No sé de qué me hablan
Militares acusados de
tortura en la base de Boiso Lanza negaron haber tenido relación con los delitos
denunciados.
“Pareciera que
nos detuvimos nosotros mismos, que nos encapuchamos y que nos autotorturamos”,
planteó ayer, sin disimular indignación, uno de los ex presos políticos
denunciantes en el Juzgado Penal de 7º Turno. De esa manera, planteó su
fastidio ante la jueza Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea, que
durante una audiencia de cinco horas interrogaron a tres militares en el marco
de la denuncia por torturas en la base Boiso Lanza de la Fuerza Aérea Uruguaya
(FAU).
En esta causa
participaron más de 40 denunciantes y deriva del caso de Ubagésner Chávez Sosa,
detenido en 1976 y trasladado a esa unidad aérea, donde murió como consecuencia
de la tortura. “Es vergonzoso; los indagados negaron cualquier tipo de
responsabilidad o participación, incluso contradiciendo los informes de la FAU ”, coincidió el abogado
patrocinante, Óscar López Goldaracena.
Algunos de los
militares que declararon son el teniente aviador Enrique Ribero, procesado con
prisión por Mota en calidad de autor de homicidio en el caso Chávez Sosa, y el
coronel Uruguay Araújo Umpiérrez, imputado como coautor. En la audiencia de
ayer participaron también tres ex detenidos y torturados denunciantes: Baldemar
Taroco, Gustavo Turco Gómez y Álvaro Jaume.
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Inspección ocular a sede de Inteligencia
Una decena de ex
militantes de la UJC
ingresaron a la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia
(DNII), en el marco de la indagatoria penal por torturas en esa dependencia
policial. Los testigos reconocieron los lugares donde fueron torturados, dijo
su abogado, Pablo Chargoñia.
HACE 7 HORAS
El juez Penal de 17º Turno, Carlos García, encabezó ayer una
inspección ocular en la sede de la
DNII , sita en Maldonado y Paraguay, en la cual una decena de
ex militantes de la UJC
reconocieron los lugares en los cuales fueron sometidos a tormentos y castigos,
entre 1972 y1985. El magistrado concurrió al lugar en compañía del fiscal Ariel
Cancela y personal de Policía Técnica, para intentar certificar el testimonio
de los testigos, con un reconocimiento espacial del edificio.
En este sentido, el abogado Pablo Chargoñia consideró que el
ingreso a la sede de la DNII
fue “importante” para la causa porque “se pudo reconocer, por parte de las
víctimas, los lugares donde eran sometidos a tortura y en algunos casos a
violaciones”, más allá de las modificaciones edilicias que se realizaron. Los
testigos pudieron “reconocer sustancialmente los lugares de tormento y castigo,
en distintos pisos” del edificio, explicó Chargoñia.
Los ex militantes de la UJC narraron la existencia de un “montacarga”,
que oficiaba como ascensor, por donde se los trasladaba y escuchaban los gritos
de las personas que eran torturadas. “Hoy el montacarga está tapeado, pero es
reconocible, porque todavía existen los botones y hay un espacio vacío en la
planta baja”, destacó Chargoñia.
Asimismo, la “inspección ocular” fue relevante desde el
punto de vista humano, porque era el primer ingreso de las víctimas al lugar
desde el retorno de la democracia. “Fue un momento especialmente importante
para personas que, siendo muy jóvenes, estuvieron en ese lugar encapuchados y
hoy entraron con los ojos destapados y acompañados por un juez”, expresó
Chargoñia.
“300 Carlos”
En tanto, hoy la
Justicia realizará una nueva inspección ocular en el Batallón
Nº 13 y el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército, donde
funcionara el “300 Carlos” o “Infierno Grande”, un emblemático centro
clandestino de detención de la dictadura. La inspección ocular se realizará en
el marco de una indagatoria penal por torturas en dicho centro.
La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, ingresará al
predio con varios testigos, como forma de ampliar la indagatoria por los hechos
de tortura. La magistrada ya había ingresado al lugar, pero una disposición del
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) impidió que se tomarán fotografías en el
predio y el reconocimiento se realizó mediante croquis. Ahora se pretende
obtener los registros fotográficos.
Castiglioni
El grupo de ex militantes de la UJC que ingresó ayer a la DNII solicitará, por carta,
al Ministerio del Interior que retire de ese lugar una placa de reconocimiento
al ex jerarca de Inteligencia Victor Castiglioni, como una forma de desagravio
a las víctimas de la dictadura, afirmó el abogado Pablo Chargoñia a LA REPÚBLICA. “La idea es
que como forma de desagravio a las víctimas esa placa de reconocimiento sea
sacada y que no se realicen homenajes a personas vinculadas con la represión en
edificios públicos”, dijo Chargoñia.
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