Ricardo Perdomo, un luchador.

Bastiones de la vieja guardia tupamara se van…    Marzo 2013.

El pasado domingo 17,  recibimos la triste y  casi increíble noticia de la muerte del compañero Ricardo Perdomo.

Casi siempre nos sorprenden las  muertes  de compañeros, que acunamos en los corazones, a pesar de no haberlos conocido a muchos de ellos totalmente.

Pero las historias de compromisos de nuestra generación nos hermanaron tanto; que no es necesario muchas veces conocer sus rostros.

Sí,  la  transmisión de  luchas, de enterezas,  de coraje nos recrean las vidas de cada uno/a.

Muchísimos años han pasado  de sus primeros pasos;  hacia el compromiso revolucionario   gestado en aquella década de la guerra fría.

Donde un puñado de jóvenes  en las primeras filas marcaron un camino a seguir, entusiastas de los nuevos desafíos que asomaban en la pobre y sojuzgada América Latina. Y qué decir…  de nuestra sociedad inmersa en ese escenario con un historial de avasallamientos y privaciones en ascenso.

Pequeños faros de luz arriesgaron todo,  convencidos de que era la hora de la entrega a cambio solo de una mejor sociedad para los uruguayos. Pero mejor aún…para esa América sometida.

El precio en castigo por tal decisión nos lo harían saber en poco tiempo.

Las fuerzas golpistas nos tenían deparado los peores castigos que un ser humano pueda recibir: la tortura.

Y a otros la muerte prematura.

Ya otros el exilio,  la persecución incluso; fuera de fronteras.

Crímenes políticos sin más vuelta.

Ricardo permaneció preso desde el año 1972 hasta 1985.

Hoy velamos sus restos.

 -Se fue temprano- al decir de muchos compañeros, con 64 años a cuestas su corazón no resistió más.

Secuelas de las torturas afirmamos varios, el promedio de vida cada vez,  baja más.

Pero a  las secuelas de la tortura se le agregó otro aditivo pernicioso, que algunos profesan en estos tiempos progresistas: la retirada ideológica, la bajada de bandera.

El corazón no quiere emprender más retirada…

Se nos fue a otros lugares lejanos para abrir brecha seguramente.

Al pie de su féretro permanecía silenciosa una corona de flores bellas, frescas encargadas desde Suecia,  que en su cinta se leía: Familiares de Ronny Scarcella.

Un gran amigo y compañero de lucha que fue asesinado en –democracia- y que aún su crimen sigue impune.

Hasta siempre Ricardo!

Dos estrategias y un mismo objetivo contra Cuba

MIÉRCOLES, 20 DE MARZO DE 2013

Dos estrategias y un mismo objetivo contra Cuba

Ángeles Diez*.- En la semana del 10 al 17 de marzo se han paseado por el territorio español distintos personajes de la guerra contra la isla vinculados a dos corrientes políticas anticubanas distintas pero coincidentes en sus objetivos de injerencia y desestabilización de Cuba. Estuvieron Yoani Sánchez, Berta Soler y la hija de Oswaldo Payá. También se espera que a lo largo del próximo mes se incrementen las visitas y los actos de la “disidencia” aparentemente justificados por la recogida de premios de las instituciones europeas y medios de comunicación, así como por la que llaman “primavera negra cubana”. Coincidencias y pequeñas divergencias en sus declaraciones dibujan el mapa de dos opciones que corresponden a dos grupos de poder distintos en España y en EEUU, ambos con un único objetivo marcado por el imperio: acabar con la revolución y la soberanía cubana.

 Los sectores más vinculados a la administración socialdemócrata norteamericana llevan a cabo una estrategia más acorde con la teoría del “soft power” que busca la desestabilización interna a través de apoyo logístico, la financiación encubierta de sectores “moderados” de la oposición en el interior, organización de actividades culturales, y la captación de los intelectuales europeos progresistas. Se dirigen hacia la “sociedad civil” cubana y hacia los sectores ideológicamente más vulnerables como los jóvenes. Se apoyan más a menudo en los socios europeos afines, buscan alianzas, son menos cortoplacistas, más sistemáticos y responden a una visión más global de guerra contra los proyectos soberanistas que atenten contra los intereses estadounidenses en Latinoamérica. Personajes como Yonais Sánchez se construyen acorde con esta lógica de injerencia.

Por su parte, el partido republicano y una parte importante de la mafia cubano americana están conectados con los grupos caracterizados como “el exilio de Miami”, sectores que tradicionalmente han utilizado la vía terrorista, la confrontación más directa y han sido los defensores de la invasión. Son sectores más envejecidos y fundamentalistas que ven cómo se agota su tiempo. A través de la fundación cubanoamericana su estrategia se ha dirigido a la financiación directa de aliados ultraconservadores especialmente en España y en la República Checa. Son menos pragmáticos y más viscerales pero desde la desaparición de Mas Canosa, presidente de la Fundación Cubano Americana, ha sido frecuente su confluencia con la política exterior demócrata. Las damas de blanco han resultado ser buenos interlocutores para estos grupos recalcitrantes y también para la sección más reaccionaria de la derecha española vinculada a estos grupos de  Miami. Las dificultades de la administración norteamericana y su oficina de intereses en Cuba para controlar a este grupo, tal y como reflejan los informes de wikileakes, evidencian su predisposición natural hacia la política exterior tradicional de los republicanos pero también su visión oportunista capaz de adaptarse a cualquier circunstancia.

Estos dos caminos de confrontación con Cuba han convivido con pequeños altibajos dependiendo de la fase en la que se encontrara la política exterior estadounidense y las disputas internas de los socios europeos. También han surgido diferencias al interior de estos grupos de disidentes como en el caso de las damas de blanco entre la anterior portavoz Laura Pollán y la actual Berta Soler, relacionados con la apropiación de los fondos suministrados a través de la SINA (Oficina de intereses estadounidenses en Cuba). Pero la mayor parte de las veces ha primado el interés general de los EEUU que, desde el fracaso de la invasión de Playa Girón (1961) y la resistencia del pueblo cubano al bloqueo desde 1960, ha apostado por la construcción de la disidencia interna. Ciertamente en 54 años han tenido escaso éxito y la disidencia más sólida y numerosa se encuentra en el exterior de la isla. La propia Berta Soler reconocía en una entrevista a la BBC lo contenta que estaba porque en ocho años habían pasado de ser 8 a 115.

Los recorridos por la península  de Yoani, la hija de Oswaldo Payá y las damas de blanco, y los que tendrán lugar los próximos días reflejan la confluencia de intereses de las distintas administraciones estadounidenses pero también la utilización de la disidencia cubana al servicio de intereses más locales de nuestro país. Nos referimos a la confrontación entre una parte del partido popular liderado por Esperanza Aguirre y las “razones de Estado” del PP, ahora en el poder, para “normalizar” las relaciones con Cuba.

Conferencias, entrevistas, premios, encuentros con parlamentarios, etc. muestran que no hay divergencia de objetivos ni distintas disidencias sino distintos tipos de clientes.

Ejes de la campaña contra Cuba en España

Los personajes de la llamada “disidencia cubana” que han desfilado estos días por Europa con escala en el Estado Español han abordado en las entrevistas y discursos de los actos que se les ha programado temas comunes: la muerte del presidente venezolano, la inexistencia de cambios reales en la isla, su representación del pueblo cubano y los derechos humanos. Además han coincidido en salir al paso de las acusaciones sobre la financiación de sus actividades y han insistido en la unidad y buenas relaciones entre los disidentes. Los puntos de divergencia han estado en la especificidad del grupo disidente al que representan, en el caso de Yoani a grupos empresariales con interés en invertir en la isla y a jóvenes cubanos emigrantes económicos sin vínculo orgánico entre sí; en el caso de las damas de blanco al exilio de Miami, a la ultraderecha europea, y a la española en su particular guerra contra el gobierno de su partido.

¿Por qué se coloca en la agenda de la disidencia cubana el tema Venezuela? Más allá de la circunstancia concreta de la muerte del presidente venezolano, desde la perspectiva de la administración estadounidense actual, se trata de una oportunidad que hay que aprovechar en la guerra contra Cuba. Coloca a la isla en una situación de debilidad, no sólo por sus relaciones preferentes y de ayuda mutua con Venezuela sino porque desaparece la figura que lideraba el proceso de confluencia latinoamericano que ha sostenido una posición unánime de apoyo a Cuba. Hasta que se defina la continuidad o no por parte del nuevo gobierno venezolano que salga de las urnas la maquinaria propagandística se reactiva prácticamente en automático. Las declaraciones de Yoani sobre la muerte del presidente venezolano y la situación en la que queda la isla se insertan en esta lógica. Algo similar ocurrió con la guerra y ocupación de Irak en el 2003 que reactivó la campaña bélica-mediática contra la isla antes incluso de que arrancara la campaña  contra Iraq. Parece como si se siguiera el siguiente protocolo: se aprovecha la oportunidad de que la atención pública está centrada en otro conflicto y se reactivan otros frentes. Aunque evidentemente lo que estaba en juego en aquel momento tenía diferente calado para América Latina.

Tanto en el caso de Yoani como en el de Berta Soler los periodistas han servido en bandeja preguntas para contrarrestar la imagen de cambios significativos en la isla sobre economía, leyes migratorias, etc. Ambas han insistido en que su propia salida de la isla no tiene que ver con estas circunstancias, que se ha tratado de operaciones de maquillaje y que no está habiendo cambios reales en la isla. Negar la evidencia de su salida, de sus viajes y de hablar mal de su gobierno sin temer consecuencias, constituye un acto de cinismo, sin dudas, pero también señala uno de los principios básicos de la propaganda: la repetición de las consignas que se insertan en matrices de pensamiento ya prefijadas en las audiencias.

Los discursos sobre la libertad y los derechos humanos se ubican en dos campos distintos según sea Yoani quien hable de ello o Berta Soler. En el primer caso su participación en el campo de las nuevas tecnologías, las redes sociales, su intento de conectar con esa población dinámica, joven, individualista y con escasa formación política favorece que la consigna “libertad” sea una herramienta útil contra Cuba. El hecho de que las actividades de Yoani estén financiadas por empresas como Telefónica, responsable del despido de más de 3.000 trabajadores en España, o BBVA con miles de desahucios en su haber, ambas con fuerte implantación en América Latina y partícipes del expolio de esta zona, no parece crear contradicción. En el caso de las damas de blanco, como recoge la BBC, tras los acuerdos con el gobierno español para la excarcelación de los presos cubanos condenados por distintas actividades contra el Estado cubano al servicio de una potencia extranjera (2003) y la conmutación de todas las penas de muerte, estos grupos de opositores se han visto aislados internacionalmente. Muestra de ello es que Amnistía internacional ya no incluye ningún preso de conciencia cubano en sus informes. De modo que reactivar el discurso de la violación de derechos humanos, la represión del gobierno etc. es un intento de retomar el sentido de sus actividades opositoras de cara a la comunidad internacional.

La insistencia tanto de Yoani como de Berta Soler en negar su vínculo con el gobierno de EE.UU. no deja de apuntar hacia la financiación indirecta vía ONGs y sobre todo los premios siempre dotados con miles de dólares (financiación indirecta que demuestran las filtraciones de wikileaks) Pero son las leyes estadounidenses tanto la Ley Torricelli (1992) como la Helms-Burton (1996) las que permiten este tipo de financiación aunque parece que la opinión pública no asimila fácilmente la contradicción entre unas actividades desinteresadas “a favor del pueblo cubano” y la financiación de las mismas por el gobierno que le tiene declarada la guerra.

Finalmente, la particularidad del discurso de la representante de las damas de blanco hay que buscarla en el enfrentamiento entre los grupos afines a Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular y los más próximos a Mariano Rajoy. La entrevista que Televisión Española realizó a Berta Soler reproduce punto por punto la intervención de Esperanza Aguirre en Casa de las Américas en Madrid: los ataques al gobierno de Cuba, la falta de libertad y, específicamente, la puesta en duda del juicio a Ángel Carromero, presidente de las Nuevas Generaciones del PP que fue responsable de la muerte de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero al estrellar el coche que conducía. Mientras que el ministro de Exteriores, Jose Manuel García Margallo, no sólo dio por bueno el juicio sino que trata de “normalizar” las relaciones con Cuba. El caso Carromero se ha convertido en un arma importante de la expresidenta de la Comunidad de Madrid contra el gobierno central.

En los próximos días asistiremos a nuevos flujos de propaganda y podremos encontrar las coincidencias que responden a una estrategia común contra Cuba y también contra lo que Cuba representa para América Latina.

*Ángeles Diez, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuba y su conciencia revolucionaria. imágenes.

HOMENAJE EN CUBA POR LA MUERTE DEL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ FRÍAS

IMÁGENES. 

El nuevo pacto del Club Naval

        

                                                                                                                                                                 Cartilla para principiantes (III)

                                                  

                                             El nuevo pacto del Club Naval

Entre junio de 1968 y marzo de 1985, cientos de militares y policías torturaron, violaron mujeres y hombres, secuestraron niños, asesinaron militantes y desaparecieron forzosamente a muchos detenidos. En el Uruguay uno de cada quinientos estuvo preso por sus ideas políticas, fue una represión masiva, generalizada, sin límtes prácticamente, ofendió a la comunidad humana mundial tanto como a los tres millones de uruguayos. Idéntica naturaleza que los crímenes de los nazis contra los pueblos soviético y judío, o que los cometidos en Ruanda y en Irak, o los que hoy se cometen en Palestina por las tropas israelíes. Son crímenes contra la humanidad entera y deben aplicárseles las normas internacionales aprobadas por las naciones del mundo precisamente para estos casos de desborde de la barbarie y el salvajismo. Hechos incontrovertibles, innegables.

En Uruguay  esos criminales han sido protegidos por un acuerdo político no escrito, el Pacto del Club Naval consensuado en 1984 por cuadros del Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio. A cambio de que los mandos militares regresaran a los cuarteles y permitieran elecciones nacionales ( aunque fuera con proscripciones), quedó establecido que el Poder Judicial no juzgaría a quienes habían practicado con denuedo el terrorismo de Estado. La impunidad  “sobrevolaba o subyacía” el entendimiento político con los mandos militares, al decir del general Líber Seregni, uno de los dirigentes que consintió tan espúreo acuerdo.  

Una vez permitido el regreso de la democracia burguesa, en el entusiasmo primaveral las víctimas de terrorismo y sus familiares reclamaron justicia ante el poder judicial. Su valiente acción sirvió de excusa a los tuteladores para señalar con claridad los límites de la democracia formal, pues el general Medina escondió las citaciones judiciales a varios de los más notorios asesinos en el “coffre fort” de la comandancia de las fuerzas armadas. Su gesto brutal refrescó la memoria de los que se habían comprometido a hacerse los chanchos rengos; connotados defensores del orden establecido se sintieron en el “deber” de elaborar la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, hiperbólica denominación para un engendro que hincó de rodillas a la “clase política” ante el partido militar. Dicho sea de paso, meses más tarde algunas de sus víctimas intentaron lavar la imagen del general Medina acompañándolo candorosamente a repartir bandejitas de comidas a los escolares pobres.    

Cada vez que el movimiento popular quiso anular la caduca ley de caducidad,  los malabarismos de los cuadros políticos la mantuvo vigente. Pese  a ello, como las  bases frenteamplistas fueron la columna humana que sostuvo la lucha contra la impunidad, creció a ojos vista el caudal electoral de la fuerza política y decreció el de los partidos comprometidos en la defensa de los criminales. Esa es una de las razones, tal vez la pricipal, para que el responsable de finanzas de la Comisión de Notables por Verdad y Justicia (la del Voto Verde en 1989) fuera elegido como primer Intendente “progresista” de Montevideo en 1990 y quince años después, como primer presidente frenteamplista del Uruguay. A fines del 2004, Fernández, líder del pragmatismo y la entrega, asumió ante el Congreso del Frente Amplio que para ganar las elecciones era necesario mantener la vigencia de la infame ley que protegía a quienes fueron sus torturadores y los asesinos de sus hermanos de lucha revolucionaria. Puede parecer curioso al lector desprevenido, pero tan inmoral y poco ética postura obtuvo el apoyo de la mayoría de los congresistas y, con ello se trastocó, de hecho, la columna de la verdad y la justicia en base ideológica y política del olvido y el perdón.

La impunidad “progresista”

Asumiendo como propios los compromisos del Club Naval, una vez asumida la presidencia de la república Tabaré Vázquez enloqueció a la opinión pública con sus gambetas y zigzagueos endiablados. Hacía como que buscaba la Verdad y la Justicia (autorizó, por ejemplo, las excavaciones en los cuarteles en busca de restos de desaparecidos) pero ayudó a institucionalizar definitivamente la impunidad  como política del Estado uruguayo. Se opuso con uñas y dientes a la anulación de la ley aberrante y pretendió hacer una especie de “día del perdón” con los 19 de junio, fecha en que se recuerda el nacimiento de José Artigas, caudillo de una de las pocas revoluciones agrarias del siglo XIX.

Pese a la magnitud de los obstáculos, en el 2009 la lucha popular casi, casi, logró echar abajo la ley que protege a los asesinos de las normas internacionales. Para sostener la impunidad otra vez salieron de las penumbras algunas de las más renombradas víctimas a cortar el paso del Juicio y Castigo. José Mujica demostró ser un demagogo tan hábil y falso como Tabaré: firmó públicamente en favor del plebiscito por la anulación de la ley de impunidad, pero durante toda la campaña  electoral mantuvo al respecto un ominoso silencio sobre la aspiración popular de verdad y justicia. Su actitud sembró confusión en el electorado y sectores de militancia frenteamplista sabotearon el llamado Voto Rosado. Hubiera bastado conque Mujica hiciera una mínima señal de apoyo a la anulación, para que hoy día no existiera la inmoral ley de caducidad que continúa siendo el fondo del problema según expresó la primera senadora Lucía Topolansky. Mujica optó por sumarse a quienes defienden la impunidad consagrada en el pacto del Club Naval, voluntad en ese entonces ya reforzada por las negociaciones secretas del más famoso ladero del presidente ex-guerrillero.  

Como reconoce la propia dirigencia del Frente Amplio, la gestión del gobierno de Mujica se destaca por la ineficiencia general y, en particular, en lo referente al programa popular, vivienda, educación y salud. En cambio ha sido extraordinariamente eficaz para fortalecer y aceitar la maquinaria policíaco militar, dejándola en inmejorables condiciones de armamento, movilidad y funcionamiento, pronta para futuros desmanes y malones terroristas. Para justificar el fortalecimiento del brazo armado del capitalismo, Mujica, Fernández y Bonomi predican la peregrina idea de que han cambiado muchísimo, ahora son “profesionales” y ello les impediría cometer nuevamente los crímenes que cometieron en el pasado. Como si los policías “profesionales” no torturaran en las comisarías y las “profesionales” tropas israelíes no fueran las responsables del genocidio al pueblo palestino. Por el contrario, a mayor “profesionalidad” mayor capacidad técnica para la tortura, la violación, el asesinato y la desparición forzosa. Están aceitando la guillotina que caerá sobre la cabeza del pueblo uruguayo.

Es el discurso y la práctica de olvidar y perdonar que la derecha destaca y aplaude tanto como la política económica del gobierno. El compromiso de las víctimas arrepentidas con los victimarios es destacado como una  demostración de altruísmo y “humanismo”, cuando en realidad, lo único que demuestra es el abandono de los principios y los valores que los llevaron a pretender la transformación revolucionaria de la sociedad. Llegaron al gobierno gracias a su aura guerrillera y al haber sido torturados como rehenes, identidad que se quitaron de encima porque les molestaba para las transas con los dueños del Uruguay, las corporaciones transnacionales y el imperialismo. Con el consentimiento y apoyo de los parlamentarios y los dirigentes del Frente Amplio, el cuarteto Mujica-Fernández-Topolansky-Bonomi instaló una atmósfera ideológica que convierte al Uruguay en santuario para los criminales impunes.

El santuario de la impunidad

En las condiciones santificadas por el “progresismo” la derecha encontró el campo más favorable para que prosperaran sus ideas linderas con el fascismo. Las claudicaciones abrieron las puertas a dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que representan una amnistía de hecho a los criminales del terrorismo de Estado. La primera fue la remoción de la Jueza Mariana Mota que obstaculiza la rápida  diligencia de las 55 causas contra militares y policías y la segunda es la sentencia que declara incostitucional el mamarracho de ley interpretativa, aprobada por los parlamentarios frenteamplistas para eludir el desafío de anular la ley de caducidad. El Pacto del Club Naval ha sido reflotado por la Corte de In-justicia, cuyos ministros ingresaron a la magistratura durante la dictadura militar, cuando no cualquiera podía acceder al cargo de juez. El gesto brutal de la Corte, equivalente al del general Medina en 1986, fue aprovechado por el Partido Colorado y el Partido Nacional, que se sienten derrotados de antemano y están buscando hacer política allí donde tienen poder, como en la Suprema Corte de Justicia. Están renovando sus credenciales antipopulares y antidemocráticas, quizás estén pensando en una escalada y en ejercer presiones desde otros de sus centros de poder, como los mandos militares y los gremios del latifundio. Volveremos a tener en el escenario la antigua santa alianza reaccionaria.

El nuevo empuje de la impunidad no logra opacar la necesidad histórica de verdad y justicia. Ella renace y se recrea. Porque son sentimientos arraigados muy profundamente en el espíritu de los pueblos y porque desvirtúa de hecho todo el discurso liberal que sustenta la democracia burguesa. Los privilegios de los criminales, dada su condición de militares y policías, contradicen rotundamente la terna ideológica de la revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. A la natural aspiración de verdad y justicia, malherida por los administradores del poder judicial, sólo le queda el parlamento como posibilidad de respuesta institucional. Luego del gambito de la Corte, al parlamento le toca jugarse por la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios básicos desde el origen del sistema republicano y mucho más fuerte que la mentada separación de poderes. En el santuario de la impunidad los parlamentarios frenteamplistas podrían jugarse por la verdad y la justicia y anular la ley de caducidad de una vez por todas.   

Pusilánimes

Una ley puede echar abajo a otra ley. De hecho, en el empuje primaveral de marzo de 1985, el parlamento dominado por los partidos tradicionales aprobó la ley No. 15.738 que en su primer artículo elevaba a la categoría de leyes los “actos institucionales” de la dictadura y en su artículo segundo anulaba 18 de esas leyes aprobadas en el anterior. El recordado Helios Sarthou -¡qué falta hacés, viejo querido!- abundó en varios escritos doctrinarios sobre la capacidad del parlamento para anular aquello que él mismo aprobó.

La ley de caducidad contradice toda la legislación internacional sobre los derechos humanos, esas leyes que hicieron posible la condena de los criminales nazis en Nüremberg y que harán posible la condena de los genocidas que visten el uniforme de los EEUU.   

La ley de caducidad contradice la propia Constitución del Uruguay, como confirmó  una sentencia de la Suprema Corte para uno de los casos concretos. .

 ¿Por qué el Frente Amplio no hace valer su mayoría en el Parlamento y la anula de una vez por todas? No existen argumentos legales para no hacerlo. Puede argumentarse, como he leído por ahí, que este caprichosa Suprema Corte declararía inconstitucional una ley de tal índole....bueno, muchachos, entonces habría que convocar al pueblo de verdad, no como se hizo el lunes 25 de febrero. El pueblo en la calle es la única garantía de Verdad y Justicia.

Quizás la única razón política para mantener la vigencia de la ley de caducidad sea el compromiso con los mandos militares; la mayoría de los sectores del Frente Amplio continúan consintiendo el apoyo dado por el general Seregni al Pacto del Club Naval.  Algunos descargan sus responsabilidades culpando a  Víctor Semproni por sus deplorables actitudes, olvidando como presionaron a Guillermo Chifflet para que entregara su banca pero le perdonan la vida al diputado del Espacio 609. Anular o no la ley de impunidad coloca al MPP en un brete: pinta en los muros “Fuerza Mota” y “Verdad y Justicia” al mismo tiempo que sus mandarines negocian en secreto con los militares y pidieron la cabeza la Jueza Mota. La situación está siendo un detector para las mentiras y versos de Topolansky y asociados. Es como cuando votaron el ingreso de los SEALs a territorio nacional o cuando callan sobre el escándalo de las camionetas yanquis patrullando calles de Montevideo.... en el Espacio 609 podrán decirse muy antimperialistas, pero sus manos levantadas  niegan sus dichos. El único resultado de la pusilanimidad es el desprestigio del parlamento y de la institucionalidad burguesa... el pueblo uruguayo terminará como el italiano,  votando payasos.  

Estamos ante la reedición del Pacto inmoral y nada ético entre los mandos militares y los cuadros políticos. Un nuevo acuerdo no escrito, implícito en las guiñadas, los gestos y las conductas. Por eso no los voto más y menos todavía a Tabaré.

3 de marzo de 2013.

Jorge Zabalza 

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jorge zabalza

El amanuense de la Corte

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 1 DE MARZO DE 2013


GONZALO AGUIRRE: ENTRE LOS INDAGABLES Y EL FALLO DE CHEDIAK


El amanuense de la Corte


Pocos manifestantes reconocieron debajo de su sombrero negro y saco marrón, al hombrecito que con un diario y un cuaderno rojo bajo el brazo, salía presuroso del Palacio de Justicia en medio de la manifestación de apoyo a Mariana Motta. El ex vicepresidente Gonzalo Aguirre estaba dentro del edificio en el que debía jurar la jueza trasladada y donde el ministro Jorge Chediak daba los últimos ajustes al relato de la sentencia que declaró inconstitucional la ley de prescripciones y vuelve a imponer la impunidad en Uruguay.


ROGER RODRIGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy

 El 4 de febrero de 2011, Caras y Caretas publicó un artículo titulado ‘La ofensiva de los indagables’ en el que se exponía el plan de acción que para liberar a sus camaradas presos había instrumen­tado el autodenominado Foro de Libertad y Concordia que, integrado por militares retirados, había salido en “maniobra general” con el “propó­sito” de lograr “formar opinión pública, psicosocial y política” para alcanzar el objetivo de su misión, “en princi­pio por medios legales”. Veinte días más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaba a Uruguay por el caso Gelman.

Entonces se inició el proceso que concluye ahora con el traslado de la jueza Mariana Mota y el pronuncia­miento de la Suprema Corte de Justi­cia (SCJ). En aquel artículo también se explicaba que el vocero de la orga­nización, coronel José Carlos Araújo, había publicado en las páginas inter­nas de la publicación de la Cooperati­va de Ahorro de Oficiales de las Fuer­zas Armadas un plan de operaciones que sería comandado por un “Grupo Coordinador” integrado por represen­tantes de las “tandas” (generaciones) de promoción, que se subdividiría en “secciones” que incluían la “política y psicosocial”, “propaganda”, “jurídica”, “prisioneros”, “organización”, “familia”, “internacional”, “finanzas y logística”, “inteligencia” y “militar”.

Luego de un primer embate propa­gandístico en las redes sociales, la organización Libertad y Cambio pa­reció ir perdiendo fuerza en la medida en que quedó asociada a una serie de organizaciones de confeso se­llo nazi a nivel internacional y de la antichavista UnoAmérica cuyo líder, Alejandro Peña Esclusa, estaba preso en Caracas por portar explosivos para atentados en los comicios legislati­vos de aquel país. En el entorno del grupo de indagables se llegó incluso a editar un video en el que se adver­tía de posibles acciones militares y también se desarrollaron visitas a or­ganizaciones internacionales en las que se planteó que los militares eran “presos políticos”.

Sin embargo, donde Libertad y Con­cordia fue desarrollando su mejor tra­bajo fue en la sección “jurídica”, que debía cumplir el objetivo de “ejecu­tar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el derecho penal del enemigo, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)”. En ese escenario fue que comenzó jugando el ex fiscal de Corte Miguel Langón, quien terminó siendo desplazado por el constitu­cionalista Gonzalo Aguirre Ramírez, quien en marzo de 2011, junto al ex presidente Jorge Batlle, se reunía con el presidente de la SCJ, Leslie van Rompaey, para presionarlo en contra de la jueza Mota.

La ‘ofensiva’ de 2011 no pudo im­pedir el procesamiento del coronel Tranquilino Machado por el homici­dio del estudiante Juan Ramón Peré en 1973, ni el del coronel Carlos Cal­cagno, por un delito de desaparición forzada (Santana-Inzaurralde) que le tipificó la jueza Mariana Mota; pero, particularmente, el grupo fracasó al no poder impedir la aprobación de una ley que pospuso la prescrip­ción de los delitos que se instaura­ba aquel 1° de noviembre. En 2012 los “indagables” hicieron un cambio táctico y pasaron a una “defensiva militar” (verCaras y Caretas del 18 de febrero de 2012) por la que todos los abogados se coordinaron con el objetivo de trancar los expedientes, derivarlos a tribunales de alzada y, finalmente, plantear la inconstitu­cionalidad de la Ley 18.831 ante la SCJ. Y así ocurrió…

SUPREMA PARA RATO

La historia, sin embargo, habría co­menzado a entretejerse un poco antes: el 19 de octubre de 2009, cuando a siete días de la elección de legisladores y presidente, en comi­cios en los que se definían los ple­biscitos por el voto consular y el voto rosado, la SCJ reveló un inesperado dictamen en el que cambió un fallo anterior y consideró inconstitucional la ley de la caducidad de la preten­sión punitiva del Estado en el caso de Nibia Sabalsagaray. El fallo tuvo dos efectos: por un lado, desalentó a quienes dudaban del voto rosado y los impulsó a no sufragar ya que la caducidad había terminado; por otro, aunque nadie lo suponía, se abría una indagatoria en la que un general en actividad, Miguel Dalmao, sería procesado con prisión.

El proceso de Dalmao, al que seguiría el de Machado, fue la antesala de una previsible segunda ola de juicios so­bre la dictadura, que se desprendían de la inicial causa contra el dictador Juan María Bordaberry que estaba en manos de la jueza Mota y la fiscal Ana María Telechea, quienes reabrie­ron los casos Gelós Bonilla, fusilados de Soca, Leonardo de los Santos, un  ‘paquete’ de veinte muertes en pri­sión y nuevas denuncias que por torturas realizaban las víctimas de cada unidad militar. La aparición de los cuerpos de Julio Castro y Ricardo Blanco fue el corolario de esa serie de logros en la lucha por la verdad y la justicia de quienes sufrieron viola­ciones a sus derechos humanos.

Pero dentro del Poder Judicial había comenzado a visualizarse un pro­ceso extraño, a partir de la asun­ción de nuevos ministros de la SCJ en cuya designación el Frente Am­plio tuvo que aceptar las propues­tas del Partido Nacional. Una SCJ que llegó para quedarse un tiempo. El ministro Jorge Ruibal Pino ascen­dió por antigüedad en 2007 y se mantendrá hasta cumplir 70 años en 2015; Jorge Larrieux fue pro­puesto por los blancos en 2008 y seguirá hasta 2016, cuando llegue a la edad máxima; Jorge Chediak, votado en 2009 con apoyo nacio­nalista, puede seguir como minis­tro hasta 2019; mientras que las dos últimas incorporaciones, reali­zadas en diciembre de 2012, posi­bilitan que Ricardo Pérez Manrique y Julio César Chalar permanezcan en el cargo hasta 2017.

Los tres ministros más antiguos fue­ron los que el 13 de abril de 2011 vo­taron un reacomodo del organigrama judicial y crearon el Tribunal de Apela­ciones en lo Penal de 4° Turno, que re­cibió prácticamente todos los recur­sos que los abogados de los militares plantearon en cada causa judicial por delitos de la dictadura. Ese tribunal, integrado por los doctores Ángel Cal Shaban, Alfredo Gómez Tedeschi y Jorge Catenaccio, fue el que cambió la tipificación que el juez Ruben Sa­ravia había imputado al coronel Tran­quilino Machado por la muerte de Peré y decidió aplicar la Ley 18.831, que los jueces penales habían evi­tado usar para eludir recursos de in­constitucionalidad que de inmediato interpusieron los defensores. Así, se sumaron recursos ante la SCJ.

GONZALO EL MAGNO

Gonzalo Aguirre Ramírez nació en Montevideo el 25 de enero de 1940. Nieto del caudillo blanco Juan Andrés Ramírez Chaín, su vida quedó marca­da desde que eligió la carrera de de­recho. Integrado al Movimiento Na­cional de Rocha, en la dictadura fue secretario del Triunvirato de Mario He­ber, Carlos Julio Pereyra y Dardo Ortiz, que dirigía al Partido Nacional en su semiclandestinidad. Pudo ser vícti­ma de los vinos envenenados que mataron a Cecilia Fontana de Heber en 1978, a cuyos responsables les dio la impunidad.

Hace treinta años, en 1983, Aguirre participó en las negociaciones del Par­que Hotel y cuando fracasaron redac­tó, junto al ex vicepresidente colorado Enrique Tarigo, la proclama que el actor Alberto Candeau leyó frente al Obelisco a los Constituyentes. Acompañó en la fórmula presidencial a Alberto Zuma­rán en 1984, cuando Wilson Ferreira Aldunate quedó proscripto, y terminó siendo el vicepresidente de Luis Alber­to Lacalle en la victoria blanca de 1989. Dos veces apoyó a su primo Juan An­drés Ramírez en los siguientes comi­cios, pero no lo votaron. Frustrado, se dedicó al ejercicio de su profesión y al periodismo.

A la salida de la dictadura fue el autor de la ley 15.738 que dio fuerza legal a las leyes del Consejo de Estado, abro­gándose el legislador facultades que reestablecieron la Constitución viola­da e incluso interviniendo en el texto de la misma. Algún día se estudiará la responsabilidad que tiene esta convali­dación selectiva de algunas normas del Consejo de Estado y de otros órganos del gobierno de facto en algunos de los traspiés que hoy sufrimos en nuestro ordenamiento constitucional.

En este tiempo Aguirre ha sido un referente de cuanta discusión cons­titucional se produjo. Pergeñó el sis­tema de balotaje (que pospuso una elección el ascenso al gobierno del FA), tildó de inconstitucionales el impuesto barométrico y el aumento de la contribución de Montevideo, la superestructura de inteligencia de Sanguinetti en 2000, el contrato de capitalización del Banco Comercial en 2003, defendió el subsidio de Jorge Larrañaga en 2004, estuvo en contra de la ley de procedimiento policial en 2008, rechazó el voto del senador Óscar López Goldaracena por defender víctimas de la dictadu­ra y hasta consideró fuera de lo que parece ser su carta magna las reco­mendaciones contra la violencia en televisión. Ahora volvió a facturar con la inconstitucionalidad del impuesto a la tierra (ICIR).

Desde 2005 los militares se transfor­maron en buenos clientes. Primero, fue asesor contra la interpretación de la ley de caducidad impulsada por el secretario de Presidencia, Gonza­lo Fernández, y en 2006 patrocinó a quince represores ante la exclusión de la caducidad en el caso Gelman y en el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. A mediados de 2008 los asesoró en recursos con­tra el IRPF y logró una declaración de inconstitucionalidad de la SCJ que le habría reportado una cuota de tres mil pesos por cada uno de los 1.200 oficiales beneficiados (varios de ellos denunciados por crímenes de la dictadura). Desde entonces aseso­ra instituciones castrenses.

Aguirre pasó a tener el protagonismo en la estrategia de los defensores de los militares a partir del contundente fallo internacional del caso Gelman y de una serie de debates impulsados por organizaciones de derechos hu­manos en los que se calificaban los delitos como crímenes de lesa hu­manidad y, por tanto, imprescripti­bles. Ésa fue la batalla jurídica que se sustanció en el foro interno del Poder Judicial, donde no resultan ajenas las medidas ejemplarizantes contra fis­cales y jueces que sintonizaban con  las propuestas del derecho interna­cional. Como antes había ocurrido con la fiscal Mirtha Guianze, la mira se puso en el fiscal Ricardo Perciba­lle y en la jueza Mariana Mota. Ambos fueron sacados del ámbito penal.

EL AMIGO DEL JUEZ

El 30 de noviembre de 2010, cuando se cumplieron 30 años del plebiscito de 1980, el Parlamento hizo un par­ticular acto recordatorio en el que se rechazó aquel intento de reforma constitucional de la dictadura. En uno de los palcos quedaron juntos el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramí­rez, el ex presidente Julio Sanguinet­ti y el entonces presidente de la SCJ, Jorge Chediak. A los márgenes del trío, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el presidente José Mujica.

Aguirre, Sanguinetti y Chediak tuvieron un animado diálogo que quedó regis­trado en imágenes. Aguirre había sido el corredactor de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (idea­da por el diputado blanco Héctor Martín Sturla); Sanguinetti, el presidente que promulgó aquella ley de impunidad; y Chediak, el ministro relator de la sen­tencia que en 2009 calificó de incons­titucional a la Ley 15.848, permitiendo que el general Dalmao termirara preso por la muerte de Sabalsagaray. Sólo diez días antes del encuentro en aquel acto, Diputados había dado media sanción al proyecto de ley interpretativo de la caducidad para dejarla sin efecto. Curiosamente, Chediak volvió a ser el ministro re­lator en la acordada que ahora con­sideró inconstitucional la ley contra las prescripciones votada en 2011 tras un año de idas y venidas duran­te el cual el FA no logró imponer su disciplina partidaria para imponer la mayoría de votos que tiene en am­bas cámaras. Chediak utilizó en su recurso los mismos fundamentos con que Aguirre había atacado la ley. Algunos, incluso, creen ver la letra del constitucionalista en algunos de los alegatos del relator de la SCJ, que también dio argumentos de fondo en contra del fallo de la Corte Interame­ricana de Derechos Humanos por el caso Gelman y se sumó a Aguirre en la teoría de que el derecho interno se impone sobre las normativas interna­cionales. La sentencia de Chediak pa­rece un punto final.

Chediak había sido propuesto por el Partido Nacional por su acercamiento al ex presidente Luis Alberto Lacalle, quien durante el debate en el Senado nombró con particular afecto al juez de la SCJ: “No sé cómo calificar la interven­ción del Poder Ejecutivo en el trámite de la ley de caducidad cuando se le tiene que dar cuenta para que establezca si está incluido o no ese concepto […] No obstante, puedo decir que una vez que se excluye, la interlocutoria que decreta el archivo tiene valor de cosa juzgada. ¿Saben dónde se encuentra esto? En una sentencia redactada por un ministro y ex presidente de la Su­prema Corte de Justicia –gran amigo y jurista–, el doctor Jorge Chediak, en la que se declara inconstitucional la ley en el caso Sabalsagaray”, alegó el ex mandatario.

La buena relación entre colegas y correligionarios podría tener otras repercusiones si, como se mencio­na en corrillos judiciales, el aboga­do Gonzalo Aguirre Ramírez estuvo visitando semanalmente al ministro Jorge Chediak en su despacho de la sede del Poder Judicial antes de que se terminara de redactar y se divul­gara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucio­nal la ley de las prescripciones. Ca­sualmente, Gonzalo Aguirre estaba dentro del Palacio de Justicia el mismo viernes 15 de febrero cuando la jueza Mariana Mota, acompañada por una multitud de personas, jura­ba como jueza en el área civil. Aguirre, quien tropezó en las escaleras, fue captado por la cámara de la fotógrafa Martha Passeggi cuando, con sonrisa nerviosa, se alejaba de la manifesta­ción en la que había quedado metido.

Paradójicamente, en el ejercicio de la presidencia de la SCJ, el propio Che­diak impulsó la acordada N° 7.688, por la que la Justicia uruguaya asu­me los “Principios de la Ética Judicial Iberoamericana”, cuyo artículo 3° señala que “el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias –directas o indirectas– de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial” y en su artículo 15° impone que “el juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”.

Mota recurrió

La jueza Mariana Mota presentó un recurso para que la SCJ revoque la reso­lución N° 70/2013 del 15 de febrero por la que fue trasladada del Juzgado Penal de 7° Turno al Juzgado Civil de 1° Turno y rechaza que su cambio de destino obedezca a “razones de mejor servicio”. “En mi caso no solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto. Es más, con­sidero que el traslado decidido contraría el buen servicio que reclama la Constitución”, sostiene.

“La decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las cau­sas en que se investigan graves violaciones a los derechos humanos [que] se verán demoradas por el necesario lapso que demande su conocimiento por parte de la nueva titular. Esta paralización aún temporal es contraria a lo que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sen­tencia que condenó al Uruguay en el caso Gelman vs Uruguay que sostuvo en su fallo ‘que las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración de los procedimientos aunado a que, pese a tratarse de un caso de graves vio­laciones de derechos humanos, no ha primado el principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables’”, dice la jueza.