A la opinión pública

A la opinión pública
Juzgado de 9º Turno
Dra. Gabriela Merialdo
Presente.-

En mi parecer y el de muchos más, estos procesos, ya tienen una resolución previa a este interrogatorio, el propio proceso judicial es una criminalización, es un ataque, no creo que mi declaración modifique la resolución de la Sra. Jueza.

En una investigación plagada de irregularidades, denunciadas públicamente y que en nada se han revertido (interceptación en la vía pública, citaciones telefónicas, interrogatorios políticos que poco se centraron en los hechos de investigación), me confirman lo antes señalado, el daño a mi persona está causado y .la criminalización de las organizaciones a las que pertenezco, ya está hecho.

Estos elementos y fundamentalmente amparada en el reconocido principio de no declarar en mi propia contra y menos aún en contra de los demás citados, sobre la base de que el Poder Judicial no es independiente de los demás Poderes políticos, me reafirma que me encuentro en un juzgamiento de mi forma de pensar y actuar y no de un delito, por tanto opto por declarar lo siguiente y negándome a responder cualquier otra pregunta.

Como testigo, no solo presencie los hechos que se indagan (y que muchos pueden narrarlos) pero quiero mencionar otros hechos que generaron la acción de centenares de personas, y que en esta investigación se omiten.

Los hechos por los cuales se nos indaga son hechos públicos, sucedidos en un ámbito público, delante de cientos de personas, delante de la prensa nacional e internacional.
Tienen que ver claro está, con los crímenes de las dictaduras, pero sobre todo tienen que ver con el presente tan plagado de impunidad y de impunes sueltos por todo el continente. Impunes que tienen como paraíso al Uruguay. Porque aquí tienen la “protección” de un Código Penal basado en el de Mussolini de 1922 y la monarquía española de 1853 y en el que en el caso de ser juzgados, serán amparados por las leyes dictadas por las FFAA y los Pactos del Club Naval y las complicidades actuales de los que no han ANULADO la LEY de IMPUNIDAD de 1986.
Los disidentes políticos, sociales, acusados por el Estado fuimos desde 1970 acosados bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Doctrina bajo la cual se nos persiguió, nos torturó, nos condenó, nos asesinó, nos encarceló, nos exilió.
Este plan, conocido como Operación Cóndor, involucró a las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Los terroristas de Estado colaboraron entre sí para rastrear, secuestrar y asesinar personas que ellos calificaban de terroristas: activistas de izquierda, sindicalistas, estudiantes, sacerdotes, periodistas, guerrilleros, y también sus familias.
El “plan maestro” impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet, la CIA y el ex secretario de Estado Henry Kissinger, desde sus inicios conformó un genocidio, en toda América Latina.
En Argentina, al menos 25 generales del ejército están imputados en esta megacausa, y se contará con el testimonio de más de 500 personas. Un juez federal argentino solicitó formalmente al Departamento de Justicia del Gobierno de Obama que permita que Kissinger sea interrogado, desde Uruguay también se solicito su comparecencia. El Gobierno de Obama no respondió.
Acá en Uruguay los sobrevivientes que hemos denunciado somos más de mil personas. ¿No alcanza para instalar un megajuicio?
Entonces en este marco, donde los familiares de desaparecidos, siguen siendo torturados hace décadas porque los desaparecidos siguen desaparecidos, y los asesinos y violadores siguen impunes. ¿Que justificaría que siga aceptando que se me interrogue por haber entrado, junto a cientos de mujeres y hombres protestando contra un acto de impunidad de los señores miembros de la Suprema Corte de Justicia, a la Suprema Corte de Justicia?
Hoy somos acosados bajo la ley de impunidad y el imperio de una política de silencio.
Los hechos por los cuales hace años, meses, semanas, se nos está criminalizando son hechos que tienen que ver con la estructura de la impunidad.
Fue un acto público.
Fuimos cientos las personas que estuvimos, repudiando la dilatación una vez más de la justicia. Porque junto a cientos de denunciantes sigo esperando que se investigue el asesinato de Norma Cedrés, junto a cientos espero que se indague a los torturadores de Artillería 1 La Paloma, donde se asesinó en la tortura y donde fui torturada, seguimos esperando que se juzgue a Armando Méndez por los crímenes en tortura de Alter y Arteche en el cuartel Florida en 1973; parte de estas denuncias y muchas más las tenía la Dra. Mariana Motta.
Y hago propia la exigencia de un Juicio de excepción como el de Nuremberg o el juicio a las Juntas en Argentina, o incluso un proceso unificado, pero resuelto técnicamente a partir de las propias pautas que marcaron los procesos represivos, tal cual están hechas las denuncias, acá en Uruguay: Juicios por unidad represiva, por centros de detención, por operativos.

Como lo hemos hecho público, desde hace años, en síntesis, el Juicio a la Dictadura que implique:
-Que se instale un juicio excepcional con la participación de las organizaciones sociales.
-Que se juzgue a los represores de forma oral y pública
-Que se los juzgue en un marco conjunto a los más de 400 identificados
-Que se los juzgue como genocidas
-Que se los juzgue sin prebendas
-Que se incluya en el proceso los delitos económicos de la dictadura
-Que se indague HOY el proyecto de violación de los derechos mínimos individuales con persecuciones y tecnificaciones con el llamado Guardián y la operativa CONCRETA del DOE, QUE OPERA COMO UN GRUPO de TAREAS TAL CUAL LO HACIAN LOS GRUPOS ESPECIALES BAJO EL TERRORISMO de ESTADO. Ya que ellos filman, fotografían e infiltran no solo las hinchadas de futbol sino también las marchas y actos –tal cual han reconocido voceros de la policía y ministros actuales. Violando fragantemente el derecho de protesta y ejerciendo una presión y amenaza a los participantes.
Acusándome y acusando a un puñado de manifestantes se está criminalizando y revictimizando a los testigos de delitos de lesa humanidad y de hecho negando la existencia de la impunidad y la injusticia.
Entonces solicito se juzguen los hechos de la Suprema Corte de Justicia en una instancia pública, en un juicio oral y público- como se juzgan los delitos de opinión, injuria o difamación- donde se permita que fundamentemos las razones de un acto.
Porque sino se nos está prejuzgando, se está tergiversando hacia la sociedad, el sentido fundamental de los hechos, inculpando a un núcleo reducido de personas –no casual- se le quita el carácter masivo, se limita el derecho a la protesta contra las injusticias de ayer y hoy porque los delitos de lesa humanidad se están prolongando en el tiempo.
Y que sea la gente común y corriente que juzgue con oído propio lo sucedido.

P.D.: Estas líneas las escribí en mayo cuando fuimos titular de diarios y TV. Hoy jueves 01 de agosto 2013, vuelvo a enterarme por la lectura en TV de los titulares del diario El País que seremos citados durante la próxima semana, y que seré citada el lunes.
Pensemos: ¿si es pública la captura de nuestra presencia el lunes 15, no es claro que estoy prejuzgada públicamente sin que haya sido siquiera notificada? Reafirmo entonces que el juicio sea oral y público.

Atte. Irma Leites.

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Compañeras. compañeros

Hoy tal cual lo habíamos planteado hoy fuimos al juzgado y ahí hubieron decenas de firmas de que YO TAMBIÉN ESTUVE en la Suprema Corte, mujeres y hombres que no permitieron tergiversar la historia. Se presentó por escrito esta afirmación de que no fue un puñado que repudió  en febrero la muralla de la impunidad. 

Les envió lo que hoy entregué a la Jueza Merialdo y al Fiscal Zubía. No contesté lo que hice dentro de la SCJ porque TODO ESTA FILMADO. Es una parodia. Hace 40 años que esperan familiares y torturados y los tiempos de la impunidad son eternos: JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA. Y declaré que a la SCJ fui convocada por la memoria, por Gatti, por Elena, por Chavez Sosa. 

Como broche de oro de esta situación al retirarse (un compañero enfermero del Hospital de Clínicas) de la concentración del juzgado en Misiones y 25, fue interceptado por una camioneta articular de Inteligencia y llevado a la calle Maldonado donde se lo acusó de haber amenazado a Mujica. Luego fue dejado en libertad porque "se comprobó que no era él". Se fijaron en las cámaras en la Torre Ejecutivo y los vídeos del juzgado, donde en directo los servicios nos miraban! ¿Qué tal? Al principio se confundieron de persona...pobre inteligencia!!! 

Continuará...

Un abrazo.