SOLIDARIDAD CON CORONEL PRESO. INUSUAL ADHESION EN UNA ORGANIZACION VERTICAL DESENCADENO AMONESTACION

La mitad de los generales bajo arresto; no tiene precedentes

Como adelantó en exclusiva LA REPÚBLICA hubo sanción. La mitad del generalato del Ejército quedó bajo tres días de arresto simple, un castigo leve pero que no tiene precedentes en una institución que está celebrando su bicentenario. La medida la adoptó Rosales.

Luis Casal Beck

Comandante Rosales. El mando se inclinó por una sanción benévola.

Ocho de los 16 generales en actividad, concurrieron en forma simultánea a una unidad policial de Montevideo, a expresar su solidaridad a un colega retirado (Tranquilino Machado), al tercer día de su procesamiento por la magistratura (juez Ruben Saravia), por el asesinato de un militante estudiantil (Ramón Peré), en plena huelga general, decretada tras el golpe castrense de junio de 1973. La medida fue adoptada por los jerarcas castrenses, sin consultar previamente al comandante del Ejército, general Jorge Rosales (a quien lo llamaron cuando los ocho, estaban en la puerta del cuartel), y el acontecimiento se difundió de inmediato, y como reguero de pólvora por toda la prensa local e internacional, al igual que lo expresado por los uniformados en esa ocasión: su inquietud por el estado de indefensión en que se sienten los militares, ante las investigaciones que desarrollan los magistrados sobre violaciones a los derechos humanos en el ciclo dictatorial (1973-1985). La visita pasó a tener entonces, por su llamativa difusión, un carácter público.

Machado, de 60 años, un excatedrático de Estrategia en el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), que se jubiló por razones de edad (55 años) en agosto de 2006, generó adhesiones que evidencian un estado de opinión y comportamientos que son atípicos en una organización tan vertical como el Ejército, cuyo comandante siempre debe saberlo todo y tener la última palabra. El general Rosales se inclinó por una sanción benévola, aunque podría haber dispuesto el relevo de los generales, dejándolos sin destino (en Uruguay no existe el pase a retiro automático, por decisión política, como ocurre en buena parte del mundo). Prefirió marcar la irregularidad del hecho, y abrir espacio a la reflexión, aunque "el síndrome Machado", quedó configurado (más información en páginas 4 y 5).

LA LISTA

La lista de los generales sancionados es la siguiente: Luis Pérez (actualmente sin destino); Daniel Castellá (jefe de la División de Ejército I); Sergio D'Oliveira (director del Instituto Militar de Estudios Superiores); Pedro Aguerre (jefe de la División de Ejército IV); Neris Corbo (director de Sanidad Militar); Domingo Montaldo (jefe de la Casa Militar de la Presidencia); Nelson Pintos (comandante de Logística) y Juan José Saavedra (director de la Escuela Militar y del Instituto Militar de las Armas y Especialidades).

"Sabrán acatar la medida

* El general del Aire José Bonilla, jefe del Estado Mayor de la Defensa, evaluó ayer que la sanción aplicada a los ocho generales que visitaron el pasado viernes al procesado coronel ® Tranquilino Machado responde a un "problema interno del Ejército".

Bonilla, que ayer participó de un acto en el Palacio Legislativo, señaló a LA REPÚBLICA que "los camaradas que han tenido este problema son a los que se debería consultar o ­recomendó- al comandante en jefe del Ejército", Jorge Rosales. Bonilla destacó que "los oficiales que han sido sancionados sabrán acatar la medida dispuesta y de acuerdo a la sanción deberán cumplirla".

El jefe del Estado Mayor de la Defensa no quiso emitir opinión acerca de si la medida de arresto a la mitad del generalato dispuesta por el titular del Ejército determinaba un antecedente. "Es una medida que prefiero no comentar", afirmó.

Inflexión en la cúpula del Ejército

El debate por la sanción.

La decisión del comandante en jefe del Ejército, general Jorge Rosales, incrementó el malestar que existe con el comandante en filas del Ejército, donde se cuestiona el liderazgo del militar al recurrir a medidas disciplinarias para ejercer su jefatura, admitieron a LA REPÚBLICA fuentes de la fuerza de tierra. "La disciplina no es para mostrar si el comandante manda o no manda. El razonamiento militar es si se sanciona o no. Si hubo una actitud corporativa, es una falta grave y más aún por el grado de los involucrados. Hay una nueva contradicción en Rosales", opinaron fuentes militares, en actividad y en retiro. Otras fuentes del Ejército afirmaron que la situación de la fuerza de tierra "es un caos" y que "Rosales cada vez pierde más poder". "Se tiene que ir. Si no manda se tiene que ir, porque la situación del Ejército no se soluciona con sanciones", expresaron. Además advirtieron que el castigo recae sobre los oficiales que recibieron "todo tipo de apoyo a través de llamados y cadenas de mails que circularon en la interna del Ejército" por haber decidido visitar a Machado. "Siempre se dijo que la situación de Machado era un punto de inflexión, porque no solo era un alférez en 1973, sino que cumplía órdenes en una revuelta", indicaron las fuentes. Añadieron que una situación similar se produce con el general Miguel Dalmao, quien fue procesado por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagary. La sanción a los ocho generales es considerada un hecho "sin precedentes" en la fuerza de tierra". Sostuvieron que una medida de esas características no se adoptó ni durante la dictadura militar. La sanción dispuesta por Rosales es de tres días de "arresto simple". Eso implica que los ocho generales podrán cumplir su castigo en horarios de trabajo y luego trasladarse libremente a sus domicilios.

Tras cumplir la sanción, los generales objetados podrán recurrirla en las 72 horas inmediatas a su cumplimiento, en tanto no tendrán plazo para solicitar tribunal de honor si así lo entienden conveniente. Por otra parte, las fuentes destacaron que la sanción, al ser de carácter leve, no afectará el legajo de los generales.

REACCION. GENERALES ARRESTADOS NIEGAN ACTITUD CORPORATIVA NI CONSPIRACION

Rosales: Visita a coronel preso violó la verticalidad

El comandante en Jefe del Ejército general Jorge Rosales sancionó con arresto simple a ocho generales tras la visita al coronel ( r ) Tranquilino Machado, preso desde el martes 7 pasado por el homicidio del estudiante comunista Ramón Peré en 1973.

La medida que implica tres de días de arresto fue adoptada por el propio Comandante en Jefe del Ejército general Jorge Rosales. Según pudo saber LA REPUBLICA, los generales infringieron el Reglamento de Disciplina del Personal del Ejército, al concurrir en forma colectiva y sin previa autorización a la Guardia de Coraceros, y sin haber explicitado-además- los motivos de dicha actitud.

La sorpresiva visita de los ocho generales se produjo el viernes pasado. Este hecho generó consultas al más alto nivel del Ejecutivo. LA REPUBLICA adelantó que los generales habían incurrido en una infracción disciplinaria y serían sancionados. Desde el Poder Ejecutivo se estuvo en permanente contacto con el mando militar desde las primeras horas del día de ayer para llegar a esta decisión que, finalmente, emanó del propio comandante en jefe del Ejército, agregaron las fuentes. Ayer al mediodía, Rosales convocó uno a uno a su despacho a los generales implicados, a quienes trasmitió la sanción por escrito. El día anterior, les había solicitado explicaciones a los ocho generales que habían concurrido a visitar al coronel detenido.

Rosales entendió que la visita en grupo de ocho generales al coronel (r) Tranquilino Machado incurría en una falta sobre todo porque él fue informado de ese hecho luego de haberse producido y no antes, y que se estaba violando la verticalidad del mando, al no haber sido avisado con anterioridad.

El Comandante en jefe explicó al ministro de Defensa que él se había enterado de la visita por una llamada telefónica de uno de dichos generales infractores, en el momento mismo en que se reunieron todos en la puerta de acceso de la Guardia de Coraceros.

Entre los sancionados figura el general Domingo Montaldo, Jefe de la Casa Militar y hombre de confianza del presidente Mujica, dos generales de División, y el general de la derecha Luis Pérez, ex Jefe de la División I, quien semanas atrás había mantenido un áspero enfrentamiento personal con Rosales. La decisión de Rosales se adopta a 106 días de que el Poder Ejecutivo nomine al frente del Ejército a un nuevo Comandante. Precisamente, Pérez, es sindicado como uno de los promotores de la visita corporativa a Machado. Sin destino desde el mes de mayo, en las últimas horas, el Poder Ejecutivo lo destinó a prestar servicio en el Comando del Ejército. Fuentes militares, señalaron que Pérez es quien debería suceder a Rosales en octubre cuando pase a retiro, según el criterio que maneja el presidente para los ascensos. Mujica dijo en mayo a LA REPUBLICA que su intención era que los ascensos se cumplieran de acuerdo al orden de derechas. Sin embargo, las dos sanciones de que fue objeto Pérez, pondrían en duda en el Ejército si asumirá o no la comandancia. Según supo LA REPUBLICA, los generales arrestados niegan haber adoptado una actitud corporativa y "mucho menos un intento de conspiración". Señalan, a su vez, que el motivo del encuentro con Machado fue el de conocer los motivos de su procesamiento y "expresarle su solidaridad y apoyo por la situación que atraviesa, algo natural entre camaradas".

RETIRADOS. LO INTERPRETARON COMO "CAMARADERIA"

"Satisfacción por gesto de generales"

Integrantes del Foro Libertad y Concordia expresaron que no realizarán ningún comentario sobre la decisión del mando de sancionar a los ocho generales con arresto simple.

No obstante subrayaron que la visita de los oficiales al coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el asesinato de Ramón Peré, fue vista "con amplia satisfacción, al ser un gesto de camaradería, que no tiene significación política".

Fuentes de la entidad dijeron a LA REPÚBLICA que "el gesto de camaradería tiene su máxima expresión cuando el camarada está en desgracia.

Por eso la actitud de los generales fue vista con beneplácito".

Consideraron "contradictorio" que el mando superior "que son el Presidente y el ministro de Defensa", den su aval a la sanción y luego aseguren que "se quiere liberar a los militares de la mochila del pasado y la mochila es cada vez más pesada".

El Foro Libertad y Concordia cobró notoriedad con la creación de un facebook y manifestaciones públicas sumamente críticas hacia la gestión del gobierno y le hicieron un escrache a un periodista que se destacó por investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Inflexión en la cúpula del Ejército

El debate por la sanción.

La decisión del comandante en jefe del Ejército, general Jorge Rosales, incrementó el malestar que existe con el comandante en filas del Ejército, donde se cuestiona el liderazgo del militar al recurrir a medidas disciplinarias para ejercer su jefatura, admitieron a LA REPÚBLICA fuentes de la fuerza de tierra. "La disciplina no es para mostrar si el comandante manda o no manda. El razonamiento militar es si se sanciona o no. Si hubo una actitud corporativa, es una falta grave y más aún por el grado de los involucrados. Hay una nueva contradicción en Rosales", opinaron fuentes militares, en actividad y en retiro. Otras fuentes del Ejército afirmaron que la situación de la fuerza de tierra "es un caos" y que "Rosales cada vez pierde más poder". "Se tiene que ir. Si no manda se tiene que ir, porque la situación del Ejército no se soluciona con sanciones", expresaron. Además advirtieron que el castigo recae sobre los oficiales que recibieron "todo tipo de apoyo a través de llamados y cadenas de mails que circularon en la interna del Ejército" por haber decidido visitar a Machado. "Siempre se dijo que la situación de Machado era un punto de inflexión, porque no solo era un alférez en 1973, sino que cumplía órdenes en una revuelta", indicaron las fuentes. Añadieron que una situación similar se produce con el general Miguel Dalmao, quien fue procesado por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagary. La sanción a los ocho generales es considerada un hecho "sin precedentes" en la fuerza de tierra". Sostuvieron que una medida de esas características no se adoptó ni durante la dictadura militar. La sanción dispuesta por Rosales es de tres días de "arresto simple". Eso implica que los ocho generales podrán cumplir su castigo en horarios de trabajo y luego trasladarse libremente a sus domicilios.

Tras cumplir la sanción, los generales objetados podrán recurrirla en las 72 horas inmediatas a su cumplimiento, en tanto no tendrán plazo para solicitar tribunal de honor si así lo entienden conveniente. Por otra parte, las fuentes destacaron que la sanción, al ser de carácter leve, no afectará el legajo de los generales.

ARRESTO. MEDIDA DISCIPLINARIA GENERO UN SINFIN DE COMENTARIOS

Respaldos y críticas al gobierno por tema militar

Apenas conocida ayer a la tarde la decisión adoptada por el Ejército hacia ocho de sus generales, el espectro político confesaba no salir de su asombro. Pocos eran los que sabían de antemano lo que finalmente sobrevino.

Diputado Javier García.

Senador Jorge Larrañaga.

Senador Carlos Gamou.

Senador Luis Alberto Heber.

Senador Eduardo Lorier.

Senador Pedro Bordaberry.

A favor y en contra. Líderes y dirigentes de la oposición y del gobierno discreparon y apoyaron la medida disciplinaria de arresto a los ocho generales que el viernes pasado visitaron en grupo al coronel ® Tranquilino Machado. Las opiniones fueron desencadenándose ni bien se confirmaban las eventuales consecuencias disciplinarias.

Hubo hasta quien bromeó con el hecho. En su cuenta de Twitter el diputado del Partido Nacional Hernán Bonilla escribió: "Las actitudes del gobierno en el tema militar no me dejan Tranquilino", en una chanza con el nombre del militar procesado.

Fue un comentario de los menos. La mayoría tomó el hecho con "preocupación", ya sea si su opinión fuera a favor o en contra de la medida. El líder y senador de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, comentó que "cuando desde la jerarquía dispone una medida, esta hay que respetarla".

Subrayó que "lo que se dictó desde el gobierno tiene nuestro apoyo en la medida que desde la cúpula se cuenta con la facultad para hacerlo".

Sin embargo, Bordaberry rescató el hecho político que protagonizó el presidente José Mujica cuando, enterado del quebranto de salud del general Miguel Dalmao, procesado también pero por la muerte de la profesora Nibia Sabalsagaray, fue a visitarlo al hospital militar.

"Mujica hizo lo mismo: fue a visitar a un detenido y, cuando se mira para arriba y hacen lo mismo, es natural que se entienda que es correcto lo que se hizo".

Para el senador de la CAP­L, Carlos Gamou, lo resuelto ayer demuestra que "el gobierno actuó como debía. Con sensatez, seguridad y firmeza". Recordó que "hubo una serie de especulaciones desde alguna prensa de que nada se iba a hacer. Los que especularon no tienen autoridad moral ni política para opinar porque manejaron este hecho de manera frívola", señaló. Gamou insistió con su "absoluto" apoyo a la medida adoptada. Mientras, el senador y líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga destaca que "en Uruguay no es ilegítimo y tampoco ilegal visitar a un preso. Mujica lo hizo hace poco cuando visitó al general Dalmao".

Confesó desconocer si en la escala disciplinaria castrense se violentó alguna norma "y eso es harina de otro costal, pero destaco que en nuestro país no es ilegal ir a visitar a un detenido".

Para el senador comunista Eduardo Lorier, se "aplicó lo que está en el reglamento" y la medida ejecutiva "fue sana e importante para la disciplina de la fuerza".

El senador y presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, coincide con otros representantes de la oposición y lo calificó como "exagerado"

"No me parece que la visita de los ocho generales sea motivo para aplicar un arresto" sostuvo "porque genera una crispación a nivel del gobierno que no contribuye en nada".

El presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Javier García, entiende que "la notoriedad del tema pasa por la cantidad de los generales no por el hecho en sí. Creo que en Uruguay visitar a un preso no es ilegal", repitió.

García cree que el gobierno está manejando "muy mal" el tema militar. "Está dando señales equivocadas. Se empezó con un discurso de unidad pero de lo que va del mandato, es de división", comentó.

Apeló la defensa del coronel

Doctor Miguel Langón.

La defensa del coronel (r) Tranquilino Machado apeló ayer el fallo del juez penal de 3º Turno, Ruben Saravia.

Los abogados Miguel Langón y Graciela Figueredo fundaron el recurso en los mismos argumentos promovidos durante todo el proceso: la existencia de un enfrentamiento armado entre oficiales y estudiantes, la imposibilidad de aplicar el artículo 123 del Código Penal (CP) para elevar el plazo de prescripción del delito y la inexistencia de elementos de convicción suficientes para fundar una sentencia de condena, según explicó Langón a LA REPÚBLICA. La muerte de Peré se produjo durante "un enfrentamiento armado". "La versión se funda en que apareció un arma en el lugar de los hechos, la declaración del sargento que lo acompañaba, y que no se ocultó el hecho, porque desde un principio se supo que el disparo lo había hecho Machado, (que) con toda hidalguía lo reconoció siempre", expresó Langón.

Asimismo, el abogado de Machado minimizó las conclusiones de dos pericias técnico-forense que certifican que se trató de un disparo por la espalda. "En una situación de combate eso no tiene significación. Nadie huye caminando para atrás, el que cubre la huida a disparos se va moviendo, escondiendo, agachando, atrás de un árbol, atrás de un auto. Un enfrentamiento a balazos, un acto de guerra, tiene eso", expresó Langón.

El abogado manifestó su expectativa sobre una decisión revocatoria por parte del Tribunal de Apelaciones.

Fuente: La Republica, miercoles

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Imágenes de España y su rebeldía

http://www.portaloaca.com/videos/noticiasvideo/2458-eduardo-galeano-habla-del-movimiento-del-15-m.html

Barcelona, 27-05-2011, Plaça de Catalunya (Catalonia Square)

LEY DE CADUCIDAD, CIDH, PRESCRIPCIÓN.

LEY DE CADUCIDAD, CIDH, PRESCRIPCIÓN.

El pasado 6 de junio 2011, el abogado experto en derechos humanos Dr. Juan Errandonea, participó de una charla abierta en la Sede de Crysol donde se valoró los caminos posibles a seguir para eliminar la impunidad que pesa sobre los uruguayos.

Veamos como estamos parados hoy con respecto a la Ley de Caducidad, CIDH y prescripción:

Hace unos años El juez Luis Charles procesa y condena a Gavazzo y Arab a 25 años de penitenciaría por 28 homicidios muy especialmente agravados, vinculados al 2º vuelo. La fiscal Mirtha Guianze, en el juicio, pide que se condene por “desaparición forzada” ya que estás 28 personas aún siguen desaparecidas. Guianze apela la sentencia para que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie, porque es obvio que la desaparición forzada es una figura que está prevista en los tratados internacionales y fue incorporada por ley en el Uruguay a partir de 25 de setiembre del 2006.

El Tribunal de Apelaciones, no hace lugar y ratifica la sentencia en 1º instancia. Guianze interpone un pedido de Casación ante la SCJ (esto hace casi dos años) y ésta se pronuncia recientemente, por mayoría 4 a 1 ratificando nuevamente la sentencia de condena por homicidios especialmente agravados.

Cuatro cosas que se pueden hacer hoy en el corto plazo que nos queda:

1º) La preocupación y tarea que debemos tener quienes exigimos eliminar la ley de impunidad es conseguir que el Parlamento apruebe una ley con respecto a los plazos de prescripción. No nos podemos distraer de ese objetivo ya que no se puede aprobar una ley después que el plazo prescriba.

Se puede solucionar de varias maneras: prorrogando los plazos (hay argumentos valederos), o que por ley se entienda que son delitos de lesa humanidad o una tercera posibilidad que es que la prescripción se corte con la presentación de la denuncia y no con la orden judicial, el arresto y procesamiento.

Sabemos que no es lo mejor, pero se nos vienen los plazos encima y realmente corremos peligro, porque después que pase el 1º de noviembre, aunque la SCJ se exprese dentro de 1 o 2 años, no se puede hacer renacer el plazo de prescripción.

2º) El fallo de la CIDH, no le exige al Estado uruguayo que “debe anular la ley de caducidad”, lo que dice es que la ley no puede constituir un obstáculo para la investigación y el castigo de los responsables en el caso Gelman (Si Uruguay no cumpliera con la resolución de la CIDH la Corte comunicará a la asamblea de la OEA - Organización de Estados Americanos - que decidirá y hará efectivas las sanciones correspondientes)

Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo resuelva y decida que va a hacer con el fallo de la CIDH, porque hasta ahora no han hecho nada. El gobierno puede marcarle el paso a la SCJ para que ésta, de oficio, asuma competencia. El artículo 239 de la Constitución establece que la SCJ es competente para resolver todo lo que tiene que ver con tratados internacionales.

El Dr. Alberto Pérez Pérez dice que, como este paso surge de un organismo internacional, es obligatorio para Uruguay y la SCJ es competente para resolver que se hace con ese caso concreto, con la ventaja que se podría dictar una sentencia genérica que dijera que este paso es obligatorio para el Estado uruguayo, por lo tanto no puede ser, la ley de caducidad, un obstáculo para que se realicen investigaciones para todos los casos, además de las reparaciones, búsquedas, etc.

3º) Que el Poder Ejecutivo desarchive las 89 causas que fueron archivadas. Esto es simplemente un acto administrativo y lo puede hacer sacando una resolución que reúna todas las causas, las desarchive y las remita a los juzgados correspondientes. También se puede hacer caso por caso a pedido de los interesados.

4º) Dar el paso de derogar la Ley de Caducidad. Derogar no es perdonar, es dejar de existir y a esta altura y con los plazos establecidos, no podemos seguir dando vueltas con la anulación o los plebiscitos que ya dieron lo que pudieron dar. ¡Urge una solución inmediata!, y se puede hacer un solo paquete con estas cuatro medidas:

a) Prórroga de los plazos de prescripción.

b) Que el gobierno decida que hacer ante la CIDH.

c) El desarchivo de todos los casos.

d) Dar el paso a la derogación, que nos permitiría seguir avanzando.

No es lo deseado por nosotros, pero si tenemos éxito con el desarchivo de todas las causas, si tenemos éxito con la aplicación del fallo de la CHID y si se prorrogan los plazos y podemos seguir tramitando las denuncias penales, y si además, se consigue reclutar alguien más que no sea solo el Frente Amplio para dicha derogación, el efecto que tendría sería un efecto político muy importante. Además, las nuevas denuncias ya no tendrían que depender del P. Ejecutivo de turno, porque se presentarían directamente al juzgado (independencia de Poderes)

Lo que está faltando y es muy necesario, es que los tres Poderes del Estado aparezcan alineados. No es bueno que se le cargue las culpas solamente a la SCJ, facilitando así el camino a la derecha, cuando hace apenas poco tiempo atrás hubo una importante señal de ésta, pronunciándose en tres oportunidades por la inconstitucionalidad de la ley, siendo un duro golpe para la oposición. Mientras el Poder Ejecutivo tomó una actitud de trámite, cuando se le consulta y excluye los casos de la ley; cuando el Parlamento estuvo un año apegado a la ley interpretativa y no ha logrado nada; el Poder Judicial ha tenido un avance, y el gobierno lo está dejando solo. Todas las señales políticas que le llegaron a la Corte desde el Ejecutivo y el Parlamento, no la alentaron en absoluto a dar otro paso hacia adelante.

No es un tema solamente jurídico, es un tema esencialmente político.

Que el parlamento, con una mayoría relativamente importante, derogue la Ley de Caducidad es un hecho político y un claro mensaje a la SCJ que hasta ahora el poder político no ha enviado.

Al contrario, han pasado cosas terribles, desde el discurso del Presidente Mujica en Las Piedras u otro tipo de señales como la visita del mandatario a Dalmao en el hospital militar (Si bien Dalmao era alférez, 15 días antes de la muerte de Nibia Sabalsagaray quedó como sustituto del capitán S2 a cargo del batallón y firmó el parte falso de la víctima), o la señal que da E. Huidobro cuando dice que Dalmao “se comió un garrón” porque “los alférez no torturaban” cosa que no es cierto, está comprobado que si lo hacían.

Estas son las señales que el poder político le manda al Poder Judicial.

Hay que dar vuelta lo que hizo Sanguinetti en el 86 con la ley de caducidad. Sanguinetti no hizo simplemente un trámite, metió todo el peso del gobierno, del Partido Colorado y del Partido Nacional con los que llegaron a un acuerdo, y con eso metió presión a la SCJ y consiguió que por 3 a 2 la Corte del año 88 declarara que la ley era constitucional. No es lo mismo para los jueces de la Corte resolver cuando hay determinada presión política, cuando no hay presión o cuando la presión viene en sentido contrario.

Posiblemente si se prorrogan los plazos de prescripción, no faltará quien ponga el grito en el cielo y presente un recurso de inconstitucionalidad, pero la constitución y los tratados internacionales no dicen nada con respecto a la prórroga de los plazos de prescripción. Lo que dicen es que, “no se puede retroactivamente, crear una conducta que era lícita hace años atrás y aprobar ahora una ley para decir que no era delito o viceversa”. Quien lo dice es el Código Penal, pero éste es una ley como cualquier otra y puede ser modificada, y en este caso hay argumentos justificados ya que hubo al menos 18 años de una denegación real y efectiva que impedía que los ciudadanos pudieran hacer denuncias o investigar, eso no solo es violatorio sino es una causal de justificación porque no pueden correr los plazos de prescripción cuando el ciudadano está impedido de actuar.

Se puede avanzar aunque la ley no sea anulada y si derogada. Es preocupante el seguir reclamando la anulación ya que a esta altura nos debilita, porque en vez de acumular fuerzas para conseguir el éxito del objetivo, nos seguimos dando contra la pared siguiendo una estrategia que no ha dado resultado. Debemos y podemos avanzar por otros caminos porque se puede, se ha estado haciendo con la ley vigente, lo lograremos si podemos aplicar el paquete de los cuatro puntos en conjunto.

No hay nada que impida seguir adelante, no tenemos que cerrar ninguna puerta o declararnos derrotados. Los casos seguirán su curso y con este paquete de medidas, cabe la posibilidad que con el transcurso del tiempo una Corte los declare de lesa humanidad y sean juzgados y condenados como tal.

Los crímenes cometidos por el Estado son de lesa humanidad y no prescriben, pero tampoco, según la legislación internacional, se pueden beneficiar con una amnistía. Se trata de terminar con el atropello criminal que viola una de las más sagradas conductas del ser humano, la de honrar la vida y enterrar a sus muertos. Devolveremos la dignidad a todas las víctimas recorriendo los caminos necesarios para un juicio justo y efectivo.

Marys Yic

Junio 2011

CASO ORLETTI Procesan a oficiales de Policía en Argentina.

Prensa.

CASO ORLETTI

Procesan a oficiales de Policía en Argentina.

Victoria Grisonas.

La Justicia argentina dispuso el procesamiento de dos oficiales de la Policía Federal, por la "privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas" de Victoria Grisonas, en una nueva derivación de la indagatoria por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención, "Automotores Orletti" (OT 18).

El juez en lo Criminal y Correccional Federal Nº3, Daniel Rafecas, dispuso el enjuiciamiento del comisario inspector (r) Rolando Nerone y del sub-comisario inspector (r) Óscar Gutiérrez, como partícipes del operativo en el cual se detuvo a Grisonas, hoy desaparecida.

Los procesamientos de ambos oficiales suponen un nuevo avance en la causa "Orletti", en la cual ya fueron condenados el general (r) Eduardo Cabanillas, los ex agentes del SIDE, Eduardo Rufo y Honorio Martínez Ruiz y el ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Raúl Gulielminetti, por reiterados delitos de homicidio y privación ilegítima de libertad.

En este sentido, la prueba obrante en autos acredita la participación de ambos oficiales en el operativo efectuado contra el domicilio de la familia Julien-Grisonas, en setiembre de 1976, el cual derivó en el secuestro y posterior traslado a "Orletti" de Victoria Grisonas, hoy desaparecida.

"Los encartados han realizado en forma directa las acciones que conforman el delito, con dominio funcional del hecho y en división de tareas con otros integrantes de la organización criminal", expresa el fallo al cual accedió LA REPÚBLICA. La casa del matrimonio fue baleada en forma incesante. Asimismo, el juez Rafecas avala la versión sobre el "suicidio" de Roger Julien, por ingerir una "cápsula de cianuro", como forma de evitar su detención.

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Prensa

Victoria Julien

"Pensé que moría antes de los 40 años"

Victoria Julien, hija de desaparecidos

MAGDALENA HERRERA

Hasta los nueve años vivió una infancia feliz en Chile. Pero al saber la verdad sobre sus padres, cayó en depresión y excesos. Recuperada, aunque no del dolor, Victoria Julien cuenta su historia y la de su hermano, quien con cuatro años vio morir a su padre y madre, tras un violento operativo militar en Argentina.

Dos niños vagaban por una plaza pública de Valparaíso, Chile. Un auto los dejó allí a fines de noviembre de 1976. Los hermanos, de cuatro y año y medio respectivamente, llamaron la atención de inmediato por sus ropas y por el acento -para nada chileno- del varoncito, el mayor, que cuidaba de la niña.

Una vez en manos de las autoridades de ese país, los separaron hacia un hogar de niños y otro de niñas. Luego, dieron al varón a un matrimonio para que lo cuidara y, a la beba, a una señora, Claudia, que pretendía adoptarlos pero sus recursos no se lo permitían.

El varón repetía que se llamaba Anatole y su hermana, Victoria.

Esa señora, Claudia, conocía a un matrimonio que se encontraba en tratamiento para concebir hijos. Le propuso así a Jesús Larrabeiti adoptar a los pequeños. Él con su esposa, Silvia Yáñez, quien aceptó. Con año y medio, Victoria ingresó por primera vez a esa casa de Valparaíso y se colgó del cuello de quien era una extraña, y le dijo "mamá". Actualmente, continúa viviendo con ella y la sigue llamando "mami".

"Se ve que tenía una necesidad imperiosa de tener padres", dice Victoria, ahora con 34 años. "De niña sentía una tristeza y no sabía de dónde venía. Tenía pavor de que mi mamá (adoptiva) se fuera a trabajar. Todas las mañanas eran un suplicio, pensaba que se iba a morir. Tenía muchas pesadillas, que me iban a separar de ella. Mis papás adoptivos me dijeron que mis viejos habían muerto en un accidente de tránsito", recuerda Victoria, que por estos días se encuentra en Montevideo, para informarse sobre la causa que inició en 2008 para conocer y "hacer justicia" sobre lo ocurrido con sus padres, y para apoyar la campaña de recolección de firmas para anular la Ley de Caducidad.

"A diferencia, mi hermano siempre supo que mis padres adoptivos no eran sus papás. Fue muy destructiva su infancia. Le decía: `tu no eres mi padre, hijo de puta, y cosas así`. Mi viejo, por suerte, era de una familia que no tenía nada que ver con la represión. Era un matrimonio ejemplar, de una izquierda suavecita, moderada, que nos crió con los mejores valores, en una excelente escuela", cuenta Victoria.

-¿Ellos no sabían que eran hijos de desaparecidos?

-Estaba en el terreno de la especulación. Era raro: nadie nos reclamaba, el acento, aparecidos en una plaza. Especulaciones.

APARECIDOS. Tres años después de aquel abandono en Valparaíso, mediante una fotografía de los niños en un diario, fueron reconocidos como hijos de desaparecidos, de un matrimonio uruguayo que se refugiaba en Argentina. En septiembre de 1976, luego de un violentísimo operativo en la calle porteña Mitre, murió el padre de los niños: Roger Julien, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y requerido por la "justicia militar" uruguaya. Existen dos versiones. Una señala que fue asesinado durante el operativo. Otra supone que él habría tomado una cápsula de cianuro. Su cuerpo nunca apareció.

Su esposa, Victoria Grisonas, habría intentado escapar con los niños (escondidos en la bañera para que no fueran blanco de la balacera). Pero fue detenida, supuestamente herida, y trasladada con sus hijos a Automotores Orletti. Anatole, con cuatro años, habría visto cuando le dispararon a su madre, que caía -según él- viva.

-¿Tiene alguna comprobación de lo que sucedió con sus padres?

-No hay comprobación de nada, por eso quiero que se investigue. Para saber la verdad. Quiero saber de mi madre, si salió viva del operativo tiene que haber pasado por la tortura, la violación. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano no es morir sino lo que puedan hacerle en vida. Me causa mucho dolor y conflicto pensar en lo que le pudo pasar en los centros de tortura. Por mí que hubiese muerto en el operativo. Pero fantaseo con esas ideas horrorosas. Hay cosas peores que la muerte, y la tortura es una de ellas. Mis padres eran militantes de una organización que no mató a nadie. Más allá de un secuestro, un robo a un supermercado, no hubo más. De su grupo, el PVP, nunca mataron a nadie. No había un tema de violencia. Tengo entendido que con el que secuestraron, tomaban mate y jugaban a las cartas. En cambio, hubo cien desaparecidos.

-¿No cuestionó a sus padres por haberlos expuesto a algo así?

-Por supuesto que pasé por algún momento así, pero tampoco fue radical. Después de pensar `qué irresponsabilidad, eran padres, en qué se estaban metiendo`, me di cuenta de que había algo que trascendía cualquier egoísmo. Ellos decían: `mis hijos tienen esto, pero quiero lo mismo para todos los hijos uruguayos`.

-¿Cómo asume la muerte de sus padres?

-Lo de mi padre está más asumido. Pero mi madre... siempre sueño que pueda estar viva, que un día toque la puerta.

-¿Cuánto cuesta eso en su vida actual?

-En Chile lo separo más. Es distinto cuando vengo a Uruguay o Argentina. Es fuertísimo verlo desde otro ángulo. Pasé muchos años de mi vida en depresiones, en excesos, en problemas internos. Pensaba que no iba a pasar de los 40 años, que moriría antes. No pensaba en el futuro, no, porque no iba a vivir lo suficiente. No estaba bien, estaba enferma del corazón, de la mente. Hasta que hice lo necesario para recuperarme. Recién hace un par de años pude empezar a respirar más en paz. Por eso mismo hoy puedo estar acá para tratar de ayudar a que se elimine esta ley inconstitucional. Lo que me cuesta entender es la falta de ayuda del gobierno y de conciencia de la gente por un derecho que debería ser pleno. Todos los obstáculos: firmas, plebiscito, para comenzar a investigar.

-Un plebiscito que tuvo la aprobación mayoritaria del pueblo uruguayo decidió que la Ley de...

-¿En plena dictadura? En Chile pasó lo mismo. Primero ganó Pinochet. Y en el segundo, disipado el temor, ganamos en enorme mayoría los del "no". Hay momentos para cada cosa. La historia se repite mientras no se establezcan cosas que salvaguarden los derechos, mientras no se sane, no se tire la verdad arriba. Estamos condenados a repetirlo.

Traslado. Supuestamente, luego de la muerte de Roger Julien y Victoria Grisonas, sus hijos fueron llevados a Montevideo, y de acuerdo a testigos, habrían estado un tiempo en el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), en Bulevar Artigas y Palmar. La voz de Anatole, con cuatro años, no pasaba desapercibida para otros detenidos. Además, según recuerdos del niño, el oficial retirado José Gavazzo jugaba con él, y le decía "coyote". Luego, no se sabe por qué, los niños subieron a un avión de línea a Chile. "Creo que nos iban a entregar a alguna familia. Pero algo salió mal. Porque los militares son sistemáticos, ordenados, tienen registro de todo. Es otra razón por la que estoy acá, queremos que abran los archivos, sabemos que están y ahí lo dice todo. ¿Por qué no tengo ese derecho?", dice Victoria.

Cuando se supo la verdadera identidad de los hermanos, las familias Julien y Grisonas los reclamaron desde Uruguay. Para entonces los niños se llamaban Anatole Alejandro y Claudia Victoria Larrabeiti Yánez. Con poco más de cuatro años, Anatole se había puesto firme en que Victoria siguiera llamándose Victoria. "Siempre defendió mi identidad, y no me la pudieron robar".

Una vez que se encontraron ambas familias, la natural y la adoptiva, por mutuo acuerdo se decidió que Victoria y Anatole continuaran su vida en Chile, pero que todos viajaran para comenzar a generar un vínculo. "Se entendió que emocionalmente no íbamos a tolerar otra pérdida de padres. Pero a mí no se me contó nada, mi hermano protegió eso. Mis papás estaban de acuerdo para salvaguardar la inocencia de mi infancia. El tema es que pasaban los años y a mí no me llevaban a Uruguay, entonces se comenzaron a enojar desde aquí. Cuando tenía nueve años, por primera vez viajé con toda mi familia vía terrestre. Ya conocía a mis tíos y abuelos porque habían ido varias veces a Chile. Y mi hermano siempre viajó a Uruguay".

Pero hasta ese viaje a Montevideo, Victoria permaneció absolutamente ajena a su tragedia familiar, y confiesa haber vivido una infancia muy feliz, no así la adolescencia ni su primera adultez. De niña, se daba cuenta de que tenía más abuelas que sus pares, pero no preguntaba. Envidiaba a su hermano que siempre viajaba a Uruguay, pero a su regreso le "traía regalitos". Tampoco interrogaba cuando llegaban todas esas "personas lindas de Uruguay que la llenaban de obsequios".

"Mis viejos eran algo ambiguos y entonces crecí en esa ambigüedad, pensando ambiguamente. No había conflicto. Mi infancia fue muy linda, fui a un colegio católico, tengo una formación que no olvido. Mis padres eran sobreprotectores, pero recuerdo Navidades hermosas, mucho cariño, mucho. Aunque sentía esa tristeza que no sabía de dónde venía".

-¿Nunca sintió rechazo para con sus padres adoptivos?

-La bronca de cualquier adolescente. Era sobreprotegida, no me daban mucho permiso y eso generó peleas.

-¿Por qué tan sobreprotegida?

-En la época que aparecimos había un revuelo mediático y me querían proteger. Por otro lado, siempre existía ese temor de que pudieran secuestrarnos nuevamente. Eso genera una cosa muy paranoica tal vez para un padre. Luego aparece mi abuela paterna con la intención de llevarnos. Entonces está eso de `no me lleven a los niños`. Fue muy tensionante pero finalmente llegaron a un acuerdo.

dolor. Para Anatole, en cambio, la infancia resultó bastante más dura. "Fue destructiva, era agresivo y muy peleador. Pero también era muy cariñoso, inventivo, con personalidad, y se ganaba a todo el mundo. Entiendo que Gavazzo se haya encariñado con él. Por eso, también, él tiene recuerdos del avión que nos llevó a Chile. Era un nene adorable, y lo dejaron entrar a la cabina a mirar la cordillera. Se acuerda vívidamente. También recuerda que le dispararon a mi madre, que la vio caer viva, o que a mi viejo le gustaba pescar".

-¿Su hermano no le contó lo ocurrido a sus padres adoptivos?

-No, se activó todo cuando aparece mi abuela paterna, Angélica. Hay que entenderla: no había nadie que le pudiese decir qué había pasado con su hijo Roger, mi papá. Entonces, en Chile, salimos todos de paseo y se llevó a Anatole un rato. Y le preguntó qué se acordaba. Mi hermano volvió a casa hecho una bestia, golpeando todo, rompiendo cosas. Él tenía recuerdos de Orletti, del SID, de María Claudia de Gelman, quien me cuidaba encapuchada, esposada y estando embarazada de Macarena. Imaginate lo que fue para mi hermano. Eso significó que lo llevaran al psicólogo, tuvo que hacer olvidos selectivos, para que no recordara ciertas cosas en salvaguarda de su estabilidad emocional y psíquica. Con el tiempo logró ir sanando y hoy es Fiscal del gobierno de Chile por crímenes violentos.

-Y usted es psicóloga, ¿reacción a lo que le sucedió?

-No, antes de saber mi historia quería ser psicóloga. Pero una vez que me cuentan la verdad, me comienzan a encajar ciertas cosas de mi infancia que no entendía porqué me sucedían.

Reacción al saber toda la verdad

A los nueve años, en su primera visita a Montevideo, Victoria comenzó a sentir algo extraño. Sus familiares hablaban, y cuando ella entraba, callaban. "Uno de esos días, bajé al cuarto de mi tía y le dije: `¿por qué no me cuentas?`. En ese momento, lo supe todo y fue muy impactante, un golpetazo. Tuve que incorporar una historia terrible, de terrorismo de Estado, con la mente de 9 años. Cuando volví a la escuela, lo primero que hice fue preguntarles a mis compañeros: `¿saben quien soy? ¿Saben lo que pasó con mis padres?`. Lo sabían, así como los profesores, apoderados, todo el mundo".

De una infancia feliz y "ambigua", Victoria pasó una adolescencia intentando armar una identidad "plasmada por lo que significaba algo tan terrorífico". Tuvo secuelas casi fatales en todos los ámbitos. "Intentaba asimilarlo, pero costaba. Por ejemplo, mi hermano y la gente que iba conociendo me contaban cosas. Y yo tendía a olvidarlo. No recordaba nada como defensa".

Ahora, en cambio, lo quiere saber todo. Sintió culpa porque no tenía una actitud clara con respecto a la investigación. "Mi hermano, en cambio, inició una causa judicial en Argentina, que fue prescripta luego de un proceso que duró 14 años en el que tuvo que dar testimonio con recuerdos dolorosos. Pero perdimos, y como que él sintió que había dado todo. Eso hizo que yo asumiera una actitud más activa y me sentía más preparada. El año pasado inicié una causa en Uruguay para que se investigue qué pasó con mis padres. Pero la jueza no hizo nada en diez meses. Con mi abogado, estamos intentado acelerar el proceso ¿Mi objetivo? Que se haga justicia como cualquier persona que tiene ese derecho. Tener un lugar donde recordar a mis padres. Me gustaría que dejaran de ser NN para la sociedad. Eran personas valiosas, no merecían ese destino. Tengo entendido que eran admirables. Mi padre era pacífico, un hombre brillante, de estrategia. Estaba a cargo de temas logísticos. Por eso era clave tomarlo con vida, pero el enfrentamiento terminó con su vida".

-¿Qué haría si tuviera enfrente a Gavazzo?

-No siento odio, sino la sensación parecida a la de estar frente a un insecto. Porque creo que Gavazzo y sus secuaces perdieron su calidad de seres humanos. Si bien respiran, tienen pelo, piel, toda su vida giró en matar, torturar, desaparecer, y luego protegerse. No me interesa vivir con ningún odio. Que me da bronca, sí, pero no voy por la vida pensando que quisiera matarlos.

-¿Perdonaría?

-Sí. Pasa por el mismo tema del odio. Más que perdón quiero justicia, con eso me basta. Que no hagan que mis viejos no existieron y que lo que nos pasó a nosotros no existió.

"Somos una piedra en el zapato de todos"

La entrevista transcurre en la cafetería de la librería Puro Verso en 18 de Julio y Zelmar Michelini. Casualmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, miraba libros. Quien acompañaba a Victoria, lo interceptó y lo llevó a saludarla. Se dieron la mano.

-¿Quién es? - pregunta Victoria a la periodista.

-El canciller.

-Y da la mano, ¿no saluda? Y bue... en fin - dice con cara resignada.

-¿Se siente identificada con algún partido político?

-Nunca he estado en ningún partido ni me interesa. Para mi separan más que ayudar.

-¿Qué opina de los dichos de Mujica de perdonar a los militares que aporten datos?

-Sigue manteniéndose la injusticia, la impunidad. Si tu mataste, ¿por qué tiene que haber un intercambio? Si a ti te matan a un hijo, ¿vas a transar? ¿Por qué yo tendría que hacerlo? No tengo vergüenza en ser quien soy. ¿Por qué me tratan como alguien que debe pedir por favor? Lo que pasa es que casos como el mío son una piedra en el zapato de los gobiernos. Ningún gobierno ha venido a tocarme la puerta o a ofrecer un pasaje para poder ver a mi familia. Siento que quieren hacer como que no existimos. Nunca, de ninguna embajada, se acercaron para ver si necesitaba algo. Parece que es tan truculento que no podemos tratar el tema. La única persona que me ha tratado en forma entrañable fue Belela Herrera.

-Hay casos de notoriedad pública, como el de la nieta de Gelman, que no pasaron desapercibidos ni para gobiernos anteriores ni para este.

-Fue por la presión que generó Gelman y el apoyo internacional. Eso me duele, por eso solo prestan atención.

-¿Se refiere a todos los gobiernos, incluido este?

-Supongo, no sé, no estoy en política. Estoy metida en los derechos humanos. En mi caso, por la interpretación de la Ley de Caducidad que hizo este gobierno, pude abrir la causa judicial.

-¿Pedirá audiencia con el Presidente Vázquez?

-No está descontado hacerlo, pero ¿me va a ayudar en algo? ¿O es para la foto: me junté con esta pobre niñita?

-¿Cree en la justicia?

-Sí, de lo contrario no estaría haciendo esto.

PRENSA. CASO ORLETTI Procesan a oficiales de Policía en Argentina.

fotógrafa

Martha Passeggi.

Justicia. Procesaron al coronel retirado

Justicia.

Procesaron al coronel retirado; Tranquilino Machado por la muerte del estudiante Ramón Peré, sucedida en el año 1973.

El asesinato de Ramón Peré fue a comienzos de la dictadura uruguaya.

La pericia demostró que el militante de la UJC (Unión de las juventudes comunistas) fue asesinado por la espalda.

La Fiscalía había solicitado el procesamiento de un oficial retirado del Ejército por el "homicidio muy especialmente agravado" del militante de la UJC, Ramón Peré.

El dictamen expresó que la muerte fue "inmotivada", con un uso ilegítimo de la fuerza.

Año 1973. Uruguay.

En las calles: Rivera y Bustamante, fue el lugar, donde cayó el estudiante asesinado en julio de 1973.
El fiscal Juan Gómez había solicitado tiempo atrás, el procesamiento con prisión de un oficial del Ejército, en situación de retiro, por el "homicidio muy especialmente agravado", en julio de 1973, del joven militante de la UJC Ramón Peré, muerto tras recibir un disparo por la espalda. Peré fue el primer muerto de la dictadura.

Peré, estudiante de la Facultad de Veterinaria y militante de la FEUU, se encontraba ocupando el local del centro de estudios, en el marco de la huelga general, convocada por la CNT en protesta por el golpe de Estado encabezado por el dictador Juan María Bordaberry.

El joven repartía volantes con un compañero en las inmediaciones del centro de estudios, cuando detectaron que eran seguidos por dos efectivos vestidos de civil. Los jóvenes corrieron, y uno de los efectivos hizo fuego. Una de las balas alcanzó a Peré y le produjo la muerte. El curso de la indagatoria determinó que ambos efectivos eran integrantes del Ejército Nacional, y no oficiales de Policía como se presumió en aquel entonces..

En este sentido, el representante del Ministerio Público analizó el voluminoso expediente y decidió solicitar el procesamiento del oficial, confeso autor de los disparos, por un delito de "homicidio muy especialmente agravado". En tanto, el fiscal descartó formular imputación contra el otro efectivo, por cuanto el único ilícito pasible de ser reprochado penalmente, "encubrimiento", está prescripto, según indicaron fuentes judiciales.

El oficial debía prestar testimonio ante el juez Penal de 3º Turno, Sergio Torres, en audiencia ratificatoria (artículo 126 del CPP), ante el pedido de procesamiento en su contra. Sin embargo, el asesor jurídico del Centro Militar y representante del oficial (r) en el proceso, Miguel Langón, interpuso un escrito solicitando prorrogar la audiencia por "motivos sanitarios".

El oficial sufrió una "crisis cardiaca" al enterarse del pedido de procesamiento, ante lo cual debió ser internado en el Hospital Militar, explicó Langón.



"MUERTE INMOTIVADA"

Uno de los elementos centrales de la imputación de la Fiscalía fue la autopsia de los restos de Peré, desarrollada por una junta de peritos forenses del Instituto Técnico Forense (ITF), tras la exhumación de los restos dispuesta "de oficio" por el juez Torres.

Los forenses determinaron como causa de la muerte "disparo de arma de fuego, de pequeño calibre, probablemente un revólver 22, desde una distancia de 40 ó 50 metros. El proyectil ingresó por la región dorsal (espalda), impactó en la vértebra nº 11 y afectó el corazón. Además, Peré presentaba un fuerte golpe en el cráneo", explicaron otras fuentes consultadas. "La bala le destrozó el corazón", contaron las fuentes.

En este sentido, el fiscal Gómez solicitó el procesamiento con prisión del oficial, por cuanto realizó "un uso excesivo del poder del Estado". "La muerte fue inmotivada, fue producida por el mero hecho del ejercicio de la fuerza, en una acción desmedida por parte de un efectivo de un organismo con el monopolio exclusivo de la fuerza". La gravedad del delito y el accionar con "grave sevicia" del imputado supuso la elevación en un tercio de los plazos de prescripción, señalaron las fuentes.

En tanto, Langón interpuso ante el juez Torres otro escrito cuestionando la vista de la Fiscalía, por cuanto la muerte de Peré se habría producido "en el marco de un enfrentamiento armado" con las fuerzas de seguridad, según explicó el abogada.

El imputado "era una alférez de 24 años, del Batallón Florida.

Las pericias y testimonios recabados por el juez Torres determinaron que ni Peré ni su compañero estaban armados, según la Fiscalía.

Ahora engrosa la lista de los criminales que ya le hacen lugar en la cárcel de Domingo Arena, donde estará un buen tiempo.

Por Verdad y Justicia!