raíz de un síncope cardíaco dejó de existir”. Se refiere al militante Álvaro Balbi, muerto por torturas en el Regimiento de Coraceros. El caso fue excluido de la Ley de Caducidad y se instruye a nivel judicial.

HISTORIAS CLINICAS
Una de las nuevas fuentes de información obtenida por los investigadores de la Universidad de la República es la documentación administrativa y las fichas clínicas existentes en el Hospital Militar, donde el gobierno pidió una auditoría ante la constancia de que cada vez que se pedía información la misma no era encontrada.
La directora general de Servicios Sociales, Gabriela González, terminó por elaborar un informe en el que se concluyó que no se ha destruido la documentación, pero que no existe un sistema de búsqueda y debería implementarse un mecanismo de clasificación para acceder a la información.
Entre los documentos que ya aparecieron se incluyen recetas y órdenes de exámenes para quienes aparecen identificados como “detenida en Blandengues” o “se ruega traslado de bebe a Sala 8 (pabellón de los presos políticos en el Hospital Militar”. También hay registros de nacimientos en el nosocomio de las Fuerzas Armadas, donde en vez del grado militar se ponía la palabra “detenida”.

“ENTRE-CAZA”…
La abundante información sobre la represión al Partido Comunista, incluye los partes de inteligencia policial sobre un allanamiento en una finca de la calle Estivao, el 8 de febrero de 1976, donde son detenidos la militante Ofelia Fernández y “Alberto GRILLE MOTTA, oriental, casado, de 30 años de edad, C.I. 1.025.004, domiciliado en la calle 20 de Febrero Nº 2460 apto. 304, de profesión Estudiante de Medicina el que funciona en la U. J. C. como encargado de Alianza Política en el Comité Central. La ratonera continúa en el lugar. (…). Otro parte de la DNII, fechado el 4 de junio de 1976, da cuenta de una “Fuga de Procesados” y explica: “Siendo la hora 22.00 se tuvo conocimiento, que del establecimiento Cilindro, se había producido la fuga de los procesados Federico FALKNER DUFFORD, Alberto GRILLE MOTTA, José Enrique BARONI MASEDA y Miguel Arcángel MILLÁN SEQUEIRA, quienes se encontraban allí recluidos por razones locativas. Atento a ello, de inmediato se dispuso el allanamiento a los domicilios de los mismos (…) fueron instalados servicios de vigilancia en la residencia del Embajador de México (…) y en las inmediaciones de la Embajada (…), lugar donde también se encontraban apostados varios equipos de los enviados por OCOA, quienes efectuaban en la zona claves 8 y 9.- Posteriormente se concurrió al Cilindro Municipal, lográndose establecer que la fuga se había llevado a cabo entre las horas 19.00 y 21.00 aproximadamente y para efectuar la misma, los prófugos procedieron al corte de dos varillas de hierro de una ventana de la Puerta No. 5 del establecimiento que da hacia el lado Sur del mismo y con la ayuda de un banco procedieron a saltar la misma logrando salir al exterior. (…)”.



PROFUGO El capitán de navío Jorge Tróccoli y otros dos oficiales del FUSNA viajaron a Buenos Aires el 20 de diciembre de 1977, un día antes de que fueran secuestrados los militantes del GAU, PCR y MAS que se encuentran desaparecidos...



PARTO Ficha de un parto en el Hospital Militar. En donde debían poner el grado militar anotaban "detenida".



DALMAO Facsímil de una nota del Oficial S-2 (Informaciones) desde el Batallón de Trasmisiones Nº 1 al Servicio de Información y Defensa (SID) dando cuenta de una acción de inteligencia. El documento está fechado el 11 de julio de 1974, doce días después de que en el lugar fuera muerta por torturas Nibia Sabalsagaray.



SE BUSCA En el ocultamiento de la información, la dictadura llegó a hacer una denuncia ante INTERPOL para la búsqueda del desaparecido Julio Castro, a quien habían secuestrado, torturado y asesinado en la Casona de Millán. El documento muestra el parte en francés de la policía internacional procurando datos del maestro y periodista asesinado.



CONFESIÓN I Una ficha del dirigente sindical León Duarte, en la que con letra manuscrita se confiesa: “Detenido en el exterior (Despacho del Comandante Lamy)”. El material fue encontrado en el rollo 227.1543.1984 del archivo de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ejército.



CONFESION II Documento del Servicio de Información y Defensa (SID), fechado el 11 de abril de 1977 y firmado por el Jefe del Departamento III, José Sande Lima, donde se pide a la Policía Técnica, en forma urgente, fotografías y datos filiatorios de Gustavo Inzaurralde, quien junto a Nelson Santana habían sido detenidos en Paraguay el 28 de marzo de ese año.



TRABAL Y BARDESIO Facsímil de firmas en la última página del acta del 16 de mayo de 1972 que el entonces director del Servicio de Información y Defensa, coronel Ramón Trabal le tomó al policía Nelson Bardesio, hoy procesado por su participación en muertes y desapariciones forzadas del Escuadrón de la Muerte.



CONDORITO Documento en el que Gavazzo firma como “jefe de la CONDORP” (Operación Cóndor) el 16 de agosto de 1976, cuando ya habían sido trasladados de Orletti los pasajeros del “primer vuelo” y todavía no habían comenzado las acciones que en setiembre provocarían la desaparición de 22 personas.



PREFECTURA Actas de la Prefectura Nacional Naval, firmadas por el jefe de la DIPRE, Álvaro Diez Olazábal y por el jefe de inteligencia, Eduardo Craigdallie. Ambos tienen un papel importante en la represión contra Montoneros argentinos en 1977 y 1978, cuando el Mundial

Osorio en Uruguay

Hoy nuestro gobierno esta dispuesto a pedir la desclasificacion de archivos de Estados Unidos

relacionados con el periodo del Terrorismo de Estado en Uruguay

Carlos Osorio es un especialista en el tema por lo cual es esperado con gran expectativa

El decreto de Mujica desarchivando denuncias del 86 a la fecha,la reciente ley que permite

investigar los casos que prescribían,las publicaciones de parte de los documentos secretos de la dictadura y este pedido formal son un avance importante de la politica sobre DDHH de nuestro gobierno

Probablemente el elemento detonante de estos hechos es la condena a Uruguay por el caso Gelman.Esto no debe minimizar los esfuerzo de la sociedad civil para que esto suceda

Tenemos una política vacilante con marchas y contramarchas lo que dificulta la valoracion objetiva

El pedido de desclasificacion de estos archivos es una vieja aspiración de CRYSOL y demás organizaciones vinculadas a los DDHH. Ya desde julio del 2008 cuando la anterior visita de Osorio lo presentamos formalmente como Comisión de Memoria de CRYSOL

Pedimos a todos participar y demostrar su apoyo a esta iniciativa del Ministerio de RREE

Lewis Rostan

Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.Ministerio de Relaciones Exteriores

INVITACIÓN A JORNADA ACADÉMICA SOBRE DESCLASIFICACION DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS

lunes 14/11, 18 hs. Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el agrado de invitar a las organizaciones de derechos humanos en el país a la Jornada Académica a cargo del Ingeniero Carlos Osorio, Director del proyecto documentación Cono Sur de los Archivos de Seguridad Nacional dela Universidad George Washington.

El encuentro se realizará el lunes 14 de noviembre a las 18 horas en el Anfiteatro Artigas dela Cancillería (Colonia 1206).

En esta oportunidad el Ingeniero Osorio, experto en asuntos de desclasificación de archivos de EEUU y asesor de numerosas Comisiones de la Verdaden la región, expondrá sobre los procesos de desclasificación de archivos vinculados a violaciones a los derechos humanos producidos durante los regímenes represivos.

Asimismo aludirá al uso de la Ley de Libre Acceso a la Información y documentación desclasificada como garantía de los derechos de los ciudadanos en la búsqueda de la verdad y la memoria.

Como Administrador del Sistema Informático el Ingeniero Osorio diseñó e implementó además, el sistema digital de administración documental del National Security Archive.

El Seminario será inaugurado por el Ministro de Relaciones Exteriores Embajador Luis Almagro y contará con la presencia de destacados académicos y miembros de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.

A la espera de poder contar con su presencia, saluda atentamente

Dirección de Derechos Humanosy Derecho Humanitario

Ministerio de Relaciones Exteriores

Desaparecido en 1976

Confirman que restos hallados en Buenos Aires pertenecen al uruguayo Marcos Arocena

Escrito por: Editorial

Lunes 14 de noviembre de 2011 | 5:37

·

En una fosa común detectada por un grupo de forenses en el barrio bonaerense de Avellaneda, donde habían aparentemente unos 200 cuerpos, fue confirmado el hallazgo de los restos de un uruguayo desaparecidos en Argentina en el año 1976. Se trata de Marcos Bacilio Arocena Da Silva, desaparecido el 9 de julio de 1976.

Al momento de ser secuestrado por las fuerzas represivas que funcionaban conjuntamente entre Uruguay y Argentina, Arocena tenía 36 años de edad y fue llevado de su domicilio particular en la ciudad de Buenos Aires.

Según las investigaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, no existe testimonio ni dato alguno de que Arocena haya estado en condición de detenido en alguna dependencia militar ni policial argentina ni uruguaya. El dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Milton Romani, dijo al portal Montevideo.comm que a su entender Arocena no revestía en ninguna organización política y está convencido que su desaparición y posterior muerte se debió a su “disposición a alojar exiliados” tanto uruguayos como chilenos, y “a su condición de homosexual”. Arocena se desempeñaba como periodista, dramaturgo y director de teatro. El hallazgo de sus restos se dio a comienzos de este mes de noviembre y el pasado martes fue sepultado en un cementerio de la localidad de Pilar.

Escrache al Batallón

Domingo 13 de Noviembre 11hs

Camino Maldonado km 14

Escrache al Batallón

Sigue la Impunidad: ¿y nosotros cómo seguimos?

Carta abierta de Plenaria Memoria y Justicia / Nov. 2011

La memoria grita una vez más. Siempre gritará por más que ellos busquen silenciarla, silenciarnos. Una vez más hemos encontrado un cuerpo, una vez más la tierra grita todo el horror que guardan sus entrañas. Una y otra vez la memoria volverá a desenterrarlos/las. Y así desenterrando a nuestros compañeros/as, se desentierran los pactos, pero sobre todo se desempolvan los sueños de transformación social.

Para ellos la aparición del cuerpo es una maniobra más, este cuerpo que canjean por beneficios para los pocos milicos presos, como por ejemplo los arrestos domiciliarios del defensor de asesinos Curbelo Tamaro y Rivero, asesino de Chavez Sosa. Ellos saben dónde están, y eligen cuando los hacen aparecer, calibrando así la tensión social, la presión internacional. ¿Cuándo les convendrá excavar en los cementerios? ¿Cuándo será el momento propicio para desenterrar los cuerpos sin nombre? ¿O serán celosamente guardados como nuevas cartas debajo de la manga? Con la aparición de este cuerpo buscan en parte responder a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-como también calmar los reclamos que desde organizaciones de DDHH y desde la sociedad, se levantaban,estupefactos ante el trascurrir de los días y la pasividad del sistema politico, que dejaba entrever así, su real intencion de proteger a los perpetradores de delitos de Lesa Humanidad. Contradictoria sentencia que al mismo tiempo que condena a Uruguay, nombra a un uruguayo presidente-. La importancia de este hallazgo para ellos, es la de mantener un sucio y precario equilibrio que no viole los pactos de clase acordados sobre sangre y olvido; un mensaje a unos y otros: al pueblo y sus organizaciones ,de que este gobierno puede ,si todos nos portamos bien, hacer aparecer como en un gran acto de magia, algo de la tanta verdad que mantienen secuestrada; a las FFAA, la reafirmacion de su absoluta impunidad, para como acaba de decir el reciente nombrado comandante en jefe del ejercito de“ las causas y las eventuales responsabilidades del pasado se “encargaran el “tiempo y la historia”.Esa es la importancia de este hallazgo para ellos, mantener ese precario y sucio equilibrio. No violar los pactos de clase acordados sobre sangre y olvido, pactos que sustentan una impunidad que busca mantener la jerarquía actual de los privilegios, y que instrumentan hoy la re-colonización de nuestros territorios.

Pero la memoria es sabia y tercamente porfiada.

Para nosotros/as la verdad no es eficacia, la memoria no es un golpe mediático o un eslogan electoral. Para nosotros/as esos cuerpos aparecidos hacen parte de la reconstrucción colectiva de la verdad. Esa, nuestra verdad que construye nuestra memoria viva, activa y combativa. No esperamos nada de la mentirosa verdad de los milicos, ni de las transas del gobierno.

Para ellos todo tiene su precio, todo se negocia y se transa: los cuerpos, la ética, la verdad y la justicia. Por eso pueden manosear los DDHH: no anulando la ley de impunidad habiendo tenido la mayoría parlamentaria, con las tímidas y cuestionables leyes de reparación, como cuando se pronunciaron confusa y contradictoriamente frente al voto rosado, como cuando montaron el circo en torno a la ley interpretativa. Y ni que hablar del nombramiento de Fernández-Huidobro como Ministro de Defensa, consolidando así una traición que ya venía anunciándose. También es cuestionable que desde décadas se sepa que el predio donde encontraron los últimos restos, el Batallón 14 de Toledo, los milicos lo llamaban Cementerio de Arlington (denominación yanqui del cementerio donde enterraban a los soldados mercenarios muertos), y no se hayan realizado antes las excavaciones e investigaciones ahí, como en otros lugares de los que también hay datos. También da que sospechar la manipulación política de los ritmos de las excavaciones y los límites de las investigaciones, supeditando el acceso a la información a las razones políticas del gobierno.

Es dentro de esta ambigüedad que entendemos esta nueva maniobra: la aprobación express de esta ley de no prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Esta resolución no anula la ley de impunidad, lo que hace es actuar sobre uno de sus efectos. Traslada la responsabilidad política al poder judicial, abriendo debates en torno a la constitucionalidad y la retroactividad, dejando vigente la ley de Caducidad. Ante la presión de la memoria y las organizaciones populares y de DDHH, y frente a la resolución de la CIDH este gobierno buscó un atajo que le lavara la imagen a la impunidad, pero no anula la ley. ¿Por qué? De la misma forma que en una semana se obtuvo la mayoría necesaria para aprobar esta última ley, ¿por qué no se obtuvieron los votos para anular la ley de impunidad, que es el reclamo histórico de esta lucha?

Esta maniobra, disfrazada de aparente triunfo del gobierno, confunde y profundiza una vez más el reflujo de la fuerza del movimiento popular en su lucha contra la impunidad. La estrategia de plebiscitar los DDHH, para luego institucionalizar el debate en el parlamento y el ejecutivo es coherente con el discurso hegemónico del gobierno progresista, que instala y legitima el camino de la impunidad y de la reconciliación. Con esta ley ellos se lavan las manos condicionando los reclamos de juicio y castigo a los pactos.

Y si estos crímenes de lesa humanidad, “a partir de ahora y por ley”, no prescriben, ¿por qué no van presos los torturadores y asesinos?

Si estos crímenes de lesa humanidad no prescriben, juicio oral y público para todos!

Si estos crímenes de lesa humanidad no prescriben, juicio y castigo!

Si estos crímenes de lesa humanidad no prescriben, juicio a la dictadura!

Si estos crímenes de lesa humanidad no prescriben, y el presidente promueve la domiciliaria para los mayores de 70 años, ¿No habría que subir la edad de imputabilidad entonces para todos ellos?

Si estos crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¡que las cárceles se llenen de torturadores y no de pobres!

En este país, hasta ahora, después de 38 años, ningún milico está procesado por crímenes de lesa humanidad.

La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es un logro de quienes siempre hemos luchado contra la impunidad sin transar ni claudicar, es un logro del millón de memorias que no acatan impunidad, de los trabajadores, estudiantes y del pueblo todo que se movilizó exigiendo la nulidad. Siempre afirmamos con claridad que los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado no prescriben jamás, porque la memoria, nuestra memoria, no prescribe. La lucha por quebrar la impunidad sigue más vigente que nunca, el camino aún es largo.

Saludamos las cientos de denuncias hechas en los últimos meses (las denuncias colectivas por cuarteles, en comisarías, en juzgados), los/as cientos de presos/as rompiendo el silencio, como un paso más en la construcción colectiva de la justicia. Hoy muchos de los 400 milicos sueltos están en manos de fiscales y jueces, hoy el pueblo no tiene miedo de denunciar, aunque ellos sigan utilizando sus métodos de amedrentamiento (atentados fascistas, cartas como la del Coronel Araujo, amenazas, escarmientos y descuartizamientos, etc.). Para nosotras/os la importancia de la aparición del cuerpo en el Batallón 14 y de la aprobación de esta última ley es el paso dado en la construcción colectiva de la verdad y la justicia. La nuestra es lucha, no maniobra.

Desde nuestra lucha cotidiana, queremos hacernos parte genuina de los sueños de emancipación que no tienen precio, que no transamos. Nuestra memoria llena de lucha y nuestra lucha llena de memoria, no solo exigen verdad, también exigen juicio y castigo a todos los torturadores, basta de impunidad de ayer y hoy! Seguiremos buscando y encontrando a nuestros/as compañeros/as. Seguiremos buscando y encontrando a los torturadores y asesinos que viven impunes, los seguiremos desenmascarando y sacando de las sombras. Que no quede nadie sin conocer sus crímenes, que paguen por lo que hicieron. DEL ESCRACHE NO SE VAN A ESCAPAR. Porque no va a haber pacto que los ampare. Nuestra memoria no negocia, no entrega, no pacta.

Un solo juicio a la dictadura: ¡Todo un pueblo que los condene!

El contragolpe esperado.....

Militares retirados preparan ocho denuncias contra 14 exguerrilleros

Casos. Sucedieron antes del golpe de Estado; investigan otros crímenes

VIVIANA RUGGIERO

Militares retirados y familiares de víctimas asesinadas por guerrilleros antes del golpe de Estado preparan las primeras ocho denuncias que presentarán a la Justicia. Ninguna de las 14 personas que implicarán es hoy una figura pública.

El Plenario de Centros Militares tiene registrados 61 asesinatos: 41 con "responsables identificados" y 20 sin identificar. En estos hechos que van de 1952 a 1973 murieron 23 civiles, 27 policías y 11 militares, según documentos manejados por ex- militares a los que accedió El País. Incluyen la muerte de dos civiles a manos de militantes comunistas en 1952.

Los militares retirados pretenden ahora denunciar algunos de los casos que tienen "responsables identificados" y que nunca fueron condenados por el hecho, así como también a exguerrilleros que dieron órdenes o estuvieron vinculados a distintos asesinatos, y tampoco fueron procesados.

La idea no es solamente denunciar casos que nunca se investigaron, sino también hechos por los cuales en su momento fueron procesados los autores materiales, pero no la cúpula del MLN, la que dio la orden de ejecutar la acción, como por ejemplo en el caso del peón rural Pascasio Báez", explicó a El País el asesor del Círculo Militar, Andrés Merino Pacheco.

También comenzaron una investigación para intentar aclarar algunos de los homicidios cuyos responsables no están identificados.

Fuentes militares comentaron a El País que son ocho los casos que presentarán en una primera instancia a la Justicia, aunque todavía no está definido cuándo. Se los atribuyen a 14 exguerrilleros: ninguno fue procesado por los hechos ni es hoy una figura pública.

Afirmaron que además continuarán "juntando elementos para presentar unos cuantos más". "No es fácil porque tenemos que reunir toda la documentación, reunirnos con la familia de la víctima, que son los que presentarán la denuncia, y remover cosas que habían quedado atrás para cumplir con la promesa de mirar para adelante", dijo una fuente castrense.

La decisión de presentar denuncias ante la Justicia, surgió ante la aprobación en las cámara de Senadores y Diputados del proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura, y la promulgación del mismo por el presidente de la República, José Mujica. En ese entonces el Plenario de Centros Militares anunció que denunciaría unos 34 delitos presuntamente cometidos por tupamaros que no fueron procesados. El presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, dijo que la decisión no los ponía "felices" pero que fue tomada porque "no se cumple con la palabra".

CASOS. Uno de los primeros asesinatos que se pondrá a consideración de la Justicia es el de Rafael Guidet Piotti, un coleccionista de armas asesinado en septiembre de 1969 al resistir una rapiña en su casa. Dos ex- guerrilleros son señalados por este crimen y nunca fueron procesados por él.

"Los dos viajaron a Chile años después y cuando comenzó la dictadura allá aparecieron entre la nómina de ciudadanos uruguayos que abandonaron el país. Uno de ellos sé que después estuvo en Panamá. Ahora están los dos acá", informó la fuente.

El asesinato del agente policial Carlos Rubén Zembrano Rivero y de los coraceros Ariel Soto Romero y Nelson Lima Gutiérrez son otros de los casos que presentarán los exmilitares. Zembrano Rivero fue baleado en Centenario y Carrara en noviembre de 1969, y se vincula al crimen a dos exguerrilleros: uno de ellos está en el exterior del país.

Los coraceros, en tanto, fueron asesinados en el Hospital Pedro Visca, actualmente centro Izcali (dedicado al tratamiento y rehabilitación de personas consumidoras de droga).

Soto Romero y Lima Gutiérrez fueron "baleados a quemarropa por dos hombres y una mujer" que simularon ser personal del centro asistencial (vestían guardapolvos) en septiembre de 1971.

Según la documentación manejada por los militares, la mujer está identificada. Se refugió también en Chile y posteriormente en Suecia. Actualmente está vinculada al Departamento de Laboratorios de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Uno de los hombres que participó en ese asesinato también está identificado. Según las fuentes militares, fue procesado pero por "atentado a la Constitución" y no por el homicidio de los coraceros. En 1976, además, viajó a España, afirmaron las fuentes.

Al crimen de un agente policial que se desempeñaba en una comisaría ubicada en la localidad de Constancio (Pay-sandú) se relaciona a un tupamaro que el 13 de febrero de 1972 habría participado también en la toma de la ciudad de Soca, acción que se hizo, entre otros motivos, para robar armas de la comisaría local. Allí fallecieron el oficial ayudante Juan Manuel Sánchez, el agente de 2ª clase Segundo Fernández y también resultó herido el agente José González Trías.

También tendrían responsabilidad en la toma otros dos tupamaros. Ninguno de los tres fue procesado por estos delitos, pero estuvieron presos en el penal de Punta Carretas. De hecho, fugaron de allí en la operación Abuso.

Los asesinatos del soldado Eusebio Godoy, del teniente de 2ª Ricardo Braida y del coronel Artigas Álvarez tampoco tuvieron a sus autores procesados, y completan las primeras ocho denuncias que serían presentadas.

En el caso de Godoy, uno de los tupamaros señalados por este hecho falleció y el otro acusado habría vuelto al país después de haber vivido varios años en Cuba y Francia. El soldado murió durante una operación del MLN en el puente sobre el Arroyo Ñaquiña, Ruta 3 (Artigas).

El teniente Fernández, por su parte, fue asesinado en agosto de 1972 y, según los militares, su matador viajó un año después a Chile, posteriormente a Cuba y en 1977 a Europa.

Al homicidio del coronel, ocurrido en la puerta de su casa mientras sacaba su coche del garaje, se vincula a dos hombres y una mujer. Sin embargo el exguerrillero José Luis Rodríguez reconoció, en una entrevista que le realizaron en un programa de Televisión Nacional en el año 2007, haber sido el autor material.

Álvarez era jefe de la Defensa Civil, un cargo sin mayor relevancia, pero era hermano del general Gregorio Álvarez y "un blanco mucho más fácil".

SIN PISTAS. De los casos cuyos responsables no están identificados y que exmilitares comenzaron a investigar, se destaca el asesinato de Hilaria Ibarra Benítez, quien falleció en una explosión en el Carrasco Bowling Club. Se está investigando también quienes fueron los responsables del homicidio al comerciante Diego Rómulo Terra Olivera, que habría sido asesinado por ser confundido con un oficial de las Fuerzas Armadas que vivía al lado de su domicilio. (Producción: Pablo Meléndrez)

Última denuncia al MLN fue archivada

La última denuncia presentada contra exguerrilleros fue en 2008 por el caso de la muerte de Roque Arteche, un preso del penal de Punta Carretas que habría sido reclutado por el MLN. En el marco de esta investigación, declararon una decena de ex dirigentes tupamaros, entre ellos, el presidente de la República José Mujica, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro así como Julio Marenales, Mauricio Rosencof y David Cámpora. Jorge Zabalza y Henry Engler no comparecieron por encontrarse en el exterior del país.

En esa instancia todos aseguraron ante el juez penal Luis Charles que no existió una orden del Ejecutivo del MLN para asesinar a Arteche, quien se había incorporado a la organización, pero según los denunciantes, fue ejecutado luego de mantener serias diferencias con el grupo armado. Los extupamaros presentaron como prueba en ese entonces el acta de defunción de Arteche, uno de los elementos en los que se basó el fiscal Fernández Dovat para pedir el archivo del expediente.

Fernández Dovat entendió que el delito denunciado no se adecúa al hecho, que debería ser tipificado como homicidio porque se constató que Arteche murió. En relación al "homicidio", el fiscal señaló que ese delito ya prescribió, y por tanto no puede ser investigado. Además, determinó que a lo largo de la instrucción del caso, no fue posible atribuir responsabilidades concretas hacia ningún exintegrante del MLN. El cadáver de Roque Arteche fue encontrado en abril de 1971 con un disparo en la cabeza en un terreno baldío ubicado en la zona Flor de Maroñas.

El País Digital

Análisis de ADN

Un laboratorio de Buenos Aires analiza restos hallados en el Batallón Nº 14

Los restos hallados en el Batallón Nº 14 están en un laboratorio científico en Buenos Aires y la información de ADN y antropomórfica que se está procesando "es muy vasta y compleja", dijo Alberto Breccia, secretario de la Presidencia, a LA REPÚBLICA.

Escrito por: Editorial

Sábado 12 de noviembre de 2011 | 3:04

El esqueleto hallado semanas atrás en un predio perteneciente al Batallón Nº 14, en Toledo, pertenece a un hombre.

El secretario de la presidencia, Alberto Breccia, señaló anoche a LA REPÚBLICA que los restos fueron enviados hace algunos días a la República Argentina y están bajo la égida de un laboratorio especializado en análisis de ADN y de estudios antropomórficos.

Informó que tras la confirmación de que el esqueleto corresponde a una persona de sexo masculino “me comuniqué con Macarena (Gelman) para señalarle que estábamos descartando la posibilidad de que esos restos correspondieran a su madre”; María Claudia García de Gelman, desaparecida en 1976.

Breccia señaló que la tarea que vienen desarrollando en el laboratorio de Buenos Aires “es muy compleja” y que por ello se obligó a postergar una conferencia de prensa en la que se iban a detallar los informes correspondientes.

“La riqueza de datos que emanan de los restos determina la complejidad en el cotejo de la información, porque es muy vasta la verificación con el banco genético y las pruebas antropométricas que se vienen aplicando”, aclaró Breccia.

Acotó que si se hubieran hallado pocos restos la pericia forense hubiera sido más ágil; “pero con un esqueleto prácticamente completo la verificación de ADN y antropomórfica es muchísimo más exhaustiva porque puede ocurrir que una sección ósea arroje un dato determinado pero otra parte certifique información diferente”.

Breccia aseguró que la información que provenga desde Argentina “la manejaremos con estricto cuidado y recelo, como corresponde”. Además, el Poder Ejecutivo tramitará ante el Poder Judicial la autorización que corresponde para dar a conocer la información públicamente, “luego que nos pongamos en contacto con Familiares”.

Agregó que la información que llegue al gobierno una vez terminada la labor científica en el laboratorio bonaerense “será la única que vamos a brindar en forma pública” y que para ello “esperaremos que culmine la verificación tanto a nivel genético como antropomórfica para tramitar el permiso ante la Justicia”.

El secretario de la Presidencia de la República dijo que hasta el momento del envío de los restos hallados en el Batallón Nº 14 a la fecha no se tuvo contacto con los técnicos. “Entiendo que la tarea es muy compleja por la vastedad de la información que los restos pueden llegar a dar”, concluyó Breccia.