Complicidad de Estado

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2012

SE ADMITE “AQUIESCENCIA” CON LA JUP EN LA MUERTE DE RODRIGUEZ MUELA

Complicidad de Estado

Aprueban reparación integral a la familia del estudiante asesinado en el Liceo 8 en 1972. La Juventud Uruguaya de Pie no era del aparato estatal pero tenía su “apoyo”. El dictamen se presentará como prueba para reactivar la causa contra el mayor (r) Enrique Mangini Usera y la banda de la JUP que cometió el homicidio. La confesión de la complicidad del Estado convierte el caso en un crimen de lesa humanidad.

ROGER RODRIGUEZ/ rogerrodriguez@adinet.com.uy

Una comisión especial del Poder Ejecutivo se pronunció en favor de una reparación integral a la familia del estudiante Santiago Rodríguez Muela, quien fue asesinado en el Liceo 8 de Montevideo el 11 de agosto de 1972 “por personas vinculadas a una organización de extrema derecha (Juventud Uruguaya de Pie) que no eran agentes del Estado, pero que contaban con el apoyo y la aquiescencia de agentes del mismo”.

El informe, por el que se recomienda otorgar la indemnización económica prevista en el artículo 11, literal A, de la Ley 18.596, será presentado como prueba en la paralizada causa judicial contra la JUP que está en manos de la jueza penal de 8° Turno, Graciela Eustachio, quien ya había actuado en un caso similar cuando ordenó el procesamiento con prisión de integrantes del Escuadrón de la Muerte, que también atentó en aquellos años.

El juicio contra la Juventud Uruguaya de Pie fue iniciado el 23 de octubre de 2009 por la tía de Santiago, María Muela, quien denunció como responsable del crimen al mayor (r) Enrique Mangini Usera y otros siete miembros de la organización armada estudiantil que aparecen implicados en la causa criminal que originalmente había instruido en los años setenta el juez Milton Cairoli y que fue desarchivada dos años antes como prueba en un juicio de prensa.

En febrero de 2007 el mayor Mangini Usera propició un juicio por difamación contra un periodista del diario La República donde se reveló la participación que en el homicidio de Rodríguez Muela había tenido el militar, cuya identidad se investigó tras ser fotografiado armado en un juzgado al que ingresó, acompañando al torturador Eduardo Ferro, como guardaespaldas del general (r) Iván Paulós, quien por primera vez declaraba ante la justicia.

El expediente del juicio de prensa, en el que el periodista (quien suscribe) fue sobreseído en primera y segunda instancias, fue agregado como prueba en el reclamo de reparación previsto en la ley aprobada el 18 de setiembre de 2009 por la que se decidió reparar “integralmente a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”, cuando comenzó la transición de la dictadura.

María Muela había presentado la denuncia contra la Juventud Uruguaya de Pie cuatro días antes de que se aprobara la Ley 18.831 con la que la mayoría parlamentaria evitó que ese 1° de noviembre prescribieran las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura y ahora, a partir de la aprobación de la reparación familiar, podrá alegrar que ante la confesa complicidad del Estado en el caso califica como un imprescriptible crimen de lesa humanidad.

INFORME REPARATORIO

l dictamen que recomienda la reparación a la familia de Santiago Rodríguez Muela, valoró los testimonios surgidos de los expedientes judiciales y de un informe específico realizado por los historiadores de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, donde confirman el carácter político y terrorista de las acciones de la JUP, que se movía como aparato armado estudiantil del propio Escuadrón de la Muerte.

El instructor del caso señaló en su alegato ante la Comisión Especial creada por la ley reparatoria  18.596 que era elocuente el testimonio de la esposa del estudiante, que también estaba presente aquel 11 de agosto de 1972, cuando el homicidio se produce “en el marco de una asamblea de padres y estudiantes de dicho centro educativo, y perpetrado por una banda de la JUP que irrumpe de forma violenta en el mismo”.

De la prueba judicial también se subrayó el testimonio de José Luis Veiga, diputado del Partido Demócrata Cristiano, quien presidió la investigadora parlamentaria y en una de las causas judiciales declaró: “Dicha comisión pudo constatar que en el Liceo 8 una banda integrada por personas que en totalidad no eran de ese liceo, lo asaltaron y en el transcurso de ese episodio asesinaron a Rodríguez Muela”.

El informe, fundamenta la “aquiescencia” requerida por la ley en el propio testimonio del legislador “…los responsables del asalto estuvieron permanentemente comunicados, se les permitió declarar, se les permitió cambio de ropas y una buena presentación para ir al Juzgado en un obvio intento de obstruir a la justicia (…) De la investigación surgió también que las Fuerzas Conjuntas y la policía facilitaron la desaparición de armas, la presunta arma homicida fue vaciada en las afueras del liceo, todo lo cual quedó expreso en el trabajo de la Comisión”.

En las actas parlamentarias se destaca la denuncia del diputado Jorge Zeballos (Movimiento Nacional de Rocha): “Esas tres personas nos dieron la pauta de que ha habido negligencia policial y, además la absoluta seguridad de que quienes habían invadido el local y asesinado a Rodríguez Muela, recibieron un tratamiento preferencial de parte de las autoridades policiales. Y yo creo que esto es indignante, repulsivo y no concibo de las autoridades de mi país, a cualquier nivel, la protección indebida para aquellos que cometen un crimen”.

“Surge en consecuencia, de la prueba documental colectada, el indudable acaecimiento de un accionar ilegítimo de agentes del Estado que brindaron cobertura e impunidad y colaboraron en la obstrucción a la justicia (elementos básicos de la referencia apoyo o aquiescencia) en el homicidio perpetrado por un grupo de extrema derecha (JUP) al estudiante Nelson Santiago Rodríguez Muela.”, concluye el informe.

 E

Santiago

Nelson Santiago Rodríguez Muela había nacido el 4 de octubre de 1947 en el seno de una sencilla familia de trabajadores, con un padre empleado en la ANCAP y su madre dedicada a las tareas del hogar. El joven, que a los 21 años se había casado con Susana Escudero, era militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y trabajaba en la misma empresa pública que su padre, pero además estudiaba en el Liceo Nº 8 nocturno.

Entre abril y agosto de 1972 se registraron 230 atentados de corte derechista contra liceos, facultades y comités de base del Frente Amplio, en los que se pintaron consignas como "Viva Pacheco, Hitler volverá”, firmados por la MNG (Movimiento Nueva Generación), el CREI (Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes) y la JUP (Juventud Uruguaya de Pie), que encabezaría el ataque al Liceo 8 en el marco de otros atentados a centros de estudios.

Rodríguez Muela fue asesinado de un balazo en la noche del 11 de agosto de 1972 por una patota armada de la JUP que encabezaba Enrique Mangini Usera (sobrino del jefe del Servicio de Información y Defensa, coronel Ramón Trabal) e integrada por Claro Monalli, Ricardo Druillet, Haroldo Rosso, Homero Corbo, Wilfredo De Bellis, Juan Llugdar, Osvaldo Lencina, Milton Fernández y Juan Díaz Do Santos.

Siete de los miembros de la banda de la JUP eran mayores de edad y terminaron procesados por atentado a la propiedad privada por su asalto al Liceo 8, pero la causa por el homicidio de Rodríguez Muela que entonces (y aún luego del golpe de Estado del 27 de junio de 1973) instruyó el juez Milton Cairoli fue archivado, sin perjuicio, hasta su reapertura en 2009. En dictadura el grupo de “jupos” fue beneficiado por una amnistía a presos comunes.