"A la muerte física, los verdugos agregaron la segunda muerte del olvido y el anonimato" Luis Sepúlveda.
viernes, 31 de agosto de 2012
NO ACEPTARÁN "CONCILIAR" CON LAS FFAA
NO ACEPTARÁN
"CONCILIAR" CON LAS FFAA
Familiares critican “uso indebido de leyes”
Madres y Familiares de
Detenidos Desaparecidos reivindicó ayer su lucha en busca de los restos de los
detenidos desaparecidos por el accionar represivo de la dictadura, y destacó
que es una “obligación” del Estado reparar en forma integral a las víctimas de
su accionar ilícito.
La proclama, leída por Óscar Urtazún en el marco del Día
Internacional del Desaparecido, hizo un pormenorizado racconto de todos los
hechos detrás del golpe de Estado en Uruguay y el plan represivo impulsado por
la dictadura, así como un análisis de la actual coyuntura en materia de
búsqueda de la verdad sobre los hechos del pasado. “Estamos construyendo
memoria”, dijo Urtazún.
En este sentido, la proclama de Familiares afirmó que “no se
puede construir el futuro si se olvida el pasado”, criticó a quienes desde la
izquierda dejaron de luchar por la “memoria”, y afirmó que no se aceptará que
“la desaparición forzada es cosa del pasado, mientras se continúe con esa
práctica en América Latina”.
Al mismo tiempo, Familiares destacó el trabajo de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Presidencia
(ex Secretaría de Seguimiento de la
Comipaz ) y de jueces y fiscales que “buscan darle luz a la
noche oscura del Poder Judicial en los años de la dictadura y tiempos
posteriores”.
Además, Urtazún dijo que no se aceptará “conciliar” con las
Fuerzas Armadas y sus cómplices “que mantienen secuestrados” a sus familiares,
que el Estado está “obligado a reparar la dignidad de las víctimas” y que no se
someterá la “legitimidad” de su lucha “al uso indebido de las leyes vigentes”.
Por tanto, el reclamo de memoria, verdad y justicia continúa vigente, aseveró.
jueves, 30 de agosto de 2012
Hasta la fecha, 24 de los 167 desaparecidos fueron hallados
17 FUERON RECUPERADOS EN
ARGENTINA, 5 EN URUGUAY, 1 EN CHILE Y 1 EN BOLIVIA
Hasta la fecha, 24 de los 167 desaparecidos fueron hallados
Solo 24 de los 167 uruguayos considerados detenidos desaparecidos, por la actuación de los servicios represivos de las dictaduras del Cono Sur, fueron hallados desde el retorno de la democracia. El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, dijo que la información “sigue secuestrada”
.Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
realizará hoy, a las 18.00 horas, un evento en la Plaza Libertad , al
conmemorarse el Día Internacional del Desaparecido, donde se leerá una proclama
con el posicionamiento de la organización en la actual coyuntura social y
política, en torno al tema de los detenidos desaparecidos.
La proclama será “un homenaje” a los desaparecidos, con la
reivindicación de las ideas históricas de “memoria, verdad y justicia” y el
reclamo de continuar y profundizar la búsqueda de sus restos, explicó Oscar
Urtazún, quien será el encargado de leer la proclama, a LA REPÚBLICA.
En este sentido, la Investigación Histórica
sobre Detenidos Desaparecidos, presentada por el equipo de historiadores de la Comisión de Seguimiento
en 2011, estableció en 167 los uruguayos desaparecidos durante la actuación de
las dictaduras del Cono Sur, de los cuales solo 24 fueron hallados desde el
retorno de la democracia.
La amplia mayoría de los desaparecidos “recuperados” (17)
fueron hallados en la
República Argentina , y solo cinco en Uruguay (ver recuadro).
Asimismo, los trabajos en busca de detenidos desaparecidos permitieron la
aparición del militante del MLN, Enrique Lucas López en Bolivia, y de Mónica
Benaroyo en Chile, destaca el informe.
El último uruguayo cuyos restos fueron identificados fue el
ex militante del PVP, Alberto Mechoso. La historia oficial indicaba que Mechoso
había sido presuntamente trasladado en forma clandestina al Uruguay en el
“Segundo vuelo”, tras su detención en Argentina. Los análisis genéticos,
empero, confirmaron que el cuerpo de Mechoso fue arrojado a las aguas del canal
de San Fernando (Buenos Aires) en un tambor metálico e inhumado como NN, junto
a Marcelo Gelman.
“Sigue secuestrada”
El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea,
aseguró que pese a que se continúa trabajando en busca de restos de detenidos
desaparecidos, “está faltando información” y, especialmente, “la disposición a
nivel militar de entregar la información”.
“La
Comisión de Seguimiento (de la Comipaz ) ha tenido un
nuevo impulso, pero está faltando la información. Son los militares quienes
tienen la cuota de información que está faltando, pero la siguen secuestrando”,
afirmó Errandonea a LA
REPÚBLICA.
Errandonea destacó que, tras la asunción del general Pedro
Aguerre como comandante en jefe del Ejército, existió “un cambio de discurso”,
pero “no se vio plasmado en los hechos”. “El discurso quedó en el discurso”,
dijo Errandonea.
En este sentido, recordó que las Fuerzas Armadas aún no
iniciaron ningún Tribunal de Honor a los responsables de violaciones a los derechos
humanos durante la última dictadura, “ni siquiera a los condenados”. “Si no se
toman medidas concretas es un discurso vacío”, recalcó. Por tanto, reclamó una
“voluntad clara y definida” de las autoridades con “medidas concretas” para la
búsqueda de la verdad.
Recuperados en Uruguay
Las autoridades uruguayas identificaron a cinco ciudadanos
desaparecidos, por el accionar represivo de la dictadura, desde el retorno de
la democracia. Los primeros restos identificados fueron los del joven militante
del MLN, Roberto Gomensoro Josman, en 2002. Posteriormente, fueron hallados los
restos de Ubagesner Chaves Sosa Fernando Miranda (ambos en 2005), el maestro
Julio Castro (en 2011) y Ricardo Blanco Valiente (en 2012).
martes, 28 de agosto de 2012
LA SAL DE LA TIERRA
Este
Siempre hemos buscado crear o recrear episodios u obras de diversa índole (literaria, teatral, musical, etcétera) para enriquecer nuestra vida tan recortada por la circunstancia misma de la cárcel.
También tratamos de acompañar la vida de nuestra gente, a pesar de la separación impuesta. Una de las tantas formas es conmemorar dolores y triunfos de nuestro pueblo y de otros pueblos en lucha, así como los hechos políticos que van sucediéndose que significan avances, y cosas internas como los cumpleaños o las libertades.
Navidad y fin de año, por ser parte de la tradición popular, y no por razones religiosas, merecen también para nosotras una forma propia de celebración. Son días en los que se siente especialmente no estar en nuestras casas y necesitamos hacer cosas que nos afirmen colectivamente en nuestra capacidad y empeño de construir, de vencer límites, de alguna manera, de vencer la cárcel.
Nos dividimos en dos grupos de trabajo. Uno de ellos quería hacer una obra de teatro. Había que encontrarla.
Ese año hubo hechos que introdujeron el tema de la condición de la mujer y su participación política y social, generando diferentes niveles de interés y de intercambio. Entre ellos se destacaba especialmente el grado de movilización de nuestras madres, a las que vimos crecer como mujeres, pasando de su calidad de amas de casa a la de personas comprometidas en la lucha por la libertad y dignidad humanas, es decir a compañeras.
El grupo de teatro quería recoger esta inquietud. Después de mucho pensar recordamos el guión de una película que resultaba adecuada a ese fin. Se trataba de La sal de la tierra, coproducción estadounidense-mexicana, que relata una huelga de mineros mexicanos que luchan por la equiparación con sus pares del Norte, quienes merecían de la compañía mejores niveles salariales y mejores condiciones de trabajo. La acción de las mujeres, compañeras de los obreros en huelga, define el conflicto y determina su victoria.
Como complemento a la preparación de esa obra, y buscando una generalización del tema, organizamos una especie de concurso literario, sin premio, cuyo tema era genéricamente “La mujer”. Este libro es el resultado.
Un subgrupo se encargó de recepcionar los textos y armar el libro, con los precarios elementos disponibles. Se pasó en limpio, se complementó a último momento con algunos dibujos copiados de pinturas o fotos que teníamos a mano. Se le hizo una carátula ilustrada. Necesitaba un título y decidimos que fuera también La sal de
Fue leído por primera vez en la jornada del 25 de diciembre de 1982 en una ronda de mate y cuento, por todas las presentes, respetando el anonimato de las autoras. Esto se decidió simplemente porque se trata de un producto colectivo.
No pretendimos calidad literaria sino una búsqueda conjunta de mejor valorizar nuestra condición de mujeres, como otro medio de desarrollar la conciencia de la doble explotación de la mujer. Nos buscamos, nosotras, en la intención de reconocer la entrega, el sacrificio, el dolor e incluso la opresión de nuestras semejantes.
Esta obra, con todo lo que aspira y todos los límites que tiene, pertenece, como nosotras, a nuestro pueblo.
Cabe decir, finalmente, que la mayor parte de las autoras permanecen presas, del lado de adentro de los muros, luchando por corresponder al esfuerzo militante que terminará derribándolos.
En ese deber y esa confianza entregamos algo nuestro para que sea Nuestro.
(Agosto de 1984)
Treinta años después...
En los meses siguientes a la publicación de este libro salieron de la cárcel todas las presas políticas; las últimas de ellas el 14 de marzo de 1985.
Esta nueva edición de La sal de
Muchas de las mujeres que se empeñaron en la escritura de estos textos ya no están entre nosotros. Ellas son Mabel Araújo, Esther Uribasterra, María Julia Menvielle, Rosina Carro, Yessie Macchi y Julia Armand Ugón. También se fueron la mayoría de las madres de las presas del sector C, donde se forjó este libro: y que fueron baluarte de la lucha por la amnistía general e irrestricta que terminó liberando a sus hijas e hijos.
Dedicamos a ellas esta nueva edición.
(Agosto de 2012)
__________________________________________________________________
EN VENTA EN NUESTRA SEDE: NICARAGUA 1332 - Ap. 205 (casi Av. Libertador)
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precio: $ 150,-
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Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Tel.: +598 - 2 929 16 25
Nicaragua 1332 apto. 205
Montevideo-Uruguay
www.familiaresdedesaparecidos.blogspot.com
Web: www.desaparecidos.org.uy
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El codo de la justicia
PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 24 DE AGOSTO DE
2012
FOTO: El documento desclasificado demuestra que las unidades militares realizaban requisitorias de ciudadanos.
FOTO: El documento desclasificado demuestra que las unidades militares realizaban requisitorias de ciudadanos.
SEGUNDA PELOTA: TRIBUNALES DE APELACIONES CAMBIAN FALLOS
JUDICIALES
El codo de la
justicia
El Tribunal de Apelaciones
en lo Penal de 4° Turno modificó dos fallos judiciales en causas de derechos
humanos. El coronel Walter Gulla quedó en libertad al considerarse que Horacio
Ramos se suicidó en el Penal de Libertad en 1981. También se exculpó al Goyo Álvarez por la muerte de
Roberto Luzardo. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, sostiene
que el coronel Juan Carlos Gómez es inocente del homicidio de Roberto Gomensoro
Josman y posibilita una apelación que puede recaer en el mismo tribunal de
alzada.
TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ /
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Los fallos judiciales a los que
trabajosamente llegaron fiscales y jueces en casos de violaciones de los
derechos humanos, luego de años de indagatoria en los que debieron enfrentar el
pacto de silencio, la ley de caducidad, la complicidad de militares en
actividad y retiro, amenazas y presiones, la falta de archivos d
esclasificados
y hasta la desidia de quienes dirigían los tres poderes del Estado, pueden ser
cambiados por los ministros de un nuevo Tribunal de Apelaciones creado hace un
año por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La acción del Tribunal de
Apelaciones en lo Penal de 4° turno, que propició planteos de
inconstitucionalidad de la ley por las prescripciones y ya anuló sentencias
contra el dictador Gregorio Álvarez y los asesinos de Ramón Peré, aparece como
la continuidad del calvario que sufren los familiares de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos en la dictadura, quienes, luego de treinta
años de lucha y cuando creían comenzar a acceder a la justicia, ven cómo todo
vuelve a fojas cero.
Los recientes pronunciamientos
del tribunal de alzada aparecen como un ingrediente más de la ofensiva sobre el
proceso de alcanzar la verdad en el sistema judicial, que incluye las presiones
sobre la ex fiscal Mirtha Guianze, los sumarios contra la jueza Mariana Mota,
el traslado de fiscales comprometidos con las causas de violaciones a los
derechos humanos, y otros movimientos impulsados por quienes procuran impedir
el esclarecimiento de lo ocurrido en los años de la dictadura militar.
En ese escenario apareció el
ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, testificando
públicamente que el coronel retirado Juan Carlos Gómez, procesado por el
homicidio de Roberto Gomensoro Josman, podría ser inocente ya que, según una
investigación realizada por sus asesores, aquella muerte ocurrida en 1973 se
produjo en el Regimiento de Artillería N° 1 y no en una unidad militar de
Tacuarembó como afirmaron testigos a la jueza actuante.
El líder de la frenteamplista
Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) criticó públicamente a la
magistrada y dio argumentos a los defensores del militar que propiciarían una
apelación contra el procesamiento que puede recaer en el propio Tribunal de 4°
Turno. Militantes por los derechos humanos, por su parte, criticaron al Ñato y con documentos refutaron sus
afirmaciones sobre que las unidades militares no intervenían en la requisitoria
de los ciudadanos.
UN TRIBUNAL DE CUARTO
El 13 de abril de 2011, los cinco
integrantes de la SCJ decidieron un reacomodo del organigrama judicial y
crearon el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno, que “actuará exclusivamente en todos los
asuntos de su competencia, que se inicien a partir de la fecha de su
constitución hasta el 31 de agosto”, para equilibrar su trabajo con el de los
otros tres tribunales de alzada que hasta entonces existían.
Al frente del nuevo tribunal
fueron designados los jueces Ángel Cal Shabán (quien actuaba en Apelaciones de
1er Turno), Alfredo
Gómez Tedeschi (que provenía de Apelaciones de 2° Turno) y Jorge Antonio Catenaccio Alonso, a
quien se había otorgado la venía como ministro de alzada sólo una semana antes.
En sus manos quedaría, desde entonces, la confirmación o anulación de todas las
sentencias que los jueces penales venían haciendo y que los implicados
decidieran apelar.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno pasaría a tener un
singular protagonismo en los casos de derechos humanos que, con la amenaza de
una prescripción de las causas, en esos días agregaba tensión a un escenario
judicial y político que desde principios de año venía sufriendo la ofensiva de
un grupo de oficiales retirados que reivindicaban la actuación de la “lucha
antisubversiva” y rechazaban una nueva serie de procesamientos de militares por
delitos en la dictadura.
En diciembre de 2011 ese tribunal
tuvo un fallo trascendente: confirmó el procesamiento del coronel Tranquilino
Machado por la muerte del estudiante Ramón Peré, en 1973, pero cambió la
tipificación dispuesta por el juez de 3er turno, Ruben Saravia, quien había
imputado al militar un delito de “homicidio muy especialmente agravado” por
considerar que había existido un “impulso de brutal ferocidad” contra la joven
víctima. Sin embargo, el tribunal entendió que debía sentenciarse el delito de
“homicidio simple”, crimen que los ministros no consideraron prescripto porque
aplicaron, por primera vez, la flamante Ley N° 18.831 que, ante la posibilidad
de que todas las causas de derechos humanos prescribieran aquel 1º de
noviembre, el Parlamento había aprobado de urgencia el 27 de octubre anterior y
que le devolvía al Estado la “pretensión punitiva” que con la ley de caducidad
había perdido en 1986.
Pero el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno tenía otra implicancia
solapada: posibilitaba que los abogados defensores de Machado interpusieran un
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley N° 18.831 que hasta entonces no
había aplicado ningún juez penal y que todos los fiscales que actúan en causas
de derechos humanos habían evitado alegar. Si la SCJ resolviera que esa ley
lesiona la carta magna, todas las causas de derechos humanos habrían
prescripto.
“SANA CRÍTICA” DE ALZADA
En su corta existencia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno también impuso
jurisprudencia con un histórico fallo en el que ratificó una sentencia de la
jueza del Crimen Organizado, Graciela Gatti, en la que admitió que la
“mercadería en tránsito” puede ser incautada, ya que debe cumplir las leyes
nacionales aunque esté sujeta al no pago de impuestos; pero el tribunal terminó
de adquirir su mayor protagonismo en sólo veinte días en que anuló las
sentencias por las muertes de Roberto Luzardo y de Horacio Ramos.
El 2 de agosto se supo que los
ministros del tribunal decidieron revocar el procesamiento del dictador
Gregorio Álvarez (sigue preso por otros crímenes), dictaminado por el juez
penal de 1er turno,
Juan Carlos Fernández Lecchini, quien le imputó un delito de homicidio muy
especialmente agravado por el caso de Roberto Luzardo, quien falleció en el
Hospital Militar en 1973. Luzardo, detenido junto con otros dos tupamaros, era
acusado de ejecutar al hermano del Goyo Álvarez y habría muerto desahuciado
por orden del general.
El tribunal (ahora integrado con
la jueza Myriam Méndez López en lugar de Gómez Tedeschi) consideró que “la
prueba relevada a la luz de las reglas de la sana crítica, no reúnen los
elementos de convicción suficientes que habiliten el procesamiento dispuesto,
ni aún con el carácter provisorio inherente al mismo”. La resolución redactada
por Cal Shaban y votada por Catenaccio Alonso dice: “Los médicos que estuvieron
en contacto con Luzardo no refieren ni recuerdan que se hubiera omitido la
asistencia” o “hubiera existido una orden de algún mando militar de que no se
prestara asistencia al paciente”.
El 17 de agosto se conoció un
nuevo fallo del tribunal de alzada, por el que contravino –otra vez– al juez de
3er turno, Ruben
Saravia, quien había ordenado el procesamiento con prisión de los coroneles
retirados Walter Gulla y Enrique Rivero por la muerte de Horacio Ramos, quien
apareció “suicidado” en su celda de la ‘isla’ del Penal de Libertad el 30 de
junio de 1981. Los ministros retiraron la tipificación de “homicidio muy
especialmente agravado” contra Gulla y de “encubrimiento” sobre Rivero.
Esta vez la redacción de la
sentencia correspondió a Méndez López, quien explica cómo el tribunal rebatió
totalmente la instrucción realizada por el juez Saravia, a partir de una nueva
reconstrucción del hecho solicitada por Catenaccio. Para los ministros, Ramos
pudo suicidarse “si se tiene en cuenta que el occiso era conocido como ‘El
Gorila’ porque tenía unos brazos más largos que los […] y que de su buen estado
atlético dan cuenta todos los testimonios, aunque tuviera lumbago, no cabe sino
concluir que la hipótesis de que se colgara de la reja con su faja es
absolutamente posible”.
Los jueces también rechazaron la
autopsia histórica realizada por forenses ya que “la prueba pericial debe
apreciarse como toda otra, según las reglas de la sana crítica y en función de la totalidad de las
probanzas incorporadas a la causa. Bajo esta óptica y por las consideraciones
que vienen de exponerse el Tribunal concluye, que la autopsia sicológica carece
del suficiente valor conviccional para afirmar que no existió una conducta
suicida, que por lo demás no la descarta”. Gulla quedó libre y Rivero sigue
preso porque se pidió su condena por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa.
UNA DE CAL, OTRA TAMBIÉN
El juez Ángel Manuel Cal Shaban
tiene un extenso trayecto como magistrado en lo penal. En 1992 tuvo a su cargo
el sonado caso de las prostitutas de Milán surgido a raíz de una investigación
de la periodista María Urruzola publicada en Brecha.
Ordenó entonces el procesamiento de Jesús Miguel Fernández Peña por
proxenetismo, de los empresarios Alfredo Martínez y Jorge Martínez por
asistencia a la asociación para delinquir, del abogado Víctor Della Valle por
encubrimiento y de los funcionarios policiales Héctor Cor Canabé y Víctor Hugo
Rocha por omisión de funciones.
Cal Shaban fue presidente del
Tribunal de Apelaciones de 1er turno
desde 2005 y encabezó la polémica investigación contra el juez penal Federico
Álvarez Petraglia, quien renunció a su cargo en 2010 tras denunciar a otro juez
por revelar la identidad de un testigo protegido en una causa de narcotráfico.
Cal también ordenó volver a interrogar a quienes participaron en Ciudad Vieja
en la marcha anticapitalista de noviembre de 2005 en la que dos jóvenes fueron
procesados por sedición. Su tribunal liberó a los hermanos Rupenian tras unos
meses de cárcel por un fraude tributario de 250 millones de pesos.
Entre los miembros del tribunal
de 4° turno, el juez Juan Antonio Catenaccio Alonso ya había tenido a su cargo,
en abril de 1990, una denuncia penal contra el general Julio César Vadora, por
las muertes de Ivo Fernández Nieves, Amelia Lavagna y otros. Consultó al Poder
Ejecutivo de la época sobre si podía continuar la indagatoria y el 25 de junio
recibió la respuesta firmada por el presidente Luis Alberto Lacalle y el
ministro de Defensa, Mariano Brito, donde el caso fue amparado en la Ley de
Caducidad.
Catenaccio entró al Poder
Judicial en 1981 como defensor de oficio de Cerro Largo y en setiembre de 1983,
aún en dictadura, ingresó a la magistratura como juez de paz. En 1987 fue
designado juez de primera instancia en Rocha, en 1989 lo trasladaron a Las
Piedras y en setiembre de ese año pasó a ocupar el juzgado penal de 1er turno en Montevideo, donde se
desempeñó hasta julio de 1993, cuando fue derivado al juzgado civil de 6°
turno, en el que cumplió funciones hasta su designación en el Tribunal de
Apelaciones el 12 de abril de 2011.
Luego del golpe de Estado, Myriam
Eva Méndez López (divorciada, tres hijos) fue fiscal entre 1973 y 1979 en Bella
Unión, Artigas, Tacuarembó y Rosario. En febrero de 1983 la dictadura la nombró
jueza de paz de Durazno y en 1984 fue ascendida a jueza en Montevideo. En esos
años se encargó del despacho del juzgado letrado de Paso de los Toros. Fue
enviada a Cerro Largo y en 1986 se la trasladó a Paysandú. Un año después
solicitó que la instalaran en Rivera, donde ascendió en 1989, cuando pasó a
ocupar juzgados de familia en los que en 1999 llegó a Montevideo.
ÑATO CONTRA EL VIDRIO
Es
en ese contexto judicial que el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio
Fernández Huidobro, resolvió enviar por escrito su testimonio a la jueza de
Paso de los Toros, Lilián Elhorriburu, en el que le comunica su convicción
respecto de que un militar que ella procesó con prisión por el homicidio de
Roberto Gomensoro Josman podría ser inocente, ya que luego de una larga
investigación realizada por su equipo de asesores entendía que esa muerte se
produjo en el Grupo de Artillería N° 1 en La Paloma de Montevideo, al mando del
coronel José Nino Gavazzo (tipificado coautor del crimen).
La misiva de Fernández se sumó a
la declaración de otro Fernández, Gonzalo, ex ministro de Defensa, ex canciller
y ex secretario del presidente Tabaré Vázquez, quien también testificó ante la
jueza que para él, que integró la Comisión para la Paz en el gobierno de Jorge
Batlle, no era “creíble” la versión de que Gomensoro fuera asesinado en
Tacuarembó, pese a que en el departamental lago de Rincón del Bonete apareció
su cuerpo fondeado por rocas que le ataron con alambres.
El testimonio de ambos Fernández
derivó en que la prensa titulara que “Desde la izquierda ponen en duda fallos
judiciales sobre DDHH” y provocó
malestar en ONG y militantes por los derechos humanos. Unos recordaron que en
1973, cuando la muerte de Tito,
Huidobro era rehén de la dictadura y poco podía saber sobre lo que pasaba;
otros apuntaron a que si accedió a su versión de lo ocurrido por asesores
militares, le estaban mintiendo tal como ocurrió en otros casos. Al respecto,
otro ex tupamaro, Lewis Rostan, difundió por internet un documento que
contradice lo dicho por el Ñato respecto de que las unidades militares
no requerían personas. El facsímil muestra un listado en el que figuran número
de requisitoria, nombre y documento y “Juz.Mil./ U. Req” (Juzgado
militar/Unidad Requiriente).
Los dichos de Gonzalo Fernández
también generaron críticas, ya que en el informe final de la Comisión para la
Paz que él elaboró se decía de Roberto Gomensoro que sus “restos podrían haber
sido exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata”. Una fórmula, aplicada a todos los
casos de desaparecidos, que se evidenció falsa: de Ubagesner Chaves Sosa
dijeron que fue enterrado en “un lugar no especificado” y estaba en una chacra de
Pando; de Fernando Miranda dijeron que fue enterrado en el Batallón 14 y
apareció en el Batallón 13, mientras que Julio Castro y Ricardo Blanco, a
quienes señalaron como exhumados, seguían enterrados en el Batallón 14.
La propia Elhorriburu
respondió al ministro de Defensa: “Ahora resulta que se acordó que sabía algo,
dos años después de haber procesado a una persona que él dice que es inocente”,
declaró la magistrada al matutino El
Observador, y agregó: “De haber sabido antes lo hubiese citado. Pero ya
estamos en la etapa de manifiesto y no se puede poner otra prueba. Y a él se le
ocurrió mandarme un fax el 6 de agosto... ¿No le parece raro? A mí me parece
raro. No sé qué buscó con eso. Si ya sabía eso hace dos años, ¿por qué no se
presentó? […] A mí me da
igual. Yo sigo investigando. Tengo muchos testigos que ya declararon y hay
otros tantos que van a declarar”.
El presunto inocente
es el coronel retirado Juan Carlos Gómez, alias Carretilla de Plata (por un implante en su rostro),
denunciado por torturar a militantes del Partido Comunista Revolucionario en el
Regimiento de Caballería N° 4, quien operó en el Batallón de Ingenieros N° 3 de
Paso de los Toros (donde Fernández Huidobro estuvo como rehén), fue mando del
Penal de Libertad, jefe de Policía de Maldonado e integra hoy el Regimiento
Simbólico San Jorge que encabeza el dictador Gregorio Goyo Álvarez. Gómez también estuvo en
Buenos Aires en 1976 antes de que asesinaran a Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz y se desatara la Operación Cóndor.
lunes, 27 de agosto de 2012
Revisionismo judicial Por Samuel Blixen
Señal de
interferencia. Revisionismo judicial en varios fallos por
violaciones
de derechos humanos
Brecha. 24 8 12. Por Samuel Blixen
El caso que con mayor fuerza gráfica un
territorio de ambigüedad -en la imposibilidad de determinar con precisión todos
los detalles de episodios amparados por una impenetrable y generalizada
complicidad del silencio-corresponde a la muerte, en el penal de Libertad, en
1981, del militante tupamaro Horacio Ramos, cuyo cuerpo fue encontrado en un
calabozo de castigo en el módulo llamado La Isla , sugiriendo una autoeliminación por
ahorcamiento con una bufanda, cuando ya se le había otorgado la libertad al
prisionero.
Ramos había sido reiteradamente sancionado con
un estricto aislamiento, que suspendía visitas con familiares y todo contacto
con otros reclusos, en ese módulo separado del cuerpo principal de la cárcel y
que contaba con una guardia especialmente designada para la custodia de los
reclusos que eran encerrados -por plazos mínimos de 15 días- en las celdas de
castigo, y sometidos a un permanente hostigamiento. En el momento del episodio
en La Isla sólo
se encontraban Ramos y sus carceleros.
El hoy coronel retirado Walter Gulla, que en
1981 era director del penal de Libertad, fue procesado por homicidio
especialmente agravado por el juez penal Rubén Saravia en julio de 2011;
también fue procesado por el mismo caso y por el delito de encubrimiento el
oficial de la Fuerza
Aérea Enrique Rivero, involucrado también en la desaparición
y asesinato de Ubagesner Chaves Sosa.
En su fundamento del procesamiento el
magistrado afirmó que "está probado que Ramos no se suicidó como se
planteó inicialmente", sino que "fue víctima de homicidio por parte
de quienes ejecutaban las directivas impartidas" por Gulla. El juez
Saravia consignó que el coronel sabía que en el penal se torturaba a los
detenidos, pero "no impidió que continuaran con dicha política de
persecución sistemática", sino que "por el contrario se comprometió a
encubrir los referidos excesos de sus subordinados".
Para el juez, se recolectaron elementos
probatorios suficientes que demuestran que la muerte de Ramos "se produjo
por ser víctima de un instrumento o mecanismo de terror para obtener
información sobre determinados hechos realizados por quienes integraban los
movimientos de izquierda política, o como política de persecución a su
respecto".
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo
Penal de Cuarto Turno, integrado por los ministros Ángel Cal, Myriam Méndez y
Jorge Catenaccio, dejó de lado el "mecanismo de terror" y se centró
en el valor de la prueba sobre el homicidio. Después de realizar una
reconstrucción en el penal, el tribunal concluyó que "era absolutamente
posible que Ramos se hubiera colgado con su faja de la ventana en que apareció
pendiente su cuerpo", a la vez que descartó una autopsia psicológica que
"carece del suficiente valor conviccional para afirmar que no existió una
conducta suicida".
La ex fiscal Mirtha Guianze, actual miembro
del Instituto de Derechos Humanos, cuestionó los criterios del tribunal, y en
especial la reconstrucción, que "se hizo con La Isla demolida y sin existir
las condiciones, porque ya no existía la reja ni la cama. Yo había objetado esa
reconstrucción que hicieron ellos, y la relación de la prueba que hace el
tribunal a mi entender no se ajusta al expediente".
Más allá del relativo valor de la
reconstrucción, que para el tribunal fuera "absolutamente posible" el
suicidio implica dejar de lado el contexto de represión y hostigamiento; si el
coronel Gulla no ordenó matar a Ramos o encubrió el homicidio permitiendo que
se simulara un suicidio, sí está claro que era responsable del mecanismo de
terror que posibilitó la muerte.
Por otra parte, en el juego de
"posibilidades", el tribunal no considera como relevante el hecho de
que Ramos ya tenía la libertad firmada, lo que pone en cuestión una actitud
suicida. Como consecuencia del fallo del tribunal el coronel Gulla fue liberado
el pasado viernes 17, y ello dio pie para que el presidente del Centro Militar,
Guillermo Cedrez, arremetiera contra Guianze: "Se hizo un acto de estricta
justicia, porque Gulla estaba mal procesado y mal acusado por la ex fiscal
Guianze, a quien se le ha permitido hacer de todo y no se le han puesto
normas".
En un caso aún más perverso -la muerte del
militante tupamaro Luis Luzardo en el Hospital Militar tras una agonía de meses
en que, parapléjico, su cuerpo se cubrió de escaras por falta de atención y de
higiene-, el mismo Tribunal de Apelaciones eximió de responsabilidad al general
Gregorio Álvarez. Luzardo había sido herido de bala cuando su detención en 1972
y fue asistido en el hospital.
En enero de 1973 el trato que se le dispensaba
en la sala 8 -exclusiva para detenidos- cambió radicalmente cuando, a raíz de
confesiones de otros prisioneros, a Luzardo se le atribuyó (erróneamente)
participación en la ejecución del coronel Artigas Álvarez, hermano de Gregorio,
por entonces jefe del Estado Mayor Conjunto.
El testimonio de numerosos detenidos en la
sala 8 confirman que desde entonces a Luzardo casi no se lo asistía,
prácticamente no se lo alimentaba y se estableció una prohibición expresa de
que sus compañeros pudieran auxiliarlo. Los mismos testimonios confirman que el
general Gregorio Álvarez visitó la sala 8 y, en compañía de personal militar,
permaneció largo rato junto a la cama de Luzardo.
Después de ubicarse documentos de autopsia del
hospital, que fraguaron las causas de la muerte de Luzardo, el juez penal Juan
Carlos Fernández Lecchini dispuso el procesamiento del general Álvarez, que ya
cumplía prisión por otros asesinatos.
El Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno
dispuso, en un fallo dado recientemente a conocer, "que no surgen
elementos de convicción suficientes que permitan atribuir a Álvarez en grado o
calidad alguno el homicidio de Luzardo", porque "la prueba relevada a
la luz de las reglas de la sana critica no reúne los elementos de convicción
suficientes que habiliten el procesamiento dispuesto". Lo más insólito es
la afirmación de que "los médicos que estuvieron en contacto con Luzardo
no refieren ni recuerdan que se hubiera omitido la asistencia al señor Luzardo
y ninguno de ellos menciona que hubiera existido una orden de algún mando
militar de que no se prestara asistencia al paciente".
Si no hubo omisión de asistencia, ¿cómo se
explica que el cuerpo de Luzardo exhibiera llagas infectadas, y que, según una
autopsia histórica, el probable deceso fuera por inanición, es decir, por
hambre? ¿Y cómo se explica el deterioro del detenido en un grado extremo si no
hubiera una orden de no asistirlo, prohibiéndole incluso a otros detenidos allí
internados el aseo de Luzardo?
SEÑALES POLÍTICAS.
Algunos militantes de derechos humanos, con
vasta experiencia en la recolección de elementos para sustentar denuncias ante
la justicia, consideran que en estos últimos fallos (como en la suspensión de
las actuaciones que derivarían en el procesamiento del general Pedro Barneix
por el homicidio de Aldo Perrini) juegan un papel preponderante las señales que
surgen desde el ámbito político. En el caso del homicidio de Roberto Gomensoro,
decapitado en Paso de los Toros y cuyo cuerpo apareció en la represa, y por el
que la jueza Lilián Elhorriburu, procesó en 2010 a los militares Juan
Carlos Gómez y José Gavazzo, un tribunal de apelaciones confirmó que la
acusación no deja lugar a dudas.
"La firmeza de su imputación, ligado a
los detalles vivenciales, como el tejido con el que se envolvió el cuerpo, la
presencia de Me-neses, sargento encargado del Campo 3, su alcoholismo y las
bravuconadas con las que amenazaba a los policías (hacerle lo mismo que a
Gomensoro); la presencia de Gavazzo en Paso de los Toros, visto en los
prostíbulos, con una amante, el golpe de bayoneta que desgarra los genitales de
Gomensoro y fallece desangrado, corroborado por Abel Rodríguez (otro testigo),
dan la fuerza impactante a la cadena de indicios que, aislados, menguan y nada
imponen ", dice el documento.
A pesar de las razones con que el tribunal
confirmó la resolución de la jueza de Paso de los Toros, coincidiendo desde
distintos ángulos, se ha pretendido cuestionar el procesamiento.
Sorpresivamente, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, abogó
por la inocencia del militar procesado Juan Carlos Gómez, en una carta que
envió a la jueza Elhorriburu.
Fernández Huidobro sostuvo que una
investigación que realizó junto con otros "viejos militantes" prueba
que Gomensoro fue muerto en el cuartel del Batallón de Artillería 1 de La Paloma , en Montevideo, y
que la decisión errónea de la jueza -supuestamente a partir del testimonio de
un solo testigo, dice el ministro- habilita "que esté pagando con cárcel
un oficial que nada tuvo que ver en este caso y se esté encubriendo a los
verdaderos culpables. Cortando, además, la línea de investigación".
La magistrada criticó a Fernández Huidobro por
haberle enviado una carta dos años después del procesamiento y se preguntó por
qué el ministro, si tenía información relevante sobre el caso, no se presentó a
tiempo en el juzgado para declarar. "Ahora resulta que se acordó que sabía
algo, dos años después de haber procesado a una persona que él dice que es
inocente", declaró la jueza a El Observador, advirtiendo, además, que
cuenta con decenas de testigos que avalan la culpabilidad de Juan Carlos Gómez.
La intempestiva movida del ministro, que
supuestamente logró determinar la inocencia del procesado pero no la identidad
del culpable, quedó de hecho cuestionada por dirigentes del pit-cnt, quienes a
comienzos de la semana se entrevistaron con los miembros de la Institución de
Derechos Humanos para expresar la preocupación sobre el estado de las causas
judiciales referidas a delitos cometidos durante la dictadura.
Todos esos elementos configuran, a juicio de
militantes de derechos humanos, señales políticas que debilitan la postura de
los organismos que imparten justicia.
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jueves, 23 de agosto de 2012
martes, 14 de agosto de 2012
En día de Líber Arce - Prensa
En día de Líber Arce
Hoy se cumplen 44 años
del asesinato de Líber Arce, un estudiante de odontología asesinado por un
policía en las inmediaciones de la
Facultad de Veterinaria. En la jornada de hoy los estudiantes
reclamarán por más autonomía política de los entes de la educación y un 6% del
PBI para la enseñanza, entre otros.
MATÍAS RÓTULO
Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Líber
Arce y habrá paro estudiantil en las ramas de la enseñanza media y terciaria.
Los estudiantes realizarán una marcha desde las 17.00 horas partiendo de la Universidad de la República al Parlamento.
Allí reclamarán mediante una proclama por más presupuesto para la institución.
A su vez, la Universidad
de la República
(Udelar), elevará un pedido de más presupuesto al Parlamento y emitirá un
reclamo a los parlamentarios mediante una declaración del Consejo Directivo
Central (CDC) de la institución que anuncia un posible “retroceso” en el
crecimiento institucional.
“Ayer, hoy y mañana por la Educación Pública ”
será la consigna que convoca hoy a los estudiantes en un nuevo aniversario del
asesinato de Líber Arce. Cada 14 de agosto resuenan aquellas corridas, las
balas que se mezclaban entre los gritos que invadían la tranquila Villa
Dolores. En 1968, un grupo de estudiantes que iban a una manifestación
estudiantil en la puerta de la
Facultad de Veterinaria, no se imaginaría que al otro día iban
a ser parte de aquella declaración del rector Oscar Maggiolo: “Traemos a este
triste acto de despedida definitiva de este gran compañero y universitario,
mártir de la lucha por la libertad, el saludo acongojado y respetuoso del
Consejo Directivo Central de la
Universidad ”. Después, una de las mayores marchas en épocas
de democracia y represión que sucedió desde la sede universitaria hasta el
Cementerio del Buceo.
Hoy los estudiantes, a 44 años de aquel hecho, recuerdan no
solo a Líber Arce sino a los demás mártires estudiantiles.
Hoy, aquella lucha por la que cayó Líber Arce, lucha
presupuestaria que incluía el otorgamiento de boletos estudiantiles, sigue
vigente, aunque en el segundo punto la lucha dio su fruto.
En momentos de debate parlamentario por la Rendición de Cuentas,
los estudiantes esperan llegar al sistema político planteando la necesidad de
aumentar el presupuesto para la educación pública, basándose en la consigna de
que “la educación no es un gasto sino una inversión”, según supo LA REPÚBLICA desde el
ámbito estudiantil.
Un llamado de atención
Por otro lado, la
Udelar , acompañará la jornada reiterando su propio reclamo
presupuestal y reiterando la frase elevada por los estudiantes. Según se
informó ayer desde la institución se acompañará la marcha estudiantil
suspendiendo todos los servicios universitarios. A su vez, mediante una
declaración pública, el CDC reclamará que el crecimiento de la Udelar no condice con los
montos asignados en la
Rendición de Cuentas. La declaración emitida por el CDC
expresa que “la Udelar
ha emprendido en los últimos años un camino de clara expansión y desarrollo
acorde a las necesidades del país” pero “la sustentabilidad de la expansión
económica y su traducción en desarrollo económico y social requieren la generalización
de la educación terciaria. La ausencia de jóvenes portadores de conocimiento
avanzado y de instituciones de investigación de alto nivel se transformará en
una restricción fuerte para el crecimiento, en particular para las actividades
más dinámicas en el mundo actual”.
Por otro lado recuerda que si bien desde el sistema político
se le reclama a la Udelar
una mayor proyección al interior del país “los incrementos presupuestales
recibidos en el quinquenio anterior permitieron comenzar a recuperar los
salarios, construir nuevos edificios, comenzar a desarrollar la Universidad en el
interior, empezar a mejorar las condiciones de trabajo y estudio”. Si bien esto
“lamentablemente vemos que no es posible continuar con estas políticas con los
incrementos presupuestales propuestos. En muchos casos esto significa
retroceder, con el claro perjuicio que produce a la sociedad toda”.
viernes, 10 de agosto de 2012
Mártires estudiantiles
HOMENAJE A LOS MÁRTIRES ESTUDIANTILES
SEMBRAR MEMORIA ES UN TRABAJO DEL PRESENTE
Sábado 18 de Agosto a las 18 hrs.
Anfiteatro de la Facultad de Artes
18 de Julio 1772 y Callejón de la Universidad
(ex Liceo Francés).
Convocan: MESA
PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD, FEUU, CRYSOL, PIT CNT, ADEMU, ADUR, SERPAJ,
EDUCADORES POR LA PAZ, ¿DONDE ESTÁN?, COORDINADORA POR EL RETIRO DE LAS TROPAS
DE HAITÍ, MUJERES DE NEGRO, URUGUAYOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, UCJ,
Jóvenes del MPP, Jóvenes del PVP.
miércoles, 8 de agosto de 2012
SE PRESENTARON 40 TESTIMONIOS
SE PRESENTARON 40 TESTIMONIOS
Denuncian torturas en el Fusna durante
dictadura
PUBLICADO EL MARTES 7 DE AGOSTO, 2012
·
Crysol, una organización de ex presos políticos uruguayos,
presentó la pasada semana una nueva denuncia penal por “torturas” y “tratos
degradantes” perpetrados en la sede del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna),
entre 1972 y 1985, donde narra con detalle los tormentos sufridos por los ex
presos políticos, hombres y mujeres, en dicho centro de detención.
La denuncia, patrocinada por los abogados Pablo Chargoñia y
Florencia Retamosa, recopila más de 40 testimonios de ex presos políticos sobre
los tratos “inhumanos y degradantes” y “torturas” perpetrados en el Fusna,
dependiente de la Armada
nacional.
En este sentido, el escrito recoge el cúmulo de información
recopilada sobre los tratos degradantes perpetrados en la base naval, incluido,
los testimonios de ex presos políticos y los propios militares, por la Justicia uruguaya, en el
marco de la indagatoria penal por el traslado clandestino de ex presos
políticos en 1978, y el relato del ex marino Jorge Tróccoli (prófugo de la Justicia uruguaya).
Asimismo, se ofrece la declaración del ex marino Daniel Rey Piuma, cuyo
testimonio permitió desentrañar los hechos ilícitos cometidos en dependencias
de la Armada.
La denuncia presentada por los ex presos políticos reclama
la calificación de los ilícitos cometidos por el personal militar como
“crímenes de lesa humanidad” y, por ende, imprescriptibles y de juzgamiento
obligatorio para los Estados. La indagatoria será tramitada por el juez Penal de
21º Turno, Daniel Ohanian, y la fiscal Raquel González.
Tratos crueles
La denuncia realiza un pormenorizado detalle de la
estructura jerárquica del Fusna y las actividades represivas desarrolladas en
la base naval, la cual fue caracterizada en el expediente penal por el traslado
clandestino de presos políticos en 1978 (donde fueron juzgados el ex dictador
Gregorio “Goyo” Álvarez y el capitán de navío –r- Juan Carlos Larcebeau) y por
el testimonio de los algunos militares.
La indagatoria penal tramitada por el juez Luis Charles y la
fiscal Mirtha Guianze permitió desentrañar los nexos entre la Armada uruguaya y la Armada argentina, en el
marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor, así como los operativos
contra los grupos “subversivos” impulsados por los servicios S-2 (“inteligencia
militar”) de la Armada. La
investigación permitió confirmar la existencia de “la computadora”, un
detallado organigrama de fichaje de grupos subversivos y sus integrantes,
conformado por detenidos “colaboradores”, y agentes del S-2 y del propio Fusna.
Asimismo, la denuncia narra los tormentos físicos y
psicológicos a los cuales eran sometidos los ex presos políticos y sus actuales
efectos. “Las secuelas en el cuerpo y en la psiquis fueron inevitables. Las
crisis emocionales se sucedieron, varias secuestradas debieron requerir
atención médica y una de ellas intentó suicidarse”. “Las víctimas
sobrevivientes hoy detectan enfermedades prematuras”, y muchas “compañeras
murieron aún jóvenes”, señala el escrito.
Los hechos narrados “constituyen prueba de una práctica
sistemática y planificada de persecución y tormento a opositores políticos
ejercida por agentes estatales en ejercicio de funciones abusivas e ilegítimas
que caracterizó el período de la actuación ilegítima del Estado y del
terrorismo de Estado”, lo cual implica una “violación planificada de derechos
humanos”.
“Quienes participaron de esas prácticas lo hacían como parte
de un aparato organizado en el que las tareas se distribuían para que el
conjunto operara conforme al designio de atormentar al detenido”, destaca. “La
situación de reclusión estuvo caracterizada por la aplicación de trato cruel,
inhumano y degradante, que formó parte de un modo de operación habitual. Al
secuestrado se lo torturaba sistemáticamente, tanto en situación de
‘interrogatorio’ como fuera de él”, agrega.
Por tanto, los delitos deben ser calificados como crímenes
de lesa humanidad, “imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y
persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los
derechos humanos y como garantía de no repetición”, expresa el escrito.
“Goyo”
La denuncia detalla diversos elementos recopilados en el
expediente penal por el traslado clandestino de presos políticos en 1978, que
culminó con la condena del ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, entre ellos, el
testimonio del ex comandante en jefe de la Armada , Juan Fernández Maggio.
“El Fusna tenía una misión muy específica, mediante
investigación propia o datos que se le pasaban, tenía la misión de hacer allanamientos,
detener, investigar e interrogar a personas vinculadas a la sedición”, afirmó
Fernández Maggio ante el juez Penal de 19º. Turno, Luis Charles.
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