viernes, 9 de noviembre de 2012

Militares acusados de tortura en la base de Boiso Lanza


No sé de qué me hablan

Militares acusados de tortura en la base de Boiso Lanza negaron haber tenido relación con los delitos denunciados.
“Pareciera que nos detuvimos nosotros mismos, que nos encapuchamos y que nos autotorturamos”, planteó ayer, sin disimular indignación, uno de los ex presos políticos denunciantes en el Juzgado Penal de 7º Turno. De esa manera, planteó su fastidio ante la jueza Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea, que durante una audiencia de cinco horas interrogaron a tres militares en el marco de la denuncia por torturas en la base Boiso Lanza de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).
En esta causa participaron más de 40 denunciantes y deriva del caso de Ubagésner Chávez Sosa, detenido en 1976 y trasladado a esa unidad aérea, donde murió como consecuencia de la tortura. “Es vergonzoso; los indagados negaron cualquier tipo de responsabilidad o participación, incluso contradiciendo los informes de la FAU”, coincidió el abogado patrocinante, Óscar López Goldaracena.
Algunos de los militares que declararon son el teniente aviador Enrique Ribero, procesado con prisión por Mota en calidad de autor de homicidio en el caso Chávez Sosa, y el coronel Uruguay Araújo Umpiérrez, imputado como coautor. En la audiencia de ayer participaron también tres ex detenidos y torturados denunciantes: Baldemar Taroco, Gustavo Turco Gómez y Álvaro Jaume.
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Inspección ocular a sede de Inteligencia

Una decena de ex militantes de la UJC ingresaron a la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), en el marco de la indagatoria penal por torturas en esa dependencia policial. Los testigos reconocieron los lugares donde fueron torturados, dijo su abogado, Pablo Chargoñia.
HACE 7 HORAS

El juez Penal de 17º Turno, Carlos García, encabezó ayer una inspección ocular en la sede de la DNII, sita en Maldonado y Paraguay, en la cual una decena de ex militantes de la UJC reconocieron los lugares en los cuales fueron sometidos a tormentos y castigos, entre 1972 y1985. El magistrado concurrió al lugar en compañía del fiscal Ariel Cancela y personal de Policía Técnica, para intentar certificar el testimonio de los testigos, con un reconocimiento espacial del edificio.
En este sentido, el abogado Pablo Chargoñia consideró que el ingreso a la sede de la DNII fue “importante” para la causa porque “se pudo reconocer, por parte de las víctimas, los lugares donde eran sometidos a tortura y en algunos casos a violaciones”, más allá de las modificaciones edilicias que se realizaron. Los testigos pudieron “reconocer sustancialmente los lugares de tormento y castigo, en distintos pisos” del edificio, explicó Chargoñia.
Los ex militantes de la UJC narraron la existencia de un “montacarga”, que oficiaba como ascensor, por donde se los trasladaba y escuchaban los gritos de las personas que eran torturadas. “Hoy el montacarga está tapeado, pero es reconocible, porque todavía existen los botones y hay un espacio vacío en la planta baja”, destacó Chargoñia.
Asimismo, la “inspección ocular” fue relevante desde el punto de vista humano, porque era el primer ingreso de las víctimas al lugar desde el retorno de la democracia. “Fue un momento especialmente importante para personas que, siendo muy jóvenes, estuvieron en ese lugar encapuchados y hoy entraron con los ojos destapados y acompañados por un juez”, expresó Chargoñia.
“300 Carlos”
En tanto, hoy la Justicia realizará una nueva inspección ocular en el Batallón Nº 13 y el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército, donde funcionara el “300 Carlos” o “Infierno Grande”, un emblemático centro clandestino de detención de la dictadura. La inspección ocular se realizará en el marco de una indagatoria penal por torturas en dicho centro.
La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, ingresará al predio con varios testigos, como forma de ampliar la indagatoria por los hechos de tortura. La magistrada ya había ingresado al lugar, pero una disposición del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) impidió que se tomarán fotografías en el predio y el reconocimiento se realizó mediante croquis. Ahora se pretende obtener los registros fotográficos.
Castiglioni
El grupo de ex militantes de la UJC que ingresó ayer a la DNII solicitará, por carta, al Ministerio del Interior que retire de ese lugar una placa de reconocimiento al ex jerarca de Inteligencia Victor Castiglioni, como una forma de desagravio a las víctimas de la dictadura, afirmó el abogado Pablo Chargoñia a LA REPÚBLICA. “La idea es que como forma de desagravio a las víctimas esa placa de reconocimiento sea sacada y que no se realicen homenajes a personas vinculadas con la represión en edificios públicos”, dijo Chargoñia.