



"A la muerte física, los verdugos agregaron la segunda muerte del olvido y el anonimato" Luis Sepúlveda.




En el marco de la celebración del “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves a los Derechos Humanos y Dignidad de las Víctimas”
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos
invita al lanzamiento de su página web
el día Miércoles 23 de Marzo, 19:00 hs (puntual)
Centro Cultural de España - c/Rincón 629 – Montevideo
Programa:
19 hs. Apertura: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
19. 20 hs. Palabras de Representante de AECID en Uruguay
19.30hs. Presentación Pagina Web: Pablo Costa
20 hs. Derecho a la Verdad: Dr. Javier Miranda Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura
Loreley Nicrosi |

Los distintos sectores del Frente Amplio (FA) acordaron ayer durante el desarrollo del Plenario Nacional que la iniciativa quede sancionada antes del 20 de mayo, día en que se conmemora el asesinato de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
La izquierda acordó además mantener movilizados a los simpatizantes del FA hasta la aprobación final del proyecto, en particular el próximo viernes 25, en el acto en conmemoración a la primera concentración de masas de la coalición y el 20 de mayo, día de la Marcha del Silencio. Además se convocará a los militantes a "llenar y rodear el Palacio Legislativo el día de votación en las cámaras" y realizar un acto de festejo cuando "se apruebe definitivamente la ley", expresa la resolución. Por unanimidad, los 136 delegados presentes del Plenario votaron afirmativamente el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, con las modificaciones introducidas en base a la propuesta del ex senador socialista, José Korzeniak. Con abrazos y aplausos, los integrantes del Plenario celebraron el resultado de la sesión. El presidente del FA, Jorge Brovetto defendió la decisión de la coalición de dejar sin efecto la norma al señalar que "la Suprema Corte de Justicia ya se expidió en más de 20 fallos en los que sostiene que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Al igual que todas las resoluciones se mandata a todos los legisladores y cada legislador debe acatar con responsabilidad". En una votación previa, la Alianza Progresista, sector que integra el senador Rodolfo Nin Novoa se abstuvo, al igual que algunos delegados del Interior.
No obstante, al plantearse la reconsideración de la votación, se obtuvo la unanimidad de los presentes. La Alianza tenía decidido abstenerse en una primera votación, para marcar su desacuerdo con la iniciativa. Nin Novoa no asistió a la sesión, ni lo hicieron los representantes de la CAP-L que conduce el senador Eleuterio Fernández Huidobro. Pese a que la CAP-L no integra formalmente el Plenario, Fernández Huidobro y el resto de los legisladores del grupo puede asistir aunque no tengan voto. El único integrante del FA que no votará el proyecto, el senador Jorge Saravia no concurrió a la reunión. En la primera moción aprobada se incluyó un texto que fue redactado el viernes por los representantes sectoriales y delegados de base, en el que se expresa que la resolución del Plenario "es obligatoria para todos los senadores y adherentes del FA tal como lo indica el artículo 23 del estatuto, por lo cual implica un mandato explícito para los legisladores en el trámite parlamentario". Asimismo solicita "el más rápido diligenciamiento de la resolución adoptada por el Plenario Nacional". El texto fue redactado por la presidencia del FA y los dirigentes Manuel Núñez (Partido Socialista), Heber Bouces(MPP), Daniela Payssé, Julio Pérez (Alianza Progresista), Carlos Coitiño (PVP) y Daniel Marsiglia (PCU). Empero, la intención de la mayoría de la izquierda es tener asegurados los 16 votos que se requieren en el Senado para anular la Ley y no hacer hincapié en la decisión de Saravia. Por eso se acordó también que las objeciones del Tribunal de Conducta Política contra el PCU por desacatar un mandato queden en el freezer, para congelar también los futuros pasos de Saravia.
A pesar de estar convocada a las 13.00 horas, la sesión se inició minutos antes de las 14.00. Si bien la resolución que se iba a adoptar estaba acordada desde el miércoles 16 cuando se reunieron las cabezas de lista con el presidente del FA parte de los grupos mayoritarios prefirieron no hacer uso de la palabra, no sólo para no extender la reunión sino para evitar que a raíz de alguna exposición, se entorpeciera o se pusiera en juego la votación. El MPP, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y el PCU no hablaron. En cambio, el Partido Socialista y la Vertiente lo hicieron. La mayoría de las argumentaciones a favor de anular la Ley estuvieron a cargo de delegados de base de Montevideo, Canelones, San José, representantes del PVP, 20 de Mayo, Corriente de Izquierda y el POR, entre otros. También expuso la posición de la Alianza Progresista el dirigente Julio Pérez, quien insistió en el desacuerdo del grupo, pero señaló que votarían para no afectar la "unidad de acción" del FA.
Los mismos sectores que no hablaron promovieron una moción para que se cortara la lista de oradores, iniciativa que fue aprobada por mayoría.
VIERNES 18•MAR•11
Crimen perfecto
Varios abogados, entre ellos el ex presidente Jorge Batlle y el ex vice Gonzalo Aguirre, dedicaron este mes a fustigar a la jueza penal Mariana Mota, en defensa del coronel Carlos Calcagno, procesado por la desaparición en Paraguay de los militantes izquierdistas uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana.
Ante un pedido de reconsideración del procesamiento, Mota sentenció el 1º de diciembre que “la vieja máxima de que nadie puede estar obligado a suministrar pruebas contra sí mismo” es “obsoleta y profundamente injusta”.
Batlle y Aguirre se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie van Rompaey, para presentarle su queja en persona y por escrito. Ayer la reiteraron en conferencia de prensa, sin mencionar a Mota. Según los abogados que comparten esas críticas, “el derecho a no incriminarse” es un “principio jurídico” sobre el cual “no hay dos bibliotecas”, tal como lo resumió Miguel Langón, ex fiscal y actual defensor de Calcagno.
No es así. Hay más de una. Que la carga de la prueba corresponda en exclusiva a la acusación dista mucho de ser un principio absoluto, como sí lo es el de presunción de inocencia, según el cual toda persona es inocente hasta que se compruebe que delinquió. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
A veces, ante delitos muy especiales, la carga de la prueba se invierte y el acusado debe demostrar su inocencia. En países de Europa y en Colombia, por ejemplo, los empleadores demandados por discriminación tienen que presentar las pruebas en su defensa. Lo mismo pasa en México con los delitos ambientales. En Gran Bretaña, el acusado de difamación debe probar la veracidad de sus afirmaciones y su buena fe. El actual gobierno uruguayo presentó un proyecto de ley que obligaría a los acusados de “enriquecimiento ilícito” a justificar sus fortunas, como en Argentina y en otros países.
La defensa de Calcagno admitió que el entonces mayor y comandante de la Compañía de Contrainformación del Ejército estuvo en Asunción del 5 al 7 de abril de 1977, poco después de que Inzaurralde y Santana fueran detenidos, el 29 de marzo. Testimonios y gran cantidad de documentos, entre ellos los del Archivo del Terror paraguayo, prueban que integró un “grupo de trabajo” que interrogó a los prisioneros uruguayos luego desaparecidos.
Según la jurisprudencia interamericana, señaló en su escrito la fiscal Mirtha Guianze, “es el Estado el que detenta el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos bajo su jurisdicción” y “a éste […] corresponde la carga de la prueba.
[…] La defensa no puede descansar en la imposibilidad de los demandantes de allegar la prueba al proceso, porque no tienen acceso a registros que los propios imputados llevaban, o porque esos requisitos están ocultos o fueron destruidos”.
“Un gobierno de facto ordena, o al menos permite y facilita, que sus funcionarios secuestren y hagan desaparecer a ciudadanos de los que no volvió a saberse. Ese gobierno de facto y sus agentes son los que deben explicaciones, los que deben rendir prueba sobre el destino de esas personas”, apuntó la fiscal.
Mota advirtió al confirmar el procesamiento que, en estos casos, “la prueba debe ser más estricta porque el paso del tiempo hace casi imposible hallar elementos […], los testigos olvidan o reconstruyen deficientemente lo que vieron u oyeron, etcétera”.
“No es correcto analizar las pruebas en forma aislada e individualmente, sino que debe atenderse su unidad contextual, relacionando las pruebas entre sí y alcanzando de esta manera una conclusión lógica”, añadió.
Para los abogados que desacreditan esa sentencia, resulta insuficiente presentar un cúmulo abrumador de pruebas documentales y testimonios, aun tratándose de un delito cometido hace 34 años y de un caso de desaparición forzada en el cual, por definición, no hay cadáver. Para cometerlo y borrar las huellas, sus autores materiales contaron con la asistencia de casi todos los gobiernos de un continente. Calcagno ni coartadas tiene.
Pero Batlle y Aguirre, en un alarde de malabarismo jurídico, amparan a este criminal. En la superficie, se basan en un principio de derecho bastante relativo. En lo más profundo, lo que dicen es que cualquier delincuente zafará de la cana si elimina las pruebas de su delito y mantiene la boca cerrada, como Calcagno y sus camaradas. Si eso no basta, siempre podráapelar a amigos políticos para obligar al Parlamento a absolverlos, como en 1986, o para presionar a los jueces, como ahora.
La única posibilidad de procesamiento es que el acusado confiese, según Batlle y Aguirre. Si tal criterio prevalece, esta manga de asesinos, torturadores, secuestradores, violadores y chorros concurrirá al tribunal, saludará al juez y saldrá libre por la misma puerta por la que entró. Pavada de inseguridad. ■
Marcelo Jelen





Difundirlo es sembrar Memoria.
Realizado hoy, el acto en
en la batalla contra la impunidad en Uruguay.
El acto comenzó con la joven rapera argentina y finalizó con la murga Los diablos verdes.
Con un estrado acorde con el mensaje de la proclama, leída por Macarena Gelman,
lucían varias manos en diferentes posiciones. Posiciones que han sido hasta ahora,
las que han votado en
el parlamento, y una de ellas con su dedo apunta en forma acusatoria para anular la maldita ley de caducidad.
Parte de los muchachos de la organización HIJOS estuvieron en el estrado junto a Macarena.
Esta es la proclama leída:
Proclama 18 de marzo 2011.
Todas las organizaciones aquí presentes: sindicales, estudiantiles y sociales que hemos bregado desde siempre por los derechos humanos nos hemos nucleado en
Todos estos son crímenes de lesa humanidad ya que fueron cometidos desde el aparato del Estado dejando una sociedad con numerosos desaparecidos, asesinados, torturados, niños nacidos en cautiverio, perseguidos que fueron obligados a exiliarse para preservar su vida por el hecho de pensar diferente. La dictadura cívico-militar convirtió al Uruguay en el país con la mayor cantidad de presos políticos del mundo en relación a su población.
Estas atrocidades fueron y son denunciadas por víctimas que sobrevivieron a tan perverso calvario, y hasta fueron reconocidas por algunos de los asesinos en un intento macabro por justificarlas como forma de obtener información.
Fuerzas represivas que, en algunos de sus sectores, continúan en una actitud amenazante contra nuestro pueblo, contra nuestra institucionalidad democrática queriendo amedrentar a pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho, como es el Poder Judicial. También fue amenazada la libertad de expresión a través del ataque al periodismo independiente que tantas veces ha denunciado las atrocidades cometidas.
Nuestro pueblo fue obligado durante años a vivir y crecer en el terror, lo que provocó una degradación de los valores cuyas consecuencias aún hoy padecemos los uruguayos. ¿Cómo erradicar la violencia doméstica y social, la discriminación entre los ciudadanos, si aún tenemos el flagelo de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que no hemos resuelto?
Las fuerzas populares no aceptamos la “derogación” de la ley de caducidad porque ello implicaría que sólo se podría juzgar los casos planteados a partir la derogación en adelante, lo cual sería un contrasentido porque quedarían amparados en la impunidad los casos denunciados anteriormente a ella.
La ley de caducidad no solo es jurídicamente inconstitucional, como fue declarado por los tres poderes del Estado y reafirmado por las condenas del Derecho Internacional, sino que además es éticamente inmoral porque viola el principio de que todos somos iguales ante la ley.
Resolver la impunidad no es cuestión del pasado, compatriotas, es una realidad que nos afecta hoy, a cada instante de nuestras vidas, es garantizar un estado de derecho democrático.
Por eso nos dirigimos:
Ø A todo nuestro pueblo, que heroicamente sufrió y resistió el horror de una dictadura que dejó sus huellas en todos sus hijos, generaciones enteras que crecieron y fueron obligadas a vivir inmersos en el miedo, aterrorizadas por la falta de libertades, recibiendo una educación recortada, parcializada, históricamente deformada y que vieron resquebrajarse su país y sus familias,
Ø pero también nos dirigimos a los jóvenes de hoy, porque hasta que nuestro país no destierre el flagelo de la impunidad, no pueden vivir una democracia auténtica, ni con la tranquilidad de que el terrorismo de Estado nunca más sucederá en nuestro país,
Ø También a los Senadores y Diputados que tienen la responsabilidad histórica de saldar todo este período de horror, votando por la dignidad, por la verdad y la justicia, porque más tarde o más temprano, nuestro pueblo reconstruirá la memoria y los roles y posiciones asumidos por cada uno de sus ciudadanos, fundamentalmente de nuestros representantes y personalidades publicas.
Por estos motivos, enviamos este mensaje a todo nuestro pueblo, a todos los rincones del país donde haya ciudadanos que sientan la necesidad de defender los principios democráticos, sin distinción alguna de creencias o vínculos políticos-partidarios, exhortándolos a abrazar la bandera de la dignidad nacional por verdad, justicia y no más impunidad.
Exigimos también a todos los legisladores que cumplan con las responsabilidades para las que fueron investidos y garanticen los Derechos Humanos votando la anulación de la ley de caducidad, dejando atrás al Uruguay de la vergüenza, de las condenas internacionales y sobre todo al Uruguay de la inmoralidad, que avala prácticas contradictorias con los principios democráticos de
Por las generaciones que vienen, para que nunca más hayan abuelas buscando a sus nietos, ni hijos buscando a sus padres, para que nunca más queden familias desgarradas por el mundo, ni generaciones enteras víctimas del terror físico y psíquico de vivir en dictadura.
POR
por un Uruguay con Verdad y Justicia
Todos iguales ante
¡A ANULAR
Mesa Permanente contra
COMUNICADO DE PRENSA
ACTO POR
DE
18 horas en la
PLAZA LIBERTAD
Como punto central del acto se difundirá una proclama cuya lectura estará a cargo de Macarena Gelman.
Durante el desarrollo del acto habrá diversos espectáculos artísticos con murga y solistas, estando el cierre a cargo de la murga Diablos Verdes
MESA PERMANENTE CONTRA
HERMAN@S
de
DESAPARECIDOS
Por la verdad
y la justicia
EL SIGNIFICADO DEL 24 DE MARZO
El 24 de marzo, día del último golpe cívico militar, constituye un hito para la memoria colectiva de nuestro pueblo, no sólo por las profundas heridas todavía abiertas en la sociedad argentina como consecuencia de las aberraciones cometidas por el terrorismo de estado, sino por el total y completo desmantelamiento económico, junto con la destrucción de las hasta entonces firmes redes de solidaridad y cohesión sociales, orquestado por los sectores hegemónicos —iglesia, patronal y fuerzas de seguridad del estado, apoyados por el Departamento de Estado norteamericano, sin olvidar, por supuesto, la complicidad de algunos partidos políticos y sectores del sindicalismo.
Si algo señala la presencia de la aberración y del mal en la maquinaria de exterminio del terrorismo de estado es la creencia de que todo es posible. La desaparición, el secuestro, la tortura, la apropiación y sustracción de identidad de los niños/bebés arrancados del regazo de sus madres, son los símbolos de la negación total y absoluta de los otros seres humanos.
Desde ese mismo instante, cuando el territorio nacional se convirtió en un gran campo de concentración, los padres, madres, hijos, hermanos, familiares y compañeros de los militantes populares secuestrados y desaparecidos, resistieron por su voluntad y firmeza en su compromiso antagónico al terrorismo de estado.
Por lo tanto, podemos decir que, muy tempranamente, comienza una reacción que se enfrenta a los duros embates de toda la estructura represiva, la cual unos años antes del golpe cívico militar, ya estaba operativa con el accionar de las AAA y con el autodenominado operativo Independencia en Tucumán. No obstante, la maquinaria represiva alcanza su más alto grado de “perfección” con la dictadura militar. En estos oscuros años se gestan los gérmenes de los Organismos de DDHH que no han bajado, hasta el día de hoy, sus brazos en su denodada lucha por la Verdad y la Justicia.
Años después, ya instaurado el sistema democrático, estas mismas organizaciones de DDHH ocupan el espacio público para convertir el 24 de marzo en una fecha de conmemoración altamente significativa. Los organismos de DDHH hicieron de la Plaza de Mayo un espacio emblemático de denuncia, resistencia y repudio a la dictadura militar, cuyos sentidos se actualizan y se combinan con las demandas sociales en cada momento.
Pero es cada 24 de marzo cuando este día y este espacio alcanzan un único sentido, aquel que con una amplia gama de formas de expresión: siluetas, pañuelos blancos, pancartas, marchas hasta sintetizarse simbólicamente en la bandera con las fotografías de los detenidos desaparecidos, una bandera que es todas las banderas y por sí misma convoca a la población a caminar por senderos de Verdad y de Justicia y recoge para la ciudadanía la importancia en la construcción de la Memoria.
En el transcurrir de estos treinta y cinco años ha sido azaroso, para los familiares de los 30.000 detenidos desaparecidos, de los 500 bebés secuestrados y apropiados por sus perpetradores, de los miles de torturados y asesinados, de los sobrevivientes de los más de 500 Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, construir la Memoria cuya columna principal ha sido sostenida por la Verdad de lo acontecido. Hemos llegado a los juicios, tardíos y aún insuficientes, pero ellos son y siguen siendo un paño sustantivo en la bandera de nuestra lucha. Nos queda mucho camino por recorrer para que en la República Argentina quede para siempre erradicada la impunidad. Contundentemente decimos que los fallos de los actuales juicios no alcanzan la plena justicia. El lema se debe juzgar a todos los represores por todas las víctimas, hoy, sigue vigente.
A febrero de 2011, de un total de 1.680 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado, 167 han sido condenadas, 15 absueltas, hay 40 prófugas, 259 fallecidas y las restantes han sido sobreseídas, están en proceso o se las han declarado incapaces. Insistimos nos queda mucho camino por recorrer, debemos juzgar a todos los represores por todas las víctimas.
Si bien es cierto que falta mucho camino de justicia por recorrer. Queremos decir que a partir de nuestra participación en las audiencias, en la Radio, en las Jornadas realizadas desde el IEM, en entrevistas, en alegatos, es indispensable subrayar la fuerza de los compañeros/as que siguen testimoniando y poniendo palabras al horror vivido con el objetivo de lograr la Verdad y la Justicia, la persistencia del trabajo puesta por los abogados/as de las querellas, de los/as fiscales, de muchos compañeros/as a los que hemos visto investigando, escribiendo y hablando durante horas en los juicios, conteniendo a testigos y familiares junto con los militantes de los distintos organismos de DDHH y de los querellantes mismos, intentando dejar, y lográndolo, precedentes jurídicos profundos e importantes para las futuras generaciones: condenas por genocidio, lesa humanidad. Como miembros militantes de Herman@s sentimos un particular agradecimiento por esa entrega y compromiso y por todo lo que hemos aprendido día a día estando juntos en los pasillos y salones de los distintos TOF, entre ellos el de Comodoro Py, donde se mira el imponente Río por las ventanas de muchos largos y largos días ... Con frío, con calor, como sea...
Por lo antes dicho, este 24 de marzo, vemos indispensable reforzar desde todos los rincones del territorio nacional y muy en particular en la simbólica Plaza de Mayo nuestra lucha, por la falta de respuestas a nuestros reclamos sobre el lugar dónde están nuestros desaparecidos, por la negativa de las FFAA de entregar el total de los archivos todavía en sus manos, por las declaraciones de los genocidas que continúan reivindicando los crímenes de lesa humanidad por ellos perpetrados.
Para Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo, día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es un día expresamente destinado a la reflexión de los acontecimientos derivados del golpe militar de 1976, es un día donde se gesta la posibilidad colectiva de transmitir lo que largamente fue silenciado. Y que el silencio de la impunidad se llene de tantas y tantas voces en el reclamo de justicia, verdad y de Memoria por los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos
¡PRESENTES!
¡AHORA Y SIEMPRE!
No olvidamos
No perdonamos
No nos reconciliamos
¡Aparición con vida de Jorge Julio López!
¡Esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo!
Herman@s de Desaparecidos Por la verdad y la justicia