SE PRESENTARON 40 TESTIMONIOS
Denuncian torturas en el Fusna durante
dictadura
PUBLICADO EL MARTES 7 DE AGOSTO, 2012
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Crysol, una organización de ex presos políticos uruguayos,
presentó la pasada semana una nueva denuncia penal por “torturas” y “tratos
degradantes” perpetrados en la sede del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna),
entre 1972 y 1985, donde narra con detalle los tormentos sufridos por los ex
presos políticos, hombres y mujeres, en dicho centro de detención.
La denuncia, patrocinada por los abogados Pablo Chargoñia y
Florencia Retamosa, recopila más de 40 testimonios de ex presos políticos sobre
los tratos “inhumanos y degradantes” y “torturas” perpetrados en el Fusna,
dependiente de la Armada
nacional.
En este sentido, el escrito recoge el cúmulo de información
recopilada sobre los tratos degradantes perpetrados en la base naval, incluido,
los testimonios de ex presos políticos y los propios militares, por la Justicia uruguaya, en el
marco de la indagatoria penal por el traslado clandestino de ex presos
políticos en 1978, y el relato del ex marino Jorge Tróccoli (prófugo de la Justicia uruguaya).
Asimismo, se ofrece la declaración del ex marino Daniel Rey Piuma, cuyo
testimonio permitió desentrañar los hechos ilícitos cometidos en dependencias
de la Armada.
La denuncia presentada por los ex presos políticos reclama
la calificación de los ilícitos cometidos por el personal militar como
“crímenes de lesa humanidad” y, por ende, imprescriptibles y de juzgamiento
obligatorio para los Estados. La indagatoria será tramitada por el juez Penal de
21º Turno, Daniel Ohanian, y la fiscal Raquel González.
Tratos crueles
La denuncia realiza un pormenorizado detalle de la
estructura jerárquica del Fusna y las actividades represivas desarrolladas en
la base naval, la cual fue caracterizada en el expediente penal por el traslado
clandestino de presos políticos en 1978 (donde fueron juzgados el ex dictador
Gregorio “Goyo” Álvarez y el capitán de navío –r- Juan Carlos Larcebeau) y por
el testimonio de los algunos militares.
La indagatoria penal tramitada por el juez Luis Charles y la
fiscal Mirtha Guianze permitió desentrañar los nexos entre la Armada uruguaya y la Armada argentina, en el
marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor, así como los operativos
contra los grupos “subversivos” impulsados por los servicios S-2 (“inteligencia
militar”) de la Armada. La
investigación permitió confirmar la existencia de “la computadora”, un
detallado organigrama de fichaje de grupos subversivos y sus integrantes,
conformado por detenidos “colaboradores”, y agentes del S-2 y del propio Fusna.
Asimismo, la denuncia narra los tormentos físicos y
psicológicos a los cuales eran sometidos los ex presos políticos y sus actuales
efectos. “Las secuelas en el cuerpo y en la psiquis fueron inevitables. Las
crisis emocionales se sucedieron, varias secuestradas debieron requerir
atención médica y una de ellas intentó suicidarse”. “Las víctimas
sobrevivientes hoy detectan enfermedades prematuras”, y muchas “compañeras
murieron aún jóvenes”, señala el escrito.
Los hechos narrados “constituyen prueba de una práctica
sistemática y planificada de persecución y tormento a opositores políticos
ejercida por agentes estatales en ejercicio de funciones abusivas e ilegítimas
que caracterizó el período de la actuación ilegítima del Estado y del
terrorismo de Estado”, lo cual implica una “violación planificada de derechos
humanos”.
“Quienes participaron de esas prácticas lo hacían como parte
de un aparato organizado en el que las tareas se distribuían para que el
conjunto operara conforme al designio de atormentar al detenido”, destaca. “La
situación de reclusión estuvo caracterizada por la aplicación de trato cruel,
inhumano y degradante, que formó parte de un modo de operación habitual. Al
secuestrado se lo torturaba sistemáticamente, tanto en situación de
‘interrogatorio’ como fuera de él”, agrega.
Por tanto, los delitos deben ser calificados como crímenes
de lesa humanidad, “imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y
persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los
derechos humanos y como garantía de no repetición”, expresa el escrito.
“Goyo”
La denuncia detalla diversos elementos recopilados en el
expediente penal por el traslado clandestino de presos políticos en 1978, que
culminó con la condena del ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, entre ellos, el
testimonio del ex comandante en jefe de la Armada , Juan Fernández Maggio.
“El Fusna tenía una misión muy específica, mediante
investigación propia o datos que se le pasaban, tenía la misión de hacer allanamientos,
detener, investigar e interrogar a personas vinculadas a la sedición”, afirmó
Fernández Maggio ante el juez Penal de 19º. Turno, Luis Charles.
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