DESAPARECIDOS. ACONSEJAN AL GOBIERNO DESARCHIVAR "DE OFICIO"

DESAPARECIDOS. ACONSEJAN AL GOBIERNO DESARCHIVAR "DE OFICIO"

Estado obligado a aplicar fallo de Corte IDH, dicen juristas

Dos abogados y un ex juez recomendaron además a los legisladores aprobar una ley por la cual se amplíen los plazos de prescripción de los "delitos de sangre" de la última dictadura.

Ejército. Este año dos tenientes realizarán el curso para ascender a capitán.

Los abogados Pablo Chargoñia y Juan Errandonea, y el ex juez Federico Álvarez Petraglia coincidieron en que el fallo de la Corte IDH, por el cual se declara que la Ley de Caducidad "carece de efectos jurídicos" por contravenir normas del derecho internacional, es de cumplimiento "obligatorio" para el Estado uruguayo. Los juristas disertaron, en el marco de una jornada de reflexión organizada por el grupo "Iguales y Punto", sobre las obligaciones del Estado para el cumplimiento de la sentencia en la causa "Gelman vs Uruguay".

En este sentido, el doctor Chargoñia aseguró que "todos los poderes del Estado están alcanzados por el ámbito de su competencia", ya que no se ordena su derogación, sino su desaplicación de hecho. Por tanto, "los jueces letrados están obligados hoy a cumplir la sentencia de la Corte IDH", en virtud del necesario "control de convencionalidad" entre la norma uruguaya y el derecho internacional. Los magistrados deberían consagrar la primacía de la Convención Americana sobre la norma jurídica uruguaya, estimó el abogado.

Asimismo, Chargoñia señaló que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de desarchivar "de oficio", sin necesidad de instancia de parte, todos los actos administrativos impulsados por anteriores gobiernos por los cuales se haya impedido la investigación de crímenes de la dictadura.

En tanto, el doctor Errandonea lamentó el último fallo de la Suprema Corte de Justicia por el cual se desestimó la aplicación del delito de "desaparición forzada", por significar un "freno" en el desarrollo de la jurisprudencia uruguaya en materia de derechos humanos.

El abogado destacó que en los últimos tres años el Poder Judicial estuvo en la vanguardia en materia de derechos humanos. Empero, "en mayo se contagió de un virus extraño", en virtud de no acompañar normas penales del ius cogens, como se hizo en la declaración de inconstitucionalidad de la norma de octubre de 2009.

Por su parte, el ex juez Álvarez Petraglia centró su participación en los caminos a seguir para la búsqueda de justicia. En este sentido, el letrado llamó a preocuparse por la realidad, ya que el último fallo de la SCJ acompañó un "discurso jurídico" por el cual los crímenes de la dictadura estarían prescriptos el próximo 1º de noviembre.

Álvarez Petraglia afirmó que la solución está en manos de los legisladores, en cuanto aprobar una ley por la cual se amplíen los plazos de prescripción de los "delitos de sangre" de la última dictadura, para los cuales "la prescripción no ha operado", siguiendo el camino impulsado por Alemania para la persecución de los crímenes del nazismo.

FRASES

Pablo Chargoñia.

"La Corte IDH obliga a los jueces letrados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad".

Juan Errandonea.

"La Ley de Caducidad ya ha sido desaplicada por los últimos gobiernos y el Poder Judicial".

Federico Álvarez Petraglia.

La ampliación de los plazos de prescripción es "una solución posible, una solución al alcance de la mano".

Pablo Chargoñia. Petraglia.

"Elevar los plazos de prescripción no sería dar cumplimiento cabal" a la sentencia de la Corte IDH.

Juan Errandonea. Petraglia.

"El Poder Ejecutivo debe notificar a los otros poderes del Estado del fallo (de la Corte IDH), estamos en junio y todavía no lo hizo en forma oficial".

Fuente: la República, miercoles

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Uruguay asume DDHH de ONU

Naciones Unidas.

Nuestro país asumió en representación de América Latina y el Caribe la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El cargo será desempeñado por la embajadora de Uruguay en Ginebra, Laura Dupuy Lasserre.

"Deseo agradecer a todos los países la confianza depositada en Uruguay y en mi persona para ocupar tan alto cargo, y en particular agradecer a la región de Latinoamérica y el Caribe, por nominarme como su representante en esta mesa, en el sexto ciclo del Consejo de Derechos Humanos", manifestó tras asumir funciones.

La embajadora recordó que su padre fue preso político y torturado por la dictadura uruguaya y consideró que su designación es "un homenaje para mi familia y para todos aquellos que han sufrido la dictadura en Uruguay como en los países de nuestra región".

Fuente: La Republica

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ONU pide a Brasil que investigue crímenes de la dictadura
14-06-11

El relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, realizó este pedido, luego de que llegarán al país procedentes de Suiza, más de 7.000 páginas de documentos sobre los delitos del régimenue gobernó el país entre 1964 y 1985.

El relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, reclamó a Brasil que investigue los crímenes cometidos por la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, luego de que fueran remitidas a este país 7.000 páginas de documentos sobre los delitos del régimen.

El pedido tuvo lugar el mismo día que la presidenta Dilma Rousseff desistiera de autorizar, al menos por el momento, la apertura de archivos secretos del Estado brasileño sobre casos de violaciones de derechos humanos durante la última dictadura, lo que causó una polémica entre miembros del gobierno.

Méndez hizo la solicitud al comentar la repatriación de miles de documentos que estaban guardados en Suiza y que quedaron en poder de la Procuración Regional de San Pablo, una medida celebrada por organismos de derechos humanos.

“Tengo esperanza en que los fiscales y jueces brasileños honren estos documentos, usando los archivos para abrir procesos contra los torturadores”, dijo Méndez a la prensa brasileña, según reportó la agencia de noticias ANSA.

El Consejo Mundial de Iglesias envió a Brasil tres cajas con 7.000 páginas de documentos que entre 1979 y 1985 fueron remitidos a Suiza por dirigentes humanitarios liderados por el entonces obispo de San Pablo, Paulo Arns, y el reverendo protestante Jaime Wright, en el proyecto conocido como “Brasil Nunca Más”.

El Consejo Mundial de Iglesias, que patrocinó el proyecto, guardó los documentos que las Fuerzas Armadas dicen haber perdido sobre la represión ilegal durante la dictadura, además de contener cientos de relatos de presos políticos y torturados.

Brasil nunca juzgó estos crímenes a raíz de la Ley de Amnistía sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979.

Esta mañana, la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvati, anunció que Rousseff decidió que los documentos secretos no serán abiertos.

La mandataria había respaldado un proyecto de ley que proponía liberar papeles secretos después de 50 años, pero aceptó revisar su posición tras los cuestionamientos del ex mandatario José Sarney, aliado del gobierno.

“Los documentos son parte de nuestra historia diplomática, no podemos abrir esos documentos; si no, vamos a abrir heridas”, declaró Sarney, presidente del Senado y uno de los principales referentes del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Analistas opinaron que Sarney quiere mantener ocultos documentos que pueden comprometer su pasado, especulación que él rechazó al afirmar: “No tengo nada que ocultar”.

Sin embargo, otros dirigentes oficialistas, como Marco Maia, presidente de la Cámara de Diputados, discrepan con el ocultamiento de esa documentación.

“La sociedad tiene derecho a conocer la historia, cuando mejor divulgada mejor, no veo ningún problema en ir liberando (documentos), no veo ningún problema”, sostuvo Maia.

Rousseff impulsa en el Congreso la conformación de una “comisión de la verdad” sobre los crímenes de la dictadura, a la que ella combatió en grupos de resistencia.

La mandataria estuvo presa casi tres años y fue víctima de torturas durante 22 días seguidos.

Fuente:ElArgentino