sábado, 2 de marzo de 2013

El amanuense de la Corte



PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 1 DE MARZO DE 2013



GONZALO AGUIRRE: ENTRE LOS INDAGABLES Y EL FALLO DE CHEDIAK


El amanuense de la Corte


Pocos
manifestantes reconocieron debajo de su sombrero negro y saco marrón, al hombrecito que con un diario y un cuaderno rojo bajo el brazo, salía presuroso del Palacio de Justicia en medio de la manifestación de apoyo a Mariana Motta. El ex vicepresidente Gonzalo Aguirre estaba dentro del edificio en el que debía jurar la jueza trasladada y donde el ministro Jorge Chediak daba los últimos ajustes al relato de la sentencia que declaró inconstitucional la ley de prescripciones y vuelve a imponer la impunidad en Uruguay.



ROGER RODRIGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy


 El 4 de febrero de 2011, Caras y Caretas publicó un artículo titulado ‘La ofensiva de los indagables’ en el que se exponía el plan de acción que para liberar a sus camaradas presos había instrumen­tado el autodenominado Foro de Libertad y Concordia que, integrado por militares retirados, había salido en “maniobra general” con el “propó­sito” de lograr “formar opinión pública, psicosocial y política” para alcanzar el objetivo de su misión, “en princi­pio por medios legales”. Veinte días más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaba a Uruguay por el caso Gelman.
Entonces se inició el proceso que concluye ahora con el traslado de la jueza Mariana Mota y el pronuncia­miento de la Suprema Corte de Justi­cia (SCJ). En aquel artículo también se explicaba que el vocero de la orga­nización, coronel José Carlos Araújo, había publicado en las páginas inter­nas de la publicación de la Cooperati­va de Ahorro de Oficiales de las Fuer­zas Armadas un plan de operaciones que sería comandado por un “Grupo Coordinador” integrado por represen­tantes de las “tandas” (generaciones) de promoción, que se subdividiría en “secciones” que incluían la “política y psicosocial”, “propaganda”, “jurídica”, “prisioneros”, “organización”, “familia”, “internacional”, “finanzas y logística”, “inteligencia” y “militar”.
Luego de un primer embate propa­gandístico en las redes sociales, la organización Libertad y Cambio pa­reció ir perdiendo fuerza en la medida en que quedó asociada a una serie de organizaciones de confeso se­llo nazi a nivel internacional y de la antichavista UnoAmérica cuyo líder, Alejandro Peña Esclusa, estaba preso en Caracas por portar explosivos para atentados en los comicios legislati­vos de aquel país. En el entorno del grupo de indagables se llegó incluso a editar un video en el que se adver­tía de posibles acciones militares y también se desarrollaron visitas a or­ganizaciones internacionales en las que se planteó que los militares eran “presos políticos”.
Sin embargo, donde Libertad y Con­cordia fue desarrollando su mejor tra­bajo fue en la sección “jurídica”, que debía cumplir el objetivo de “ejecu­tar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el derecho penal del enemigo, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)”. En ese escenario fue que comenzó jugando el ex fiscal de Corte Miguel Langón, quien terminó siendo desplazado por el constitu­cionalista Gonzalo Aguirre Ramírez, quien en marzo de 2011, junto al ex presidente Jorge Batlle, se reunía con el presidente de la SCJ, Leslie van Rompaey, para presionarlo en contra de la jueza Mota.
La ‘ofensiva’ de 2011 no pudo im­pedir el procesamiento del coronel Tranquilino Machado por el homici­dio del estudiante Juan Ramón Peré en 1973, ni el del coronel Carlos Cal­cagno, por un delito de desaparición forzada (Santana-Inzaurralde) que le tipificó la jueza Mariana Mota; pero, particularmente, el grupo fracasó al no poder impedir la aprobación de una ley que pospuso la prescrip­ción de los delitos que se instaura­ba aquel 1° de noviembre. En 2012 los “indagables” hicieron un cambio táctico y pasaron a una “defensiva militar” (verCaras y Caretas del 18 de febrero de 2012) por la que todos los abogados se coordinaron con el objetivo de trancar los expedientes, derivarlos a tribunales de alzada y, finalmente, plantear la inconstitu­cionalidad de la Ley 18.831 ante la SCJ. Y así ocurrió…

SUPREMA PARA RATO
La historia, sin embargo, habría co­menzado a entretejerse un poco antes: el 19 de octubre de 2009, cuando a siete días de la elección de legisladores y presidente, en comi­cios en los que se definían los ple­biscitos por el voto consular y el voto rosado, la SCJ reveló un inesperado dictamen en el que cambió un fallo anterior y consideró inconstitucional la ley de la caducidad de la preten­sión punitiva del Estado en el caso de Nibia Sabalsagaray. El fallo tuvo dos efectos: por un lado, desalentó a quienes dudaban del voto rosado y los impulsó a no sufragar ya que la caducidad había terminado; por otro, aunque nadie lo suponía, se abría una indagatoria en la que un general en actividad, Miguel Dalmao, sería procesado con prisión.
El proceso de Dalmao, al que seguiría el de Machado, fue la antesala de una previsible segunda ola de juicios so­bre la dictadura, que se desprendían de la inicial causa contra el dictador Juan María Bordaberry que estaba en manos de la jueza Mota y la fiscal Ana María Telechea, quienes reabrie­ron los casos Gelós Bonilla, fusilados de Soca, Leonardo de los Santos, un  ‘paquete’ de veinte muertes en pri­sión y nuevas denuncias que por torturas realizaban las víctimas de cada unidad militar. La aparición de los cuerpos de Julio Castro y Ricardo Blanco fue el corolario de esa serie de logros en la lucha por la verdad y la justicia de quienes sufrieron viola­ciones a sus derechos humanos.
Pero dentro del Poder Judicial había comenzado a visualizarse un pro­ceso extraño, a partir de la asun­ción de nuevos ministros de la SCJ en cuya designación el Frente Am­plio tuvo que aceptar las propues­tas del Partido Nacional. Una SCJ que llegó para quedarse un tiempo. El ministro Jorge Ruibal Pino ascen­dió por antigüedad en 2007 y se mantendrá hasta cumplir 70 años en 2015; Jorge Larrieux fue pro­puesto por los blancos en 2008 y seguirá hasta 2016, cuando llegue a la edad máxima; Jorge Chediak, votado en 2009 con apoyo nacio­nalista, puede seguir como minis­tro hasta 2019; mientras que las dos últimas incorporaciones, reali­zadas en diciembre de 2012, posi­bilitan que Ricardo Pérez Manrique y Julio César Chalar permanezcan en el cargo hasta 2017.
Los tres ministros más antiguos fue­ron los que el 13 de abril de 2011 vo­taron un reacomodo del organigrama judicial y crearon el Tribunal de Apela­ciones en lo Penal de 4° Turno, que re­cibió prácticamente todos los recur­sos que los abogados de los militares plantearon en cada causa judicial por delitos de la dictadura. Ese tribunal, integrado por los doctores Ángel Cal Shaban, Alfredo Gómez Tedeschi y Jorge Catenaccio, fue el que cambió la tipificación que el juez Ruben Sa­ravia había imputado al coronel Tran­quilino Machado por la muerte de Peré y decidió aplicar la Ley 18.831, que los jueces penales habían evi­tado usar para eludir recursos de in­constitucionalidad que de inmediato interpusieron los defensores. Así, se sumaron recursos ante la SCJ.

GONZALO EL MAGNO
Gonzalo Aguirre Ramírez nació en Montevideo el 25 de enero de 1940. Nieto del caudillo blanco Juan Andrés Ramírez Chaín, su vida quedó marca­da desde que eligió la carrera de de­recho. Integrado al Movimiento Na­cional de Rocha, en la dictadura fue secretario del Triunvirato de Mario He­ber, Carlos Julio Pereyra y Dardo Ortiz, que dirigía al Partido Nacional en su semiclandestinidad. Pudo ser vícti­ma de los vinos envenenados que mataron a Cecilia Fontana de Heber en 1978, a cuyos responsables les dio la impunidad.
Hace treinta años, en 1983, Aguirre participó en las negociaciones del Par­que Hotel y cuando fracasaron redac­tó, junto al ex vicepresidente colorado Enrique Tarigo, la proclama que el actor Alberto Candeau leyó frente al Obelisco a los Constituyentes. Acompañó en la fórmula presidencial a Alberto Zuma­rán en 1984, cuando Wilson Ferreira Aldunate quedó proscripto, y terminó siendo el vicepresidente de Luis Alber­to Lacalle en la victoria blanca de 1989. Dos veces apoyó a su primo Juan An­drés Ramírez en los siguientes comi­cios, pero no lo votaron. Frustrado, se dedicó al ejercicio de su profesión y al periodismo.
A la salida de la dictadura fue el autor de la ley 15.738 que dio fuerza legal a las leyes del Consejo de Estado, abro­gándose el legislador facultades que reestablecieron la Constitución viola­da e incluso interviniendo en el texto de la misma. Algún día se estudiará la responsabilidad que tiene esta convali­dación selectiva de algunas normas del Consejo de Estado y de otros órganos del gobierno de facto en algunos de los traspiés que hoy sufrimos en nuestro ordenamiento constitucional.
En este tiempo Aguirre ha sido un referente de cuanta discusión cons­titucional se produjo. Pergeñó el sis­tema de balotaje (que pospuso una elección el ascenso al gobierno del FA), tildó de inconstitucionales el impuesto barométrico y el aumento de la contribución de Montevideo, la superestructura de inteligencia de Sanguinetti en 2000, el contrato de capitalización del Banco Comercial en 2003, defendió el subsidio de Jorge Larrañaga en 2004, estuvo en contra de la ley de procedimiento policial en 2008, rechazó el voto del senador Óscar López Goldaracena por defender víctimas de la dictadu­ra y hasta consideró fuera de lo que parece ser su carta magna las reco­mendaciones contra la violencia en televisión. Ahora volvió a facturar con la inconstitucionalidad del impuesto a la tierra (ICIR).
Desde 2005 los militares se transfor­maron en buenos clientes. Primero, fue asesor contra la interpretación de la ley de caducidad impulsada por el secretario de Presidencia, Gonza­lo Fernández, y en 2006 patrocinó a quince represores ante la exclusión de la caducidad en el caso Gelman y en el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. A mediados de 2008 los asesoró en recursos con­tra el IRPF y logró una declaración de inconstitucionalidad de la SCJ que le habría reportado una cuota de tres mil pesos por cada uno de los 1.200 oficiales beneficiados (varios de ellos denunciados por crímenes de la dictadura). Desde entonces aseso­ra instituciones castrenses.
Aguirre pasó a tener el protagonismo en la estrategia de los defensores de los militares a partir del contundente fallo internacional del caso Gelman y de una serie de debates impulsados por organizaciones de derechos hu­manos en los que se calificaban los delitos como crímenes de lesa hu­manidad y, por tanto, imprescripti­bles. Ésa fue la batalla jurídica que se sustanció en el foro interno del Poder Judicial, donde no resultan ajenas las medidas ejemplarizantes contra fis­cales y jueces que sintonizaban con  las propuestas del derecho interna­cional. Como antes había ocurrido con la fiscal Mirtha Guianze, la mira se puso en el fiscal Ricardo Perciba­lle y en la jueza Mariana Mota. Ambos fueron sacados del ámbito penal.

EL AMIGO DEL JUEZ
El 30 de noviembre de 2010, cuando se cumplieron 30 años del plebiscito de 1980, el Parlamento hizo un par­ticular acto recordatorio en el que se rechazó aquel intento de reforma constitucional de la dictadura. En uno de los palcos quedaron juntos el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramí­rez, el ex presidente Julio Sanguinet­ti y el entonces presidente de la SCJ, Jorge Chediak. A los márgenes del trío, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el presidente José Mujica.
Aguirre, Sanguinetti y Chediak tuvieron un animado diálogo que quedó regis­trado en imágenes. Aguirre había sido el corredactor de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (idea­da por el diputado blanco Héctor Martín Sturla); Sanguinetti, el presidente que promulgó aquella ley de impunidad; y Chediak, el ministro relator de la sen­tencia que en 2009 calificó de incons­titucional a la Ley 15.848, permitiendo que el general Dalmao termirara preso por la muerte de Sabalsagaray. Sólo diez días antes del encuentro en aquel acto, Diputados había dado media sanción al proyecto de ley interpretativo de la caducidad para dejarla sin efecto. Curiosamente, Chediak volvió a ser el ministro re­lator en la acordada que ahora con­sideró inconstitucional la ley contra las prescripciones votada en 2011 tras un año de idas y venidas duran­te el cual el FA no logró imponer su disciplina partidaria para imponer la mayoría de votos que tiene en am­bas cámaras. Chediak utilizó en su recurso los mismos fundamentos con que Aguirre había atacado la ley. Algunos, incluso, creen ver la letra del constitucionalista en algunos de los alegatos del relator de la SCJ, que también dio argumentos de fondo en contra del fallo de la Corte Interame­ricana de Derechos Humanos por el caso Gelman y se sumó a Aguirre en la teoría de que el derecho interno se impone sobre las normativas interna­cionales. La sentencia de Chediak pa­rece un punto final.
Chediak había sido propuesto por el Partido Nacional por su acercamiento al ex presidente Luis Alberto Lacalle, quien durante el debate en el Senado nombró con particular afecto al juez de la SCJ: “No sé cómo calificar la interven­ción del Poder Ejecutivo en el trámite de la ley de caducidad cuando se le tiene que dar cuenta para que establezca si está incluido o no ese concepto […] No obstante, puedo decir que una vez que se excluye, la interlocutoria que decreta el archivo tiene valor de cosa juzgada. ¿Saben dónde se encuentra esto? En una sentencia redactada por un ministro y ex presidente de la Su­prema Corte de Justicia –gran amigo y jurista–, el doctor Jorge Chediak, en la que se declara inconstitucional la ley en el caso Sabalsagaray”, alegó el ex mandatario.
La buena relación entre colegas y correligionarios podría tener otras repercusiones si, como se mencio­na en corrillos judiciales, el aboga­do Gonzalo Aguirre Ramírez estuvo visitando semanalmente al ministro Jorge Chediak en su despacho de la sede del Poder Judicial antes de que se terminara de redactar y se divul­gara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucio­nal la ley de las prescripciones. Ca­sualmente, Gonzalo Aguirre estaba dentro del Palacio de Justicia el mismo viernes 15 de febrero cuando la jueza Mariana Mota, acompañada por una multitud de personas, jura­ba como jueza en el área civil. Aguirre, quien tropezó en las escaleras, fue captado por la cámara de la fotógrafa Martha Passeggi cuando, con sonrisa nerviosa, se alejaba de la manifesta­ción en la que había quedado metido.
Paradójicamente, en el ejercicio de la presidencia de la SCJ, el propio Che­diak impulsó la acordada N° 7.688, por la que la Justicia uruguaya asu­me los “Principios de la Ética Judicial Iberoamericana”, cuyo artículo 3° señala que “el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias –directas o indirectas– de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial” y en su artículo 15° impone que “el juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”.


Mota recurrió
La jueza Mariana Mota presentó un recurso para que la SCJ revoque la reso­lución N° 70/2013 del 15 de febrero por la que fue trasladada del Juzgado Penal de 7° Turno al Juzgado Civil de 1° Turno y rechaza que su cambio de destino obedezca a “razones de mejor servicio”. “En mi caso no solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto. Es más, con­sidero que el traslado decidido contraría el buen servicio que reclama la Constitución”, sostiene.
“La decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las cau­sas en que se investigan graves violaciones a los derechos humanos [que] se verán demoradas por el necesario lapso que demande su conocimiento por parte de la nueva titular. Esta paralización aún temporal es contraria a lo que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sen­tencia que condenó al Uruguay en el caso Gelman vs Uruguay que sostuvo en su fallo ‘que las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración de los procedimientos aunado a que, pese a tratarse de un caso de graves vio­laciones de derechos humanos, no ha primado el principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables’”, dice la jueza.