jueves, 27 de junio de 2013

Desaparecidos: lista se amplía en 7 casos

asignatura pendiente

Desaparecidos: lista se amplía en 7 casos

Publicado el 27/6/2013 - 4:00
Batallón
Desde 2011 a la fecha, son 7 los casos nuevos que se suman a la lista de unos 170 uruguayos detenidos desaparecidos durante la dictadura cuya situación aún no ha sido esclarecida.
En los últimos días, la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz recibió dos nuevas denuncias, reveló el martes la coordinadora del organismo, Graciela Jorge, durante una mesa redonda organizada en el salón Azul de la Intendencia de Montevideo, en el marco de las actividades por “Nunca Más dictadura a los 40 años del golpe de Estado”. Empero, a partir de 2011 y hasta la fecha, suman 7 los casos denunciados, informó ayer a LA REPÚBLICA el también integrante de la Comisión, Eduardo Pirotto. Tres de estas desapariciones ocurrieron en la República Argentina. En otras tres, aún no se ha acreditado el destino final de las víctimas.
Otro caso tiene que ver con la detención de un uruguayo en Brasil y su posterior traslado a nuestro país hacia un centro de detención, presuntamente ubicado en una unidad militar. En todos los casos, se trata de denuncias presentadas recientemente por familiares de las víctimas ante la Comisión de Seguimiento. Los siete tenían militancia política de izquierda (Partido Comunista y Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros). En uno de los casos ocurridos en Argentina, sus familiares dijeron haber mantenido contacto telefónico por última vez en 1981. Según el listado publicado por Presidencia de la República, son 172 los casos de uruguayos detenidos desaparecidos. El grueso de desapariciones ocurrió en la Argentina, en menor número en Uruguay. También hay casos denunciados en Bolivia, Paraguay, Chile y Colombia.
Mesa redonda
El martes, se realizó la mesa “Mirando al presente: Justicia, Legislación y nueva Institucionalidad. Los derechos humanos en democracia” en el marco de las actividades por “Nunca más dictadura a los 40 años del golpe de Estado”.
Al hacer un repaso de las acciones de ese organismo dependiente de la Presidencia, Graciela Jorge reveló que se presentaron dos denuncias sobre desaparecidos que hasta ahora nunca había sido presentadas. La comisión está investigando los mismos. Al mismo tiempo señaló que en estos días se han cambiado la zona de excavación en búsqueda de restos de desaparecidos en el Batallón 14, y que posteriormente comenzarán las excavaciones en el Batallón de Infantería Nª 13. También en estos días se están cotejando datos de ADN para dar respuesta a cuatro jóvenes que se presentaron al organismo con sospechas de ser hijos de desaparecidos y dados en adopción. Jorge explicó que desde setiembre de 2011 la comisión ha recibido unos 100 casos similares.
En la mesa participó además el director de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda. El jerarca habló de la necesidad de la “democratización” de la Justicia, y entre las propuestas mencionó la posibilidad de que los ministros y jueces asciendan por concurso, como en el resto de la Administración Pública. Consideró que aunque no le gustó el fallo de la Suprema Corte de Justicia contra la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, hay que respetarlo. Señaló que ese fallo no derogó el artículo que restableció la pretensión punitiva del Estado. De todas maneras explicó que el derecho es una herramienta para hacer política, y señaló que se debería debatir si no es necesario una reforma constitucional sobre temas judiciales, que establezca un Tribunal Constitucional que sea quien decida sobre las inconstitucionalidades en lugar de la SCJ. Por otra parte se mostró contario a los juzgados especializados en derechos humanos, señalando que todos los penales y laborales lo son.
En este último punto, el representante de la organización que representa a los de presos políticos (Crysol), Baldemar Taroco, opinó lo contrario, destacando que hay juzgados de Crimen Organizado, pero no de derechos humanos, y que serían necesario para que el peso de los denuncias no caiga solo sobre los familiares. Consideró que el Estado ha estado omiso aunque se ha avanzado desde 2005. De todas maneras señaló la necesidad de lograr la verdad, investigar, sancionar a los responsables, y reparar a las víctimas, cosa que a su juicio no se ha hecho.
La senadora Constanza Moreira señaló que el país tiene dos velocidades en derechos humanos, que se avanza en algunos campos como matrimonio igualitario, aborto, legislación laboral, pero se va muy despacio en derechos humanos o en atender la discapacidad y la participación de la mujer en la política.
Advirtió sobre la decisión de la SCJ de no reconocer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, lo que podría provocar el cierre de muchas causas en proceso.
En tanto el juez federal argentino Carlos Rozanski destacó que las dictaduras sudamericanas ocurrieron para imponer un modelo económico, y que las torturas, desapariciones y asesinatos tuvieron ese fin. Reclamó que a la verdad tiene que seguir el juicio y castigo a los responsables, así como la reparación a las víctimas, como forma de terminar con la impunidad que contagia a toda la sociedad.