Uruguay fue admitido como parte civil en el procedimiento penal que tendrá lugar en Roma (Italia) contra una nómina de acusados uruguayos en su mayoria militares, pero también chilenos, peruanos y bolivianos, por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor

Del total de uruguayos enjuiciables una docena está en prisión, dos fallecieron y tres están en libertad

El viernes que pasó, en Italia, Uruguay fue admitido como parte civil en el procedimiento penal que tendrá lugar en Roma (Italia) contra una nómina de acusados uruguayos en su mayoria militares, pero también chilenos, peruanos y bolivianos, por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Del total de uruguayos enjuiciables una docena está en prisión, dos fallecieron y tres están en libertad (el general ( r) Iván Paulós, el capitán Pedro Mato y el capitán de navío Ricardo Chávez Domínguez). En un informe de la Cancillería, al que accedió LA REPÚBLICA,  se recuerda que “es la primera vez que un Estado sudamericano constituye parte civil en un proceso relativo a la tragedia de la desaparición de personas en Europa. Y lo ha hecho con convicción”.

En el informe, se señala que el Estado uruguayo demandará a los acusados por los siguientes crímenes, de acuerdo al Código Penal de Italia:  “Art. 81, c.p. delitos continuados; art. 422, c.p. masacre o matanza; art. 630, c.p. secuestro de persona con fines de extorsión; art. 575, 575, 576, 1° co., nn 1 e 4, 577 1° co., nn.2, 3 e 4, e 61 nn1, 2, 4 e 9, c.p. homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado”. Agrega que la penalidad prevista por el código penal italiano para todos estos delitos, salvo el de delito continuado, puede llegar a ser de cadena perpetua y en ningún caso existe la prescripción.

La Cancillería señala que la decisión de ser parte en el juicio obedeció a una decisión “meditada y decidida por el Estado uruguayo”, dice el informe,  “en la que participaron activamente la Cancillería y la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz para el pasado reciente, en consulta con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con los familiares de detenidos desaparecidos”.

Un equipo de trabajo coordinado desde la Cancillería, junto a la Secretaría de Seguimiento, recopiló y tradujo miles de fojas de documentos probatorios a ser presentados al Tribunal de Roma al que se sumó el asesoramiento permanente y apoyo del abogado del Estado uruguayo en Italia, Fabio María Galiani, quien actuó como representante jurídico ante el Tribunal de Roma. La Cancillería señala que haberse constituido en parte civil en este jucio tiene para Uruguay “un significado más profundo” porque “jamás en la historia se concibió al Estado uruguayo como una parte damnificada por los hechos acontecidos”. Ante el Tribunal de Roma, el Estado uruguayo “intentó lograr que se reconozcan los daños que también en aquel entonces sufrió el Estado como Comunidad” y que “la Justicia reconozca que Uruguay ha sufrido una lesión en sus más altos intereses”. “Esto implica un daño a la imagen interna e internacional del Estado, al respeto en el ejercicio de las funciones de protección de sus ciudadanos, incluidos aquellos descendientes de emigrantes italianos, que representan cerca de la mitad de nuestra población”, señala el informe. Más adelante, se afirma que los crímenes de la dictadura dañaron el Uruguay en su conjunto “no solo porque las víctimas eran ciudadanos uruguayos, sino además porque los responsables estaban ocupando cargos públicos y arrogándose el gobierno del país ilegalmente”. “Cometieron un abuso de las funciones estatales mediante la suspensión de los derechos constitucionales y democráticos del país por medios violentos”, agrega.

Por último, se señala que “en la audiencia del 11 de octubre, después que Uruguay e Italia expusieran sus argumentos en relación a los daños sufridos por cada Estado, justificando su solicitud de constitución en parte civil, el Tribunal de Roma ha expresado que al Estado uruguayo se le reconoce  `ancor di più`, que quiere decir `aún más` en italiano, la lesión ocasionada a los intereses colectivos que representa”. Para la Cancillería, “se ha escrito una nueva página de la historia” y “sin hacer distinciones políticas o ideológicas y con el objetivo de proteger un bien mayor, la tutela de todos los derechos ciudadanos por parte del Estado”.