JULIO CASTRO: LAS HUELLAS DEL PACTO

 JULIO CASTRO: LAS HUELLAS DEL PACTO

Caso Julio Castro: Expedientes judiciales evidencian pistas falsas de
militares

Samuel Blixen (Brecha)

El cúmulo de mentiras y pistas falsas que distribuyeron algunos
militares para prolongar su impunidad se vuelve ahora en un arma
contra ellos mismos si, como se promete, la orden es desenmascarar a
los homicidas.

¿Medio vacío o medio lleno?

Ante la confirmación de la manera en que fue asesinado el educador y
periodista Julio Castro, la determinación del comandante del
Ejército, Pedro Aguerre, de revocar –"si ha existido o
existiera"– un pacto de silencio –"del que no tengo
conocimiento"– para encubrir delitos dentro de la fuerza, es un
ejemplo acabado de ese deporte nacional que es la ambigüedad.

Puesto que en la misma declaración Aguerre fue enfático en que "el
Ejército no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o
delincuentes en sus filas", esa pueril aclaración sobre el
desconocimiento de la omertà militar debe interpretarse como una
concesión a los comandantes que lo precedieron y que, ni por asomo,
llegaron a los niveles de condena y de compromiso para enfrentar a "la
horda o algo similar" que campeó durante el terrorismo de Estado.

Es de estrategia elemental no abrir múltiples frentes de combate, de
modo que, más allá de la ambigüedad, es de suponer que el acento
principal de la declaración está en el rechazo frontal al
"encubrimiento de homicidas", y de ahí que, algunos –entre ellos el
ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro– tienen la
convicción de que, formalmente, el Ejército brindará nueva
información que permita avanzar en la búsqueda de la verdad sobre
qué pasó con las víctimas, y en el castigo a la "horda".

A menos que exista una disposición superior que ordene lo contrario,
el Comando del Ejército podría empezar por buscar y entregar los
archivos, parciales o totales, de los servicios de inteligencia, cuyos
contenidos siguen vedados para los jueces y fiscales y sin embargo son
utilizados en su página web por connotados inquilinos del penal de
Domingo Arena; la imposibilidad de ubicar los documentos relevantes
sobre las operaciones que culminaron con la desaparición y asesinato
de unos 200 prisioneros de la dictadura es una forma de ese
encubrimiento que Aguerre anuncia que combatirá.

El Comando podría tomar nota de las múltiples referencias en
expedientes de la justicia penal al pacto de silencio, no para
confirmar algo que se cae de maduro, sino para seguir la cadena del
encubrimiento, que aporta pistas sobre el papel de los cómplices.

Un ejemplo acabado de ese encubrimiento lo brindó, en 2007, el
general retirado Mario Aguerrondo (quien, incidentalmente, en 1993,
siendo jefe del Servicio de Información de Defensa, encubrió a los
asesinos del agente de la dictadura chilena Eugenio Berríos) cuando
compareció ante el juez que indagaba la desaparición de prisioneros
extraditados clandestinamente desde Buenos Aires en el llamado
"segundo vuelo". Aguerrondo había sido el jefe del Batallón 13 de
Infantería, en cuyos predios funcionó El Infierno o 300 Carlos, un
centro clandestino de detención que utilizaba las instalaciones del
Servicio de Materiales y Armamento.

Aunque por El Infierno pasaron cientos de detenidos, y muchos de ellos
desaparecieron –como la maestra Elena Quinteros–, el entonces
coronel Aguerrondo dijo ante el juez "que no sabe en qué período de
tiempo estuvo operativo el 300 Carlos" en el Servicio de Material y
Armamento, "porque un día aparecieron y así se fueron. Toda esa
gente que había ahí, evidentemente era de algún servicio
especializado", pero su ignorancia y recato eran muy profundos. Contó
que en 1975 el comandante en jefe Julio César Vadora
(convenientemente fallecido) "me dijo que iba a haber una operación
de inteligencia, que yo no apoyara ni interviniera de manera alguna y
que no iban a ir por el frente (...) se retiró un puesto de
vigilancia, de los tres que había se retiró el del fondo (...)
pensé que era algo muy grave, probablemente matar a alguno, pero no
pensé mucho", afirmó en el juzgado, como si ese "no pensar mucho"
atenuara su responsabilidad.

A diferencia de Aguerrondo, a quien el pienso le permitió admitir que
en el Servicio de Material y Armamento funcionó un centro clandestino
de detención, el jefe del sma, Lautaro May, apenas admitió que en el
predio hubo un galpón que "por orden del comandante Vadora, fue
desafectado del servicio del cuartel". Pero sostuvo que estaba
permanentemente cerrado, que allí no iba nadie, y negó que se
introdujeran en el terreno efectivos de inteligencia, ni prisioneros.
El segundo jefe, Hugo Bértola, confirmó los dichos de May y agregó
que "nunca vio a nadie, nunca tuvo indicios de que hubiera gente
dentro"; ninguno de ellos llegó a escuchar, claro, los insultos que
la maestra Elena Quinteros profería, en medio del dolor, a sus
torturadores y que eran registrados por todos los que permanecían
encapuchados en el galpón.

El encubrimiento impidió a la justicia determinar si la veintena
larga de prisioneros que trajeron de Buenos Aires en el segundo vuelo
(todos desaparecidos) fueron llevados al Batallón 13 o al Batallón
14. Según Gilberto Vázquez, el mediático torturador y asesino
recluido en Domingo Arena, "en 1974 o 75 se dio la orden de que no
podía aparecer ningún muerto, a mí me la dio el director del
servicio (Amaury) Prantl, pero venía del comandante en jefe del
Ejército, Vadora, era una orden verbal. Era por razones económicas
del país, había una crisis económica y había que dar una
sensación de estabilidad y tranquilidad". Ante una pregunta de los
magistrados, contestó que "los enterramientos clandestinos se hacían
en el marco de la orden de hacer desaparecer a todos los muertos".

Los miembros de la Comisión para la Paz abogados Carlos Ramela y
Gonzalo Fernández se inclinaron por acepar la versión aportada por
militares a los que entrevistaron en reserva, quienes afirmaban que
los prisioneros del segundo vuelo fueron llevados directamente al
Batallón 14, pero los jueces dejaron constancia de que todos los
elementos sugieren que pasaron primero por El Infierno. En el
expediente dejaron constancia de que "no pudo saberse, sin embargo,
quienes eran esos informantes, fue imposible ahondar judicialmente
sobre los puntos más importantes a esclarecer y el paradero de los
posibles restos no tuvo respuesta válida".

Una posible vía de información eran los pilotos que condujeron los
aviones. El brigadier general Enrique Bonelli admitió haber sido el
copiloto del avión C 47 que efectuó un traslado el 24 de julio de
1976, conocido como el primer vuelo. Pero no recuerda quién le dio la
orden verbal (fue "un superior que no recuerda"). Tampoco recuerda
quiénes integraban la tripulación, "él era el copiloto pero no
reveló quiénes eran el piloto principal y el ingeniero de vuelo",
consigna el expediente. Bonelli, siendo comandante de la Fuerza
Aérea, realizó una investigación sobre el segundo vuelo. Ante los
magistrados afirmó que "fue un vuelo nocturno".

No proporcionó los nombres de los tripulantes aduciendo que,
"siguiendo el tenor de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en cuanto a
continuar las actuaciones de la Comisión para la Paz, y lo
expresamente dispuesto en su artículo 3 del decreto que la formó,
orientó la investigación, no a conocer quiénes habían realizado el
vuelo, sino a conocer si efectivamente éstos se habían llevado a
cabo. Desconoce cuál fue el destino final de estas personas". La
misma amnesia exhibieron otros oficiales pilotos: Walter Pintos, Mario
Muñoz y José Pedro Malaquin (presunta tripulación del vuelo del 5
de octubre). Bonelli tuvo un desliz ante los magistrados; dijo no
saber los nombres de los pilotos de los dos vuelos, pero afirmó que
ninguno de la tripulación estuvo en ambos traslados.

En el expediente relativo a los traslados clandestinos se afirma que
"el propósito de los autores de los ilícitos es ocultar o destruir
las pruebas sobre la desaparición para mantener el crimen en la
impunidad. Ese pacto de silencio se prolonga al presente". Y agregan
los magistrados: "No sólo de silencio sino de construcción de pistas
falsas, de estrategias urdidas para desviar la dirección de la
indagatoria sobre el paradero de las víctimas".

Pasos en falso.

El general Carlos Díaz podría aportar elementos, en caso de que el
Ejército se ponga, efectivamente, a extirpar la complicidad con los
homicidas. Díaz fue quien recabó la información que supuestamente
indicaba el lugar exacto donde había sido enterrada María Claudia
García de Gelman, y quien señaló el "árbol cortado" en el cuartel
de Toledo, que supuestamente era la referencia del enterramiento. El
general Ángel Bertolotti, confiando en la información recabada con
criterios reservados, comunicó la novedad al presidente Tabaré
Vázquez, y éste anunció el lugar exacto donde, "en un 99 por
ciento", estaban los restos de María Claudia. Aún se sigue esa
búsqueda que, imprevistamente, permitió rescatar los restos de Julio
Castro.

Ni Bertolotti, ni Díaz, ni el general Pedro Barneix, revelaron quién
o quiénes dieron las pistas falsas, los "sitios de interés" que
impusieron recorridas extenuantes de autoridades judiciales,
an­tropólogos y familiares por senderos de un monte que, después se
supo, era donde se realizaban entrenamientos. El general Raúl
Gloodotfsky, que oficiaba de maestro de ceremonias en el Batallón 14,
nunca llegó a explicar quién le sugirió que mostrara simples
trincheras como si fueran fosas de enterramientos, y a identificar
como alteraciones del terreno de supuestas exhumaciones lo que eran
pozos de tiradores. Los cuatro generales mencionados podrán aportar
importantes insumos a la tarea de depurar al Ejército de "la horda".

Las informaciones falsas y las falsas pistas fueron aceptadas como
válidas por la Comisión para la Paz, en la medida en que, salvo
algunos contados casos, se incorporaban tales versiones en el informe
final. Así ocurrió en el anexo referido a Julio Castro, donde se
consignó que sus restos habían sido exhumados, incinerados y
arrojados al mar. La misma versión se incluye en el anexo de Elena
Quinteros y se detalla el mismo procedimiento –que Ramela confirmó
en el juzgado, en función del "testimonio de múltiples fuentes
militares y policiales" que "reconocieron expresamente haber
participado en ese operativo".

Por su parte, Gonzalo Fernández declaró ante el juez: "Cuando se
inaugura el Batallón número 14 con sede en Toledo, aproximadamente
del 73 en adelante o principios del 74, se nos informó que todas las
personas muertas en dependencias militares, cualesquiera fueren
éstas, fueron sepultadas en el predio del 14 lindero o lindante con
la ruta que lo atraviesa y que los militares identificaban con
mordacidad como 'Arlington', en alusión al conocido cementerio
militar estadounidense". Agregó: "Yo creo que quienes permanecían
sepultados en el 14 fueron removidos sus restos en el marco de la
llamada Operación Zanahoria en el año 1984". Los que Fernández
señaló en noviembre de 2003 como "indicios objetivos y bastante
significativos, a mi modesto entender, de que ella se realizó",
aludiendo a la llamada Operación Zanahoria, no encuentran, según los
magistrados, "sustento en la información obtenida".

El obrero de la construcción Horacio Gelós Bonilla fue torturado en
el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce y, según lo informado
por Fernández, su tumba, abierta, fue encontrada por unos
particulares en un predio cercano al aeropuerto de esa localidad,
confirmando la versión de militares de que los restos fueron
desenterrados, incinerados y arrojados al mar. Sin embargo el equipo
de arqueólogos descartó esa información. Fernández también
anunció "la desaparición (sic) de la tumba de Gomensoro Josman en el
Cementerio de Paso de los Toros y la ubicación de una nueva sepultura
de un niño exactamente en el mismo lugar".

El expediente afirma que "esos datos tampoco son ciertos. La tumba de
Gomensoro Josman no había sido nunca excavada entonces. Su cráneo
fue hallado en poder de un médico que había practicado la autopsia
en la época de la aparición del cuerpo. El antropólogo Horacio
Solla excavó después en el lugar por orden del señor juez de Paso
de los Toros, se localizaron restos óseos (pero no de un niño), que
están depositados en el Instituto Técnico Forense".

La contradicción entre el informe final de la Comisión para la Paz y
la realidad que dejó al descubierto el hallazgo de los restos de
Julio Castro, promovió una intensa controversia entre los que
respaldan la actuación de la Comisión y quienes afirman que el
informe avaló flagrantes mentiras de militares. Ramela, quien
recientemente denunció "canalladas" de quienes lo fustigan, resultó
en última instancia extremadamente crédulo con sus informantes
militares. Lo importante es que los equipos que investigan el destino
final de los desaparecidos están recabando informaciones que, muy
probablemente, permitan avanzar; será anecdótico si esas
informaciones desmienten a los informantes de Ramela y Gonzalo
Fernández. Y quizás, si los militares cumplen la orden de su
comandante en jefe, el flujo de información podrá acelerarse,
siempre y cuando no se reincida en la información falsa. n

Disculpas y demoras

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció ayer, en
una conferencia de prensa de la que participaron además los ministros
de Educación, Ricardo Ehrlich; de Interior, Eduardo Bonomi, y de
Relaciones Exteriores, Luis Almagro, la postergación para marzo de
2012 del acto público de disculpas del Estado uruguayo a la familia
del poeta Juan Gelman ordenado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (cidh) en su sentencia dada a conocer en mayo pasado. En la
misma rueda de prensa el gobierno hizo un balance de las medidas
adoptadas en el área de los derechos humanos.

"Se ha dispuesto todo lo necesario y hemos entablado contactos
permanentes con Macarena Gelman a los efectos de coordinar los
detalles públicos de reconocimiento de responsabilidad por parte del
Estado sobre los hechos de la dictadura", dijo Breccia. A su vez,
afirmó que "está en vías de realizarse" la indemnización ordenada
por la Corte como compensación del daño causado a Macarena Gelman.
Sobre el final, Almagro dijo que el procedimiento de extradición del
ex marino Jorge Tróccoli, requerido por la justicia de nuestro país,
continúa, aunque por el momento "no hay una decisión final sobre ese
tema".

MONTEVIDEO/URUGUAY/16.12.11/COMCOSUR AL DÍA