Prensa Brecha

URUGUAY: MEDIA SANCIÓN CASI PÍRRICA CONTRA LA LEY DE CADUCIDAD

Víctor Hugo Abelando (Brecha)

La forma de plantarse del oficialismo en la discusión y posterior aprobación parlamentaria demostró que el proyecto votado, a pesar de sus fortalezas éticas, tiene sus debilidades políticas. También probó que en el Frente Amplio (fa), más allá de los discursos, coexisten dos lecturas sobre el pasado reciente. Incluso emerge una tercera cuestión: ¿cuál es la forma de incorporar las fuerzas armadas al proceso iniciado en 2005?

Días y horas antes de que el Senado, con los votos del oficialismo, diera media sanción al proyecto interpretativo de la ley de caducidad, el fa parecía haber resuelto su crisis interna sobre el tema, al primar el criterio de la unidad de acción. Fuera de esta última quedaba el senador Jorge Saravia (rebelde impenitente a la decisión de la fuerza política), pero su anunciado voto negativo no era suficiente para impedir la sanción de la norma.

Empero, la renuncia a su banca del senador de la cap-l Eleuterio Fernández Huidobro, ocurrida después de votar positivamente el proyecto, ensombreció el paso dado por los frenteamplistas para terminar con la ley de caducidad. Renuncia que sus pares no salían que habría de producirse y que tampoco fue anunciada cuando los máximos dirigentes del fa se reunieron días atrás para que la unidad de acción primara por sobre las diferencias existentes. Allí Fernández Huidobro anunció que acataría la postura de la mayoría, a pesar de exponer nuevamente la argumentación contraria al proyecto.

En los números ocurrió lo esperado por el Frente, estuvieron los 16 votos previstos (Rodolfo Nin Novoa, también opuesto, fue sustituido por su suplente a la hora de votar), pero en lo político la cosa es diferente. El fa pierde uno de sus principales senadores y deja otra vez en evidencia las diferentes concepciones sobre el tema.

Mal parida

Una comisión frenteamplista trabajó cuatro meses antes de votar en Diputados un proyecto interpretativo de la ley de caducidad que se trancó en Senadores. Los esfuerzos continuaron y el texto fue modificado para asegurar el voto de dos de los tres senadores disidentes. Se tejió y tejió para llegar al proyecto que el martes aprobó el Senado y que ahora deberá volver a Diputados para que allí se aprueben las modificaciones. Es decir, se cumplieron aspectos formales para poder anular la ley de caducidad.

Sin embargo es evidente la existencia de contradicciones y de puntos débiles en la táctica desarrollada para su anulación.

Hoy en el fa hay dos maneras de concebir los derechos humanos. Una que sostiene que los mismos son valores universales, que no pueden ser sometidos a las contingencias nacionales. La contradicción aquí es: si eso es así, por qué los parlamentarios frenteamplistas no resolvieron en el Parlamento con su mayoría y por el contrario se embarcaron en un nuevo plebiscito. La argumentación de que no había sido parte del programa aprobado en 2003 y por tanto no cabía someterla al Legislativo, no fue utilizada para otras leyes que sí se votaron, por ejemplo, el tratado de inversiones con Estados Unidos, o la autorización de enviar tropas a Haití, o la discusión sobre un tlc con Estados Unidos, esto último impulsado desde el gobierno y finalmente desechado antes de llegar a las cámaras.

Lo cierto es que el proyecto con media sanción desconoce dos pronunciamientos populares, aunque resulta evidente que el último tuvo sus trampas por parte de la Corte Electoral (por ejemplo, la imposibilidad de votar negativamente) y que también existió una gran desidia en el fa para trabajar en la búsqueda de voluntades para anular la caducidad. No parece tampoco de recibo suficiente otro de los argumentos esgrimidos para justificar la inconveniencia de la consulta de octubre de 2009: que la razón del fracaso fuera instrumental, por mezclar un plebiscito con una elección nacional. El del agua fue exitoso en los comicios de 2004, en los que ganara por primera vez el Frente.

En contra de las posturas que sostienen que la votación del martes desestimó al “soberano”, uno de los principios republicanos, el senador Enrique Rubio (va) señaló a Brecha que “en la base de la República está el voto ciudadano, pero el otro principio es la separación de poderes. Lo más importante que hizo el Parlamento es devolverle al Poder Judicial todas sus potestades. Ese es el dato más importante, pues en último término lo que puede suceder es que si el juez se rige por la vieja ley, la víctima interpone recurso de inconstitucionalidad como se ha hecho y la corte resuelve. Si el juez se rige por la ley aprobada, el victimario va a interponer recurso de inconstitucionalidad. Y siempre define la Suprema Corte de Justicia”.

Afinando

Tras la discusión de hasta dónde ir en el tema de los derechos humanos existe un trasfondo de diferencias ideológicas y de distintas lecturas del pasado reciente. La forma como el gobierno corteja a los militares, la defensa que Fernández Huidobro hace de algunos militares encarcelados (recuérdese cómo exculpó a Miguel Dalmao del asesinato de la estudiante comunista Nibia Sabalsagaray) o el señalamiento de que por el asesinato de Eugenio Berríos fueron procesados unos “perejiles” (véase entrevista en páginas 2 y 3), más parece formar parte de una lógica de combatientes, que se reconocen iguales en los “errores cometidos”. Para varios dirigentes de la izquierda uruguaya existe ese peligro de unir la “lógica de los combatientes con ese otro ingrediente del nacionalismo. El pensamiento de la izquierda ha ido por otro lado en el tema de los derechos humanos y de los derechos en general. Hubo algunos que estuvieron en la lucha y consideran que ella se terminó cuando fueron derrotados. Y no reconocen que después, cuando ya no estaban hubo terrorismo de Estado contra el pueblo para aplicar un modelo socioeconómico”.

En el fondo, la discusión de cómo resolver el tema de la violación de los derechos humanos opaca otro debate: cómo pararse frente a las Fuerzas Armadas cuando se quiere ir hacia un proceso de transformaciones profundas. El presidente José Mujica, sostienen referentes frenteamplistas, ha dicho con acierto que los militares deben participar de ese proceso. La interrogante es si eso se logra, como aparenta ser el camino iniciado, por una sucesión de concesiones y dándoles el espacio para que se transformen en interlocutores del gobierno cuando se pretende terminar con la impunidad, o por el contrario se trabaja en la concepción gramsciana de convencerlos de la necesidad de los cambios, comprendiendo que no son una corporación cerrada.

LUNES 18 DE ABRIL DE 2011 - COMCOSUR / MONTEVIDEO