La impunidad sigue

Difundirlo es sembrar Memoria.

La impunidad sigue adelante.

Hoy en las primeras horas de la mañana recibimos la noticia del robo de la computadora de la fiscal Mirta Guianze.

Estaba en su casa de veraneo, durmiendo.

Entraron solo a robar la computadora nuevamente, con el material que estaba preparando sobre la causa Goyo Álvarez (el dictador), además de otros procesos en curso.

¿Qué tenemos que pensar?

No se necesita ser muy astutos para saber que los servicios siguen operando aún en “democracia”-

¿Qué medida tomará el ministerio del interior?

No es la primera vez que esto le sucede a la Fiscal Mirta Guianze.

Volvemos a repetir, desde Domingo Arena se sigue haciendo inteligencia. Aquella vez dijeron las fuentes noticiosas que les habían encontrado varios CD con información de mucha gente. ¿Eso fue verdad? ¿Y qué se hizo al respecto?

Veamos:

En anteriores notas subrayamos que la impunidad está viva, ¿es que se espera que se cometa otro delito peor?

¿Quién dirige esas operaciones?

¿Quién tiene el poder de mando hoy?

¿Ellos?, o la sociedad civilizada, Democrática y representativa?

Parece ser que el año comenzó con llamados de alerta para las organizaciones de DDHH y la sociedad toda.

¿Será que estamos muy cerca de la Verdad?

¿Será que la fiscal, jueces, militantes y organizaciones de DDHH estamos en la mira de ellos?

¿Quién tiene que responder sobre esto?

Estamos esperando una respuesta, pero ojo no queremos que se trate de delitos de pastabaseros, - no-, acá son otros los actores.

Solidaridad contundente con la fiscal Mirta Guianze.

Por Verdad y Justicia!

¡No a la impunidad!

Último Momento

Robaron la computadora de la fiscal Mirtha Guianze

¿Te interesa esta noticia?

Por segunda vez en pocos meses robaron la computadora de la fiscal Mirtha Guianze. El robo ocurrió en la casa de veraneo de la fiscal en Punta Rubia en el departamento de Rocha.

Según contó a EL PAÍS digital en robo se produjo en la noche cuando ella y su familia se encontraban durmiendo. "No puedo sacar conclusiones, pero la verdad que es muy raro, porque en la mesa junto a la laptop, había un Blackberry, un celular, y dinero. Además dejaron el cargador de la computadora que estaba conectado al aparato" dijo.

Guianze estaba trabajando en el caso de Gregorio Álvarez y otros vinculados a la violación de derechos humanos durante la última dictadura militar. Pese a la perdida material Guianze aseguró que las información sustraída cuenta con un respaldo y solo se perdió " lo que venia trabajando en estos días".

En marzo de 2010, Guianze sufrió un robo similares características donde los asaltantes solo se llevaron una computadora de su casa de Las Piedras, pese a que según su relato tuvieron a su alcance otros objetos de valor.

Argentina testimonio

Viernes, 7 de enero de 2011

URBANIDADES

La polera azul

Por Marta Dillon

Maco —Carlos Somigliana— abrió la puerta de la oficina y se aproximó como si estuviera dispuesto a observar el comportamiento de otra especie. Eramos mujeres, en definitiva, la primera noción de extranjería que puede tener cualquier hombre que se reconozca como tal. Y a él nuestra actitud le pareció estrictamente femenina: tres mujeres revolviendo ropa sobre una mesa. Una mesa que podría parecer de saldos si nuestras caras no hubieran estado tiznadas por la tierra que esos jirones de ropa que tratábamos de reconstruir habían conservado durante décadas. Ese polvo fino, marrón, insistente en su manera de adherirse a la piel me produjo una sensación de amor inmediata. No podía creer que Celeste, otra de las integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense junto con Maco, me estuviera pidiendo disculpas por no haber cepillado esas prendas que estuvieron enterradas en una bolsa desde 1985 junto a otra que contenía los restos anónimos de una serie de personas que lentamente están recuperando su identidad. Esa ropa, en el segundo mes de 1977, cubrió los cuerpos de los masacrados en una esquina de Ciudadela; entre ellos, mi mamá. Después el tiempo y la corrupción la aplastaron contra los huesos. Cuando los huesos fueron desenterrados en busca de identificaciones que no se produjeron en 1985 ya no hubo forma de volver a unir los colores de la tela con los restos que guardaban.

Era obvio, pero hasta que lo vi no supe que el tiempo también actúa sobre las fibras. Lo curioso, al menos para mí, es que lo primero que se pierde sean las costuras. El vínculo entre un retazo y otro. Eso que convierte un pedazo de tela o dos en una remera masculina, un vestido de viyela con canesú, una camisa con un diseño en batic, un pantalón oxford. Fue mi hija la que me ayudó a poner las piezas en su lugar, a reconstruir con paciencia y ojo de sastre lo que había sido separado. Celeste nos guiaba con oficio, aunque ella también quedó detenida frente a una medibacha con las piernas cortadas y un agujero que podría ser de bala justo donde alguna vez se alojó una pelvis. La información acumulada en tantos años fluye como si tuviera sentido: “La deben haber usado de bombacha, le cortaron las piernas por el calor”, digo como si tuviera algún saber que aportar y no una necesidad constante de poner palabras aun donde el silencio alcanza.

El nylon que se usa para las medias de mujer sobrevive intacto, pareciera que hasta conserva la forma de quien lo usó para protegerse vaya a saber de qué. También sobrevive una polera azul, aunque no intacta. La reconozco como tal porque tiene un jirón de cuello mal cortado. No hay rastros de las mangas. Decido sacarle una foto a esa polera. Celeste me pregunta qué llevaba puesto mi madre la noche del secuestro. Yo no lo sé, pero de tanto buscar su campera a rayas, una que me gustaba ponerme de niña aunque me quedara grande, me convencí de que eso era lo que vestía. Y entonces la buscamos entre los restos, la quisimos ver sin estar del todo convencidas en unos harapos de tela de avión desteñidos y destrozados que podían parecer una campera. Algo latía, en cambio, frente a la polera azul. Pero faltaba el peso de la certeza. Faltaba la contundencia de la verdad. Faltaba esa seguridad con la que otro día en ese mismo edificio del EAAF Maco había dicho: “Algunas cosas pueden cambiar, muchas no las vamos a saber nunca. Pero ésa es tu mamá (Patricia Berardi, también del EAAF, habría dicho “tu mami”). Eso no va a cambiar, ni ahora ni nunca”. La verdad, fría y pesada como un mármol —vaya comparación—, de ahí me podría sujetarme en caso de tormenta. O echarme a dormir, como hacen los niños cuando se sienten seguros.

¿Hace falta enunciar qué era lo que buscábamos, mi hija y yo, entre la ropa? Puedo anotar rápido: reconocer a la ausente. No es mucho decir. Puedo contar en cambio la impresión que me produjo cuando Gastón Goncalvez, compañero de HIJOS en 1996, salió de ver los restos recién recuperados de su papá. Junto al esqueleto, como si estuvieran puestos, estaban los mocasines. Hay que ver cuánta humanidad pueden guardar unos mocasines guardados.

Durante los días siguientes a esa visita al EAAF le mostré a quien pude las fotos que había tomado hasta que empecé a sentirme ridícula frente a las preguntas que pedían certeza sobre la pertenencia de las prendas, como si una no pudiera hacer su duelo sobre todas ellas, como si la indefinición les quitara valor humano. Algo de eso habría porque la certeza cayó como una plomada entre mis costillas, un peso capaz de atravesarme y llegar al centro de la Tierra y a la vez llenarme de amor por un pedazo de nylon de un azul ya lavado. Fue Cristina Comandé, una compañera de cautiverio de mi mamá, quien fue capaz de sacar lustre, otra vez, a la verdad. La seguí como un perrito durante la inspección ocular al campo de concentración donde estuvieron chupadas ellas y tantos otros y otras que también recorrían las instalaciones de la Brigada Güemes, en Autopista Richieri y Camino de Cintura, aunque la mayoría ya no están. No sé si Cristina notó con cuánta avidez me bebí sus palabras, si ella, como otras sobrevivientes, llegan a darse cuenta de lo que vale que sus ojos hayan visto los ojos amados y perdidos en una noche demasiado larga. Con voz firme, frente a un juez de la Nación que va a elevar a juicio los crímenes de lesa humanidad que ahí se cometieron, Cristina contó dónde estuvo, cómo el lugar ahora se veía pequeño y antes, cuando estaba chupada, grande. “Es que era yo la que me sentía chiquita.” Contó también cómo se sacaban los piojos, dónde los quemaban, los ruidos que escuchaban, los olores inolvidables. Y contó, también, cuando la mayoría se retiraba, que en un banco que ya no está estuvo con mi mamá mientras ella se quitaba las mangas y el cuello de una polera para aguantar el calor que empezaba a apretar. ¿Te acordás de qué color era esa polera? “Claro, azul”, dijo y yo grité: ¡La encontré! Y las dos nos abrazamos tan largamente como pudimos.

De esto se trata, a veces, la verdad. Las muchas verdades que todavía nos deben los genocidas. Las que seguiremos arrancando a su conspiración de silencio, como lo venimos haciendo, entre todos, entre todas.

Prensa otro más

“Es bueno que se discuta la idea que planteó Danilo”
13.01.2011 | 7.26-El Espectador
El presidente Mujica consideró que “es bueno” que el Frente Amplio “discuta” la propuesta del vicepresidente Danilo Astori de derogar la ley de Caducidad, a efectos de cerrar este asunto pendiente.



“En el tema de la ley de Caducidad yo ya dijo que no me voy a meter. Es bueno que se discuta la idea que planteó Danilo, pero repito, no me voy a meter. Es un asunto que tiene que resolver el Frente Amplio y los ministros. Además cada uno pertenece a un grupo de coalición”, dijo el presidente a Búsqueda.

La semana pasada, Astori aseguró a este semanario, en cuanto a la ley de caducidad que “el camino es derogar la ley en el Parlamento. No anularla, derogarla y en lo que refiere a la preservación de los efectos hacia atrás, operar por la vía de la declaración de inconstitucionalidad”.

Prensa el hipócrita

Ley de Caducidad. Dispuesto a estudiar la propuesta de Astori
Nin Novoa: el problema de los DDHH se solucionará en 100 años
Coincidencia con el presidente Mujica.

Sobre las leyes. "No se anulan ni se declaran inexistentes".
"El problema de las violaciones a los derechos humanos se solucionará dentro de 100 años, cuando ninguno de nosotros estemos vivos", dijo el senador Nin Novoa que adelantó estar dispuesto a estudiar la propuesta de Astori de derogar la Ley de Caducidad. "Las leyes no se anulan; se derogan", dijo. El senador Rodolfo Nin Novoa, uno de los legisladores del Frente Amplio que junto a Fernández Huidobro y Jorge Saravia ha manifestado su negativa a apoyar el proyecto de ley con el que se pretende establecer la inexistencia de la ley de Caducidad, dijo que "el problema ocurrido con las violaciones a los derechos humanos y sus consecuencias se terminará dentro de 100 años, cuando todos estemos muertos, tal como lo dijo en su momento el presidente José Mujica".
"Allí, en ese momento, quedará todo solucionado porque ninguno de los que hemos sido protagonistas de aquellos sucesos estaremos para contarlo ni para cuestionarlo".
Nin Novoa es uno de los integrantes del Frente Amplio que en su argumento para no acompañar el proyecto con media sanción de Diputados esgrime que la ciudadanía ya se expresó por mantener la vigencia de la Ley de Caducidad "y en dos ocasiones", recordó; en 1989 y en el 2009.
"Además ¬agregó¬ las leyes no se anulan ni se declaran inexistentes. Las leyes se derogan, se aprueban o se promulgan. Nunca se anulan", aclaró.
Se manifestó contrario también a no "buscarle interpretaciones" a la posición de la población cuando fue convocada en las dos oportunidades a pronunciarse sobre la vigencia, en el primer caso, o por la anulación, en el segundo caso, de la Ley de Caducidad. "Yo no le busco interpretaciones a lo que la gente dijo. Las cosas son como se dieron", sostuvo.
Sin embargo, Nin Novoa entiende que los resultados de los plebiscitos no son inamovibles y tampoco inmodificables.
"Los plebiscitos tienen una vigencia relativa", sostiene el líder de Alianza Progresista "una vigencia humana o generacional porque en el futuro, cuando ya ninguno de nosotros esté vivo, alguien podrá entonces dejar sin efecto esta Ley de Caducidad. Es lo mismo que si alguien viene dentro de unos años y quiere privatizar Antel o Ancap. Nadie en su sano juicio va a decirle a ese inversor 'mire que hay un plebiscito que desde hace muchos años impide la privatización de las empresas públicas'. Eso sería ridículo. Con el tema de la ley de Caducidad pasará igual", sostuvo.
Nin Novoa está convencido que los resultados de toda consulta plebiscitaria tienen "importancia" para una o dos generaciones. "Nosotros nos tenemos que aguantar los resultados de estas dos consultas", dijo aludiendo a las realizadas en 1989 y 2009 sobre la Ley de Caducidad "porque de lo contrario estaríamos entrando en el terreno de la inconstitucionalidad" si se pretende "violentar" lo expresado oportunamente por la población "con propuestas de anular o erradicar una ley".

"HAY QUE ESTUDIARLA"
El senador Nin Novoa confesó desconocer los pormenores de la propuesta hecha pública recientemente por el vicepresidente Danilo Astori en cuanto a no anular sino derogar la Ley de Caducidad.
El punto latente es el efecto retroactivo sobre los casos de las violaciones a los derechos humanos que distancia esta propuesta de Astori con la que defienden la anulación o eliminación de la Ley de Caducidad ya que una derogación de una ley no tiene injerencia en el pasado cuando estuvo vigente.
"Hay que analizarla porque desconozco cuál es el sentido de la propuesta de Astori. Se deben conocer las consecuencias de la misma", dijo Nin Novoa que adelantó su disposición a analizarla.
Sobre el aún proyecto de ley de erradicación de la Ley de Caducidad, dijo que ya "no tiene sentido seguir discutiéndola (porque) yo sigo manteniendo la misma posición ya conocida".
Nin Novoa agrega un detalle no menor en cuanto a la propuesta de derogación del vicepresidente. Astori sugiere que eventualmente una vez derogada la Ley de Caducidad los familiares de los detenidos desaparecidos podrían recurrir ante la Justicia esgrimiendo la inconstitucionalidad de la norma "pero eso ¬dice Nin Novoa¬ no tendría sentido porque derogada la ley ya no habría contra qué recurrir porque el impedimento jurídico no existiría".

Los integrantes del escuadrón

TRIBUNAL CONFIRMÓ EL PROCESAMIENTO DE LOS DOS EX INTEGRANTES DEL ESCUADRÓN DE LA MUERTE DE LOS AÑOS 70
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3º Turno confirmó en todos sus términos y por unanimidad, el procesamiento con prisión de los ex agentes de Policía Nelson Bardesio y Pedro Freitas, por el homicidio del joven Héctor Castagnetto, en agosto de 1971.
Los ministros del TAP Eduardo Borges, Bernardette Minville y José Bonavota analizaron el expediente judicial y confirmaron el fallo de la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, por el cual se procesó a ambos ex agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), por sus implicancias en la actividad de la organización parapolicial.
En este sentido, el TAP confirmó el procesamiento de Bardesio y Freitas como co-autores de un delito de "homicidio muy especialmente agravado", en virtud de su responsabilidad en el secuestro y desaparición de Castagnetto.
 Si bien la justicia se pronunció a varias décadas de sucedido este secuestro y posterior desaparición.
 Todavía en nuestro país no se procesó con Desaparición forzada o delito de Lesa Humanidad.
 Los homicidios tienen prescripción en el proceso penal.

Otra vez?

Los estados llamados democráticos, siempre han difundido la idea de que todos somos iguales ante la ley.
Y es allí que el estado se convierte en un gran gendarme para llevar adelante ese falso legado.
Los derechos de los habitantes o ciudadanos de ese territorio, pasan a dormir la larga siesta sabiéndose “cuidados” “protegidos” salvados en una palabra de no se sabe a ciencia cierta de quien; en muchas ocasiones.
Repensemos.
Las últimas dictaduras militares vividas en la región en el siglo pasado, dejaron sus terribles secuelas hasta nuestros días.
Un fractura social que aún convive en el entramado de las familias, la sociedad toda.
En su germen como producto de aquel corte trasversal impuesto, quedó carcomiendo y mutando: la impunidad.
Ya nada sería igual.
Los crímenes cometidos a través del estado totalitario pasó a naturalizarse y por ende a mutarse en el estado democrático o representativo.
Trepó y saltó alegremente para continuar su acción de carcomer los pocos cimientos que se habían salvado, luego de la catástrofe social de los años de plomo.
El objetivo del germen restaurador criminal fue despejar el camino de seres opositores.
Los encarceló, a otros los asesinó, y a casi 200 en nuestro caso los hizo desaparecer.
Y a otros los convirtió a su doctrina, dejándolos congelados para cuando fuese necesario darles el “calor” del poder y así seguir permaneciendo. El motor principal siempre económico ligado a los grandes y voraces capitales se instaló, se desarrolló y se multiplicó como siempre para unos pocos.
Luego de su siguiente etapa, porque (siempre es voraz y despiadado el plan), avanzó más. Descongeló a su retaguardia con el calor del poder, y se profundizó; pero esta vez
Camuflado (había aprendido la lección de los costos).
Sin embargo el organismo en este caso el conjunto de una buena parte de la sociedad, aún mantiene reservas intocadas. Producto de viejas épocas -del fragor de las luchas- que no se rinden o se seducen al canto de sirenas.
Que lograron conservar los antídotos necesarios para no “ser comidos” por el germen de la impunidad. Y que exigen, que rindan cuentas aquellos que ayer cometieron los crímenes más abyectos en nombre de la patria.
El viejo león desmelenado y su manada de ovejas.
Los recientes gobiernos progresistas, que no de izquierda, encontrarían en su camino una piedra que rompería la suela de sus tacones.
Esa piedra era el tema Derechos Humanos en relación especialmente al pasado reciente.
La actitud ambigua, permanente saltando de un lado a otro en la manada de ovejas al rugido del viejo león desmelenado, ha dado como resultado más contradicciones que soluciones.
No se desconoce que alguna medida haya sido positiva y de aliento, pero… siempre viene con el aditivo de que puede ser riesgoso avanzar más.
Así es que aún, a tantísimos años de los sucesos trágicos; el germen que trepó y saltó, sigue vivo entre nosotros.
De lo contrario no deberían temerle ¿o no?
Sol y playa y la puñalada trapera.
Bien se sabe que las vacaciones estivales es la puerta fantástica para decir y meter de prepo todo aquello que en actividad no se puede.
La prensa anunció que el vicepresidente Astori - propone “zanjar” la discusión por la ley de caducidad derogándola en el parlamento con el mayor respaldo político posible”-
Diccionario: zanjar: solucionar, resolver, solventar, despachar, concluir, acabar, terminar.
Sin embargo suena más a antónimo: entorpecer, complicar.
Todos sabemos a esta altura del problema que derogar no tiene efecto retroactivo, sería algo así como borrón y cuenta nueva.
Y luego muy presto y contundente salió al ruedo el senador Eleuterio Huidobro ávido para apoyar dicha propuesta: “no hay problema dijo”.
Así que resumiendo… porque no se olviden que estamos de vacaciones, mientras nosotros sol y playa… la puñalada trapera está por venir.
Las excavaciones tienen vía libre para este año que ya entró. El desentierro dará o no nuevas pistas, el parlamento se pondrá entre otras cosas a cocinarnos a fuego lento. ¿Quedará alguna chispa que encienda los corazones y exija el paso de la justicia?
Por Verdad Y Justicia!!!
¡No dejaremos a nuestros muertos solos otra vez!

Negociados económicos en la dictadura

Denuncia. Legisladores solicitarán se indaguen sus cuentas bancarias, sospechosas de haber recibido dinero fraudulento
Desde el FA pedirán investigar al Goyo por la "Operación Conserva"
Al ex dictador Gregorio Alvarez le están apuntando a la línea de flotación. Legisladores del Frente Amplio promoverán que la Justicia investigue sus cuentas bancarias, que se sospechan abultadas y con dinero fraudulento. El oscuro "Operativo Conserva" será uno de los capítulos a abrir.
Ricardo Portela Ostrawsky

Negocio ruinoso. La operación obligaba al Estado uruguayo a comprar el producido a un precio superior al internacional.

Contrariamente a lo aplicado a otros dictadores latinoamericanos como es el caso del fallecido Augusto Pinochet al que se le investigaron sus cuentas bancarias locales e internacionales, en nuestro país la Justicia no ha podido incursionar en esa materia y por lo visto ha sido así hasta estos días.
El senador Jorge Saravia (Espacio 609) dijo a este diario que "sería oportuno y razonable que la Justicia investigara las cuentas bancarias de Alvarez porque en ellas hay dinero obtenido de negocios turbios, como el caso conocido como Operativo Conserva, en el que el ex dictador participó junto a un terraniente de Cerro Largo y a un empresario frigorífico".
El llamado "Operativo Conserva" fue una maniobra comercial desarrollada entre los años 1981y 1982 en la que participaron los que luego fueron identificados como "la triple A uruguaya". Allí estaban el empresario cárnico José María Alori, titular del Grupo Alori, un terraniente y ganadero de apellido Arigón, allegado a Alvarez cuando éste estaba al frente del Regimiento de Caballería Nº 7 apostado en Santa Clara de Olimar, y la tercera "A" es la del hoy procesado.
En esa maniobra en la que el terceto se enfundó -por lo menos- unos 13 millones de dólares consistió en exportar ganado en pie a Argentina para ser procesado allá, luego transformado en corned beef para que volviera enlatado a Uruguay.
Posteriormente, el MGAP asumía la obligación de comprar el producto e intentar venderlo al exterior aunque el rédito oculto estaba en que la totalidad de las ganancias iba para los grupos económicos que intervenían en la maniobra.
Pero existe un detalle más terrible aún que a la postre le costó el cargo como titular del Instituto Nacional de Carnes (INAC) al Mayor de la Marina Armando Méndez cuando ocupaba ese lugar en 1982. En aquél año Méndez dijo que el operativo era "inconveniente" porque el precio final de adquisición del corned beef era superior al de su posible colocación internacional y que la conserva no procedía del ganado exportado. Tras esta afirmación, el INAC pasó a estar comandado por un Coronel del Ejército.
La partida de corned beef se hizo a un costo promedio de 22 dólares la caja, equivalente a un 25% por encima del precio internacional del producto, precio/valor de aquellos años. La conserva cárnica fue re-exportada por el Grupo Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta. Clink, caja.
Coincidentemente, la esposa de Alvarez trabajaba en uno de los frigoríficos que participó en la maniobra y el ex dictador era accionista de Central Frigorífica Uruguaya Sociedad Anónima (Cufsa), perteneciente al Grupo Alori. Cufsa era un establecimiento frigorífico erigido en un inmueble que pertenecía a Efcsa en el departamento de Durazno y que fuera expropiado por la dictadura.
Las acciones de Alvarez en Cufsa son datos que -según los legisladores- están fácilmente detectables en los archivos de la Dirección General Impositiva.
ZUMARAN NO PUDO
La investigación sobre el "Operativo Conserva" tiene únicamente un antecedente en los andariveles judiciales. El entonces senador Alberto Zumarán en la primera administración gubernamental del ex presidente Julio María Sanguinetti llevó adelante una investigación que finalmente no prosperó. Por otro lado, en el año 1986 el Ministerio de Ganadería realizó también una investigación administrativa como consecuencia de las denuncias de Zumarán en el Parlamento. Tras esa investigación oficial, se determinó que el Estado uruguayo había perdido más de 12 millones de dólares en el operativo comercial, que se violó la ley de contabilidad y de administración financiera. No obstante la contundencia del dictamen del MGAP, el entonces ministro Pedro Bonino determinó que el expediente se clausurara y se archivaran los documentos. El ex senador Alberto Zumarán contraatacó en 1987 y realizó la denuncia penal correspondiente. Tras esa gestión logró que el ex dictador respondiera ante la Justicia. Allí por segunda vez consecutiva, el caso fue archivado y no repercutió en ningún otro estado.
EL RESPALDO DE LA REVISTA "HOY" DE ALORI
Algunos medios periodísticos que circulaban en las postrimerías de la dictadura titulaban la noticia del "Operativo Conserva" como "Operativo Coraje". Como la revista "Hoy", un medio periodístico perteneciente también al Grupo Alori. En la revista "Hoy frigoríficos" (así se presentaba) funcionaba como editor Danilo Arbilla. En "Hoy" Alori tituló en su editorial de setiembre de 1982 como Operación Coraje, definiendo así al "Operativo Conserva".
Al final del editorial, se aseguraba "es mucho lo que está en juego. Para mantenerlo, en una operación de las características atípicas como las que hoy analizamos, sólo se puede salir adelante como lo ha hecho el Gobierno Nacional: pisando fuerte. Duela a quien le duela. Pese a quien pese (porque éste es) un acto de soberanía sin precedentes, desafiando al poder mundial que controla el mercado de conservas, con todos los beneficios y riesgos que ellos implica". Uno de los pocos trabajos periodísticos de investigación que se dieron a conocer estuvo a cargo del economista Miguel Carrió en su libro "País vaciado. Dictadura y negociados" publicado en 1987. El libro reseña el entramado comercial del "Operativo Conserva" y la participación de Alvarez en el mismo. Por otro lado, desde el exterior, el periodista uruguayo Javier Zevallos realizó un trabajo de investigación para el semanario Voces del Frente sobre el Operativo. En el mismo se informa de la aparición de un dato nuevo en el caso que compromete el accionar del dictador Gregorio Alvarez. Zevallos prometía en esa crónica que denunciaría el hecho ante la Justicia.

La Trampa

El vicepresidente Danilo Astori propuso zanjar la discusión por la ley de Caducidad derogándola en el Parlamento con el mayor respaldo político posible.
“El señor Danilo Astori quiere estar bien con Dios y con el diablo y no se puede estar bien con los dos. La Ley de Caducidad habría que haberla anulado en el período pasado."
Lille Caruso, integrante de la dirección de Derechos Humanos del Partido Comunista.

En tanto, el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) fue en la misma línea que Astori. "Si quieren derogar la ley, no hay problema", dijo a El País el miércoles, un día antes de conocerse la propuesta de Astori.

Edición 2011
Impulsores del interpretativo de la Caducidad instan a Astori a respetar la decisión del FA.

“El señor Danilo Astori quiere estar bien con Dios y con el diablo y no se puede estar bien con los dos. La Ley de Caducidad habría que haberla anulado en el período pasado. Teníamos mayoría, pero la historia era que no había una decisión del Congreso [del Frente Amplio]. Ahora está esa decisión, ¿cuál es el problema entonces?”, cuestionó en diálogo con la diaria Lille Caruso, integrante de la dirección de Derechos Humanos del Partido Comunista.

Las declaraciones fueron formuladas a raíz de las afirmaciones del vicepresidente publicadas ayer en Búsqueda acerca de que “el camino es derogar la ley en el Parlamento”. “No anularla, derogarla, y, en lo que refiere a la preservación de efectos hacia atrás, operar por la vía de la declaración de inconstitucionalidad”, dijo el líder de Asamblea Uruguay, y sugirió que “llegó el momento de procurar buscar una solución que permita cerrar la discusión y mirar hacia adelante”. “Podemos discutir la forma concreta. Pero el objetivo es erradicar sus efectos para que nadie pueda eximirse de la Justicia. Aspiramos que se dé el debate en los órganos del FA”, señaló el diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio).

El trámite parlamentario del proyecto que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad se postergó para este año luego de que, aprobado en Diputados, surgieran posturas contrarias entre los senadores del FA Jorge Saravia (Espacio 609), Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L). “Esperemos que con las modificaciones realizadas en Diputados se limen algunas de las asperezas que puedan violentar la disposición de algunos legisladores”, dijo Astori el 19 de octubre, luego de anunciar que votaría a favor de la iniciativa. Entonces alegó que la Caducidad “no debería estar en el ordenamiento jurídico ya que, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, es inconstitucional”.

“Esto [por las afirmaciones en Búsqueda] sería un cambio de posición”, hizo notar el diputado Carlos Coitiño (PVP). “La posición de la fuerza política sigue siendo la misma, cualquier fundamento de cambio debe ser explicitado, no es una cosa que se pueda imponer. Partimos de la base de que el presidente del FA [Jorge Brovetto] iniciaría una negociación con los disidentes, pero aún no tenemos un informe al respecto. Aspiramos que se cumpla con las decisiones pactadas, si cobramos al grito estamos fritos”, continuó. El tema será uno de los puntos de discusión en el plenario nacional del FA convocado para el 19 de marzo.

Hasta ahora, según informaron fuentes frentistas a la diaria, Brovetto mantuvo reuniones con Fernández Huidobro y con Nin Novoa, pero todavía no concretó un encuentro con Saravia. En este proceso también ha participado el abogado constitucionalista y ex senador socialista José Korzeniak, que conversó sobre el asunto con Nin. “Yo mantengo mi postura de siempre. Está complicado”, respondió ayer a la diaria el ex intendente de Cerro Largo.

La Diaria

Tibio apoyo a idea de Astori de derogar ley de caducidad
Parlamento. Blancos podrían apoyar; diferencias en el FA


DANIEL ISGLEAS

El vicepresidente Danilo Astori propuso zanjar la discusión por la ley de Caducidad derogándola en el Parlamento con el mayor respaldo político posible. Tanto en la oposición como en el oficialismo, su idea recogió un apoyo relativo.

"Llegó el momento" de buscar una solución que permita "cerrar la discusión y mirar hacia delante" del tema, dijo el vicepresidente Astori quien, a la vez, se mostró contrario a la idea de anular la ley de Caducidad como propone la mayoría del Frente Amplio.

"El camino es derogar la ley en el Parlamento. No anularla, derogarla y en lo que refiere a la preservación de efectos hacia atrás, operar por la vía de la declaración de inconstitucionalidad", planteó ayer en declaraciones a Búsqueda.

Astori precisó que espera que esta idea se discuta tanto dentro del Frente Amplio como con los partidos de la oposición.

El tema había cobrado estado parlamentario hace un tiempo, cuando el diputado de Unidad Nacional (UNA) José Carlos Cardoso presentara dos proyectos de ley separados para derogar la ley de Caducidad. El primero de ellos lo dio a conocer en el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez, inmediatamente después de conocerse el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia para el caso de la muerte de la militante comunista Nybia Sabalsagaray. Y presentó otra iniciativa similar en 2010.

"Sería positivo que el Frente Amplio acompañara este proyecto de ley de la oposición. Es el único camino" para superar este tema, dijo Cardoso a El País, coincidiendo con Astori.

Según el legislador, su proyecto de ley no inhibe que los distintos casos se reabran, eventualmente, gracias a la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte.

En el sector Alianza Nacional, del senador Jorge Larrañaga, la propuesta del vicepresidente Astori es vista con buenos ojos. El senador y secretario general de Alianza, Eber Da Rosa, adelantó que ese planteo "se puede estudiar".

"La derogación es diferente de la anulación. La derogación tendrá efecto para el futuro, pero no se podrían revisar las situaciones que fueron ya resueltas por el Poder Ejecutivo", sostuvo el senador a El País.

Da Rosa recordó que en 1989 hubo un pronunciamiento de la ciudadanía que fue contrario a la derogación de la ley.

En cambio, en el Partido Colorado la iniciativa no cayó bien. Propuesta Batllista (Proba) no acompaña la idea de Astori. "¿Derogar la ley de Caducidad? No. Votó la gente", respondió el senador José Amorín en diálogo con El País.

RETROACTIVIDAD. En el Frente Amplio hubo una serie dispar de opiniones en un sentido y en otro. Por ejemplo, el senador suplente y abogado defensor de organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, Óscar López Goldaracena, se mostró molesto con la propuesta de Astori.

"Se está olvidando de la sangre, los muertos, de las víctimas. Está defendiendo la impunidad", protestó.

"La razón por la que la ley de Caducidad es nula, y seguirá siendo nula, es que violenta el principio de acceso a la Justicia", agregó, aclarando que "la única forma es borrarla sin dejar rastro y declarando que los crímenes de lesa humanidad son condenables", sostuvo López Goldaracena, suplente del senador del Partido Comunista Eduardo Lorier.

En tanto, el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) fue en la misma línea que Astori. "Si quieren derogar la ley, no hay problema", dijo a El País el miércoles, un día antes de conocerse la propuesta de Astori.

"La ley de Caducidad ha quedado liquidada por la Suprema Corte de Justicia, por las decisiones que tomó. Ese camino está abierto y permite incursionar en cualquier tipo de investigación. Se puede hacer un texto que ratifique las decisiones de la Corte, que no debe ser inconstitucional y debe ser ratificado por un plebiscito", reflexionó.

"Puede ser perfectamente una derogación retroactiva", lanzó, por su parte, el diputado Felipe Michelini, del Nuevo Espacio, que se manifestó dispuesto a analizar la propuesta de Astori. "¿Cómo? Estableciendo en la ley que la Caducidad se deroga a partir de su vigencia, en el año 1986. En el Nuevo Espacio estamos dispuestos a discutir la propuesta del vicepresidente. Queremos que la norma se erradique de nuestro sistema jurídico", afirmó el dirigente oficialista.

En marzo de 2010, el sector que conduce su hermano, el senador Rafael Michelini, propuso que se declarara la inexistencia de la ley de Caducidad. Luego la bancada del Frente Amplio asumió la idea de anular la ley, proyecto que se llegó a votar en Diputados y que luego naufragó en el Senado.

Quien tiene una visión opuesta, dentro del oficialismo, es el diputado Aníbal Pereyra, del Movimiento de Participación Popular (MPP). Explicó a El País que en su momento el sector descartó la posibilidad de derogar la ley de Caducidad debido a que no se consideraba jurídicamente posible una retroactividad de esa norma.

"Si se aprobaba una ley retroactiva podría darse la situación de que los que están hoy procesados quedaran en libertad", recordó Pereyra. "La derogación tiene ese contratiempo", añadió.

Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, apoya la idea de Astori. "Anular las leyes no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que dice Astori es muy correcto, comparto su razonamiento. La ley se puede derogar y por supuesto no genera efectos hacia atrás. Pero a su vez las declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte han abierto puertas para indagar diferentes casos".

VISIONES opuestas
Felipe Michelini

DIPUTADO DEL NUEVO ESPACIO

"Puede haber una derogación retroactiva. ¿Cómo? Estableciendo en la ley que la Caducidad se deroga a partir de su vigencia, en el año 1986. En el Nuevo Espacio estamos dispuestos a discutir la propuesta del vicepresidente. Queremos que la norma se erradique del sistema jurídico", afirmó el diputado oficialista.

José Amorín

SENADOR DE Propuesta Batllista

"¿Derogar la ley de Caducidad? No. Ya votó la gente. El pueblo votó hace un año y no aceptó la derogación. No da para más. Para dejar el asunto atrás, como quiere Astori, hay que olvidarse del tema. La izquierda le pidió al pueblo que decidiera y por dos veces votó que no quería cambiar la ley", declaró el senador opositor.

El País Digital

Rechazos a planteos de Astori sobre derogar Caducidad
07.01.2011 | 9.18 - El Espectador
El planteo del vicepresidente Danilo Astori de derogar la ley de Caducidad generó rechazo desde su propia fuerza política.



Según declaró este miércoles Astori a Búsqueda “el camino es derogar la ley en el Parlamento. No anularla, derogarla y, en lo que refiere a la preservación de los efectos hacia atrás, operar por la vía de la declaración de la inconstitucionalidad”.

El vicepresidente negó que la propuesta sea contradictoria con las consultas populares de 1989 y 2009 asegurando que en el primer caso el soberano no se pronunció sobre la derogación sino por la entrada en vigencia y en el segundo sobre la anulación de la norma.

El senador frenteamplista Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), dijo a Ultimas Noticias que “la mejor manera de solucionar esta situación es dejar las cosas como están” .

Por su parte, el senador Oscar López Goldaracena (Democracia Avanzada) dijo a radio Carve que Astori “se esta olvidando de la sangre, los muertos , de las víctimas, y de la impunidad jurídica”.

Desde la oposición, el senador de Propuesta Batllista, José Amorín Batlle aseguró que el tema para su partido termino cuando la gente se pronunció en la última consulta popular.

En el Partido Nacional, el senador Eber Da Rosa de Alianza Nacional aseguró que la postura de Astori se acerca bastante a la de su partido ya que en la legislatura pasada el diputado José Carlos Cardoso presentó un proyecto para derogar la ley de caducidad.

Cardoso dijo ahora que “si la posición anunciada prospera, estamos muy cerca de la solución del tema”.

Con un testigo clave en el caso de la muerte del ex militar del Batallón 13
“Ramírez sabía quiénes enseñaban a torturar”
Escrito por: Walter Pernas
De: Brecha

Pérez Quiñones-Foto: A.Arigón
Juan Carlos Pérez Quiñones abordó una lancha y fue a la Isla del Sauce a ver al ex soldado Julio Ramírez, el mismo que el 21 de diciembre de 2010 aparecería muerto en las aguas del río Uruguay. En esa visita Ramírez le contó que había integrado un grupo antiterrorista desde el año 69 hasta el 70 y que se retiró porque, según le habría dicho un oficial: “Si usted no sirve para torturar, no sirve para nada”. Pérez Quiñones también fue militar, y en la entrevista con Brecha aporta datos sobre los tormentos en el cuartel de Mercedes durante la dictadura y sobre la sospechosa construcción a fines de los noventa –y bajo guardia militar– de la terminal de ómnibus de la ciudad en un predio que pertenecía a ese batallón.





—Usted fue militar. ¿Cuándo y dónde comenzó su carrera?

—En 1972 entré al Batallón 5º de Infantería, de Mercedes, tenía 26 años.

—¿Cuáles eran sus tareas respecto de los detenidos de la época?

—Les daba de comer, los llevaba al baño. Cuando pasaban a la carpa grande, pedía permiso al jefe de la guardia para asistirlos un poco…

—¿Eso sucedía después de la tortura? ¿Usted supo, estuvo de alguna manera a la hora de la tortura?

—Mire, yo vi que a los detenidos los tenían de plantón varios días, luego había golpes de todo tipo…, y sí, los torturaban… Primero a los tupamaros, luego empezaron a caer los del Partido Comunista Revolucionario de Mercedes, los llamados maoístas…

—¿Y lo dejaban asistir a los detenidos?

—Algunos jefes sí, no todos eran iguales. Los que estaban detenidos eran todos conocidos, muchos de ellos jugaban al fútbol conmigo, eran amigos…

—Todos se conocían, entonces…

—Todos nos conocemos en Mercedes: había revolucionarios, pero también muchos estudiantes, sindicalistas…

—Entonces usted sabe quiénes eran los torturadores…

—Todo el mundo sabe…

—¿Y quiénes eran? ¿Viven en Mercedes?

—Algunos aún viven acá, pero no voy a dar los nombres. La mayoría se fue a vivir a Buenos Aires apenas volvió la democracia.

—No va a decir ningún nombre…

—Mire, el que más torturaba era Sergio Magallanes, el “Pájaro”; era uno del S2. Acá todo el mundo lo sabe. Era un soldado, luego habrá ascendido a cabo…

—¿Y dónde está ese hombre? ¿Vive?

—Se fue a Buenos Aires, sé que es remisero, pero nada más…

—¿Cuántos integraban el S2 (Inteligencia) del Batallón 5º?

—Eran unos diez, y casi todos se jubilaron y cruzaron el río para vivir en Argentina.

—¿Hubo algún detenido muerto en el batallón?

—Que yo sepa no, pero yo estuve sólo 17 meses… Pero hay gente que dice que sí había restos cuando demolieron el batallón para construir la terminal…

—¿La terminal de Mercedes fue construida en el predio del batallón?

—Sí, y cuando estaban haciendo las excavaciones para los cimientos se hundió una máquina retroexcavadora y quedó la bóveda a la luz…

—¿Qué bóveda?

—Había un túnel por el que pasaban los detenidos para ser torturados. Empezaba justo en la esquina del cuartel que da a Colón y Don Bosco (hoy una esquina aún en construcción dentro de la terminal de ómnibus, a la que no se puede acceder). Los hacían bajar unos escalones y luego recorrían el túnel, que cruzaba la calle, y debajo de una de las casas antiguas que aún existen se encontraba el lugar de torturas. Ahí trabajaba el S2: ponían la radio alta arriba y bajo el piso torturaban.

—¿Y quiénes vieron esos restos?

—Lo sé por terceras personas, pero en las que confío. Uno de los que trabajaban allí del que no conozco el nombre –pero sí a un allegado que habló conmigo– vio restos humanos y avisó al capataz de la obra. Fue cuando la máquina se hundió. El capataz mandó parar la obra: “Paren, paren muchachos, que se nos acaba la changa”, dijo, según me contó esta persona. Inmediatamente llegó una guardia militar a vigilar que nadie se acercara. Y se tapó todo.

—¿Y cuándo ocurrió eso?

—A fines de los años noventa. En el 98 o 99…

—Fue en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. ¿Quién era el intendente de Soriano?

—Todavía estaba Gustavo La Paz.

—¿Y esas personas que fueron testigos o protagonistas, viven, pueden hablar?

—Mire, acá en Mercedes no hay voluntad de investigar nada. El capataz trabaja en Nueva Palmira y a los periodistas del Eco de Palmira que lo fueron a buscar los sacó prácticamente a patadas. Los demás tampoco quieren hablar…

—Pero debe haber detenidos políticos que aún viven y pueden dar su testimonio…

—Haber, hay, algunos tienen familiares desaparecidos, pero en general nadie quiere hablar...

—¿Al batallón de Mercedes llevaban detenidos de otras partes del país o de Argentina?

—Llegaban de otras partes. El doctor Martínez Platero fue detenido en Colonia y lo trajeron para acá, y como él otros…* Los que llegaban desde Argentina eran militares, y también venían de Perú, Bolivia, Chile y algunos con acento yanqui, todos los de la Escuela de las Américas de Panamá. Llegaban para ver cómo estaban los detenidos, cómo eran las torturas, y para aprender otras cosas: les construimos una tatucera en el cuartel para que supieran cómo era y para que la detectaran, pero no pudieron…

—¿Pero usted participaba de ese grupo?

—No, yo era albañil, y nunca salí a detener a nadie. Veía que torturaban, veía que entraban a los calabozos a violar a las muchachas detenidas, pero jamás participé de la tortura. Tanto, que pedí la baja y me la dieron, pero me dijeron que me fuera del país…

—¿Cuándo fue eso? ¿A dónde fue?

—A fines del 73 me fui a Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Me detuvieron en el 75 y me quebraron la mandíbula. Luego me fui a San Justo: caí en un lugar donde actuaba la brigada más asesina de la represión en Argentina. Allí fui detenido decenas de veces por no tener el certificado de buena conducta. Hice por lo menos siete veces la cola para que me lo dieran, pero al llegar al mostrador me sacaban la huellas dactilares y después se reían de mí: “Qué te vamos a dar si vos sos un tupamaro chorro”, me decían.

—En ese tiempo desapareció su hermano, Modesto Quiñones.

—El 24 de junio de 1977 desapareció mi hermano, que también era albañil y dirigente del sunca. Lo buscamos durante 30 años, hasta que sus restos fueron encontrados en 2008 por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el cementerio de Villegas, en San Justo.

EL CASO RAMÍREZ

—Su lucha por la búsqueda de desaparecidos continuó incluso después del hallazgo del cuerpo de su hermano.

—Claro, mi compromiso sigue y seguirá.

—Imagino que por eso hace unos meses fue a hablar con Julio Ramírez, el ex soldado del Batallón 13 que apareció muerto en diciembre.

—Sí, todo el mundo hablaba de ese testigo pero nadie lo iba a buscar. Así que conseguí que una lancha me llevara** y fui hasta la Isla del Sauce, que queda a diez minutos de Nueva Palmira.

—¿Y qué pasó?

—Entramos por el Arroyo del Sauce y llegamos a la isla. Amarramos contra la costa, porque no hay muelle, y caminamos unos cincuenta metros. El hombre estaba ahí, solo, en una casillita hecha sobre postes, con pedazos de tablas.

—¿Y qué información le dio?

—Él me dijo que toda la vida había trabajado en los montes de Nueva Palmira y en la pesca, y que al quedarse sin trabajo se fue a Montevideo y se metió de milico…

—¿En qué año?

—Ramírez me dijo que fue militar entre el 69 y el 70, y que había ingresado al Batallón 13.

—Otras informaciones señalan que fue militar durante toda la dictadura, por eso pudo colaborar con croquis de los batallones donde se buscan restos de desaparecidos.

—No, no es así. Él me contó que no estuvo más de dos años: en el Batallón 13 le ordenaron que pasara a la Escuela Naval del Cerro, donde se estaba formando un grupo de tareas antiterroristas.

—¿Qué hizo en ese lugar?

—Ramírez me contó que vio cómo torturaban a las personas, que allí se enseñaba a torturar. Y que cuando le tocó el turno, él no se animó.

—¿Qué pasó con él?

—Me dijo que estuvo un tiempo preparándose para todo tipo de tareas antiterroristas, pero que se negó a torturar. Me dijo que se apersonó a un capitán del Batallón 13 para decirle que él no servía para torturar, y que ese oficial le dijo que si no servía para torturar no servía para nada.

—¿Le dieron la baja?

—Sí, se fue.

—Pero entonces este hombre conocía a todos los que enseñaban a torturar y a los que torturaban en aquellos años…

—Claro que los conocía a todos.

—Le dio algunos nombres.

—No.

—Luis Ramírez ha dicho que su hermano Julio estaba dispuesto a declarar ante la justicia.

—Sí, pero Julio Ramírez apareció asesinado. Bah, algunos dicen que murió porque se cayó del bote, pero no sé cómo explican los tajos que tenía el cuerpo. Acá en el pueblo se sabe que cuando a alguien se le abre el pecho es para que el cuerpo se hunda, pero éste flotó y ahora debe investigarse el homicidio.

—Usted desconfiaba de que Ramírez fuera un testigo clave.

—Sí, porque no estuvo tanto tiempo en las Fuerzas Armadas como para saber sobre enterramientos de cuerpos. Él me hizo un croquis muy rudimentario del Batallón 13 (véase foto), porque mi interés era saber cómo estaba ubicado el frontón y la cancha antes de los cambios de ubicación.

—¿Pero sabía algo importante?

—Sí, ahora me doy cuenta de que lo importante que este hombre podía aportar eran los nombres de todos los torturadores que conoció entre el 69 y el 70. Pero ya es tarde.

* Respecto de otros detenidos y los modos de tortura, entre otros aspectos, véase La República, 8-I-08.

De La Republica 8 de enero 2008
Denuncia. Legisladores solicitarán se indaguen sus cuentas bancarias, sospechosas de haber recibido dinero fraudulento
Desde el FA pedirán investigar al Goyo por la "Operación Conserva"
Al ex dictador Gregorio Alvarez le están apuntando a la línea de flotación. Legisladores del Frente Amplio promoverán que la Justicia investigue sus cuentas bancarias, que se sospechan abultadas y con dinero fraudulento. El oscuro "Operativo Conserva" será uno de los capítulos a abrir.
Ricardo Portela Ostrawsky


Negocio ruinoso. La operación obligaba al Estado uruguayo a comprar el producido a un precio superior al internacional.

Contrariamente a lo aplicado a otros dictadores latinoamericanos como es el caso del fallecido Augusto Pinochet al que se le investigaron sus cuentas bancarias locales e internacionales, en nuestro país la Justicia no ha podido incursionar en esa materia y por lo visto ha sido así hasta estos días.

El senador Jorge Saravia (Espacio 609) dijo a este diario que "sería oportuno y razonable que la Justicia investigara las cuentas bancarias de Alvarez porque en ellas hay dinero obtenido de negocios turbios, como el caso conocido como Operativo Conserva, en el que el ex dictador participó junto a un terraniente de Cerro Largo y a un empresario frigorífico".

El llamado "Operativo Conserva" fue una maniobra comercial desarrollada entre los años 1981y 1982 en la que participaron los que luego fueron identificados como "la triple A uruguaya". Allí estaban el empresario cárnico José María Alori, titular del Grupo Alori, un terraniente y ganadero de apellido Arigón, allegado a Alvarez cuando éste estaba al frente del Regimiento de Caballería Nº 7 apostado en Santa Clara de Olimar, y la tercera "A" es la del hoy procesado.

En esa maniobra en la que el terceto se enfundó -por lo menos- unos 13 millones de dólares consistió en exportar ganado en pie a Argentina para ser procesado allá, luego transformado en corned beef para que volviera enlatado a Uruguay.

Posteriormente, el MGAP asumía la obligación de comprar el producto e intentar venderlo al exterior aunque el rédito oculto estaba en que la totalidad de las ganancias iba para los grupos económicos que intervenían en la maniobra.

Pero existe un detalle más terrible aún que a la postre le costó el cargo como titular del Instituto Nacional de Carnes (INAC) al Mayor de la Marina Armando Méndez cuando ocupaba ese lugar en 1982. En aquél año Méndez dijo que el operativo era "inconveniente" porque el precio final de adquisición del corned beef era superior al de su posible colocación internacional y que la conserva no procedía del ganado exportado. Tras esta afirmación, el INAC pasó a estar comandado por un Coronel del Ejército.

La partida de corned beef se hizo a un costo promedio de 22 dólares la caja, equivalente a un 25% por encima del precio internacional del producto, precio/valor de aquellos años. La conserva cárnica fue re-exportada por el Grupo Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta. Clink, caja.

Coincidentemente, la esposa de Alvarez trabajaba en uno de los frigoríficos que participó en la maniobra y el ex dictador era accionista de Central Frigorífica Uruguaya Sociedad Anónima (Cufsa), perteneciente al Grupo Alori. Cufsa era un establecimiento frigorífico erigido en un inmueble que pertenecía a Efcsa en el departamento de Durazno y que fuera expropiado por la dictadura.

Las acciones de Alvarez en Cufsa son datos que -según los legisladores- están fácilmente detectables en los archivos de la Dirección General Impositiva.

ZUMARAN NO PUDO
La investigación sobre el "Operativo Conserva" tiene únicamente un antecedente en los andariveles judiciales. El entonces senador Alberto Zumarán en la primera administración gubernamental del ex presidente Julio María Sanguinetti llevó adelante una investigación que finalmente no prosperó. Por otro lado, en el año 1986 el Ministerio de Ganadería realizó también una investigación administrativa como consecuencia de las denuncias de Zumarán en el Parlamento. Tras esa investigación oficial, se determinó que el Estado uruguayo había perdido más de 12 millones de dólares en el operativo comercial, que se violó la ley de contabilidad y de administración financiera. No obstante la contundencia del dictamen del MGAP, el entonces ministro Pedro Bonino determinó que el expediente se clausurara y se archivaran los documentos. El ex senador Alberto Zumarán contraatacó en 1987 y realizó la denuncia penal correspondiente. Tras esa gestión logró que el ex dictador respondiera ante la Justicia. Allí por segunda vez consecutiva, el caso fue archivado y no repercutió en ningún otro estado.

EL RESPALDO DE LA REVISTA "HOY" DE ALORI
Algunos medios periodísticos que circulaban en las postrimerías de la dictadura titulaban la noticia del "Operativo Conserva" como "Operativo Coraje". Como la revista "Hoy", un medio periodístico perteneciente también al Grupo Alori. En la revista "Hoy frigoríficos" (así se presentaba) funcionaba como editor Danilo Arbilla. En "Hoy" Alori tituló en su editorial de setiembre de 1982 como Operación Coraje, definiendo así al "Operativo Conserva".

Al final del editorial, se aseguraba "es mucho lo que está en juego. Para mantenerlo, en una operación de las características atípicas como las que hoy analizamos, sólo se puede salir adelante como lo ha hecho el Gobierno Nacional: pisando fuerte. Duela a quien le duela. Pese a quien pese (porque éste es) un acto de soberanía sin precedentes, desafiando al poder mundial que controla el mercado de conservas, con todos los beneficios y riesgos que ellos implica". Uno de los pocos trabajos periodísticos de investigación que se dieron a conocer estuvo a cargo del economista Miguel Carrió en su libro "País vaciado. Dictadura y negociados" publicado en 1987. El libro reseña el entramado comercial del "Operativo Conserva" y la participación de Alvarez en el mismo. Por otro lado, desde el exterior, el periodista uruguayo Javier Zevallos realizó un trabajo de investigación para el semanario Voces del Frente sobre el Operativo. En el mismo se informa de la aparición de un dato nuevo en el caso que compromete el accionar del dictador Gregorio Alvarez. Zevallos prometía en esa crónica que denunciaría el hecho ante la Justicia.

** Su acompañante fue Rubí Veliz, que en 2007 brindó testimonio ante la justicia sobre traslados clandestinos desde Argentina a las costas de Soriano (véase Brecha, 21-XII-07).

Publicado el Viernes 07 de Enero de 2011-Brecha

Soledad Barret

08-01-2010

La nieta del escritor Rafael Barrett fue asesinada en 1973

Francisco Corral

Recordando a Soledad Barrett

Francisco Corral ABC (Paraguay)
El 8 de enero de 1973 moría asesinada en Recife (Brasil) Soledad Barrett Viedma. Tenía 28 años, había nacido en Paraguay y era nieta del escritor hispanoparaguayo Rafael Barrett. Su brutal asesinato a manos de la policía política brasileña causó una profunda impresión entre las personas que la conocieron. Mario Benedetti escribió en su memoria el poema "Muerte de Soledad Barrett". Daniel Viglietti compuso la canción "Soledad".

Cuando en 1977 llegué por primera vez a Asunción, Soledad Barrett permanecía viva en la retina de muchos. Su trágica muerte, ocurrida cuatro años antes, aún despertaba el horror y las lágrimas de quiene



s la habían conocido. Todos la recordaban como una joven adorable, extraordinariamente bella y dotada de un especial encanto personal

con tu pinta muchacha

pudiste ser modelo

actriz

miss paraguay

carátula

almanaque

Poseía, además, esa particular gracia para el canto y la danza que brota como una armonía natural en muchas mujeres paraguayas. Quienes la escuchaban, quedaban inevitablemente deslumbrados por la magia suave de su sonrisa y de su voz

con sólo colocárteles en frente

sólo mirarlos

sólo sonreír

sólo cantar cielitos cara al cielo

Pero si notable era su belleza física y su atractivo externo, no era menor la integridad de su personalidad y de su carácter: bondadosa, solidaria, sensible a todos los dolores ajenos e indiferente a los propios, rebelde frente a las injusticias, decidida, valiente. Soledad poseía una sólida conciencia moral que la impedía permanecer indiferente ante el despotismo y la empujaba a colocarse al lado de los oprimidos.

Se diría que los ardientes e incisivos escritos de su abuelo, la denuncia dolorida de la explotación que Rafael Barrett había plasmado, por ejemplo, en "El dolor paraguayo", se habían hecho carne viva en la persona de la nieta.

pero el abuelo Rafael el viejo anarco

te tironeaba fuertemente la sangre

y vos sentías callada esos tirones

¿Quién podría sospechar que la vida injusta y cruel (o mejor dicho, la cruel condición de los seres humanos) iba a deparar a esta joven extraordinaria uno de los destinos más terribles que la mente humana pueda imaginar?

Paraguay, Uruguay, Cuba y Brasil

Había nacido el 6 de enero de 1945 en Paraguay. Y quienes gusten de cábalas o concedan algún valor al ciego azar de las fechas del calendario, anoten la curiosidad de que su abuelo Rafael había nacido un día después, el 7 de enero; y un día más tarde, el 8 de enero, fue la fecha fatídica de su propia muerte.

Soledad se exilió en Uruguay con sus padres y vivió en Montevideo buena parte de su juventud. Allí protagonizó en julio de 1962 un incidente que tuvo amplia repercusión en la opinión pública uruguaya: un grupo neo-nazi la raptó en su condición de destacada dirigente estudiantil y con amenazas de muerte quisieron obligarla a gritar sus consignas. Como Soledad se resistió, le grabaron con una navaja cruces gamadas en la carne.

hace diez años tu adolescencia fue noticia te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel

Era el comienzo de la violencia que en Uruguay llevaría a la instauración del régimen militar. Y Soledad tuvo que abandonar también ese país. Vivió varios años en Cuba y allí conoció al brasileño José María Ferreira de Araujo; se casaron y tuvieron una hija. Él volvió a Brasil en 1970 para integrarse a los grupos que en aquellos años aspiraban a realizar la revolución socialista inspirados en el ejemplo cubano. Un año después, Soledad le siguió. Al poco tiempo de llegar a Brasil supo que José María había sido apresado y muerto. Soledad encontró en esa muerte un motivo más para seguir en la lucha contra las dictaduras que por aquellos años dominaban los países latinoamericanos.

Entra en escena el "Cabo Anselmo"

Se llamaba Anselmo dos Santos y había tenido una actuación muy relevante en la política brasileña de los años 60. Fue uno de los líderes del llamado "movimiento de los marineros" que en 1963 se atrevió a desafiar la rígida estructura militar de la Marina reclamando condiciones dignas y el elemental respeto a la dignidad humana de los soldados. Bien es verdad que la situación política era favorable: el gobierno progresista de Joao Gulart no veía con malos ojos esas reivindicaciones.

El 30 de marzo de 1964, cuando sólo tenía 24 años, el Cabo Anselmo tuvo su gran día de gloria. Como portavoz de los marineros que estaban amotinados, Anselmo compartió la tribuna nada menos que con el propio presidente de la República, João Gulart, en un momento trascendental para la historia de Brasil, una de las ocasiones que todos los libros de historia recogen. Fue en el local del Automóvil Club de Río de Janeiro, en un acto público que se recuerda como el último discurso de Gulart. A las pocas horas, al amanecer del día siguiente, se produjo el golpe de Estado que iniciaba 21 años de dictadura militar en Brasil.

Como el personaje destacado que era, Anselmo fue expulsado del ejército en uno de los primeros decretos que firmó el nuevo gobierno militar y empezó a ser buscado intensamente. Consiguió asilarse en la embajada de México, pero luego renunció al asilo y abandonó la embajada para integrarse en los grupos que se mantenían en la clandestinidad. Poco después fue preso y permaneció detenido durante varios meses hasta que consiguió escapar de la prisión y salir de Brasil.

Tras una corta estancia en Montevideo, viajó a Cuba donde permaneció desde finales de 1965 hasta el 15 de septiembre de 1970, fecha en que regresó a Brasil con identidad falsa para unirse a la lucha clandestina que en esos momentos se estaba organizando contra la dictadura.

En la vida de Soledad se cruza el Cabo Anselmo

Anselmo era amigo y camarada del compañero de Soledad, José María Ferreira, que también había sido marinero y había participado en las revueltas de Río de Janeiro. Es seguro, por tanto, que Soledad y Anselmo coincidieron en Cuba, e incluso tal vez ya antes en Uruguay.

Cuando José María regresa de Cuba a Brasil entre junio y julio de 1970 junto con Edson Neves Cuaresma, uno de sus cometidos consistía en preparar el terreno a Anselmo y a otros que iban regresando desde el exilio. Pero coincidiendo casi con la vuelta de Anselmo (septiembre de 1970) José María es capturado y muerto.

Soledad, por su parte, como ya hemos dicho, viaja a Brasil un poco después, en los primeros meses de 1971. Y sólo en Brasil sabe de la muerte de José María.

Con el paso del tiempo, las vidas de Soledad y del viejo camarada y amigo de José María se van acercando; y Anselmo acaba convirtiéndose en el nuevo compañero de Soledad.

Pero lo terrible de la historia, es que el Cabo Anselmo... era en realidad un infiltrado, un agente al servicio de la policía.

La otra vida de Anselmo

¿Cómo y en qué momento pudo convertirse en un delator aquel joven que había llegado a ser todo un mito de la izquierda y que a los 24 años había alcanzado mayor protagonismo político que ningún otro líder revolucionario a esa edad?

Algunos, como Edgar Morel o Jarbas Marques, que le conocieron en los años 60, dicen que en aquellos momentos ya sospecharon que podía ser un agente provocador encargado de radicalizar el movimiento de los marinos para fomentar enfrentamientos que justificaran el golpe militar. Y alegan como apoyo de esa versión la extraña historia de su renuncia al asilo en la embajada de México y su posterior huída de la cárcel.

Otros, creen (y esto parece ser lo más probable) que cambió de bando cuando fue preso en São Paulo el 30 de mayo de 1971, unos ocho meses después de haber regresado de Cuba. La tortura y las amenazas de muerte habrían conseguido que Anselmo se prestara a colaborar con la policía política.

En cualquier caso, no hay ninguna duda (y él mismo lo ha confesado) de que a partir de 1971 Anselmo colabora como confidente con los más sanguinarios grupos de la represión. Y lo hace con una eficacia terrible ¿se imaginan tener como infiltrado al más emblemático joven líder revolucionario? Nadie hubiera podido nunca desconfiar del prestigioso líder de los marineros.

La razón se resiste a aceptar que alguien pueda llegar a tal grado de inhumanidad y de vileza como para denunciar sistemáticamente durante casi dos años a decenas (tal ven centenares) de compañeros, lo que significaba entregarles a la tortura y la muerte. Pero Anselmo llegó aún más lejos y completó su miserable traición entregando a los seis miembros del grupo del que él mismo formaba parte como infiltrado. Entre ellos se encontraba su propia compañera, Soledad, que además estaba embarazada.

Los seis fueron apresados, torturados y muertos.

La "masacre de la Chácara de São Bento"

La versión oficial fue la de un "enfrentamiento a tiros" ocurrido el 8 de enero de 1973 en un lugar próximo a Recife conocido como la Chácara de São Bento. En el tiroteo entre la policía y un grupo de siete subversivos, seis de ellos habrían sido muertos y uno habría conseguido escapar. El que supuestamente habría escapado sería Anselmo y mediante esa estratagema, la policía esperaba poder seguir utilizando sus servicios. No sirvió de mucho, pues la traición quedó al descubierto y Anselmo se vio obligado a desfigurar su rostro para no ser reconocido y a vivir oculto desde entonces.

Sólo a partir del año 1995, gracias a la ley nº 9.140, pudo crearse en Brasil una "Comisión Especial de Reconocimiento de los Muertos y Desaparecidos Políticos". En 1996 la Comisión se ocupó de aquel asunto y enseguida confirmó lo que siempre se había sospechado: que la versión oficial era totalmente falsa.

Se constató que uno de los seis integrantes del grupo (José Manoel da Silva) fue apresado la noche del día antes, 7 de enero, en una gasolinera. Otro de ellos (Jarbas Pereira Marques) fue detenido en la librería en la que trabajaba. Otros dos (Eudaldo Gomes da Silva y Evaldo Luiz Ferreira) en sus domicilios. Y los otros dos (Pauline Reichstul y Soledad Barrett) fueron detenidas en la boutique donde trabajaban.

Una de las testigos presenciales, Sonja María Cavalcanti, testificó ante la Comisión que "Soledad y Pauline estaban en la boutique cuando cinco hombres, diciéndose policías, invadieron el local, golpearon salvajemente a Pauline mientras Soledad, que estaba embarazada, sólo se preguntaba insistentemente ¿por qué?".. "después las dos fueron llevadas en dos autos". Cuando le fueron mostradas fotos, la testigo identificó al Cabo Anselmo como uno de aquellos cinco hombres.

No hay palabras que puedan reflejar lo que pasaría en aquellos momentos por la cabeza de Soledad. Tan sólo la sequedad tremenda de ese repetitivo "¿por qué?" nos indica algo de su desconcierto ante la brutal densidad del drama. Ni la más terrible tragedia griega ha llegado a dibujar una situación semejante: descubrir de golpe que se ha incubado el huevo de la serpiente y que su pareja y padre de su futuro hijo se ha transfigurado en el verdugo que empujará a la muerte a sus compañeros, a ella misma y a su propio hijo antes de nacer.

mi vida entera no alcanza para creer

que puedan cerrar lo limpio de tu mirada;

no existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar

tu clara señal

Las declaraciones presentadas ante la Comisión son estremecedoras. Para no abundar en el horror, nos quedamos con una parte del testimonio de la abogada Mércia Alburquerque que logró entrar al depósito de cadáveres del cementerio de Santo Amaro y que describe así la escena que contempló: "Pauline estaba desnuda, tenía una perforación en el hombro y parecía haber sido muy torturada. Jarbas tenía perforaciones en la cabeza y en el pecho y marcas de cuerdas en el cuello. Soledad, también desnuda, tenía a su alrededor mucha sangre y a sus pies un feto".

Así, con esa imagen sangrienta de la crueldad, pusieron injusto fin a la vida de aquella mujer extraordinaria que fue Soledad Barrett. Su corta existencia fue un canto de rebeldía y libertad; su final, una triste historia de lucha, amor, traición y muerte en tiempos oscuros de dictadura. Una triste historia que no debería ser olvidada.

Soledad no viviste en soledad

por eso tu vida no se borra

simplemente se colma de señales

Soledad no moriste en soledad

por eso tu muerte no se llora

simplemente la izamos en el aire

****************

Prensa

PUBLICADO EL JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2010 EN CARAS&CARETAS
DERECHOS HUMANOS: UNA DECADA MARCADA POR LA BUSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA

La impunidad jaqueada

En los últimos diez años se confirmó que había niños desaparecidos, que hubo crímenes de lesa humanidad, que se mató en la tortura, que se secuestró en el exterior y se desapareció en Uruguay, que existieron ejecuciones sumarias, que había cementerios clandestinos, que existen archivos confidenciales, que se mantiene un “pacto de silencio” y que la justicia puede juzgar tantas violaciones a los derechos humanos sin que la institucionalidad democrática peligre. Pero, a pesar de todo, el Estado uruguayo sigue manteniendo vigente la ley de impunidad en su ordenamiento jurídico.

ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy

A partir de la ubicación de Macarena Gelman en marzo del año 2000, en Uruguay se ha avanzado en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos realizadas por la dictadura militar (1973-85) más de lo que se había logrado en los quince años anteriores: el país ha reconocido sus prácticas de terrorismo de Estado, se ha recuperado los restos de tres desaparecidos, dos dictadores y un ex canciller están presos, al igual que trece oficiales, un soldado y cuatro policía, tres militares fueron extraditados y condenados en Chile, otros dos están detenidos en Argentina, uno continúa prófugo en Italia y una serie de casos están siendo indagados en la justicia…
Sin embargo, la impunidad continúa vigente en un país que, por “falta de voluntad política” o de “creatividad legislativa”, mantiene en su normativa jurídica a la polémica Ley de Caducidad (Ley Nº 15.848), pese a los pronunciamientos de los tres poderes del Estado y los reclamos locales e internacionales, la que impide el juzgamiento de los casos de desaparición forzada ocurridos dentro del territorio uruguayo y, de algún modo, alienta la continuidad de un “pacto de silencio” en las Fuerzas Armadas que no permite al Estado uruguayo responder la pregunta primaria y fundamental de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos: ¿Dónde están?.
Lo mucho que se ha sabido en los últimos diez años de lo que realmente ocurrió durante la dictadura cívico-militar, trascendió a impulsos de los familiares de los desaparecidos e investigaciones de organismos de derechos humanos, abogados y periodistas. El Estado ha cedido ante las evidencias de la realidad que se fue descubriendo, al crear comisiones de investigación, excluir casos de la ley para permitir la indagatoria judicial, elaborar informes históricos que recopilan lo denunciado y lo contextualizan con algunos archivos desclasificados o aceptar los pedidos judiciales de excavación en predios militares.
Pero en la mayoría de las instancias, el Estado ha mantenido desde el Poder Ejecutivo la intensión política de dar por terminado el tema, cerrar la página, poner el punto final o propiciar una “reconciliación”, mientras el Poder Legislativo –pese a protagonizar dos intensos debates parlamentarios- no encuentra una fórmula para “dejar sin efectos” la ley como lo reclaman organismos internacionales de derechos humanos y, por su parte, el Poder Judicial continúa sin admitir la tipificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad (lo que los harían imprescriptibles) por lo que el mes de noviembre del naciente 2011 se mantiene como la fecha de prescripción de todos esos delitos.

Macarena y Simón

Cuando Macarena Gelman fue encontrada a principios del año 2000, el recién electo presidente Jorge Batlle no pudo continuar con el “negacionismo” que practicaba su antecesor Julio María Sanguinetti, quien había mantenido un debate epistolar público con el poeta argentino Juan Gelman, quien lo acusaba de ocultar el paradero de su nieta, que sabía trasladada a Uruguay a fines de 1976 en el vientre de su madre, María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires en agosto de aquel año. Sanguinetti dijo entonces que no había niños desaparecidos en Uruguay.
Batlle tuvo que aceptar los datos de la investigación que el propio Gelman había realizado, con ayuda de periodistas de La República, por la que había encontrado a su nieta Macarena en el seno de la familia del policía Ángel Tauriño, quien había sido jefe de policía de San José durante el mandato de Sanguinetti. Batlle dio un paso más y, para cerrar el tema, el 9 de agosto del 2000 creó la Comisión para la Paz que presidió monseñor Nicolás Cotugno e integraron Luis Pérez Aguirre, José D’Elía, José Claudio Williman, Gonzalo Fernández y Carlos Ramela, con el objetivo de dar por cumplido el artículo 4º de la propia Ley de Caducidad que ordenaba investigar los casos.
Poco antes de finalizar aquel primer año del milenio, Tota Quinteros, la madre de la maestra Elena Quinteros (secuestrada de la embajada de Venezuela en agosto de 1976) replanteaba una denuncia judicial contra los responsables civiles del caso, cuyas consecuencias no llegaría a conocer porque falleció el 7 de enero del 2001. Antes de su muerte, el vocero de la Comipaz, Ramela Regules, le murmuró que el cuerpo de su hija (como el del maestro Julio Castro) jamás sería encontrado según sus fuentes militares.
El mismo Ramela le había dicho a Sara Méndez, a quien le quitaron de los brazos a su hijo de 22 días de nacido cuando la secuestraron en Argentina el 13 de junio de 1976, que el niño que buscaba no había sobrevivido. Sara había creído durante años que su hijo era un joven (en manos de la prima de la esposa de un coronel de inteligencia) quien finalmente aceptó hacerse un examen de ADN que resultó negativo. Méndez volvió entonces a reiniciar su búsqueda a nivel nacional e internacional, sin suponer que una paralela investigación periodística de la revista Posdata llevaría al senador Rafael Michelini a encontrar a su hijo Simón Riquelo. La identidad del joven se terminó de confirmar el 15 de marzo del 2002.

Reinician los juicios

El hallazgo de Macarena y Simón se constituyeron en celebrados avances de las organizaciones sociales y provocaron, a la vez, la reticencia de los mandos de las Fuerzas Armadas que salieron pública y privadamente a reivindicar su “lucha contra la subversión” y la existencia de una “lucha psicopolítica” por la que se quería denostar a la institución militar. “Cuando se vierten ligeras aseveraciones, la mayoría de las veces distorsionando la naturaleza de los hechos del pasado reciente, enfatizamos que gracias a la acción de la Fuerza como un todo, no se vio gravemente afectado el país como algunos pretendieron”, arengaría el entonces comandante del Ejército Carlos Daners.
Mientras el presbítero Jorge Osorio se integraba a la Comipaz en el lugar de “Perico” Pérez Aguirre, quien había fallecido en un accidente en el verano de 2001, un equipo del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) lograba ubicar la tumba N.N. del desaparecido Roberto Gomensoro Josman en el cementerio de Paso de los Toros, pero el cuerpo había vuelto a desaparecer. Por su parte, Juan Gelman presentaba denuncia penal para ubicar los restos de su nuera, y, a la vez, la justicia iniciaba una causa por apología de la tortura contra el coronel Manuel Cordero, quien había reivindicado ese “método” de interrogatorio en una entrevista con el semanario Búsqueda.
La confirmación de la identidad de Simón Riquelo derivó la investigación periodística a otras afirmaciones del informante argentino que había participado de la represión en Orletti y aportó los datos para ubicar al hijo de Sara Méndez, quien había estado recluida en ese “pozo” porteño y fue trasladada clandestinamente a Montevideo en julio de 1976. En una serie de artículos de La República se terminó por denunciar la existencia de un “segundo vuelo” desde Orletti por el que otra veintena de uruguayos que se creían desaparecidos en Argentina en realidad había sido traída a Uruguay y ejecutados sumariamente para ser enterrados y desaparecidos. La información sería confirmada tres años más tarde por el Estado.
El año 2002 cerraría con dos episodios que incidiría en los años sucesivos. El 19 de noviembre los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter de León presentaban denuncia penal contra el dictador Juan María Bordaberry por “atentado a la Constitución” y los crímenes que de ello derivaron. Y, en diciembre, se conoció el testimonio del ex agente Mario Barreiro Neira, quien desde una cárcel de Porto Alegre, afirmaba que en Montevideo se tramó una conspiración para asesinar al ex presidente Joao Goulart, con participación del mismo médico que envenenó los vinos que provocaron la muerte de Cecilia Fontana de Heber en 1978.

El informe Comipaz

El 10 de abril de 2003 la Comisión para la Paz hacía público su Informe Final, por el que el Estado uruguayo reconocía oficialmente la desaparición de 32 personas dentro del territorio nacional: 23 de ellas militantes políticos, otras tres sucedidas antes de la dictadura, una por razones económicas y cinco de nacionalidad argentina que luego fueron trasladados a su país para terminar como desaparecidos. Aunque el informe no terminó de conformar a los familiares y las organizaciones de derechos humanos, se constituyó en el primer punto de apoyo oficial para continuar denunciando lo que por primera vez se admitía como violaciones de derechos humanos de parte del Estado.
En agosto de aquel año, la Suprema Corte de Justicia también daba un paso singular, al admitir que el dictador Bordaberry podía ser encauzado judicialmente por no estar amparado en la Ley de Caducidad y pocos meses más tarde, en abril de 2004, se confirmaba el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco por su participación (tampoco amparada en la caducidad por su condición de civil) en el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros. Blanco se transformaba en el primer integrante de la dictadura encarcelado por violaciones a los derechos humanos.
Cuando el fotógrafo Sandro Pereyra logró hacer público el rostro del torturador coronel Jorge “Pajarito” Silveira en el diario La República el 27 de octubre de 2003, se hizo tangible que al menos un parte de los represores comenzaba a perder su impunidad. Así lo comprendió el coronel Cordero, quien en julio de 2004 decidió fugarse a Brasil para no comparecer en el juicio por “apología de la tortura” donde entre diversas dilatorias había llegado a recusar al juez José Balcadi porque había trabajado como administrativo en la policía y él no declaraba “ante un subalterno”. Cordero sería captado por un fotógrafo de Caras&Caretas en Santana do Livramento a principios de 2005.
El 28 de noviembre de 2004, el propio presidente Jorge Batlle decidía cerrar el tema al incluir dentro de la Ley de Caducidad el caso Gelman sobre el que el juez Gustavo Mirabal había comenzado a actuar pese a la oposición del fiscal Ricardo Möller, quien en setiembre pidió que la causa se archive y en diciembre logró el apoyo de la Suprema Corte de Justicia. El caso, por el que se habían reiniciado las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, quedaba clausurado el 15 de noviembre de 2004 cuando la propia Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad de la Ley 15.848 en la causa y ordenó que el expediente se archivara.

Chávez Sosa y Miranda

Cuando Tabaré Vázquez asumió el primer gobierno del Frente Amplio en la historia uruguaya, se pronunció por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y anunció que casos como el de Gelman y el de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz no podían estar amparados en una Ley de Caducidad que se había comprometido a mantener en su programa electoral. Dispuesto a esclarecer el tema, terminó por ordenar a los comandantes de las Fuerzas Armadas que elaboraran informes sobre lo ocurrido con los desaparecidos.
La disposición del nuevo presidente se veía respaldada por nuevos hallazgos y denuncias. En junio otra investigación en La República reveló la ubicación de la Base Valparaíso, donde María Claudia García de Gelman habría sido llevado antes de ser ejecutada y casi a la vez, se divulgó el rostro del policía Ricardo “Conejo” Medina, quien habría sido el asesino de María Claudia según le había dicho Jorge Batlle al senador Rafael Michelini. Con esas pruebas “supervinientes” el Caso Gelman volvió a ser abierto temporalmente por el juez Mirabal quien logró que el nuevo Poder Ejecutivo le dijera que la causa no esta amparada en la caducidad.
El 8 de agosto de 2005 las Fuerzas Armadas acatan la orden del Presidente y entregan sus primeros informes sobre la desaparición forzada durante la dictadura. La Fuerza Aérea admite su participación en los casos de Ubagesner Chávez Sosa y José Arpino Vega y señala la ubicación de sus cuerpos en una chacra de Pando. El documento de la Armada niega su participación pero por primera vez desclasifica documentos de inteligencia que evidencian información sobre casos de uruguayos desaparecidos en Argentina en 1977 y 1978. El informe del Ejército admite enterramientos en unidades militares, pero aduce que se realizó una “Operación Zanahorias” por la que la mayoría de los cuerpos fueron exhumados, incinerados y sus cenizas arrojadas al mar. El propio comandante Ángel Bertolotti permitió el ingreso de un equipo de técnicos arqueólogos al Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo donde le señaló a Macarena un área de cinco metros de radio donde con un “99 %” de certeza se encontraba el cuerpo de su madre. La información, finalmente, resultó falsa.
El 29 de noviembre de 2005, cuando la frustración comenzaba a ganar al equipo técnico que encabeza el profesor José López Mazz, en la chacra de Pando fue finalmente ubicado un cuerpo que poco después sería identificado como el de Ubagesner Chávez Sosa, desaparecido en 1976. Pocos días después, el 3 de diciembre, también es hallado un cuerpo en el Batallón de Infantería Nº 13, gracias a las indicaciones de un mapa entregado anónimamente al secretario Gonzalo Fernández, y los restos son identificados como los del escribano Fernando Miranda, desaparecido en noviembre de 1975.

Extradiciones y procesamientos

La aparición de sólo dos cuerpos (el de Arpino Vega aún no fue hallado) y la falsedad de la información aportada por el Ejército, confirmaba la existencia de cementerios clandestinos, por lo que el gobierno frenteamplista pidió una ampliación de la investigación a las Fuerzas Armadas, a la vez que en el parlamento el senador Enrique Rubio de la Vertiente Artiguista propiciaba la aprobación de una ley interpretativa sobre los alcances de la Ley de Caducidad.
El debate parlamentario se interrumpió en marzo de 2006 porque Vázquez anunció que vetaría la ley dado su compromiso electoral de no modificar la normativa y las organizaciones sociales, encabezadas por la central sindical Pit-Cnt, resolvieron convocar a una campaña de firmas para proponer una reforma constitucional que de hecho anulara la Ley de Caducidad.
El 18 de abril de 2006 la justicia uruguaya finalmente ejecutó la extradición a Chile de los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, requeridos por su participación en el secuestro y muerte del bioquímico chileno Eugenio Berríos, quien en 1992 había sido trasladado a Uruguay para que no declarara en la causa judicial sobre el homicidio de Orlando Letelier.
El 11 de setiembre, el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze concretaron el procesamiento con prisión de los oficiales José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Luis Maurente, y de los policías Ricardo Medina y José Sande por la desaparición en Buenos Aires de Adalberto Soba en 1976. Y el 16 de noviembre, también eran encarcelados el dictador Juan María Bordaberry y reencausado su canciller Juan Carlos Blanco, por el homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw el 20 de mayo de 1976.
El 16 de mayo de 2007 el también dictador Gregorio Álvarez comenzaba a perder su libertad cuando se denuncia judicialmente el caso de los “terceros traslados”, que incluyen viajes por aire, mar y tierra en los que uruguayos secuestrados en Argentina en 1977 y 78 también fueron “repatriados” y desaparecidos en Uruguay. El “Goyo” (que también sería procesado por la muerte de Roberto Luzardo) terminó encarcelado el 17 de diciembre de 2007, junto al capitán de navío Juan Carlos Larcebeau. Otro cómplice, el capitán Jorge Tróccoli fugó y se radicó en Italia. En la causa, incidieron una investigación de La República con el abogado Oscar López Goldaracena y otra indagación de Gabriel Pereyra de El Observador.
También fueron investigaciones de prensa las que sustentaron la denuncia por los vinos envenenados que mataron a la madre del senador Luis Alberto Heber. Los informes publicados en La República y en un libro de Álvaro Alfonzo, llevaron a reclamar la apertura de archivos confidenciales al Departamento de Estado norteamericano, que “confesó” su participación en el hecho cuando censuró lo sustancial de 14 documentos desclasificados a pedido del propio presidente Vázquez.
Paralelamente, en noviembre de 2008 fue extraditado desde Argentina el ex policía Nelson Bardesio, miembro del Escuadrón de la Muerte, quien (junto al policía Pedro Fleitas) terminaría siendo procesado un año después por la desaparición de Héctor Castagnetto, ocurrida antes de la dictadura. Otro de sus cómplices, el empresario Miguel Sofía también logró huir del país y se encontraría hoy radicado en Miami. En el caso Bardesio fue decisiva una investigación de Samuel Blixen y Walter Pernas en Brecha.

Voto Rosado y después…

Durante su mandato, el presidente Tabaré Vázquez procuró “cerrar” el problema derechos humanos que se constituyó en uno de los ejes de su gobierno. A la vez que se presentaba una Investigación Histórica sobre los uruguayos desaparecidos (cinco tomos elaborados por un equipo encabezado por el historiador Álvaro Rico), Vázquez impulsó la fecha del 19 de abril –natalicio de José Artigas- como el Día del Nunca Más Orientales contra Orientales, pero su propuesta no fue acompañada por organizaciones de derechos humanos, que para entonces ya habían conseguido las firmas para plebiscitar la reforma constitucional que anulara la Ley de Caducidad.
El “protocolo” interpretativo de la Ley de Caducidad que elaboró el secretario presidencial Gonzalo Fernández ha permitido, durante el gobierno de Vázquez y en la actualidad, la intervención judicial en casos de derechos humanos que implicaron delitos cometidos en el exterior, contra menores y que estuvieran fuera de las fechas en que formalmente hubo dictadura, pero la nueva forma de “leer” la Ley 15.848 no logró quitar de la impunidad a la mayoría de los casos de desaparición y muertes por tortura ocurridas dentro del territorio uruguayo. Mucho menos ha posibilitado romper la “omertá” pactada entre los militares que tienen información real sobre lo ocurrido.
Un cambio sustancial en el tema se terminó de verificar el 16 de octubre de 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia, por primera vez, modificó su posición sobre la Ley de Caducidad y consideró que la norma era inconstitucional para el caso de muerte por tortura de Nibia Sabalsagaray. La sentencia, que un año más tarde determinaría el procesamiento con prisión de los oficiales José Chialanza y Miguel Ángel Dalmao (general en actividad que estaba a cargo de la poderosa División de Ejército IV), abrió un camino cierto para que la justicia avance en el tema, tras el fracaso del “voto rosado” en el plebiscito del 25 de octubre de 2009 y la frustración de otro debate sobre otra “ley interpretativa” que naufragó en el parlamento en 2010.
El encarcelamiento de un militar en actividad no provocó reacciones desestabilizadoras por parte de las Fuerzas Armadas que actualmente se encuentran enfrentadas a serios problemas de funcionamiento y hasta una cierta desmoralización al comprobarse hechos de corrupción con los fondos de las misiones de paz de la ONU, o frente a la deserción de pilotos aviadores que se retiran por mejoras económicas en la actividad privada, entre otras internas. Sólo los dos desacreditados clubes militares (Centro y Círculo) mantienen hoy la defensa de los militares presos por crímenes de lesa humanidad.

El año que se fue

El año que termina, y cierra una década de avances y retrocesos en materia de derechos humanos, se inició con la condena del dictador Bordaberry por “atentado a la Constitución” y once desapariciones forzadas, que por primera vez fueron tipificados como crímenes de lesa humanidad por la jueza Mariana Motta a instancias de la fiscal Ana María Telechea. Y el mismo mes, se produjo la tan esperada extradición del coronel Manuel Cordero a Argentina, luego de tres años de trámites jurídicos y políticos en Brasil, donde mucho incidió el activista brasileño Jair Krischke.
En agosto se concretó el encarcelamiento del coronel Juan Carlos Gómez por el homicidio de Roberto Gomensoro, finalmente identificado porque un forense se quedó con su cráneo. Y en octubre pasado, dos oficiales de la aviación, José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero, fueron procesados por el asesinato de Chávez Sosa. La Suprema Corte de Justicia también se ha pronunciado por otro reclamo de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en una causa que involucra 19 muertes por tortura y está próxima otra sentencia para el caso de los Fusilados de Soca y el asesinato del coronel Trabal.
El 15 y 16 de noviembre se realizaron las audiencias públicas en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgó al Estado uruguayo por el Caso Gelman y, aunque el nuevo gobierno del presidente José Mujica admitió la responsabilidad del Estado, su defensa no pudo justificar la sobrevivencia de una Ley de Caducidad cuya eliminación exigen los organismos de derechos humanos desde 1992 por considerar que viola convenios internacionales y tratados a los cuales Uruguay esta adscripto. Es seguro que Uruguay será condenado por la Corte en marzo próximo.
Durante más de un año el Estado uruguayo no renovó el convenio con la Universidad de la República por el que se financiaban las excavaciones del equipo forense de López Mazz, aunque a fines de noviembre de 2009 el técnico universitario había presentado un informe reservado en el que anunciaba haber encontrado en el Batallón 14 el lugar denominado “Arlington” donde hubo enterramientos y tener indicios sobre la Operación Zanahorias en el lugar. El convenio se firmó finalmente esta semana y las excavaciones se retomaran en febrero próximo, cuando también se reiniciarán las causas judiciales y el tema de los derechos humanos volverá a ser centro político de un país que sigue jaqueando, pero no termina de darle el mate a su propia impunidad.