viernes, 31 de agosto de 2012

acto por el Dia Internacional del detenido-desaparecido




NO ACEPTARÁN "CONCILIAR" CON LAS FFAA


La República.
NO ACEPTARÁN "CONCILIAR" CON LAS FFAA

Familiares critican “uso indebido de leyes”

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reivindicó ayer su lucha en busca de los restos de los detenidos desaparecidos por el accionar represivo de la dictadura, y destacó que es una “obligación” del Estado reparar en forma integral a las víctimas de su accionar ilícito.
La proclama, leída por Óscar Urtazún en el marco del Día Internacional del Desaparecido, hizo un pormenorizado racconto de todos los hechos detrás del golpe de Estado en Uruguay y el plan represivo impulsado por la dictadura, así como un análisis de la actual coyuntura en materia de búsqueda de la verdad sobre los hechos del pasado. “Estamos construyendo memoria”, dijo Urtazún.
En este sentido, la proclama de Familiares afirmó que “no se puede construir el futuro si se olvida el pasado”, criticó a quienes desde la izquierda dejaron de luchar por la “memoria”, y afirmó que no se aceptará que “la desaparición forzada es cosa del pasado, mientras se continúe con esa práctica en América Latina”.
Al mismo tiempo, Familiares destacó el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia (ex Secretaría de Seguimiento de la Comipaz) y de jueces y fiscales que “buscan darle luz a la noche oscura del Poder Judicial en los años de la dictadura y tiempos posteriores”.
Además, Urtazún dijo que no se aceptará “conciliar” con las Fuerzas Armadas y sus cómplices “que mantienen secuestrados” a sus familiares, que el Estado está “obligado a reparar la dignidad de las víctimas” y que no se someterá la “legitimidad” de su lucha “al uso indebido de las leyes vigentes”. Por tanto, el reclamo de memoria, verdad y justicia continúa vigente, aseveró.

jueves, 30 de agosto de 2012

Hasta la fecha, 24 de los 167 desaparecidos fueron hallados


La República.

17 FUERON RECUPERADOS EN ARGENTINA, 5 EN URUGUAY, 1 EN CHILE Y 1 EN BOLIVIA

Hasta la fecha, 24 de los 167 desaparecidos fueron hallados


Solo 24 de los 167 uruguayos considerados detenidos desaparecidos, por la actuación de los servicios represivos de las dictaduras del Cono Sur, fueron hallados desde el retorno de la democracia. El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, dijo que la información “sigue secuestrada”


.Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizará hoy, a las 18.00 horas, un evento en la Plaza Libertad, al conmemorarse el Día Internacional del Desaparecido, donde se leerá una proclama con el posicionamiento de la organización en la actual coyuntura social y política, en torno al tema de los detenidos desaparecidos.
La proclama será “un homenaje” a los desaparecidos, con la reivindicación de las ideas históricas de “memoria, verdad y justicia” y el reclamo de continuar y profundizar la búsqueda de sus restos, explicó Oscar Urtazún, quien será el encargado de leer la proclama, a LA REPÚBLICA.
En este sentido, la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, presentada por el equipo de historiadores de la Comisión de Seguimiento en 2011, estableció en 167 los uruguayos desaparecidos durante la actuación de las dictaduras del Cono Sur, de los cuales solo 24 fueron hallados desde el retorno de la democracia.
La amplia mayoría de los desaparecidos “recuperados” (17) fueron hallados en la República Argentina, y solo cinco en Uruguay (ver recuadro). Asimismo, los trabajos en busca de detenidos desaparecidos permitieron la aparición del militante del MLN, Enrique Lucas López en Bolivia, y de Mónica Benaroyo en Chile, destaca el informe.
El último uruguayo cuyos restos fueron identificados fue el ex militante del PVP, Alberto Mechoso. La historia oficial indicaba que Mechoso había sido presuntamente trasladado en forma clandestina al Uruguay en el “Segundo vuelo”, tras su detención en Argentina. Los análisis genéticos, empero, confirmaron que el cuerpo de Mechoso fue arrojado a las aguas del canal de San Fernando (Buenos Aires) en un tambor metálico e inhumado como NN, junto a Marcelo Gelman.
“Sigue secuestrada”
El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, aseguró que pese a que se continúa trabajando en busca de restos de detenidos desaparecidos, “está faltando información” y, especialmente, “la disposición a nivel militar de entregar la información”.
La Comisión de Seguimiento (de la Comipaz) ha tenido un nuevo impulso, pero está faltando la información. Son los militares quienes tienen la cuota de información que está faltando, pero la siguen secuestrando”, afirmó Errandonea a LA REPÚBLICA.
Errandonea destacó que, tras la asunción del general Pedro Aguerre como comandante en jefe del Ejército, existió “un cambio de discurso”, pero “no se vio plasmado en los hechos”. “El discurso quedó en el discurso”, dijo Errandonea.
En este sentido, recordó que las Fuerzas Armadas aún no iniciaron ningún Tribunal de Honor a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, “ni siquiera a los condenados”. “Si no se toman medidas concretas es un discurso vacío”, recalcó. Por tanto, reclamó una “voluntad clara y definida” de las autoridades con “medidas concretas” para la búsqueda de la verdad.
Recuperados en Uruguay
Las autoridades uruguayas identificaron a cinco ciudadanos desaparecidos, por el accionar represivo de la dictadura, desde el retorno de la democracia. Los primeros restos identificados fueron los del joven militante del MLN, Roberto Gomensoro Josman, en 2002. Posteriormente, fueron hallados los restos de Ubagesner Chaves Sosa Fernando Miranda (ambos en 2005), el maestro Julio Castro (en 2011) y Ricardo Blanco Valiente (en 2012).

martes, 28 de agosto de 2012

LA SAL DE LA TIERRA



LA SAL DE LA TIERRA

Este
libro fue escrito dentro del penal de Punta de Rieles, a fines de 1982, por un grupo de presas políticas, y que en la introducción resumían así:

Siempre hemos buscado crear o recrear episodios u obras de diversa índole (literaria, teatral, musical, etcétera) para enriquecer nuestra vida tan recortada por la circunstancia misma de la cárcel.

También tratamos de acompañar la vida de nuestra gente, a pesar de la separación impuesta. Una de las tantas formas es conmemorar dolores y triunfos de nuestro pueblo y de otros pueblos en lucha, así como los hechos políticos que van sucediéndose que significan avances, y cosas internas como los cumpleaños o las libertades.

Navidad y fin de año, por ser parte de la tradición popular, y no por razones religiosas, merecen también para nosotras una forma propia de celebración. Son días en los que se siente especialmente no estar en nuestras casas y necesitamos hacer cosas que nos afirmen colectivamente en nuestra capacidad y empeño de construir, de vencer límites, de alguna manera, de vencer la cárcel.

Nos dividimos en dos grupos de trabajo. Uno de ellos quería hacer una obra de teatro. Había que encontrarla.

Ese año hubo hechos que introdujeron el tema de la condición de la mujer y su participación política y social, generando diferentes niveles de interés y de intercambio. Entre ellos se destacaba especialmente el grado de movilización de nuestras madres, a las que vimos crecer como mujeres, pasando de su calidad de amas de casa a la de personas comprometidas en la lucha por la libertad y dignidad humanas, es decir a compañeras.

El grupo de teatro quería recoger esta inquietud. Después de mucho pensar recordamos el guión de una película que resultaba adecuada a ese fin. Se trataba de La sal de la tierra, coproducción estadounidense-mexicana, que relata una huelga de mineros mexicanos que luchan por la equiparación con sus pares del Norte, quienes merecían de la compañía mejores niveles salariales y mejores condiciones de trabajo. La acción de las mujeres, compañeras de los obreros en huelga, define el conflicto y determina su victoria.

Como complemento a la preparación de esa obra, y buscando una generalización del tema, organizamos una especie de concurso literario, sin premio, cuyo tema era genéricamente “La mujer”. Este libro es el resultado.

Un subgrupo se encargó de recepcionar los textos y armar el libro, con los precarios elementos disponibles. Se pasó en limpio, se complementó a último momento con algunos dibujos copiados de pinturas o fotos que teníamos a mano. Se le hizo una carátula ilustrada. Necesitaba un título y decidimos que fuera también La sal de la Tierra, por entender que expresaba la intención del trabajo. En la antigüedad la sal era un elemento precioso por ser vital para la humanidad y ser escaso. Por extensión “sal de la Tierra” se usa para referirse a cosas de particular excelencia.

Fue leído por primera vez en la jornada del 25 de diciembre de 1982 en una ronda de mate y cuento, por todas las presentes, respetando el anonimato de las autoras. Esto se decidió simplemente porque se trata de un producto colectivo.

No pretendimos calidad literaria sino una búsqueda conjunta de mejor valorizar nuestra condición de mujeres, como otro medio de desarrollar la conciencia de la doble explotación de la mujer. Nos buscamos, nosotras, en la intención de reconocer la entrega, el sacrificio, el dolor e incluso la opresión de nuestras semejantes.

Esta obra, con todo lo que aspira y todos los límites que tiene, pertenece, como nosotras, a nuestro pueblo.

Cabe decir, finalmente, que la mayor parte de las autoras permanecen presas, del lado de adentro de los muros, luchando por corresponder al esfuerzo militante que terminará derribándolos.

En ese deber y esa confianza entregamos algo nuestro para que sea Nuestro.
(Agosto de 1984)

Treinta años después...
En los meses siguientes a la publicación de este libro salieron de la cárcel todas las presas políticas; las últimas de ellas el 14 de marzo de 1985.
Esta nueva edición de La sal de la Tierra pretende rescatar uno de los trabajos creativos con que las presas dignificaban su vida resistiendo el olvido y los intentos de destrucción intelectual y social.

Muchas de las mujeres que se empeñaron en la escritura de estos textos ya no están entre nosotros. Ellas son Mabel Araújo, Esther Uribasterra, María Julia Menvielle, Rosina Carro, Yessie Macchi y Julia Armand Ugón. También se fueron la mayoría de las madres de las presas del sector C, donde se forjó este libro: y que fueron baluarte de la lucha por la amnistía general e irrestricta que terminó liberando a sus hijas e hijos.

Dedicamos a ellas esta nueva edición.

(Agosto de 2012)
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EN VENTA EN NUESTRA SEDE: NICARAGUA 1332 - Ap. 205 (casi Av. Libertador)
Tel.: 2929 1625
precio: $ 150,-
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Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Tel.: +598 - 2 929 16 25
Nicaragua 1332 apto. 205
Montevideo-Uruguay
www.familiaresdedesaparecidos.blogspot.com
Web: www.desaparecidos.org.uy

El codo de la justicia


PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2012

FOTO: El documento desclasificado demuestra que las unidades militares realizaban requisitorias de ciudadanos.

SEGUNDA PELOTA: TRIBUNALES DE APELACIONES CAMBIAN FALLOS JUDICIALES

El codo de la justicia

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno modificó dos fallos judiciales en causas de derechos humanos. El coronel Walter Gulla quedó en libertad al considerarse que Horacio Ramos se suicidó en el Penal de Libertad en 1981. También se exculpó al Goyo Álvarez por la muerte de Roberto Luzardo. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, sostiene que el coronel Juan Carlos Gómez es inocente del homicidio de Roberto Gomensoro Josman y posibilita una apelación que puede recaer en el mismo tribunal de alzada.
TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy

Los fallos judiciales a los que trabajosamente llegaron fiscales y jueces en casos de violaciones de los derechos humanos, luego de años de indagatoria en los que debieron enfrentar el pacto de silencio, la ley de caducidad, la complicidad de militares en actividad y retiro, amenazas y presiones, la falta de archivos d

 esclasificados y hasta la desidia de quienes dirigían los tres poderes del Estado, pueden ser cambiados por los ministros de un nuevo Tribunal de Apelaciones creado hace un año por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La acción del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno, que propició planteos de inconstitucionalidad de la ley por las prescripciones y ya anuló sentencias contra el dictador Gregorio Álvarez y los asesinos de Ramón Peré, aparece como la continuidad del calvario que sufren los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura, quienes, luego de treinta años de lucha y cuando creían comenzar a acceder a la justicia, ven cómo todo vuelve a fojas cero.
Los recientes pronunciamientos del tribunal de alzada aparecen como un ingrediente más de la ofensiva sobre el proceso de alcanzar la verdad en el sistema judicial, que incluye las presiones sobre la ex fiscal Mirtha Guianze, los sumarios contra la jueza Mariana Mota, el traslado de fiscales comprometidos con las causas de violaciones a los derechos humanos, y otros movimientos impulsados por quienes procuran impedir el esclarecimiento de lo ocurrido en los años de la dictadura militar.
En ese escenario apareció el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, testificando públicamente que el coronel retirado Juan Carlos Gómez, procesado por el homicidio de Roberto Gomensoro Josman, podría ser inocente ya que, según una investigación realizada por sus asesores, aquella muerte ocurrida en 1973 se produjo en el Regimiento de Artillería N° 1 y no en una unidad militar de Tacuarembó como afirmaron testigos a la jueza actuante.
El líder de la frenteamplista Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) criticó públicamente a la magistrada y dio argumentos a los defensores del militar que propiciarían una apelación contra el procesamiento que puede recaer en el propio Tribunal de 4° Turno. Militantes por los derechos humanos, por su parte, criticaron al Ñato y con documentos refutaron sus afirmaciones sobre que las unidades militares no intervenían en la requisitoria de los ciudadanos.

UN TRIBUNAL DE CUARTO
El 13 de abril de 2011, los cinco integrantes de la SCJ decidieron un reacomodo del organigrama judicial y crearon el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno, que “actuará exclusivamente en todos los asuntos de su competencia, que se inicien a partir de la fecha de su constitución hasta el 31 de agosto”, para equilibrar su trabajo con el de los otros tres tribunales de alzada que hasta entonces existían.
Al frente del nuevo tribunal fueron designados los jueces Ángel Cal Shabán (quien actuaba en Apelaciones de 1er Turno), Alfredo Gómez Tedeschi (que provenía de Apelaciones de 2° Turno) y Jorge Antonio Catenaccio Alonso, a quien se había otorgado la venía como ministro de alzada sólo una semana antes. En sus manos quedaría, desde entonces, la confirmación o anulación de todas las sentencias que los jueces penales venían haciendo y que los implicados decidieran apelar.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno pasaría a tener un singular protagonismo en los casos de derechos humanos que, con la amenaza de una prescripción de las causas, en esos días agregaba tensión a un escenario judicial y político que desde principios de año venía sufriendo la ofensiva de un grupo de oficiales retirados que reivindicaban la actuación de la “lucha antisubversiva” y rechazaban una nueva serie de procesamientos de militares por delitos en la dictadura.
En diciembre de 2011 ese tribunal tuvo un fallo trascendente: confirmó el procesamiento del coronel Tranquilino Machado por la muerte del estudiante Ramón Peré, en 1973, pero cambió la tipificación dispuesta por el juez de 3er turno, Ruben Saravia, quien había imputado al militar un delito de “homicidio muy especialmente agravado” por considerar que había existido un “impulso de brutal ferocidad” contra la joven víctima. Sin embargo, el tribunal entendió que debía sentenciarse el delito de “homicidio simple”, crimen que los ministros no consideraron prescripto porque aplicaron, por primera vez, la flamante Ley N° 18.831 que, ante la posibilidad de que todas las causas de derechos humanos prescribieran aquel 1º de noviembre, el Parlamento había aprobado de urgencia el 27 de octubre anterior y que le devolvía al Estado la “pretensión punitiva” que con la ley de caducidad había perdido en 1986.
Pero el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno tenía otra implicancia solapada: posibilitaba que los abogados defensores de Machado interpusieran un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley N° 18.831 que hasta entonces no había aplicado ningún juez penal y que todos los fiscales que actúan en causas de derechos humanos habían evitado alegar. Si la SCJ resolviera que esa ley lesiona la carta magna, todas las causas de derechos humanos habrían prescripto.

“SANA CRÍTICA” DE ALZADA
En su corta existencia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno también impuso jurisprudencia con un histórico fallo en el que ratificó una sentencia de la jueza del Crimen Organizado, Graciela Gatti, en la que admitió que la “mercadería en tránsito” puede ser incautada, ya que debe cumplir las leyes nacionales aunque esté sujeta al no pago de impuestos; pero el tribunal terminó de adquirir su mayor protagonismo en sólo veinte días en que anuló las sentencias por las muertes de Roberto Luzardo y de Horacio Ramos.
El 2 de agosto se supo que los ministros del tribunal decidieron revocar el procesamiento del dictador Gregorio Álvarez (sigue preso por otros crímenes), dictaminado por el juez penal de 1er turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, quien le imputó un delito de homicidio muy especialmente agravado por el caso de Roberto Luzardo, quien falleció en el Hospital Militar en 1973. Luzardo, detenido junto con otros dos tupamaros, era acusado de ejecutar al hermano del Goyo Álvarez y habría muerto desahuciado por orden del general.
El tribunal (ahora integrado con la jueza Myriam Méndez López en lugar de Gómez Tedeschi) consideró que “la prueba relevada a la luz de las reglas de la sana crítica, no reúnen los elementos de convicción suficientes que habiliten el procesamiento dispuesto, ni aún con el carácter provisorio inherente al mismo”. La resolución redactada por Cal Shaban y votada por Catenaccio Alonso dice: “Los médicos que estuvieron en contacto con Luzardo no refieren ni recuerdan que se hubiera omitido la asistencia” o “hubiera existido una orden de algún mando militar de que no se prestara asistencia al paciente”.
El 17 de agosto se conoció un nuevo fallo del tribunal de alzada, por el que contravino –otra vez– al juez de 3er turno, Ruben Saravia, quien había ordenado el procesamiento con prisión de los coroneles retirados Walter Gulla y Enrique Rivero por la muerte de Horacio Ramos, quien apareció “suicidado” en su celda de la ‘isla’ del Penal de Libertad el 30 de junio de 1981. Los ministros retiraron la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” contra Gulla y de “encubrimiento” sobre Rivero.
Esta vez la redacción de la sentencia correspondió a Méndez López, quien explica cómo el tribunal rebatió totalmente la instrucción realizada por el juez Saravia, a partir de una nueva reconstrucción del hecho solicitada por Catenaccio. Para los ministros, Ramos pudo suicidarse “si se tiene en cuenta que el occiso era conocido como ‘El Gorila’ porque tenía unos brazos más largos que los […] y que de su buen estado atlético dan cuenta todos los testimonios, aunque tuviera lumbago, no cabe sino concluir que la hipótesis de que se colgara de la reja con su faja es absolutamente posible”.
Los jueces también rechazaron la autopsia histórica realizada por forenses ya que “la prueba pericial debe apreciarse como toda otra, según las reglas de la sana crítica y en función de la totalidad de las probanzas incorporadas a la causa. Bajo esta óptica y por las consideraciones que vienen de exponerse el Tribunal concluye, que la autopsia sicológica carece del suficiente valor conviccional para afirmar que no existió una conducta suicida, que por lo demás no la descarta”. Gulla quedó libre y Rivero sigue preso porque se pidió su condena por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa.

UNA DE CAL, OTRA TAMBIÉN
El juez Ángel Manuel Cal Shaban tiene un extenso trayecto como magistrado en lo penal. En 1992 tuvo a su cargo el sonado caso de las prostitutas de Milán surgido a raíz de una investigación de la periodista María Urruzola publicada en Brecha. Ordenó entonces el procesamiento de Jesús Miguel Fernández Peña por proxenetismo, de los empresarios Alfredo Martínez y Jorge Martínez por asistencia a la asociación para delinquir, del abogado Víctor Della Valle por encubrimiento y de los funcionarios policiales Héctor Cor Canabé y Víctor Hugo Rocha por omisión de funciones.
Cal Shaban fue presidente del Tribunal de Apelaciones de 1er turno desde 2005 y encabezó la polémica investigación contra el juez penal Federico Álvarez Petraglia, quien renunció a su cargo en 2010 tras denunciar a otro juez por revelar la identidad de un testigo protegido en una causa de narcotráfico. Cal también ordenó volver a interrogar a quienes participaron en Ciudad Vieja en la marcha anticapitalista de noviembre de 2005 en la que dos jóvenes fueron procesados por sedición. Su tribunal liberó a los hermanos Rupenian tras unos meses de cárcel por un fraude tributario de 250 millones de pesos.
Entre los miembros del tribunal de 4° turno, el juez Juan Antonio Catenaccio Alonso ya había tenido a su cargo, en abril de 1990, una denuncia penal contra el general Julio César Vadora, por las muertes de Ivo Fernández Nieves, Amelia Lavagna y otros. Consultó al Poder Ejecutivo de la época sobre si podía continuar la indagatoria y el 25 de junio recibió la respuesta firmada por el presidente Luis Alberto Lacalle y el ministro de Defensa, Mariano Brito, donde el caso fue amparado en la Ley de Caducidad.
Catenaccio entró al Poder Judicial en 1981 como defensor de oficio de Cerro Largo y en setiembre de 1983, aún en dictadura, ingresó a la magistratura como juez de paz. En 1987 fue designado juez de primera instancia en Rocha, en 1989 lo trasladaron a Las Piedras y en setiembre de ese año pasó a ocupar el juzgado penal de 1er turno en Montevideo, donde se desempeñó hasta julio de 1993, cuando fue derivado al juzgado civil de 6° turno, en el que cumplió funciones hasta su designación en el Tribunal de Apelaciones el 12 de abril de 2011.
Luego del golpe de Estado, Myriam Eva Méndez López (divorciada, tres hijos) fue fiscal entre 1973 y 1979 en Bella Unión, Artigas, Tacuarembó y Rosario. En febrero de 1983 la dictadura la nombró jueza de paz de Durazno y en 1984 fue ascendida a jueza en Montevideo. En esos años se encargó del despacho del juzgado letrado de Paso de los Toros. Fue enviada a Cerro Largo y en 1986 se la trasladó a Paysandú. Un año después solicitó que la instalaran en Rivera, donde ascendió en 1989, cuando pasó a ocupar juzgados de familia en los que en 1999 llegó a Montevideo.

ÑATO CONTRA EL VIDRIO
Es en ese contexto judicial que el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, resolvió enviar por escrito su testimonio a la jueza de Paso de los Toros, Lilián Elhorriburu, en el que le comunica su convicción respecto de que un militar que ella procesó con prisión por el homicidio de Roberto Gomensoro Josman podría ser inocente, ya que luego de una larga investigación realizada por su equipo de asesores entendía que esa muerte se produjo en el Grupo de Artillería N° 1 en La Paloma de Montevideo, al mando del coronel José Nino Gavazzo (tipificado coautor del crimen).
La misiva de Fernández se sumó a la declaración de otro Fernández, Gonzalo, ex ministro de Defensa, ex canciller y ex secretario del presidente Tabaré Vázquez, quien también testificó ante la jueza que para él, que integró la Comisión para la Paz en el gobierno de Jorge Batlle, no era “creíble” la versión de que Gomensoro fuera asesinado en Tacuarembó, pese a que en el departamental lago de Rincón del Bonete apareció su cuerpo fondeado por rocas que le ataron con alambres.
El testimonio de ambos Fernández derivó en que la prensa titulara que “Desde la izquierda ponen en duda fallos judiciales sobre DDHH” y provocó malestar en ONG y militantes por los derechos humanos. Unos recordaron que en 1973, cuando la muerte de Tito, Huidobro era rehén de la dictadura y poco podía saber sobre lo que pasaba; otros apuntaron a que si accedió a su versión de lo ocurrido por asesores militares, le estaban mintiendo tal como ocurrió en otros casos. Al respecto, otro ex tupamaro, Lewis Rostan, difundió por internet un documento que contradice lo dicho por el Ñato respecto de que las unidades militares no requerían personas. El facsímil muestra un listado en el que figuran número de requisitoria, nombre y documento y “Juz.Mil./ U. Req” (Juzgado militar/Unidad Requiriente).
Los dichos de Gonzalo Fernández también generaron críticas, ya que en el informe final de la Comisión para la Paz que él elaboró se decía de Roberto Gomensoro que sus “restos podrían haber sido exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata”. Una fórmula, aplicada a todos los casos de desaparecidos, que se evidenció falsa: de Ubagesner Chaves Sosa dijeron que fue enterrado en “un lugar no especificado” y estaba en una chacra de Pando; de Fernando Miranda dijeron que fue enterrado en el Batallón 14 y apareció en el Batallón 13, mientras que Julio Castro y Ricardo Blanco, a quienes señalaron como exhumados, seguían enterrados en el Batallón 14.
La propia Elhorriburu respondió al ministro de Defensa: “Ahora resulta que se acordó que sabía algo, dos años después de haber procesado a una persona que él dice que es inocente”, declaró la magistrada al matutino El Observador, y agregó: “De haber sabido antes lo hubiese citado. Pero ya estamos en la etapa de manifiesto y no se puede poner otra prueba. Y a él se le ocurrió mandarme un fax el 6 de agosto... ¿No le parece raro? A mí me parece raro. No sé qué buscó con eso. Si ya sabía eso hace dos años, ¿por qué no se presentó?  […] A mí me da igual. Yo sigo investigando. Tengo muchos testigos que ya declararon y hay otros tantos que van a declarar”.
El presunto inocente es el coronel retirado Juan Carlos Gómez, alias Carretilla de Plata (por un implante en su rostro), denunciado por torturar a militantes del Partido Comunista Revolucionario en el Regimiento de Caballería N° 4, quien operó en el Batallón de Ingenieros N° 3 de Paso de los Toros (donde Fernández Huidobro estuvo como rehén), fue mando del Penal de Libertad, jefe de Policía de Maldonado e integra hoy el Regimiento Simbólico San Jorge que encabeza el dictador Gregorio Goyo Álvarez. Gómez también estuvo en Buenos Aires en 1976 antes de que asesinaran a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y se desatara la Operación Cóndor.

lunes, 27 de agosto de 2012

Revisionismo judicial Por Samuel Blixen


Señal de interferencia. Revisionismo judicial en varios fallos por


violaciones de derechos humanos

Brecha. 24 8 12. Por Samuel Blixen



El caso que con mayor fuerza gráfica un territorio de ambigüedad -en la imposibilidad de determinar con precisión todos los detalles de episodios amparados por una impenetrable y generalizada complicidad del silencio-corresponde a la muerte, en el penal de Libertad, en 1981, del militante tupamaro Horacio Ramos, cuyo cuerpo fue encontrado en un calabozo de castigo en el módulo llamado La Isla, sugiriendo una autoeliminación por ahorcamiento con una bufanda, cuando ya se le había otorgado la libertad al prisionero.


Ramos había sido reiteradamente sancionado con un estricto aislamiento, que suspendía visitas con familiares y todo contacto con otros reclusos, en ese módulo separado del cuerpo principal de la cárcel y que contaba con una guardia especialmente designada para la custodia de los reclusos que eran encerrados -por plazos mínimos de 15 días- en las celdas de castigo, y sometidos a un permanente hostigamiento. En el momento del episodio en La Isla sólo se encontraban Ramos y sus carceleros.


El hoy coronel retirado Walter Gulla, que en 1981 era director del penal de Libertad, fue procesado por homicidio especialmente agravado por el juez penal Rubén Saravia en julio de 2011; también fue procesado por el mismo caso y por el delito de encubrimiento el oficial de la Fuerza Aérea Enrique Rivero, involucrado también en la desaparición y asesinato de Ubagesner Chaves Sosa.


En su fundamento del procesamiento el magistrado afirmó que "está probado que Ramos no se suicidó como se planteó inicialmente", sino que "fue víctima de homicidio por parte de quienes ejecutaban las directivas impartidas" por Gulla. El juez Saravia consignó que el coronel sabía que en el penal se torturaba a los detenidos, pero "no impidió que continuaran con dicha política de persecución sistemática", sino que "por el contrario se comprometió a encubrir los referidos excesos de sus subordinados".


Para el juez, se recolectaron elementos probatorios suficientes que demuestran que la muerte de Ramos "se produjo por ser víctima de un instrumento o mecanismo de terror para obtener información sobre determinados hechos realizados por quienes integraban los movimientos de izquierda política, o como política de persecución a su respecto".


Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Cuarto Turno, integrado por los ministros Ángel Cal, Myriam Méndez y Jorge Catenaccio, dejó de lado el "mecanismo de terror" y se centró en el valor de la prueba sobre el homicidio. Después de realizar una reconstrucción en el penal, el tribunal concluyó que "era absolutamente posible que Ramos se hubiera colgado con su faja de la ventana en que apareció pendiente su cuerpo", a la vez que descartó una autopsia psicológica que "carece del suficiente valor conviccional para afirmar que no existió una conducta suicida".


La ex fiscal Mirtha Guianze, actual miembro del Instituto de Derechos Humanos, cuestionó los criterios del tribunal, y en especial la reconstrucción, que "se hizo con La Isla demolida y sin existir las condiciones, porque ya no existía la reja ni la cama. Yo había objetado esa reconstrucción que hicieron ellos, y la relación de la prueba que hace el tribunal a mi entender no se ajusta al expediente".


Más allá del relativo valor de la reconstrucción, que para el tribunal fuera "absolutamente posible" el suicidio implica dejar de lado el contexto de represión y hostigamiento; si el coronel Gulla no ordenó matar a Ramos o encubrió el homicidio permitiendo que se simulara un suicidio, sí está claro que era responsable del mecanismo de terror que posibilitó la muerte.


Por otra parte, en el juego de "posibilidades", el tribunal no considera como relevante el hecho de que Ramos ya tenía la libertad firmada, lo que pone en cuestión una actitud suicida. Como consecuencia del fallo del tribunal el coronel Gulla fue liberado el pasado viernes 17, y ello dio pie para que el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, arremetiera contra Guianze: "Se hizo un acto de estricta justicia, porque Gulla estaba mal procesado y mal acusado por la ex fiscal Guianze, a quien se le ha permitido hacer de todo y no se le han puesto normas".


En un caso aún más perverso -la muerte del militante tupamaro Luis Luzardo en el Hospital Militar tras una agonía de meses en que, parapléjico, su cuerpo se cubrió de escaras por falta de atención y de higiene-, el mismo Tribunal de Apelaciones eximió de responsabilidad al general Gregorio Álvarez. Luzardo había sido herido de bala cuando su detención en 1972 y fue asistido en el hospital.


En enero de 1973 el trato que se le dispensaba en la sala 8 -exclusiva para detenidos- cambió radicalmente cuando, a raíz de confesiones de otros prisioneros, a Luzardo se le atribuyó (erróneamente) participación en la ejecución del coronel Artigas Álvarez, hermano de Gregorio, por entonces jefe del Estado Mayor Conjunto.


El testimonio de numerosos detenidos en la sala 8 confirman que desde entonces a Luzardo casi no se lo asistía, prácticamente no se lo alimentaba y se estableció una prohibición expresa de que sus compañeros pudieran auxiliarlo. Los mismos testimonios confirman que el general Gregorio Álvarez visitó la sala 8 y, en compañía de personal militar, permaneció largo rato junto a la cama de Luzardo.


Después de ubicarse documentos de autopsia del hospital, que fraguaron las causas de la muerte de Luzardo, el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini dispuso el procesamiento del general Álvarez, que ya cumplía prisión por otros asesinatos.


El Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno dispuso, en un fallo dado recientemente a conocer, "que no surgen elementos de convicción suficientes que permitan atribuir a Álvarez en grado o calidad alguno el homicidio de Luzardo", porque "la prueba relevada a la luz de las reglas de la sana critica no reúne los elementos de convicción suficientes que habiliten el procesamiento dispuesto". Lo más insólito es la afirmación de que "los médicos que estuvieron en contacto con Luzardo no refieren ni recuerdan que se hubiera omitido la asistencia al señor Luzardo y ninguno de ellos menciona que hubiera existido una orden de algún mando militar de que no se prestara asistencia al paciente".


Si no hubo omisión de asistencia, ¿cómo se explica que el cuerpo de Luzardo exhibiera llagas infectadas, y que, según una autopsia histórica, el probable deceso fuera por inanición, es decir, por hambre? ¿Y cómo se explica el deterioro del detenido en un grado extremo si no hubiera una orden de no asistirlo, prohibiéndole incluso a otros detenidos allí internados el aseo de Luzardo?


SEÑALES POLÍTICAS.


Algunos militantes de derechos humanos, con vasta experiencia en la recolección de elementos para sustentar denuncias ante la justicia, consideran que en estos últimos fallos (como en la suspensión de las actuaciones que derivarían en el procesamiento del general Pedro Barneix por el homicidio de Aldo Perrini) juegan un papel preponderante las señales que surgen desde el ámbito político. En el caso del homicidio de Roberto Gomensoro, decapitado en Paso de los Toros y cuyo cuerpo apareció en la represa, y por el que la jueza Lilián Elhorriburu, procesó en 2010 a los militares Juan Carlos Gómez y José Gavazzo, un tribunal de apelaciones confirmó que la acusación no deja lugar a dudas.


"La firmeza de su imputación, ligado a los detalles vivenciales, como el tejido con el que se envolvió el cuerpo, la presencia de Me-neses, sargento encargado del Campo 3, su alcoholismo y las bravuconadas con las que amenazaba a los policías (hacerle lo mismo que a Gomensoro); la presencia de Gavazzo en Paso de los Toros, visto en los prostíbulos, con una amante, el golpe de bayoneta que desgarra los genitales de Gomensoro y fallece desangrado, corroborado por Abel Rodríguez (otro testigo), dan la fuerza impactante a la cadena de indicios que, aislados, menguan y nada imponen ", dice el documento.


A pesar de las razones con que el tribunal confirmó la resolución de la jueza de Paso de los Toros, coincidiendo desde distintos ángulos, se ha pretendido cuestionar el procesamiento. Sorpresivamente, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, abogó por la inocencia del militar procesado Juan Carlos Gómez, en una carta que envió a la jueza Elhorriburu.


Fernández Huidobro sostuvo que una investigación que realizó junto con otros "viejos militantes" prueba que Gomensoro fue muerto en el cuartel del Batallón de Artillería 1 de La Paloma, en Montevideo, y que la decisión errónea de la jueza -supuestamente a partir del testimonio de un solo testigo, dice el ministro- habilita "que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este caso y se esté encubriendo a los verdaderos culpables. Cortando, además, la línea de investigación".


La magistrada criticó a Fernández Huidobro por haberle enviado una carta dos años después del procesamiento y se preguntó por qué el ministro, si tenía información relevante sobre el caso, no se presentó a tiempo en el juzgado para declarar. "Ahora resulta que se acordó que sabía algo, dos años después de haber procesado a una persona que él dice que es inocente", declaró la jueza a El Observador, advirtiendo, además, que cuenta con decenas de testigos que avalan la culpabilidad de Juan Carlos Gómez.


La intempestiva movida del ministro, que supuestamente logró determinar la inocencia del procesado pero no la identidad del culpable, quedó de hecho cuestionada por dirigentes del pit-cnt, quienes a comienzos de la semana se entrevistaron con los miembros de la Institución de Derechos Humanos para expresar la preocupación sobre el estado de las causas judiciales referidas a delitos cometidos durante la dictadura. 


La Comisión de Derechos Humanos de la central sindical está realizando un seguimiento de todos los casos, y está elaborando un informe que será dado a conocer en las próximas semanas. Los dirigentes sindicales manifestaron su preocupación por que los organismos estatales, y en especial el Ministerio de Defensa Nacional, no entregan la información requerida por los juzgados. En la reunión se planteó la necesidad de abrir los archivos militares y de ubicar otros de cuya existencia se tienen indicios firmes. A la vez, se planteó la preocupación por la demora en la reglamentación de la ley aprobada en 2008 por la cual se crea el archivo del Museo de la Memoria.


Todos esos elementos configuran, a juicio de militantes de derechos humanos, señales políticas que debilitan la postura de los organismos que imparten justicia.


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martes, 14 de agosto de 2012

mosaico fotográfico-

Martha Passeggi-

En día de Líber Arce - Prensa


En día de Líber Arce

Hoy se cumplen 44 años del asesinato de Líber Arce, un estudiante de odontología asesinado por un policía en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria. En la jornada de hoy los estudiantes reclamarán por más autonomía política de los entes de la educación y un 6% del PBI para la enseñanza, entre otros.
MATÍAS RÓTULO
Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Líber Arce y habrá paro estudiantil en las ramas de la enseñanza media y terciaria. Los estudiantes realizarán una marcha desde las 17.00 horas partiendo de la Universidad de la República al Parlamento. Allí reclamarán mediante una proclama por más presupuesto para la institución. A su vez, la Universidad de la República (Udelar), elevará un pedido de más presupuesto al Parlamento y emitirá un reclamo a los parlamentarios mediante una declaración del Consejo Directivo Central (CDC) de la institución que anuncia un posible “retroceso” en el crecimiento institucional.
“Ayer, hoy y mañana por la Educación Pública” será la consigna que convoca hoy a los estudiantes en un nuevo aniversario del asesinato de Líber Arce. Cada 14 de agosto resuenan aquellas corridas, las balas que se mezclaban entre los gritos que invadían la tranquila Villa Dolores. En 1968, un grupo de estudiantes que iban a una manifestación estudiantil en la puerta de la Facultad de Veterinaria, no se imaginaría que al otro día iban a ser parte de aquella declaración del rector Oscar Maggiolo: “Traemos a este triste acto de despedida definitiva de este gran compañero y universitario, mártir de la lucha por la libertad, el saludo acongojado y respetuoso del Consejo Directivo Central de la Universidad”. Después, una de las mayores marchas en épocas de democracia y represión que sucedió desde la sede universitaria hasta el Cementerio del Buceo.
Hoy los estudiantes, a 44 años de aquel hecho, recuerdan no solo a Líber Arce sino a los demás mártires estudiantiles.
Hoy, aquella lucha por la que cayó Líber Arce, lucha presupuestaria que incluía el otorgamiento de boletos estudiantiles, sigue vigente, aunque en el segundo punto la lucha dio su fruto.
En momentos de debate parlamentario por la Rendición de Cuentas, los estudiantes esperan llegar al sistema político planteando la necesidad de aumentar el presupuesto para la educación pública, basándose en la consigna de que “la educación no es un gasto sino una inversión”, según supo LA REPÚBLICA desde el ámbito estudiantil.
Un llamado de atención
Por otro lado, la Udelar, acompañará la jornada reiterando su propio reclamo presupuestal y reiterando la frase elevada por los estudiantes. Según se informó ayer desde la institución se acompañará la marcha estudiantil suspendiendo todos los servicios universitarios. A su vez, mediante una declaración pública, el CDC reclamará que el crecimiento de la Udelar no condice con los montos asignados en la Rendición de Cuentas. La declaración emitida por el CDC expresa que “la Udelar ha emprendido en los últimos años un camino de clara expansión y desarrollo acorde a las necesidades del país” pero “la sustentabilidad de la expansión económica y su traducción en desarrollo económico y social requieren la generalización de la educación terciaria. La ausencia de jóvenes portadores de conocimiento avanzado y de instituciones de investigación de alto nivel se transformará en una restricción fuerte para el crecimiento, en particular para las actividades más dinámicas en el mundo actual”.
Por otro lado recuerda que si bien desde el sistema político se le reclama a la Udelar una mayor proyección al interior del país “los incrementos presupuestales recibidos en el quinquenio anterior permitieron comenzar a recuperar los salarios, construir nuevos edificios, comenzar a desarrollar la Universidad en el interior, empezar a mejorar las condiciones de trabajo y estudio”. Si bien esto “lamentablemente vemos que no es posible continuar con estas políticas con los incrementos presupuestales propuestos. En muchos casos esto significa retroceder, con el claro perjuicio que produce a la sociedad toda”.

Exposición fotográfica Escuela Aquelarre




viernes, 10 de agosto de 2012

Mártires estudiantiles


HOMENAJE A LOS MÁRTIRES ESTUDIANTILES
SEMBRAR MEMORIA ES UN TRABAJO DEL PRESENTE 

Sábado 18 de Agosto a las 18 hrs.

Anfiteatro de la Facultad de Artes
18 de Julio 1772 y Callejón de la Universidad
(ex Liceo Francés).

Convocan: MESA PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD, FEUU, CRYSOL, PIT CNT, ADEMU, ADUR, SERPAJ, EDUCADORES POR LA PAZ, ¿DONDE ESTÁN?, COORDINADORA POR EL RETIRO DE LAS TROPAS DE HAITÍ, MUJERES DE NEGRO, URUGUAYOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, UCJ, Jóvenes del MPP, Jóvenes del PVP.

miércoles, 8 de agosto de 2012

SE PRESENTARON 40 TESTIMONIOS


SE PRESENTARON 40 TESTIMONIOS

Denuncian torturas en el Fusna durante dictadura

La Justicia recibió una nueva denuncia por “torturas” en centros de detención de la dictadura uruguaya, esta vez, en la sede del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna). Más de 40 testimonios de ex presos políticos narran los “tratos degradantes” perpetrados en el centro.
PUBLICADO EL MARTES 7 DE AGOSTO, 2012
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Crysol, una organización de ex presos políticos uruguayos, presentó la pasada semana una nueva denuncia penal por “torturas” y “tratos degradantes” perpetrados en la sede del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), entre 1972 y 1985, donde narra con detalle los tormentos sufridos por los ex presos políticos, hombres y mujeres, en dicho centro de detención.
La denuncia, patrocinada por los abogados Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa, recopila más de 40 testimonios de ex presos políticos sobre los tratos “inhumanos y degradantes” y “torturas” perpetrados en el Fusna, dependiente de la Armada nacional.
En este sentido, el escrito recoge el cúmulo de información recopilada sobre los tratos degradantes perpetrados en la base naval, incluido, los testimonios de ex presos políticos y los propios militares, por la Justicia uruguaya, en el marco de la indagatoria penal por el traslado clandestino de ex presos políticos en 1978, y el relato del ex marino Jorge Tróccoli (prófugo de la Justicia uruguaya). Asimismo, se ofrece la declaración del ex marino Daniel Rey Piuma, cuyo testimonio permitió desentrañar los hechos ilícitos cometidos en dependencias de la Armada.
La denuncia presentada por los ex presos políticos reclama la calificación de los ilícitos cometidos por el personal militar como “crímenes de lesa humanidad” y, por ende, imprescriptibles y de juzgamiento obligatorio para los Estados. La indagatoria será tramitada por el juez Penal de 21º Turno, Daniel Ohanian, y la fiscal Raquel González.
Tratos crueles
La denuncia realiza un pormenorizado detalle de la estructura jerárquica del Fusna y las actividades represivas desarrolladas en la base naval, la cual fue caracterizada en el expediente penal por el traslado clandestino de presos políticos en 1978 (donde fueron juzgados el ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez y el capitán de navío –r- Juan Carlos Larcebeau) y por el testimonio de los algunos militares.
La indagatoria penal tramitada por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze permitió desentrañar los nexos entre la Armada uruguaya y la Armada argentina, en el marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor, así como los operativos contra los grupos “subversivos” impulsados por los servicios S-2 (“inteligencia militar”) de la Armada. La investigación permitió confirmar la existencia de “la computadora”, un detallado organigrama de fichaje de grupos subversivos y sus integrantes, conformado por detenidos “colaboradores”, y agentes del S-2 y del propio Fusna.
Asimismo, la denuncia narra los tormentos físicos y psicológicos a los cuales eran sometidos los ex presos políticos y sus actuales efectos. “Las secuelas en el cuerpo y en la psiquis fueron inevitables. Las crisis emocionales se sucedieron, varias secuestradas debieron requerir atención médica y una de ellas intentó suicidarse”. “Las víctimas sobrevivientes hoy detectan enfermedades prematuras”, y muchas “compañeras murieron aún jóvenes”, señala el escrito.
Los hechos narrados “constituyen prueba de una práctica sistemática y planificada de persecución y tormento a opositores políticos ejercida por agentes estatales en ejercicio de funciones abusivas e ilegítimas que caracterizó el período de la actuación ilegítima del Estado y del terrorismo de Estado”, lo cual implica una “violación planificada de derechos humanos”.
“Quienes participaron de esas prácticas lo hacían como parte de un aparato organizado en el que las tareas se distribuían para que el conjunto operara conforme al designio de atormentar al detenido”, destaca. “La situación de reclusión estuvo caracterizada por la aplicación de trato cruel, inhumano y degradante, que formó parte de un modo de operación habitual. Al secuestrado se lo torturaba sistemáticamente, tanto en situación de ‘interrogatorio’ como fuera de él”, agrega.
Por tanto, los delitos deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad, “imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los derechos humanos y como garantía de no repetición”, expresa el escrito.
“Goyo”
La denuncia detalla diversos elementos recopilados en el expediente penal por el traslado clandestino de presos políticos en 1978, que culminó con la condena del ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, entre ellos, el testimonio del ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio.
“El Fusna tenía una misión muy específica, mediante investigación propia o datos que se le pasaban, tenía la misión de hacer allanamientos, detener, investigar e interrogar a personas vinculadas a la sedición”, afirmó Fernández Maggio ante el juez Penal de 19º. Turno, Luis Charles.

lunes, 6 de agosto de 2012

Grupo de danza- teatro: Ménades,


Grupo de danza- teatro: Ménades, creado en el año 2005 con integrantes que provenían de distintas experiencias corporales y artísticas. Desde su inicio Ménades ha cumplido una labor ininterrumpida, realizando presentaciones en distintos teatros y espacios de Montevideo, así como asistiendo a festivales y concursos ya sea en calidad de proponente o invitado.

"PRESAS: DOLOR Y LOCURA"




Grupo "Ménades". Danza - Teatro


Dirección Ema H
aberli 

En homenaje a Mirta Macedo 

Sábado 04 de agosto a las 16 horas 

Este espectáculo fue seleccionado en el Llamado a Proyectos Expositivos 2012 del MUME. 

Cómo expresar lo que todavía duele? 
Nuestro pasado es el presente 
La historia nos llama desde las voces de las que no callarán 
El silencio y la angustia ya no cederán a la violencia 
Las mujeres, las presas 
Que lucharon por un nuestro, futuro mejor 
Las que no aparecen en los libros están aquí, están entre nosotros 
Señalando un rumbo cierto 
Increpando la agonía de una brecha sin saldar 
Irradiando en su presencia fuerza de convicción 
Todos somos presas 


"PRESAS: DOLOR Y LOCURA" es una obra de danza-teatro dirigida y creada por la maestra Ema H
aberli, con un estilo expresivo y libre donde se combinan elementos de técnica moderna y contemporánea de danza y teatro, así como del acervo individual, que se propone trasmitir sucesos de nuestro pasado reciente, intentando profundizar en nuestra historia y comprometiéndonos con hechos que consideramos determinantes de lo que hoy somos como individuos y como sociedad. 

"PRESAS: DOLOR Y LOCURA" está basado en las presas políticas de la dictadura uruguaya, con un proceso de creación que implicó la recopilación de testimonios, contando con el relato directo de Mirta Macedo -militante y ex presa política recientemente fallecida; y el estudio de nuestra historia reciente con la investigadora Magdalena Figueredo, especializada en historia reciente, que integra el grupo Ménades. Desde los relatos la obra nos traslada a un Centro Clandestino de Detención, y se plantea un diálogo entre la vivencia real de la tortura, que apremiaba a estas mujeres, y la interpretación creativa. 

Dirección artística y coreografía: Ema H
aberli 
Bailan: Magdalena Figueredo, Lucía Escobar, Cecilia Etchebehere, Belkys Gauto, Gabriela Mirza, Claudia Piretti, Leticia Sarante, Bettina Urraburu. 
Vestuario: Andrea Malmierca 
Edición de Sonido: Leandro Funes 

Palabras de la compañera Mirta Macedo,
fallecida hace muy poco
"Queridas compañeras, quería en primer lugar felicitarlas por el trabajo que realizaron el domingo, pero especialmente por PRESAS: DOLOR Y LOCURA. 
Es difícil expresar lo que sentí yo y otros/as ex presas/os cuando vimos lo que estaban haciendo. Mostraron no solo gran profesionalismo, respeto, sino gran sensibilidad. 
En lo personal cada movimiento que hacían no solo me recordaba el horror pasado sino que me sentía como si estuviera con ustedes, adentro de la danza. Los gestos, los rostros, mostraron dolor y tristeza, incertidumbre, apareció la solidaridad como una expresión que va más allá del miedo y del dolor. Se vieron claramente las formas de tortura, el padecimiento. 
Me sentí muy orgullosa de haber podido colaborar "un poquito" con ustedes, pero el trabajo fue de ustedes y se ganaron buenos aplausos. 
Quería decirles además que este es un momento muy especial en la vida política del país, después de 35 años podemos empezar a contar lo que nos pasó. 
Los juzgados están llenos de denuncias, yo estoy con un grupo de 28 mujeres que denunciamos Violencia Sexual. Hasta el momento habiamos silenciado los vejámenes a que fuimos sometidas como mujeres, por la carga de dolor que llevábamos encima, el temor a la incomprensión, etc. 
Por todo esto tiene más valor el trabajo de ustedes, porque son jóvenes, sensibles y sentimos que nos acompañarán en todo este proceso de des silenciar, de poder decir y encontrar los caminos para la verdad. 

Las quiero mucho y
FELICITACIONES! 

Mirta Macedo"