Prensa La Diaria.
Aquí como allá
Baltasar Garzón,
visitante ilustre de Montevideo, habló de avances y contradicciones en la
aplicación del derecho internacional humanitario.
En un Paraninfo
de la Universidad
de la República
(Udelar) repleto, el juez español Baltasar Garzón, su abogado, el chileno
Roberto Garretón, y el rector de esa casa de estudios, Rodrigo Arocena,
participaron ayer en una mesa redonda sobre el derecho internacional de los
derechos humanos y el terrorismo de Estado, organizada por la Mesa Permanente
contra la Impunidad.
Arocena declinó
hablar en forma personal. Leyó la declaración emitida por el Consejo Directivo
Central de la Udelar
el 5 de marzo, en la que se expresa la preocupación por la decisión de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) de trasladar a la jueza Mariana Mota a un juzgado civil y por el
fallo del máximo organismo judicial que declaró la inconstitucionalidad de la
norma interpretativa de la Ley
de Caducidad. La organización dispusoque tres butacas de la fila más próxima al
estrado permanecieran vacías, para simbolizar la ausencia de los tres ministros
de la SCJ que se
van a expedir ratificando ese fallo.
Garretón comenzó
distinguiendo cuatro tipos de impunidades. La primera es la impunidad penal o
judicial “por los crímenes cometidos por los dictadores”. Pero también está la
impunidad política, que “en las dictaduras comprende a asesinos, torturadores,
desaparecedores: para ellos está el derecho penal internacional”. No obstante,
sostuvo que hay “personas tan responsables como ellos pero que no han cometido
delitos”. “Un ministro de Justicia, uno de Hacienda, que cambian y remueven
jueces, pasan las causas a la Justicia Militar y cuando termina la dictadura
aparecen de alcaldes, de legisladores y hasta se postulan a la presidencia”,
ejemplificó. “Eso me causa más dolor que el hecho de que anden libres los
militares que asesinaron. Hay que establecer alguna forma de sanción para esos
actores, responsables de que esos crímenes se cometieran”, dijo Garretón.
Para el abogado
la impunidad encierra dimensiones de “hecho brutal”, pero es “cobardía”, porque
en los delitos siempre son “30 contra uno”, con la “impunidad garantizada”.
Otra dimensión es la de que no hay crímenes “sin mentira”. “En todos lados es
igual: [se aduce que] no son ciertos los desaparecidos, los asesinados; eso no
lo podemos dejar pasar”, añadió.
El tercer tipo de
impunidad que señaló es la moral, que radica en que “todos se sienten
salvadores de la patria y dicen que no tienen nada de qué arrepentirse”. “Los
subalternos dicen que hicieron lo que el jefe les mandó, y así todos se sienten
héroes. Tiene que haber sanciones y tienen que pagar”, dijo Garretón.
El último tipo es
la impunidad histórica: “Todos los dictadores tienen una estatua cuando termina
su mandato, en lo posible arriba de un caballo; tienen avenidas y plazas que
llevan sus nombres. Con todas estas formas de impunidad hay que terminar”,
agregó. Sin embargo, Garretón destacó que, de todas maneras, “hay avances
fantásticos”. Puso como ejemplo que durante los 200 años de historia
independiente de América Latina hubo cientos de dictaduras, y se preguntó:
“¿Cuántas terminaron con el pueblo pidiendo juicio y castigo a los culpables?”.
“Ninguna”, se respondió. “Esto que empieza en los años 70 es nuevo”, concluyó.
Por su parte,
Garzón comenzó mencionando que en Uruguay la dictadura terminó hace 40 años y
“ahora se está hablando de justicia”, pero que en España a los 40 años de
dictadura franquista “nunca se habló de justicia, ni de verdad, ni de
reparación”. Garzón dijo que cuando comenzó a investigar los crímenes del
franquismo, luego de 70 años, pidió registros de víctimas a los organismos del
Estado, a la Iglesia ,
y sólo el País Vasco, Andalucía y Cataluña “tenían un censo de víctimas”. “El
resto de España, no; se había instalado un modelo de absoluta impunidad”,
agregó.
Garzón sostuvo
que en Uruguay se está “debatiendo y discutiendo cómo hacer justicia, a pesar
de esos 40 años transcurridos; hay jueces comprometidos que están tratando de
hacer avanzar los procesos”. Criticó a la SCJ y expresó que los que tienen que explicar “el
cambio de doctrina” son sus integrantes, y no los jueces que interpretan la ley
estudiando la legislación internacional y los fallos precedentes. Agregó que
hay legisladores que a veces le cuestionan “quién es para venir a hablar a otro
país”, a los que responde: “Soy ciudadano universal y las víctimas son
universales. Por eso hablo”. Respecto del traslado de Mota, explicó que un juez
puede ser sancionado “porque es un vago o roba o se corrompe, pero por
interpretar una norma de acuerdo a los estándares internacionales, no”. “Ésa es
una decisión política para quitarse de en medio a los jueces incómodos, acá y
en España. En otros sitios los matan; en Uruguay los trasladan”, opinó. Garzón
finalizó diciendo que en el derecho internacional se va “un paso adelante y dos
hacia atrás”, pero “nunca hay que retroceder”.
Luis Rómboli
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