EL TESTIMONIO DE UN PERIODISTA URUGUAYO QUE INVESTIGO EL CASO DE MACARENA GELMAN Y EL TRASLADO DE SU MADRE

“La trajeron como una incubadora”

Gabriel Mazzarovich, que coordinó un equipo del diario uruguayo La República que empezó a investigar el paradero de la nuera y la nieta nacida en cautiverio del poeta Juan Gelman, detalló el trabajo en la causa por robo de bebés.

Por Alejandra Dandan

Macarena Gelman nació durante el cautiverio de su madre, trasladada de Buenos Aires a Montevideo.

La causa por el plan sistemático de robo de bebés actualiza las presiones y el poder de lobby que ejerció el Partido Colorado uruguayo, una vez recuperada la democracia, para impedir u obstaculizar el avance de la investigación sobre el paradero de Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman. “Tuvimos que enfrentar a todo el Estado uruguayo, que en esa época no sólo no colaboró sino que puso todos los obstáculos posibles”, declaró durante el juicio el periodista Gabriel Mazzarovich, que coordinó un equipo de investigación desde el diario La República y finalmente dio con Macarena. “Toda la investigación hubo que hacerla al margen de la Justicia, al margen y en contra del Estado, porque fuimos vigilados, pincharon nuestros teléfonos, nos siguieron en autos durante la madrugada cuando salíamos del diario, vigilaron a mi hijo en la escuela y lo siguieron. Nos amenazaron de muerte varias veces telefónicamente, la mayoría anónimos, algunas no. Estuvimos con vigilancia policial durante meses y finalmente se logró ubicar a Macarena Gelman, pero la investigación no terminó cuando el presidente de la República lo anunció: nosotros seguimos investigando para ver qué había pasado con la madre.”

Mazzarovich declaró ante el Tribunal Oral Federal seis días después de la declaración de Juan y Macarena Gelman y dos días antes del testimonio de otro periodista uruguayo, Roger Rodríguez, que aportó un documento que arroja una nueva hipótesis sobre el posible día del traslado ilegal a Montevideo de María Claudia Iruretagoyena, embarazada, a bordo de un avión de Pluna y en medio de comunicaciones entre la Cancillería uruguaya y sus delegados en el país. Mazzarovich fue convocado, en cambio, para dar cuenta de la investigación que llevó adelante con otros dos colegas del diario y en coordinación con Juan Gelman para dar con Macarena. “Llegamos a la conclusión de que la trajeron a mi país solamente como una incubadora y para robarle la bebé, después la mataron”, explicó. Contó en la audiencia cómo debió abordar un coche tirado en el piso y con los ojos vendados para entrar clandestino al Hospital Militar ya en democracia, pero en una reedición de las peores imágenes de la dictadura. Y describió los mecanismos con los que el Partido Colorado intentó “desterritorializar” la presencia de esa niña.

La historia

En 1998, el poeta se reunió con el director del diario, Federico Fasano, y con Mazzarovich y les pidió ayuda para chequear en Uruguay los primeros datos que iba recibiendo sobre la posibilidad de que su nuera hubiese sido trasladada allí y que la o el bebé hubiese nacido en territorio uruguayo. Para los periodistas, el dato fue llamativo: “Nunca se había planteado la posibilidad de que una ciudadana argentina que no había tenido ningún vínculo con Uruguay, político ni de otro tipo, con 19 años y embarazada, hubiera sido traída a Uruguay en esas condiciones. Hasta ese momento no se había escuchado una cosa así, no estaba planteado”.

Cuando dieron los primeros pasos, empezó la oposición del gobierno: el entonces presidente Julio María Sanguinetti salió a negarlo. Dijo que “era todo falso, que nunca había sido traída a Uruguay, que todo había pasado en Argentina, que ellos no tenían nada que ver”, recordó el testigo.

Los periodistas volvieron a ver testimonios de los sobrevivientes de Automotores Orletti en Argentina, entre los que estaban los uruguayos capturados en el marco del Plan Cóndor. Los relatos les permitieron rápidamente relacionar a María Claudia con la muchacha de la que muchos sobrevivientes habían hablado, que hasta ese momento se pensaba que podía ser uruguaya. Coincidían las fechas y referencias. Los recuerdos de un traslado agitado al Hospital Militar para un parto; el regreso al SID, el llanto de un niño o niña y biberones preparados por otras secuestradas.

“Ahí empezamos a presionar publicando notas –dijo Mazzarovich–. Trabajamos, investigamos, hablamos con testigos, con sobrevivientes, buscamos nuevo material y finalmente hablamos con las fuentes militares. Ante la evidencia, la versión de los militares presuntamente involucrados cambió: aceptaron que María Claudia había llegado a Uruguay, pero dieron la versión de que la bebé había nacido muerta y por lo tanto no podía ser ubicada.”

El dato es curioso también a la luz de los juicios en Buenos Aires. De momento, puede ser sólo una coincidencia, pero los acusados del Circuito Camps juzgados en La Plata en estas semanas dijeron lo mismo sobre Clara Anahí, la nieta que Chicha Chorobick de Mariani busca desde hace 35 años.

En Uruguay, en tanto, el diario siguió publicando. “Para dar una idea, entre octubre de 1999 y marzo de 2000, que fue una fecha clave, en La República publicamos 39 tapas y 55 notas referidas al tema. Hasta la actualidad llevamos más de 112 notas escritas. Todas las notas fueron recusadas por el presidente de entonces y los militares presuntamente involucrados. El cruce de nuestra investigación con la que hacían Juan Gelman y Mara La Madrid –su compañera– permitió ir armando un esquema que incluyó hasta testimonios de vecinos que mencionaban una fecha que coincidía mucho con la fecha del vuelo que había hecho María Claudia, en el marco del Plan Cóndor.”

Entre los primeros datos, contactaron a un soldado que había estado de guardia en el Hospital Militar el día del parto de María Claudia. El testimonio ahora es conocido, pero en aquel momento les dijo que ella había entrado por el portón de la calle Centenario, por la parte de atrás del hospital y más tarde la habían regresado al SID. Otro guardia, también ya conocido, les habló en cambio del momento en el que dos oficiales se la llevaron del SID, uno de los cuales dijo en voz alta: “A veces hay que hacer cosas jorobadas”.

“Nosotros rechequeábamos toda la información con fuentes independientes o cruzando datos con mucha dificultad porque los encuentros con estas fuentes eran clandestinos: se suspendían cuando ellos sentían que nos estaban vigilando demasiado y dependíamos de ellos para que nos avisaran de juntarnos. Llegó un momento en el que, de acuerdo con el diseño de la investigación, le dijimos a una de estas fuentes que necesitábamos algún otro tipo de prueba, más allá de su palabra”, dijo. La persona les pidió unos días. “Nos llamó después, nos encontramos en uno de los tres lugares donde nos reuníamos a tener estos encuentros, siempre los rotábamos. Y nos dijo que sabía que en el Hospital Militar había un registro de una ciudadana argentina que había tenido un parto y que había tenido una niña que había nacido viva.”

El hospital

“Pedí conocer el registro. Después de varias conversaciones, me llevaron con los ojos tapados. Me muestran uno de esos libros que correspondía al año 1976 y efectivamente en uno de noviembre de ese año estaba establecido, a mano, el nacimiento. Decía: ciudadana argentina, una niña de sexo femenino. Yo pedí sacar fotocopias. Obvio me dijeron que no. Salimos y en base a ese material hicimos varias notas. Las notas fueron desmentidas. Ese archivo acaba de ser ubicado recién ahora: más de diez años después en el mismo lugar donde habíamos dicho, con esa misma cantidad de carpetas. Todavía no ha sido ubicada la carpeta del año ’76. Yo ignoro si sigue allí o fue destruida porque ellos tuvieron acceso indiscriminado desde entonces a ese archivo.”

Cuando los jueces le preguntaron algo más sobre el archivo, dijo que no intentaron profundizarlo: “El objetivo central era encontrar a Macarena y cuando esa carpeta nos llevó a la muchacha dejo de tener interés porque ya no era necesaria”.

Argentina

(AFP) – El descubrimiento se realizó en el marco de las excavaciones que está efectuando el Equipo Argentino de Antropología Forense por orden judicial en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga de la ciudad de Tucumán, capital provincial.

“Hasta la fecha se hallaron restos óseos correspondientes a un mínimo de 15 individuos esqueletizados parcialmente quemados, ubicados en diferentes profundidades”, señala la página web del CIJ, que depende de la Corte Suprema.

El hallazgo se dio a conocer poco después de que se confirmara que en otro centro provincial conocido como el Pozo de Vargas habían sido identificados los restos del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, desaparecido en abril de 1976, luego del golpe de Estado de marzo de ese año.

Por la desaparición de Vargas Aignasse fue condenado en 2008 a cadena perpetua el general Antonio Domingo Bussi, quien falleció el 24 de noviembre pasado a los 85 años.

En el ex Arsenal “los cuerpos hallados se encontraban ubicados como cayeron” y los expertos estiman que “la fosa habría sido quemada” ya que se constató “la presencia de círculos de neumáticos y rastros de combustión en los cuerpos”, según el CIJ.

En el lugar también fueron hallados proyectiles de armas de fuego, restos de ropa y calzado.

La causa en que se investiga lo sucedido en el ex Arsenal se inició en 2005 y actualmente se encuentra radicada en el Juzgado Federal a cargo de Raúl Daniel Bejas.

En el predio del ejército funcionó un campo de concentración que tenía barracas para los prisioneros, alambrada perimetral y torres de vigilancia y que fue utilizado en 1975 durante el llamado “Operativo Independencia” contra la guerrilla de izquierda y luego en la dictadura (1976/83).

Los procesos por violaciones a los derechos humanos se reanudaron a partir de la reapertura de centenares de causas tras la anulación en 2003 de las leyes de amnistía de la década de 1980.

Durante la dictadura hubo unos 30.000 desparecidos, según organismos de derechos humanos.

El país|Jueves, 15 de diciembre de 2011

La CIDH entregará hoy al juez Torres, para incorporar a la megacausa ESMA, parte de sus legajos desclasificados

Imágenes que prueban los vuelos de la muerte

El expediente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace público por primera vez incluye más de 130 imágenes e informes de las fuerzas de Uruguay sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por el mar durante la dictadura.

Por Alejandra Dandan

Las imágenes exhiben cuerpos torturados, con manos y piernas atadas, algunos con sogas de persianas.

El informe es un texto mecanografiado, fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció, según la misma referencia, en la Laguna de Rocha, de Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente “presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”. No encontró el perito “ningún posible elemento identificatorio”: “El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas”.

El informe conservado hasta ahora entre los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve la luz por primera vez en 32 años. Es parte de un legajo con más de 130 imágenes y partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, durante los años de la dictadura argentina. Los informes más viejos datan de 1975. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos. Entre los papeles, un mapa muestra los ciclos de las corrientes y ubica las costas de Buenos Aires como punto de partida. Los documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de los vuelos de la muerte: las imágenes muestran los cuerpos atados con ligaduras en las manos y las piernas, sogas armadas con tiras de persianas y marcas de torturas. Los documentos llegaron al país en manos del secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que hoy los entregará en nombre de la Comisión al juez Sergio Torres, encargado de la megacausa ESMA.

Como informó Página/12, para la CIDH la entrega de los documentos representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus archivos confidenciales para un proceso de justicia. El valor de los documentos todavía es materia de análisis, pero el juzgado los considera clave no sólo por los vuelos sino porque podrían habilitar una solicitud para que el Estado uruguayo desclasifique todos los documentos relacionados con el hallazgo de cuerpos en la misma época.

La carpeta de documentos tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. Las imágenes son impactantes porque, además del estado de los cuerpos, intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, sogas y trozos de sogas de persianas sujetando las manos de las víctimas, que para el juzgado podrían ser pruebas del modo en que eran “trasladados” los desaparecidos durante los vuelos de la muerte. “Las imágenes están diciendo que esas personas eran tiradas con ligaduras, muestran cómo los sacaban, tienen el valor de tener además datos de los antecedentes o los pasos previos porque muestran que esos cuerpos están marcados con picana, que fueron entonces arrojados al mar en determinadas condiciones”, dicen en el juzgado.

La primera prueba categórica sobre la existencia de los vuelos apareció en 2005 con la identificación de tres cuerpos de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos el de Azucena Villaflor, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos presentaban “múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.

La carpeta

El origen de la carpeta 37 con los archivos de la CIDH todavía es un misterio. Incluso para Cantón. En una de las solapas, de todos modos, se lee “Argentina observation in loco”. Es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para precisar su procedencia es que le falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años –dice Cantón–. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula.”

Con el paso del tiempo, hoy puede entenderse que esa documentación que ahora se judicializa por primera vez no contiene las únicas imágenes o los únicos informes que se conocieron de los aparecidos argentinos en la costa uruguaya. El mismo Cantón quiso dejar a salvo ese punto. Porque ni para la CIDH ni para el juzgado importa mucho hoy cuánta difusión hayan tenido estas imágenes en otros espacios, sino que estaban archivadas donde estaban archivadas y que por primera vez una causa que investiga los vuelos de la muerte las incorpora como prueba.

Las fotos, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de los ’80 y luego con un libro, Un marino acusa. Publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.

Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje: “FA”. Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.

“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial –dice Cantón–. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial.”

Los datos

El legajo tiene tres grandes grupos de documentos: informes mecanografiados de tipo pericial, fotos y mapas. Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que la persona podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede ser un indicador para pensar el momento de los “traslados”. También hay descripciones de marcas de pantalones, en ocasiones ropa que sólo se fabricaba en Argentina.

Otro de los informes a los que accedió Página/12, del 22 de abril de 1976, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: “posiblemente fuera de raza blanca o amarilla”. De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello “imposible de determinar”, una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto “raza blanca o amarilla” porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del EAAF no les cierra, porque consideran posible la confusión.

Además de las imágenes, hay mapas. Uno señala con referencias las zonas con cuerpos encontrados (Montevideo y Colonia) y las zonas en las que se encontraron restos humanos (entre Carmelo y Colonia, Colonia y Montevideo, y La Paloma y Castillos). Otro mapa es de corrientes marítimas y señala a Buenos Aires como la zona donde fueron arrojados los cuerpos.

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Acompañamiento psicológico a testigos

Graciela Jorge, Belela Herrera, Macarena Gelman y Mirtha Guianze, ayer, en el edificio Artigas del Parlamento. Foto: Difusión, S/D de autor.

Testimonio protegido

Testigos de causas de violación a derechos humanos podrían recibir acompañamiento psicológico.

Se realizó ayer en el Palacio Legislativo un encuentro sobre “El acompañamiento a testigos en causas judiciales como política de derechos humanos”, un proyecto que la Facultad de Psicología implementó específicamente para una causa judicial en Argentina, pero que ahora se pretende extender a los procesos que se desarrollan en nuestro país.

Por petición del Centro “Doctor Fernando Ulloa” que acompaña testigos en causas de violaciones a los derechos humanos en Argentina, un equipo de profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República inició una experiencia similar en Uruguay, para acompañar a testigos uruguayos que debían declarar en el juicio sobre el plan sistemático de robos de bebés dentro del caso Automotores Orletti. Es así que Sonia Mosquera, Cecilia Marotta, Marisel Robaina y seis pasantes egresados acompañaron a unos 15 testigos que, según su elección, declararon a través de videoconferencia en el Edificio del Mercosur o personalmente viajando a Buenos Aires.

La iniciativa se desarrolló como una experiencia de extensión universitaria, donde los pasantes realizaban una práctica integral para su formación y posteriormente podían colaborar en investigaciones de esa institución. Este trabajo sentó las bases para que la iniciativa se extienda ahora a las causas locales, en tanto se detecta un avance significativo en el tema derechos humanos en el país y se podrían reabrir numerosos casos archivados. En este sentido, el encuentro de ayer, organizado por la Facultad de Psicología y la Cámara de Representantes contó con el apoyo de Amnistía Internacional, Crysol, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, SERPAJ, la Fundación Mario Benedetti y IELSUR, entre otras organizaciones.

El decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold, abrió la reunión diciendo que se trata de “un humilde aporte” a la construcción de una política pública en DDHH en el país y con ánimo de "tomar distancia de cualquier abordaje simplista y psicologizador”. Para Leopold, ahora se va a pasar a un período de evaluación que “nos dará la capacidad de pensar nuevas alternativas” y destacó que no se trata sólo de “buenas intenciones” sino que “hay que cargarle capacidad académica y profesional que acompañe y asista” para crear procesos de formación y conceptualización. El camino preciso para esta “política pública” es la articulación, expresó. Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina, Fabiana Rousseaux, contó el proceso ocurrido en ese país luego de 2003, cuando cayeron las leyes que no permitían juzgar a los responsables de crímenes durante la dictadura, se reabrieron causas y “no se había calculado lo que podían generar en los testigos y en los operadores del sistema judicial” porque la lógica de protección a los testigos estaba dirigida a las causas judiciales comunes y no a las del terrorismo de Estado. Por otro lado, según dijo, las primeras respuestas de reparación a las víctimas estuvieron ligadas a lo pecuniario y no tomaron en cuenta “una reparación integral”. Calculando unos 4.500 testigos en 55 causas, el equipo jurídico realizó un trabajo de “interlocución y sistematización” que produjo un protocolo de intervención para el acompañamiento a testigos que fue luego tomado por la Corte de Justicia. El trabajo consta de dos ejes: invertir el concepto de testigo-víctima priorizando la calidad de testigo con el objetivo de mejorar las condiciones del testimonio, y en segundo lugar “ubicar que el testimonio es fundamentalmente un derecho antes que un deber”, dijo.

Revivir el daño

La diputada Daniela Paysée, en tanto, anunció que el 12 de abril de 2012 se lanzará el Instituto de DDHH y como corredactora de la Ley de Reparación a las víctimas del terrorismo de estado, señaló que ésta “no pasa solamente por la indemnización”, sino también establece atención médica y psicológica, acceso a servicios jurídicos y sociales. Por su parte, Macarena Gelman contó cómo fue asistida como testigo, una propuesta que le hizo la propia Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, lo que significó una “sensación de que el estado argentino tenía alguna inquietud sobre mí cuando iba a declarar”, dijo. Para Gelman “la causa en Uruguay siempre fue difícil” y la diferencia entre ambos países es que “el estado argentino tiene la conciencia de la responsabilidad y esto es una política estatal”. También dijo que el año pasado fue presentado al Ministerio de Educación y Cultura un proyecto para acompañar testigos en Uruguay y “no tuvo respuesta”. La psicóloga Sonia Mosquera contó que tras “varias reuniones con el ministro, no nos llamaron más”. En su exposición planteó que el testigo “revive, reactualiza, reedita una situación traumática y vuelve a revivir el daño con los represores presentes y los abogados defensores de los mismos interrogando”. Entonces el testimonio debe ser una instancia “de alivio reparador y acceso a la justicia”. Acompañar es “brindar apoyo humano que reconforta, alivia, no dejar a la persona sola con el problema”, precisó. Porque el testigo a veces “siente que no encuentra palabras que puedan expresar el dolor, porque la vivencia de lo siniestro carece de representación y falla la simbolización a través del lenguaje”, expresó Mosquera.

La falta de una política de estado en Uruguay fue remarcada por los presentes, que hicieron mención del caso del fallecimiento de Angélica Montes, del grupo de mujeres que recientemente denunció casos de abuso sexual y tortura durante la dictadura. Según relataron, la denunciante comenzó a descomponerse en el propio juzgado el día que estaban presentando el escrito, se sintió mal, y comenzó un proceso de deterioro irreversible de su salud y a los pocos días falleció de un infarto cerebral. Finalmente, desde el público habló la fiscal Mirtha Gianze, que dijo que la ”articulación” debe darse también con el Poder Judicial “ porque estamos tomando declaraciones en situaciones muy penosas, en pasillos, a la vista del público” y solicitó que los saberes acumulados en el tema puedan “ser trasmitidos a los operadores judiciales”.

Luís Rómboli

¡Romper silen-cio! por Roger Rodríguez

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2011

El comandante Aguerre pidió ayuda para no encubrir a homicidas ni delincuentes

¡Romper silen-cio!

“Se trata de lesiones extensas que alcanzan todo el cráneo, con un gran conjunto de fracturas y faltantes de huesos que se corresponden a lo que se denomina estallido de cráneo […] a nivel frontal un cuarto de circunferencia correspondiente a orificio de entrada de proyectil de arma de fuego […] no puede descartarse que haya existido más de un disparo […] ligaduras de ambas manos […] nudo fuertemente ajustado […] alambre asociado a la región de los tobillos […] fragmento de costilla con fractura de características perimortem […] apremios físicos asociados […]”.

ROGER RODRÍGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

La descripción de los médicos Rosana Manikowski, Rafael Roo y María Imbert en el informe a la justicia del Instituto Técnico Forense (ITF) sobre las causas de la muerte del cuerpo hallado en el Batallón 14 de Toledo resultaban impactantes en sí mismos; pero cuando el Equipo de Antropología Forense de Argentina confirmó que los restos eran los de Julio Castro, la etiología médico-legal tuvo un rostro, cada imagen de dolor un protagonista y sólo pensar en la escena de la ejecución del maestro provocó indignación en todos los ámbitos.

El flamante titular del Ejército, general Pedro Aguerre, anunció entonces una declaración oficial del arma que, según trascendió, habría implicado dos días de debate interno entre los doce generales que acompañaron al comandante en el simbólico acto. La respuesta pública habría sido reclamada por el propio presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quienes comprendieron el impacto que la noticia tendría en un área política en la que ambos intentan imponer su modelo de ‘punto final’.

El discurso de Aguerre -de menos de 500 palabras- sentó, con el apoyo de todo el generalato, la posición del Ejército: hay un “punto de inflexión” (“por el peso de la realidad”, explicó) ante el cual reivindicó los principios artiguistas y subrayó que el Ejército “no es una horda, malón o algo similar” y “no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas”. Dijo desconocer la existencia de un “pacto de silencio”, pero advirtió que si lo hubiere “desde este momento doy la orden de su revocación inmediata”.

El general Aguerre, quien alegó que el Ejército hoy actúa “acorde a los Convenios de Ginebra y La Haya, los protocolos adiciones y demás acuerdos relativos”, pidió apoyo, dentro y fuera de la fuerza, para obtener información sobre la responsabilidad material en el caso de Julio Castro (“y en cualquier otro que se entienda a futuro”), subrayó que con valentía no se negarían los “hechos desgraciados” y reiteró su solicitud de colaboración a todos para “restablecer una reconciliación, de acuerdo al interés común”.

¿DOMICILIO O LIBERTAD?

La aparición de los restos de Julio Castro, un maestro y periodista que sólo estuvo armado con una tiza o un lápiz, demuele la teoría de la reconciliación entre combatientes, en la que se sostienen el propio presidente Mujica y su esposa Lucía Topolansky para anunciar el proyecto de ley que otorgaría la prisión domiciliaria a media docena de los militares septuagenarios que están presos por homicidios y violaciones a los derechos humanos. La defensa de José Gavazzo ya formalizó una solicitud al respecto; la fiscalía la está estudiando.

La iniciativa del matrimonio presidencial ya había quedado lesionada semanas antes con la causa que abrieron treinta ex presas políticas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la tortura sufrida durante su detención en unidades militares y presidios de la dictadura. La mayoría de los 'viejitos' a los que se les pretende dar el beneficio de la prisión domiciliaria están incluidos en la lista de sus agresores sexuales. El delito sexual es uno de los excluyentes para adjudicar la prisión domiciliaria.

Por el contrario, en distintos ámbitos comienza a debatirse si los criminales de lesa humanidad deben tener el actual beneficio de una prisión especial, en la que poseen celulares o teléfonos para hacer declaraciones a la prensa, tienen acceso a internet para escribir en blogs, entre otros beneficios que no recibe ningún preso común en los presidios uruguayos, donde se incauta cualquier elemento extra en las requisas. “Deberían quedar en Libertad, pero en el penal”, han escrito lectores en los blogs.

Otro cuestionamiento que se ha levantado: por qué las Fuerzas Armadas no han sometido a tribunales de honor a los militares que ya dejaron de ser procesados y tienen condena firme por parte de la justicia. Un Ejército que no acepta, tolera, ni encubre a homicidas o delincuentes en sus filas (si el general Aguerre no se refería a una serie de inminentes procesamientos en otra fuerza militar) debería dejar de otorgar altas jubilaciones y distintos beneficios que a costo del Estado siguen usufructuando los presos de la cárcel de Domingo Arena.

MUERTOS Y EJECUTADOS

La ejecución de Julio Castro también llevó a varios medios de comunicación a recordar el episodio conocido como ‘los fusilados de Soca’, cuando en diciembre de 1974 cinco militantes tupamaros (Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María Corbo y Graciela Stefanell) que habían sido secuestrados ese 8 de noviembre en Buenos Aires y trasladados ilegalmente a Montevideo, fueron acribillados a balazos y sus cuerpos arrojados cerca de la localidad canaria como supuesta represalia por el homicidio del coronel Ramón Trabal en París.

No sería el único episodio de ejecutados en Uruguay. También se presume que así fue muerta la maestra Elena Quinteros (el otro cuerpo que, como el de Julio Castro, “jamás sería encontrado”, según dijo a las familias un vocero de la Comisión para la Paz). Pero también el homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, aunque en Buenos Aires, constituye una ejecución. Y otro tanto puede considerarse en los casos de Roberto Gomensoro y Horacio Gelós Bonilla, ejecutados durante la tortura.

Mientras se impulsa un acto recordatorio del caso de los fusilados de Soca para el 17 de diciembre, en distintas cadenas y grupos de emails se ha generado una discusión sobre cuántos uruguayos fueron ejecutados en la dictadura. Si los muertos por tortura en realidad fueron ‘excesos’ o alguien dio una orden, y si otro tanto ocurrió a quienes fallecieron en las cárceles o en el Hospital Militar; cuántas desapariciones forzadas ocultan una muerte accidental o, en realidad, encubren un premeditado asesinato.

Aun sin contar todos los casos de muertes por tortura, ‘suicidados’ y ‘fugados’, hay más de 60 uruguayos que, secuestrados en Argentina y trasladados ilegalmente en forma grupal a Montevideo, fueron ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, según se deduce del libro Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), elaborado por un equipo universitario encabezado por el profesor Álvaro Rico, sobre la base de los datos y archivos obtenidos por la Comisión para la Paz.

EL SEGUNDO VUELO

El general Aguerre puede encontrar en los anexos del Tomo I (‘Las violaciones al derecho a la vida’, ‘Asesinados políticos’, ‘Detenidos desaparecidos’) que la investigación anota que aun antes del caso de María Claudia García de Gelman (cuyo cuerpo ejecutado es lo que se busca en las excavaciones) pueden haber sido trasladados a Uruguay los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Julio César Rodríguez y León Duarte, a quien un testigo habría escuchado identificarse en el centro clandestino de torturas conocido como ‘300 Carlos’.

Los historiadores también registran el traslado masivo del llamado ‘segundo vuelo’, reconocido en 2005 en el informe sobre desaparecidos elaborado por la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que 22 militantes del PVP que habían sido detenidos en el centro de torturas 'Automotores Orletti' fueron traídos a Montevideo el 5 de octubre de 1976 en el vuelo 511 de TAMU, que piloteaba el ex comandante José Pedro Malaquín.

El grupo, integrado por Mario Cruz, Josefina Kleim, Juan Morales, Juan Errandonea, Victoria Grisonas, Raúl Tejera, Alberto Mechoso, Adalberto Soba, María Islas, Jorge Zaffaroni, Washington Cram, Cecilia Trías, Ruben Prieto, Armando Arnone, Casimira Carretero, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Carlos Rodríguez, Juan Recagno, Segundo Chegenián, Graciela da Silveira y Washington Queiro, fue entregado al Ejército.

Las investigaciones periodísticas señalan que estuvieron en el ‘300 Carlos’, donde el personal subalterno los conocía como ‘los del ómnibus’, ya que habían llegado en el vehículo del propio Servicio de Material y Armamento. Los informantes aseguran que en grupos de cuatro o cinco fueron llevados dentro de un auto Pingo blanco al Batallón 14 de Toledo donde los ejecutaron y enterraron. No parece probable que todos ellos hayan muerto por ‘excesos’ en la tortura.

TERCEROS TRASLADOS

El Ejército uruguayo no ha reconocido aún que recibió a los pasajeros del vuelo 511 y tampoco ha admitido su participación o conocimiento sobre los secuestros de diciembre de 1977 cuando otro grupo de uruguayos exiliados en Buenos Aires fue capturado y, tras permanecer en los pozos de Banfield y Quilmes, fue trasladado en varios viajes a Montevideo. Algunos de ellos fueron vistos en el centro de torturas de La Tablada.

En esos viajes a Uruguay habrían sido traídos Atalivas Castillo, Eduardo Gallo, Miguel Río, Carlos Cabezudo, Carolina Barrientos, Juvelino Fontoura, Edmundo Dossetti, Alberto Corchs, Alfredo Bosco, Raúl Borelli, Yolanda Casco, Elena Lerena, Julio D’Elía, Guillermo Sobrino, Graciela Basualdo, Elsa Fernández, Gustavo Goycochea, María Castro, José Martínez, Aída Sanz, Gustavo Arce, Raúl Gámbaro, Alfredo Moyano y Célica Gómez. Todos ellos también habrían sido ejecutados.

Otro tanto habría ocurrido en mayo de 1978 con los integrantes de la familia Severo, que habrían sido trasladados en un vuelo, según dijeron fuentes militares a El Observador en agosto de 2005. Ary Severo, Beatriz Anglet, Marta Severo, Jorge Martínez y Carlos Severo (menor de edad) fueron detenidos en Argentina, llevados al Pozo de Quilmes y devueltos a Uruguay, donde también habrían sido asesinados.

El mismo destino habrían tenido Ileana García, Héctor Giordano, Edison Cantero, Fernando Díaz, Raúl Olivera Cancela, Esther Gersberg y María Artigas (embarazada), quienes fueron devueltos a Uruguay en 1978. Asimismo, se presume que fueron traídos y ejecutados los militantes del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, quienes habían sido secuestrados en Paraguay y llevados al pozo El Atlético, en Buenos Aires. Ninguna de esas muertes fue un error o un exceso. Romper el silencio también implica abrir los oídos.

Día Internacional de los Derechos Humanos-Uruguay

Acto realizado en el Memorial de los Detenidos-Desaparecidos.

Escrache al asesino del maestro Julio Castro.

Escrache a secuestrador de Julio Castro

La organización Plenaria Memoria y Justicia realizó un escrache contra el ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID), oficial principal (r) Juan Ricardo Zabala, quien se responsabilizó por el secuestro del maestro Julio Castro.

Uruguay-Florida homenaje al maestro Julio Castro

Para concurrir y difundir (también reenviar a contactos)


C O M U N I C A D O

Ademu - Florida y el Grupo de apoyo de Florida a Familiares de detenidos-desaparecidos; ante la aparición de los restos del Maestro Julio Castro, en el marco del "Día Internacional de los Derechos Humanos", han resuelto convocar a una concentración frente al local sindical de Ademu (18 de julio esq. Calleros).
Posteriormente se marchará hasta la placa de los Detenidos Desaparecidos floridenses, frente al Prado.
Se invita a concurrir con una flor, y a los docentes que así lo deseen: acompañar con túnica.
Sábado 10 a la hora 19:30.-

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Agradeciendo su invalorable atención, le saludan atentamente

Mtras. Maria Julia Fleitas y María
Luisa Vera

Homenaje al maestro Julio Castro

Toledo, 8 de diciembre de 2011
Municipio de Toledo.

Se adjunta invitación, con motivo de realizar un Homenaje al Maestro Julio Castro el próximo Martes 13 de diciembre a la hora 20.

Esperamos contar con su presencia.

Saluda atentamente

Alvaro Gómez
Alcalde
Municipio de Toledo

Los comandantes...

Carta de Irma Leites a la noticia y su contexto

Sres. de la Noticia y su contexto:

Sra. Ana María Mizrahi:

Sres. de los grandes medios de comunicación.

Estuve tentada de solicitarles derecho de replica. Pero, los derechos no los mendigo, los cultivo y voy una vez más a ejercer mi derecho de opinión. Porque aunque no lo crean tengo opinión y además, no me callo y mi idea del mundo hace que me comprometa.

Estoy convencida de que la solidaridad es un valor esencial, de la sociedad que debemos construir, puedo equivocarme, y cada vez que me equivoque trataré de reconocerlo, cambiar, sostengo que ese derecho, tampoco, me lo van a quitar.

El día martes 6/12/11, Ana M.Mizrahi, afirmó “no sabía que Irma Leites trabajaba en secundaria, vio bardo y se sumó”. Luego se sumaron al coro de la condena desde Buscadores, otros canales y diarios.

Tú que cada mañana tenés la facultad de crear opinión, no le negaras a tus televidentes el derecho de conocer a los que tú con total desparpajo calificas de huecos, barderos, ultras. Que se suman a luchas porque andan por ahí al cuete y ocupan sus tiempos en bardos banales. Te aseguro que me falta tiempo para hacer lo que amo. El “bardo banal” en este caso, era el reclamo de los docentes de un proyecto de educación, que entre otras cosas reclama no tener clases de 40 educandos, que reclama aulas dignas, la no competencia de áreas y centros, que reivindica la pretendida desaparecida idea de una pedagogía para la liberación, que plantea la exigencia que si no hay panzas y afectos satisfechos no hay educación posible, que la educación no es una mercancía. Todo eso ¿no es un tema social que nos involucra? ¿No te involucra? A mi y a tantos sí. ¿No nos atañe que las fuerzas represivas desplieguen toda su batería contra una ocupación decidida por una asamblea de trabajadores? ¿No nos involucra que desde un blindado de la Metropolitana, filmen a los manifestantes con total descaro? ¿No dicen ustedes nada que los policías trataran de impedir que se los fotografiaran? ¿Como creen ustedes que se inició la represión en la década del 60? No los he oído condenar, la violación del derecho de huelga, de ocupación, de rebelión que tienen los que no tienen más que su propia fuerza de trabajo para sobrevivir.

A partir de las 7am varios trabajadores de diferentes ramas y estudiantes pasaron por allí, también lo hice, los docentes habían convocado y ¿qué? ¿Que clase de persecución es esa? ¿Qué nivel de estigmatización ejercen desde la pantalla ustedes?

¿No se puede ser solidario? ¿No se puede apoyar luchas de trabajadores? ¿Ustedes creen que la gente, que los docentes no tienen capacidad propia de pensar o hacer? No teman que influya. Los docentes concientes y clasistas no necesitan que nadie les diga que hacer. Pero los humanos somos algo más que sapos que cantan cada uno en su pozo. Somos gregarios.

Las cámaras cada vez que hay una movilización buscan algún rostro conocido y poco hablan de los contenidos que motivaron la misma. ¿Eso construye una opinión flechada o no?

Eso solo incrimina de los hechos a los que muestran en TV. Falso, falso y falso. La lucha se produce porque existen causas sociales, económicas, políticas, ideológicas de fondo.

Dice Patxi Andion: habría que pensar…

La teoría de los “conspiradores ultras” tiene el mismo origen que la de los represores de ayer, los que hablaban del comunismo internacional, el mismo origen que la teoría del terrorismo de Bush. Son sinónimos la teoría de la doctrina de la Seguridad Nacional hoy trasladada al concepto de Seguridad Pública, control, disciplinamiento ¿para garantizar que? Para asegurar el saqueo de ayer y de hoy. La colonización de ayer y hoy. La explotación de ayer y hoy: la misma.

Como ustedes descalificaron mi presencia junto a los docentes y condenaron al aire sin preguntarme siquiera porque estaba allí, es que escribo esta carta abierta. Como cuando escribimos los muros porque es el único recurso democrático y gratis a nuestro alcance.

Ojala algún día exista un periodismo comprometido con la crítica y no con el poder de turno. Ojala llegue el tiempo donde nazcan otras Marchas, otras plumas como la de Julio Castro, otra ética como la del maestro ejecutado.

Lo que cambia en las calles, cuando los trabajadores de la construcción se asomaban a los andamios y alentaban a los docentes, allí en la Ciudad vieja, cuando otros trabajadores se arrimaban al cordón de los docentes delante de los milicos armados con escudos palos, cascos y revólveres, es esa sensación muy confortable de sentir y actuar como clase. Se siente el calor de no estar solo. Que hay otros para sostener la bandera. Tal vez el pecado es que sentimos y sostenemos esa solidaridad que intentan proscribir.

Esa que llevó a apoyar las marchas cañeras, las huelgas frigoríficas, textiles, bancarias, estudiantiles. Hoy la generalidad de los periodistas no se atreven a condenar a Heber Nieto o a Líber Arce por estar en marchas definidas por la CNT o por participar en una movilización contra la embajada de EEUU. A ellos los asesinaron por todo lo que hicieron, por no ser indiferentes a las necesidades y penurias de otros oprimidos, por elegir no salvarse solos. Ustedes tampoco lo hacen, pero si condenan la solidaridad de hoy. Alaban la consigna de Obreros y estudiantes unidos y adelante y condenan a cualquiera que se arrime a un conflicto y no comulgue con lo que este gobierno planea. Y le dicen amén a todo lo que viene del gobierno. Hasta sonríen ante los disparates y dislates de los que voceros del gobierno.

Me queda claro que pretenden excluir la participación activa de la gente de todo, de todo, lo que no sea gobierno y poder.

¿Será por aquello que los grandes medios de comunicación son parte esencial del control-educación-votación-explotación?

Eso profundiza la indiferencia.

Eso aísla los reclamos.

Eso criminaliza la solidaridad.

Eso la condena. No es novedad que esa condena construye la idea del no te metas, de cada uno a su juego, de que cada uno quede librado a su propia capacidad de sobrevivir en esta selva de cemento que ha creado y crea la sociedad dividida en clases. La sociedad de los patrones, latifundistas, grandes multinacionales y sus aparatos represivos, al acecho de los de abajo.

Pero en este Uruguay, en esta sociedad enferma de recelos, de miedos, en esta sociedad donde la decadencia infame, siembra los cables de la luz de championes de goma varias, todas made in algo…también acontece lo digno, lo humano.

Es este sitio del mundo también la memoria puede más y es la lucha consecuente que llena esta cuidad de señales. Porque Julio Castro apareció, no solo lo aparecieron. El apareció con su zapato, se asomó entre la tierra para pedir la palabra.

Sus zapatos señalan. Zapatos que quieren andar y no solo andar, quieren decir. Se suman a la polémica, intervienen clarificando, en este momento del debate en que la sociedad toda está con un corso a contra mano, y sus pies asomando entre la tierra aún vestidos nos increpan. Demasiado tiempo de soledad! Pero no impondrán la mediocridad, la ignorancia. Aún en la cárcel los maestros y profesores enseñaban a leer y escribir a los que no lo habían podido hacer.

Aún en medio de esta pereza para pensar, están naciendo otros paradigmas. Cuando ellos aparezcan no crean que vienen de afuera…hay raíces que lo hacen posible, entre ellas las de Julio.

Flor de síntesis humana aquella del Che,¿no?

“En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera."
"...y sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario."
Si quieren seguirme buscando con sus cámaras, los invito a que lo hagan: seguiré –mientras me den las fuerzas- tratando de unificar conflictos tras el proyecto de emancipación, siento que hago poco, quisiera hacer más por ello.

Irma Leites.

8 de dic./11