BRECHA
28 DE SETIEMBRE DE 2012
SAMUEL
BLIXEN
Identifican a nueva
víctima uruguaya del Cóndor en Buenos Aires
LUIS MICHEL CEBALLOS
El militante
desconocido
La
identificación de otra víctima del Cóndor confirma la existencia de un centro
clandestino de detención en Buenos Aires para la tortura de ciudadanos
extranjeros, anterior a Automotores Orletti.
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La denuncia sobre
el asesinato de un militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR),
ocurrido en Buenos Aires en diciembre de 1975 y del que no existía noticia,
permite reconstruir la historia de la represión de la dictadura uruguaya contra
esa agrupación, que se inició en Montevideo en 1973 y se prolongó hasta 1978
cuando los últimos militantes secuestrados en Buenos Aires fueron trasladados
hasta La Tablada ,
donde desaparecieron definitivamente. Luis Michel Ceballos, de 21 años, cuyo
cuerpo presentaba una veintena de impactos de bala, fue ejecutado en un
subsuelo de un hasta ahora desconocido centro clandestino de detención de la Policía Federal ,
donde muy probablemente fueron recluidos, interrogados, torturados y asesinados
algunos de los uruguayos secuestrados en Buenos Aires antes de la instalación
de Automotores Orletti, el centro de operaciones de los represores del Plan
Cóndor.
Ceballos, un
estudiante que militaba en el liceo número 8, donde en agosto de 1972 fue
asesinado Santiago Rodríguez Muela, decidió refugiarse en Argentina a
principios de 1975 para evitar la reiteración de periódicas detenciones, a
pesar de ser menor de edad. Su vinculación a las Brigadas Rojas y al PCR era
“periférica”, según confirmaron ex militantes de ese grupo político, pero
mantenía una relación personal con Carlos Federico Cabezudo, un militante de
ese partido secuestrado en Buenos Aires en diciembre de 1977, y cuya presencia
en La Tablada ,
Uruguay, fue confirmada por testimonios de prisioneros sobrevivientes.
A comienzos de
diciembre de 1975, Ceballos, que se había integrado a la estructura de los
exiliados del PCR en Argentina, viajó fugazmente a Montevideo con documentos
falsos para ver a su madre, gravemente enferma. Retornó a Buenos Aires, donde
trabajaba como zapatero. Semanas más tarde, su hermana, Susana, recibió una
llamada telefónica anónima, urgiéndola a que se trasladara a Buenos Aires
porque su hermano estaba “muy grave”; le dieron un número telefónico para que
se contactara en cuanto llegara.
Sospechando que su
hermano había muerto, Susana viajó el 1 de enero de 1976 en compañía de su
madre y su otro hermano, y al día siguiente concurrió a lo que supone era la
morgue. Un funcionario, que no se identificó, le pidió que reconociera el
cuerpo de un joven. Susana se descompuso y el funcionario le evitó el
reconocimiento directo: le mostró numerosas fotos que guardaba en una carpeta
de color verde. Michel Ceballos presentaba heridas de bala en el cráneo, en el
tórax y en el abdomen, según consigna el documento del Registro de Estado Civil
de la Municipalidad
de Buenos Aires. Nadie le informó a Susana sobre las circunstancias de la
muerte de su hermano, pero en el momento en que reconocía las fotografías
alcanzó a leer la carátula de la carpeta:“Ocho muertos. Un herido grave.
Nosiglia”. El funcionario señalaba con una lapicera las heridas que
aparecían en las fotos del cuerpo desnudo de Michel: “23 orificios de bala, no sufrió
nada”, dijo el funcionario, quien le entregó una tarjeta de una empresa
fúnebre, alertándola de que no contratara a ninguna otra porque esa empresa
–Canning, según recuerda– era la única autorizada.
Según relató a
Brecha, Susana Ceballos recibió días después la visita de Carlos Cabezudo,
quien desde 1973 se encontraba clandestino en Argentina: “Me recomendaba que no regresara a
Montevideo, pero en ningún momento me explicó qué había pasado con mi hermano;
deduje que Michel militaba con Cabezudo”.
GALERÍAS PACÍFICO
A su regreso
a Montevideo, Susana Ceballos recibió por correo una copia del certificado de
defunción de su hermano. El documento contenía una valiosa información que no
había sido explotada hasta ahora, y que vino a confirmar una denuncia
presentada por un ciudadano portugués, en febrero pasado, en la megacausa del
Plan Cóndor, que instruye el juez federal Daniel Rafecas.
Arturo Santana, realizador de televisión, había sido detenido en marzo de 1976,
requerido por su condición de militante montonero. Santana permaneció varios
días en un centro de tortura, que él presumía que estaba en un lugar céntrico
de Buenos Aires y que tenía tres subsuelos, uno donde se habían acondicionado
celdas precarias, y un tercero donde se realizaban ejecuciones, a estar por las
ráfagas y disparos que oían los detenidos.
ARTURO SANTANA.
FOTO: ELIANA GILET
Recién en 1987 Santana logró identificar el lugar donde estuvo detenido antes
de ser trasladado a Campo de Mayo. Tal como relató a Brecha, en su condición de director de
fotografía participaba ese año de la realización de una producción para la
televisión: Ciudad de los
pobres corazones, sobre el
álbum de Fito Páez y dirigida por Fernando Spiner, que se filmaba, en
parte, en un edificio de la avenida Córdoba, entre Florida y San Martín, que
acababa de ser declarado monumento histórico. Los dibujos de las baldosas del
piso le trajeron a Santana ciertos recuerdos y al recorrer los subsuelos
encontró en las paredes rastros del lugar donde había permanecido detenido en
marzo de 1976.
El realizador hizo una denuncia judicial pero ésta fue archivada.
Posteriormente el edificio sufrió importantes modificaciones cuando el gobierno
de Carlos Menem autorizó su enajenación para su conversión en un centro
comercial, las famosas Galerías Pacífico, que tomó el nombre de las
dependencias que allí habían funcionado, las del Ferrocarril al Pacífico, que
compartían espacios con la
Superintendencia de Policía Ferroviaria y con Coordinación
Federal.
En febrero pasado San tana inició una querella y en abril solicitó a la
justicia “libre oficio a la Policía Federal para que responda si en el 76
operó desde ese señorial edificio una delegación, comisaría o dependencia de
esa fuerza” y si allí
funcionó un polígono de tiro. El ciudadano portugués presume que en aquel
edificio la policía interrogaba y recluía a extranjeros, porque eran de esa
condición todos los que fueron trasladados desde allí a Campo de Mayo.
La denuncia de Santana coincide parcialmente con una afirmación del entonces
fiscal de la Cámara
Federal Luis Moreno Ocampo sobre la existencia, en las
dependencias de la
Policía Ferroviaria , de un centro clandestino de detención
que había funcionado entre 1977 y 1981 perteneciente al circuito ABO
(Atlético-Banco-Olimpo) bajo la tutela del general Guillermo Suárez Mason, por
entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército. El testimonio de Santana adelanta
la fecha de funcionamiento de ese centro de tortura a marzo de 1976.
Sin embargo, en el proceso de confirmación de la existencia de un centro
clandestino de torturas hasta ahora desconocido, se convirtió en un elemento
clave la partida de defunción en poder de Susana Ceballos. El documento detalla
que la muerte de Luis Michel Ceballos ocurrió “en
el interior de la finca sita en Córdoba 652 el 30 de diciembre de 1975 a las 16 horas”. El documento está firmado por el
oficial del Registro de Estado Civil César Gutiérrez Eguía, según certificado
médico de Mario Sebastián Rosenfeld.
Al recolectar los elementos para el inicio de una querella ante la justicia
argentina por el asesinato de su hermano, Susana Ceballos hizo protocolizar el
acta de defunción que había recibido por correo y, en compañía de la militante
de derechos humanos Lile Caruso, concurrió a la dirección donde, según el
documento, habían matado a Luis Michel. Ambas confirmaron que en Córdoba 652
radican las Galerías Pacífico. Simultáneamente, la publicación de una
entrevista a Arturo Santana, en la edición de Página
12 del 14 de agosto pasado,
permitió confrontar el testimonio del ciudadano portugués con la prueba
documental.
La confirmación de la existencia de un centro operativo en el microcentro de
Buenos Aires donde confluían detenidos extranjeros constituye una pista para
determinar dónde fueron interrogados y torturados, por personal policial y
militar uruguayo, algunos de los exilados desaparecidos o asesinados antes de
la inauguración, en junio de 1976, del centro clandestino Automotores Orletti.
Hasta ahora ningún organismo oficial, argentino o uruguayo, consignaba el
nombre de Luis Michel Ceballos como víctima de la coordinación represiva del
Río de la Plata ,
en parte porque sus familiares habían postergado la denuncia. Pero en otros
casos de uruguayos desaparecidos ocurridos en los primeros meses de 1976 las
informaciones son en extremo parciales: Nebio Melo Cuesta y Winston Mazzuchi,
ambos integrantes de la dirección del PCR, fueron detenidos el 8 de febrero de
1976 en un bar de la estación Belgrano por personas de particular que se
identificaron como personal de Coordinación Federal; ambos permanecen
desaparecidos y no se sabe a donde fueron trasladados. El 5 de abril de 1976
fue detenido Ary Cabrera, militante del PVP, fue secuestrado el 17 de abril de
1976 junto a Telba Juárez, cuyo cuerpo apareció dos días después en la
localidad de Barrancas. Hugo Gomensoro Josman – cuyo hermano Roberto fue
asesinado en Paso de los Toros- fue detenido junto con su compañera María del
Rosario Vallarino el 30 de abril; conducidos a un centro de torturas, María del
Rosario fue liberada días después; el cuerpo de Hugo fue allado en aguñas del
Río de la Plata
un mes después. Finalmente, el 18 de mayo de 1976 fueron secuestrados Rosario
Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz; sus
cuerpos aparecieron dos días después en el interior de un auto abandonado.
Nunca se supo dónde fueron torturados y asesinados.
Las decenas de uruguayos detenidos a partir de 1976 fueron todos recluidos en
Automotores Orletti hasta que ese centro clandestino fue cerrado a finales de
ese año. La existencia de un centro donde ahora funcionan las Galerías Pacífico
destinado a prisioneros extranjeros podría revelar dónde operó el Cóndor antes
de Orletti.
La
represión contra el PCR
El “PETISO” Nebio Melo y el “PELADO” Winston Mazzuchi fueron secuestrados el 8
de febrero de 1976, un mes después del asesinato de Luis Michel Ceballos, por
una patota que irrumpió en el bar Tala de la Estación Belgrano
C. Melo y Mazzuchi eran Militantes del PCR, al igual que Ceballos; pero a
diferencia de éste, aquellos nunca aparecieron.
Unos días más tarde, otra patota de unos 15 hombres fuertemente armados que se
movilizaban en autos Ford Falcon y que se identificaron como de Coordinación
Federal, allanaron la vivienda donde dos meses antes había residido Nebio Melo
junto a su esposa y su pequeña hija. Los nuevos inquilinos de la casa formularon
una denuncia en la comisaría de la zona. El comisario dijo desconocer el
operativo y luego de unas consultas informales les dijo que no se preocuparan,
que no había nada contra ellos. Y agregó: “Debe de tratarse de un grupo de
uruguayos que andan jodiendo”.
La convicción de que, por regla general, los operativos en Buenos Aires contra
refugiados uruguayos eran protagonizados por personal de la OCOA y del SID, policías y
militares que se trasladaban a Argentina, termina siendo confirmada, tarde o
temprano con el surgimiento de pruebas.
En el caso de la represión contra militantes del PCR refugiados en Buenos
Aires, documentos recientemente conocidos revelan que, precisamente por las
fechas en que fue asesinado Ceballos y desaparecidos Melo y Mazzuchi, estaba
presente en la capital argentina un capitán de caballería que en 1973 –y
probablemente antes- tenía como objeto prioritario de sus accionar la represión
contra militantes del PCR.
La presencia en Buenos Aires del capitán Juan Carlos Gómez no habilita afirmar
que estuvo involucrado en el asesinato y las desapariciones mencionadas. Pero
su historial permite sospechar algún tipo de participación. Numerosos
testimonios indican que Gómez tuvo participación activa en las torturas a las
que fueron sometidos muchos prisioneros recluidos en el cuartel del Regimiento
6 de Caballería; también se presume que participó en los interrogatorios a que
fue sometido a finales de 1974 Luis Eduardo González González, hasta hoy desaparecido.
Pero el hecho por el que está procesado y recluido en la cárcel de Domingo
Arena es el asesinato de Roberto Gomensoro Josman. Según el testimonio de
varios testigos, Gómez fue quien directamente asesinó a Gomensoro en la unidad militar
de Paso de los Toros. Por ese hecho también está procesado José Nino Gavazzo.
El cuerpo de Gomensoro fue encontrado en el lago artificial de la represa de
Rincón del Bonete por unos pescadores del lugar. Estaba envuelto en una malla
de alambre que sostenía piedras. Fue enterrado en el Cementerio de Paso de los
Toros como NN pero la cabeza fue conservada por el médico policial que realizó
la autopsia. Muchos años después un estudio de ADN confirmó que el cráneo
correspondía a Gomensoro, pero no pudo verificar la identidad del cuerpo
sepultado porque, curiosamente, cuando el caso comenzó a ser ventilado, las
tumbas fueron profanadas y los restos de aquel cuerpo hallado en el lago
desaparecieron.
La justicia procesó al hoy coronel Gómez, que permanece recluido pese a que,
recientemente, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, difundió
su convicción de que Gómez es inocente en el caso Gomensoro, quien habría sido,
a su juicio, asesinado en una unidad de Montevideo.
Si finalmente se inicia una investigación sobre los muertos y desaparecidos del
PCR, quizás pueda determinarse qué hacía el entonces capitán Gómez en Buenos
Aires a fines de 1975 y comienzos de 1976.
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