sábado, 25 de mayo de 2013

Coloquio "El derecho de saber" en París fue un éxito


Coloquio "El derecho de saber" en París fue un éxito


Mirtha Guianze - Olivier De Frounville - Louis Joinet - Constanza Moreira -Oscar Lopez Goldaracena - Edmundo Gomez Mango - Macarena Gelman- Mariana Mota y Philippe Texier los panelistas del coloquio por "El Derecho a Saber - Uruguay los desaparecidos durante la dictadura 1973 - 1985"

"El desafío de la justicia que está en juego en Montevideo va más allá de las fronteras del Uruguay" , dijo el jurista francés Louis Joinet en la apertura del encuentro. 

La Suprema Corte de Uruguay perdió toda credibilidad al desconocer con argumentos falaces el derecho internacional en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura (1973-1985), dijo este martes en París el jurista francés Louis Joinet en un coloquio sobre los desaparecidos celebrado en el Senado francés.


Louis Joinet: Madame, chère collègue, vous avez sauvé l'honneur de la Magistrature" 

En cambio, "la jueza Mariana Mota -apartada por la Suprema Corte de las causas que instruía sobre crímenes de la dictadura- salvó el honor de la justicia uruguaya", señaló Joinet, que agregó que "estaba reflexionando sobre un movimiento de solidaridad con su colega". 

En el coloquio "El Derecho de Saber. Uruguay los desaparecidos durante la dictadura (1973-1985)", realizado por la organización franco-uruguaya “¿Dónde están?”, participaron parlamentarios, magistrados, juristas, organizaciones humanitarias y víctimas."El desafío de la justicia que está en juego en Montevideo va más allá de las fronteras del Uruguay y concierne a toda la comunidad internacional", afirmó al abrir el coloquio Joinet, artífice de la Convención Internacional sobre las desapariciones forzosas y exconsejero del presidente francés François Mitterrand. 

"Negar la imprescritibilidad de esos crímenes de lesa humanidad" es "un grave precedente del cual pueden inspirarse los Estados depredadores que esperan dar vuelta a la página para que ésta no pueda ser leída", dijo.Joinet recordó que el Senado francés organizó hace más de 30 años (en 1981) el primer coloquio sobre la desaparición forzosa, la de los desaparecidos en Argentina. 

Tras él participaron en el debate, entre otros, la senadora uruguaya Constanza Moreira, la fiscal Mirtha Guianze, el jurista Óscar López Goldaracena, la jueza Mariana Mota, que fue apartada recientemente de varias causas que instruía sobre crímenes de la dictadura, y Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, que fue niña robada, recuperó su identidad hace unos diez años y demandó al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Este coloquio permite una reflexión para ver qué caminos se pueden tomar" en la lucha contra la impunidad, declaró a la AFP Macarena Gelman, señalando que "Uruguay aprobó una ley, pero la Corte Suprema la declaró inconstitucional, y su presidente dijo incluso que cuando estos procesos judiciales lleguen a ella se van a encontrar con una muralla, con lo cual anticipa ya qué opinión va a tener la Corte".


Macarena Gelman


Es necesario que "el Estado uruguayo permita que los procesos se lleven a cabo", que se "reconozca quiénes son los culpables de esos hechos y que haya condenas, teniendo en cuenta que son crímenes de lesa humanidad y que no conciernen sólo a las personas individuales sino a toda la sociedad", agregó.Los sucesivos oradores en el coloquio recalcaron la necesidad de que la Corte Suprema reconozca los crímenes de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, no prescriptibles. 

Afirmaron además que en materia de desaparición se puede invocar el delito permanente que se sigue cometiendo hoy, lo que invalida la prescripción. 

Señalaron asimismo la necesidad de una "política de Estado" en materia de derechos humanos, algunos de ellos, como López Goldaracena, consideraron necesaria para ello una modificación de la Constitución."Si se compara lo que hace el Estado uruguayo con lo que pasa en Argentina, estamos muy lejos de lo que se necesita: no hay búsqueda sistemática de desaparecidos, no se estimula el enjuiciamiento de los criminales, no hay política de búsqueda en los archivos del Estado, el poder político no ha ejercido su autoridad para obligar a las fuerzas armadas a entregar la información", señaló uno de los organizadores del coloquio."Increíblemente la Suprema Corte de Justicia uruguaya pretende que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay en el caso Gelman no se le imponen. 


Philippe Texier
Al exponer las conclusiones del coloquio, el francés Philippe Texier, jurista experto en derechos humanos de larga trayectoria en la ONU, dijo que la decisión de la Suprema Corte "no tuvo en cuenta todos los tratados sobre derechos humanos internacionales y regionales firmados por Uruguay". 

Es necesario que "el Estado uruguayo desarrolle una política global de derechos humanos, que incluya una profunda reforma de la justicia", concluyó Texier. E incluso pretende que los tratados y convenciones internacionales que Uruguay ha firmado no pueden ser adaptados al derecho nacional, lo que es una aberración jurídica", agregó.